El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación reconoció que en lo que, desde diciembre de 2018 a la fecha, han sido asesinados 68 defensores de derechos humanos y 43 periodistas.

En un comunicado, la dependencia detalló que, de dichas cifras, siete periodistas y dos personas defensoras eran beneficiariarios del mecanismo de protección.

También admitió que este organismo, desde su creación, ha presentado una serie de retos, por ejemplo, "en la idea de que la única forma de intervención efectiva como Estado es solo a través del mecanismo".

Por otra parte, destacó que en lo que va de esta administración ha incrementado el número de personas beneficiarias en más del 80%.

Por ello, especificó que en 2019 y 2020 se destinaron 783 millones de pesos, mientras que en este último año fueron aprobados 227.6 millones de pesos y se solicitó una ampliación de 189 millones de pesos, lo cual daría un total de 416.6 millones de pesos.

Actualmente, sostuvo, el mecanismo cuenta con mil 478 beneficiarios de la mayoría de las entidades federativas, mientras que solo 6 estados cuentan con organismos locales de protección como Ciudad de México, Veracruz, Colima, Guanajuato, Guerrero y Puebla.

La Segob refrendó su compromiso de proteger a las personas que se encuentran en riesgo por el ejercicio de su labor y llamó a las demás autoridades involucradas a hacer lo propio en esta materia.

México contabilizó a cinco periodistas asesinados en lo que va de 2024, uno más que el año pasado, y es el país de América Latina que concentra un mayor número de muertes por ejercer la labor periodística, según el balance anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF) difundido este jueves.

En el ranking mundial, se sitúa en el tercer lugar empatado con Bangladesh (5 muertes) y detrás de los territorios palestinos (16) y Pakistán (7).

En el último lustro, México se ha saldado con la vida de 37 periodistas, tan solo dos menos que las víctimas en los territorios palestinos durante el mismo período.

En todo caso, México deja de ser, por primera vez en cinco años, la región en paz con mayor número de periodistas asesinados, debido a la difícil situación política y social de Pakistán y Bangladesh.

En Latinoamérica, también destacan negativamente Colombia (2 informadores fallecidos) y Honduras (1).

Alrededor de 650 periodistas mexicanos se benefician actualmente de un mecanismo de protección estatal que busca evitar ataques por parte del crimen organizado hacia los profesionales que cubren esta información.

Casos como el del periodista Alejandro Martínez Noguez, quien fue asesinado en su vehículo de protección acompañado por un escolta, demuestran, según detalló a EFE una portavoz de RSF, la "fragilidad" de estas medidas y la necesidad de reforzarlas.

También fueron asesinados este año Mauricio Cruz Solís (director de Minuto x Minuto), Roberto Carlos Figueroa ('Acá en el Show'), Víctor Alfonso Culebro ('Realidades') y Víctor Manuel Jiménez ('Rotativa Digital').

Todos ellos perdieron la vida a manos del crimen organizado entre abril y octubre.

La organización sin ánimo de lucro denuncia esta insuficiencia de los mecanismos estatales de protección y la "retórica violenta y estigmatizante" empleada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue sucedido por Claudia Sheinbaum.

La nueva presidenta, cuando era candidata, se había comprometido con RSF a "combatir la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas", según asegura la oenegé, que estima que el gobierno mexicano "debe responsabilizarse" del gran número de desaparecidos.

México concentra el 30 % de las desapariciones de periodistas en todo el mundo y 30 de los 39 desaparecidos en todo el continente americano.

Colombia y Honduras

En Colombia, dos hombres armados en moto mataron a Mardonio Mejía Mendoza, el director de la emisora Sonora Estéreo que había informado de problemas de seguridad local; y Jaime Vásquez, periodista de investigación independiente.

La víctima en Honduras fue Luis Alonso Teruel, presentador de Pencaligüe Televisión, asesinado el 28 de enero.

Aunque las ocho víctimas mortales registradas en el continente americano en 2024 suponen un descenso respecto al pico de las 26 muertes del 2022, RSF insiste en los problemas de seguridad "estructurales" en la profesión periodística en América Latina.

El último balance anual de RSF contabiliza las cifras de 11 meses, del el 1 de enero hasta el 1 de diciembre de 2024.

Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la situación para los periodistas en México ha empeorado, según revela un informe de la organización Artículo 19. Desde el inicio de su mandato, se han documentado un total de 43 asesinatos de comunicadores en función de su labor, lo que representa un aumento alarmante en comparación con los gobiernos anteriores.

En un periodo de seis años, se han perdido nueve vidas en 2018, diez en 2019, siete en 2020, siete en 2021, 13 en 2022 y cinco en 2023. Estas cifras revelan una tendencia preocupante de violencia contra los periodistas en México.

En total, desde el año 2000 hasta 2023, se han registrado 163 asesinatos de comunicadores, con 151 hombres y 12 mujeres entre las víctimas. La mayoría de las agresiones provienen del Estado mexicano, seguidas por particulares y grupos delincuenciales.

Las áreas de cobertura más peligrosas incluyen asuntos de corrupción y política, así como seguridad y justicia. En 2023, se registraron 561 agresiones contra la prensa, lo que equivale a una agresión cada 16 horas a periodistas o medios de comunicación en función de sus labores.

Ante este panorama, el presidente López Obrador ha rechazado que su administración sea la más letal para los periodistas en México. Sin embargo, prometió presentar un informe comparativo en los próximos días para analizar la situación y los cambios en la violencia contra la prensa durante su gobierno.

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 La muerte de 65 periodistas, 38 de ellos en zonas de conflicto, llevó a la Unesco a calificar el año 2023 de "letal", pese al descenso en el número de víctimas del cómputo global respecto al ejercicio anterior (88).

"Esta disminución a nivel global oculta un fenómeno muy alarmante: el pronunciado aumento en el número de asesinatos en zonas de conflicto", alertó este martes la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, en un comunicado de prensa.

Los países en los que más muertes en zonas de conflicto se contabilizaron y que coinciden también con lo indicado por el reciente balance anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF) fueron Palestina (19), Líbano (3) e Israel (2).

Todas las muertes de informadores en esos tres territorios fueron contabilizadas a partir de los ataques de Hamas a Israel del 7 de octubre, y no desde el 7 de octubre y no desde principios de año como RSF. Por ello, señalaron que el último trimestre de 2023 ha sido el "más mortífero desde 2007".

Afganistán, Camerún, Siria y Ucrania también fueron puntos mortíferos con al menos dos muertes en cada uno de ellos.

Situación de los periodistas en América Latina y el Caribe

El descenso de mortalidad, en cambio, se produjo en América Latina y el Caribe, donde hubo 15 asesinatos en comparación con los 43 del año pasado.

Estas cifras no incluyen la muerte de periodistas y profesionales del mundo de la comunicación en circunstancias no relacionadas con su profesión.

Las amenazas, las agresiones físicas, las detenciones y la confiscación de equipos son otros de los riesgos a los que están expuestos estos profesionales, según alertó esta organización internacional.

Una situación que, aseguró, puede generar "zonas de silencio", es decir, inaccesibilidad a la información para la ciudadanía desde puntos en los que resulta crucial.

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Hombres armados asesinaron este sábado al periodista Nelson Matus en Guerrero. Matus estaba en su coche, en la parte trasera de una tienda, en la colonia Emiliano Zapata, en Acapulco. Según han informado medios locales, sicarios se le acercaron y dispararon contra él, quitándole la vida. Matus quedó tirado junto al vehículo, ya sin vida. Las autoridades de Guerrero no han dado detalles de lo ocurrido.

El asesinato de Matus es el quinto asesinato de un periodista este año en México y el segundo en Acapulco. En mayo, sicarios asesinaron al comunicador Gerardo Torres Rentería en el puerto, esta vez en su casa. A sus 59 años, Torres había sido camarógrafo de Telemundo y cofundador de TV Azteca Guerrero, aunque desde hace unos años vivía alejado de los medios.

Entre 2000 y 2022, al menos 161 periodistas han sido asesinados en México en presunta relación con su labor, según la cuenta de la organización Artículo 19. Solo el año pasado fueron 13, el más letal desde que se tiene registro. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), que cuenta los asesinatos y muertes violentas de periodistas y trabajadores de los medios, rebajan la cifra global a 142.

Human Rights Watch (HRW) acusó que "México ha guardado silencio mientras gobiernos de la región cometen violaciones de derechos humanos y violan principios democráticos".

En una carta dirigida a Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se indica que "México por lo general se ha abstenido cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA) votaron resoluciones para exponer o condenar abusos graves".

Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones de la división de las Américas, y Maya Wang, directora asociada de la división de Asia, mencionan: "Instamos respetuosamente a asegurar que México ponga en práctica una política exterior consistente en materia de derechos humanos, sin doble rasero". 

Ello significa, entre otras cosas, apoyar públicamente la rendición de cuentas internacional por los abusos aberrantes que comete el gobierno chino y apoyar un debate sobre la situación de los derechos humanos en Xinjiang en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

"Asimismo, solicitamos respetuosamente que adopte medidas para asegurar que México no vuelva a participar en los esfuerzos propagandísticos del gobierno chino en Xinjiang y en otras partes. El viaje de la embajadora Méndez a Xinjiang debe reconocerse públicamente como un grave error por parte del gobierno mexicano que socava la promoción de los derechos humanos globalmente por parte de México".

Recalcan que "algunos funcionarios han intentado justificar estas acciones señalando que forman parte de la política exterior de “no intervención” de México, que supuestamente busca respetar la soberanía de los países. Esta postura termina favoreciendo a los gobiernos por sobre los derechos de las personas. Participar en debates multilaterales sobre cuestiones de derechos humanos no es una injerencia en la soberanía. Estos debates pueden ser incómodos, sobre todo para quienes son responsables de abusos. Pero el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se estableció precisamente para mantener debates, fundamentados en hechos, sobre las políticas de derechos humanos de todos los Estados miembro".

Agregan en la carta que "México desempeñó un papel importante en la creación del Consejo de Derechos Humanos y abogó activamente por conseguir el asiento que ocupa en la actualidad".

El mandato del Consejo refleja el principio de que los derechos humanos son universales y de que todos los países tienen la responsabilidad de promover y defender los derechos de todas las personas.

Como parte de numerosos acuerdos internacionales fundacionales en materia de derechos humanos, y como miembro actual del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, México tiene la responsabilidad de promover y defender los derechos humanos en su territorio y en el exterior, y de alzar su voz cuando otros países incumplen sus obligaciones internacionales de derechos humanos".

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