En su participación de este jueves, el gobernador Jaime Bonilla emitió un nuevo argumento para entregar los organismos del agua a los municipios: afirma temer que se sigan usando los recursos para robarlos o invertirlos en campañas políticas.

“Tenemos miedo regresar a que se siga robando, tenemos que hacer que los ayuntamientos se pongan a trabajar en beneficio de la ciudadanía”.

Argumentó que en el 2020, en año de pandemia, se cobraron mil quinientos millones de pesos adicionales al año anterior.

“Defender esa causa en un estado que no pone atención a los municipios, lo que tenemos miedo es que el organismo siga coptando, si no es una administración honesta”.

Sobre el trabajo de la empresa Fisamex, encargada de las auditorías para el cobro del agua, habló Vicenta Espinoza, secretaria de la Honestidad y la Función Pública, en el sentido que empresarios han entregado documentos que comprueban que han pagado agua y se les hacen buenos.

Reconocó por ejemplo, que en el caso de Mexicali, en dos ocasiones se han quemado archivos del organismo del agua. Fisamex, afirmó ha emitido dictámenes en base a la documentación a la mano y que cuando ha sido necesario se han corregido las cuentas.

El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por un juez, tras ser señalado por presuntos delitos relacionados con el ejercicio indebido de funciones durante su administración.

¿De qué se le acusa?

De acuerdo con las investigaciones, el exmandatario es señalado por presunto abuso de autoridad y decisiones administrativas que habrían causado afectaciones al erario público.

La acusación se centra en la contratación de la empresa Next Energy durante la gestión de Bonilla como gobernador para construir una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, obra que jamás se construyó. La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) revela que el contrato comprometía al estado a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, lo que equivalía una deuda superior a los 37 mil millones de pesos garantizados con participaciones federales.

El juez determinó que Bonilla podrá enfrentar el proceso en libertad, pero deberá cumplir con ciertas medidas cautelares, como:

• Presentarse periódicamente ante la autoridad
• No salir del país sin autorización
• Mantenerse disponible para el proceso judicial
• Proceso en curso

La vinculación a proceso no implica culpabilidad, sino que existen elementos suficientes para continuar con la investigación en su contra.

Será en las siguientes etapas cuando se determine si el caso avanza a juicio y se deslindan responsabilidades.

Jaime Bonilla Valdez gobernó Baja California de 2019 a 2021 y posteriormente se desempeñó como senador.

El caso ha generado atención pública debido a su relevancia política en el estado y a los señalamientos sobre el uso de recursos durante su administración.

Visita y accede a todo nuestro contenido | www.cadenanoticias.com | Twitter: @cadena_noticias | Facebook: @cadenanoticiasmx | Instagram: @cadenanoticiasmx | TikTok: @CadenaNoticias | Whatsapp: @CadenaNoticias | Telegram: @CadenaNoticias

La titular de la Secretaría de Honestidad Pública, Gabriela Monje Pérez, anunció que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) emitió una resolución que sanciona por un período de tres años a Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California, para ocupar cargos públicos.

Monje Pérez explicó que ayer fueron notificados oficialmente de esta resolución, la cual implica una sanción grave. La funcionaria recordó que este asunto se inició desde el inicio de la actual administración, en relación con una denuncia por un contrato con la empresa Next Energy, cuyo objetivo era construir una planta de energía fotovoltaica sin contar con los permisos necesarios.

Asimismo, la funcionaria estatal informó que exservidores públicos, tanto del sector salud como del educativo, vinculados a la anterior administración, también han sido vinculados a proceso por el delito de uso ilícito de facultades y atribuciones.

Visita y accede a todo nuestro contenido | www.cadenanoticias.com | Twitter: @cadena_noticias | Facebook: @cadenanoticiasmx | Instagram: @cadenanoticiasmx | TikTok: @CadenaNoticias | Whatsapp: @CadenaNoticias | Telegram: @CadenaNoticias

Hay un déficit de personal en las Comisiones Estatales de Servicios Públicos en Baja California y dicha falta de trabajadores hizo necesario que durante la administración pasada se tuviera que recurrir a la empresa Fisamex para realizar las auditorías y cobros a cuentas comerciales e industriales. 

Lo anterior fue declarado por el titular de la Secretaría de Manejo, Protección y Saneamiento del Agua (Seproa), Armando Fernández Samaniego. 

El funcionario descartó que actualmente se continúe con este esquema, ya que de nueva cuenta los organismos operadores del agua se encuentran realizando los cobros. Pero durante la administración estatal pasada si se hizo necesario recurrir a Fisamex ante la imposibilidad de hacer dichos trabajos.

Por ejemplo, indicó, en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm) hay 1 mil 250 empleados, aproximadamente. Esta cantidad no ha crecido desde hace más de 20 años y en ese periodo el número de cuentas del organismo en la capital ha crecido 100 mil clientes más, los cuales tienen que ser atendidos por la misma cantidad de trabajadores.

“Voy hacerte muy honesto, los organismos de agua potable en Baja California, todos, tienen un déficit de empleados. Todos tienen menos empleados en comparación con las cuentas que tienen que atender” sostuvo el funcionario estatal.

Visita y accede a todo nuestro contenido | www.cadenanoticias.com | Twitter: @cadena_noticias | Facebook: @cadenanoticiasmx | Instagram: @cadenanoticiasmx | TikTok: @CadenaNoticias | Telegram: https://t.me/GrupoCadenaResumen |

Para darle seguimiento a la auditoría a la empresa Fisamex y sus cobros a grandes consumidores del agua, se propondrá la conformación de una Comisión Especial Investigadora en el Congreso de Baja California, en la que diputados tengan acceso a los resultados de la auditoría que supuestamente realizan desde el año pasado en el Gobierno estatal.

Será en la sesión ordinaria de este jueves 10 de noviembre cuando se proponga en el pleno la conformación de ésta Comisión, sostuvo el inicialista de la propuesta, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Echevarría Ibarra. 

La iniciativa sostiene que, de ser aprobada, será la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en donde se designe a los diputados que conformarán dicha Comisión, según establece la Ley Orgánica del Congreso del Estado para casos específicos como el de Fisamex. 

“Que se nos informe los resultados de la auditoría anunciada por el Gobierno del estado en noviembre del año pasado. Derivado de estos hemos estado recibiendo información que destaca que Fisamex se contrató por medio de adjudicación directa. Fisamex ha recaudado más 1 mil 800 millones de pesos, los cuales se utilizaron en gasto corriente del Gobierno del estado y para limpiar el Río Tijuana”, apuntó el legislador panista.

Por el caso que se sigue contra quienes participaron en la contratación de la empresa Next Energy y su fallida planta fotovoltáica, este martes fueron vinculados a proceso ocho ex servidores públicos que fungieron durante el pasado gobierno de Jaime Bonilla Valdéz en Baja California. 

Karen “N”, Luis “N”, Adalberto “N, Israel “N”, Rodolfo “N”, Marco Octavio “N”, Juan Luis “N” y Amador “N” fueron imputados por los delitos de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, Peculado y Abuso de Autoridad, según la solicitud que hizo el Ministerio Público. 

Todo se encuentra dentro de la Causa Penal 04921/2022 y el Número Único de Caso (NUC) 02-2022-06977. 

En la jornada llevada a cabo en el Centro de Justicia del Poder Judicial del estado de Río Nuevo, en Mexicali, se desahogaron pruebas contra los ex funcionarios, de los cuales originalmente eran los trece los citados, pero cinco de ellos no asistieron. Para ese grupo se programo una nueva audiencia para el próximo 02 de noviembre a las 09:00 horas en la sala 6 del mismo inmueble.

En el caso de las ocho personas referidas, su proceso continúa aunque el juez de control otorgo un receso indeterminado para que la defensa pueda reformular su estrategia. Pero la imputación en su contra permanece. 

La gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dijo hoy que el no llamado del ex gobernador, Jaime Bonilla Valdéz, no fue requerido solo por su fuero como senador.