Los coordinadores en el Senado de Morena, Ricardo Monreal Ávila, y el PAN, Julen Rementería del Puerto, se pronunciaron en contra de la propuesta del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, de armar a los ciudadanos para defenderse de los delincuentes, al calificarla como una “muy mala idea”.

Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), consideró que esta no es la mejor opción y sería el inicio del caos.

“Nunca ha funcionado eso, no creo que sea la mejor opción, respeto la opinión del presidente del PRI, pero establecer leyes, ordenamientos jurídicos que permitan armarse a los ciudadanos, es el inicio del caos. Yo no podría aceptar”.

Dijo que lo que se tiene qué hacer “es mayor cuidado, mayor eficacia de los órganos que últimamente están facultados para combatir la delincuencia y el crimen”.

Recordó que el Estado “tiene una obligación y un fin primordial, que es el de otorgar seguridad pública a las personas, a sus bienes, a sus propiedades”.

“Es una obligación del Estado y el Estado debe garantizar que sea efectivo este derecho fundamental a la seguridad pública y, por eso creo que el Senado no puede mantenerse ajeno, dado que también es una facultad constitucional el analizar anualmente los planes nacionales de la Guardia Nacional”.

Ricardo Monreal declaró que desde el Senado se insistirá en sugerir, de manera respetuosa, “lo que nosotros consideramos adecuar a los planes de seguridad pública en el país”.

Reiteró que el Senado no quiere confrontación con el titular del Ejecutivo Federal, en su facultad exclusiva sobre la seguridad pública, “no deseamos de ninguna manera que esto se entienda como un guiño contrario al Ejecutivo Federal, lo que nosotros estamos planteando es colaborar con el Ejecutivo Federal para mejorar este servicio público fundamental que es la seguridad pública”.

No descartó que en este análisis que haga el Senado del plan de seguridad que el gobierno mantiene vigente, participe el Episcopado mexicano, así como la academia, investigadores y empresarios.

Reconoció que es urgente dar ya un viraje a la estrategia y confío en que el análisis que haga el Senado no sea un llamado a misa y sea tomado en cuenta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que este es un tema que no debe aprovecharse para sacar “raja política” y tampoco politizarse para efecto de llevar “agua al molino”.

Por su parte, el panista Julen Rementería se manifestó por conocer la propuesta y recordó que hace años ya hubo una iniciativa similar del entonces senador blanquiazul José Luis Preciado.

Reconoció que este es un tema que está en la conversación pública, debido a que en este sexenio se duplicó ya la cifra de homicidios calificados.

“Es un tema delicado, no es un tema menor, por supuesto. Pero, entiendo que habrá quien diga que hay que darle a la gente cómo defenderse, yo creo que no es tan simple como eso. Yo creo que más bien hay que obligar a que el gobierno cumpla con garantizar la seguridad. A ver el monopolio de la fuerza lo tiene o lo debería de tener, hoy parece que se ha perdido, pero lo debiera de tener en este país el gobierno y vemos que lamentablemente no es así y por eso la gente empieza a pensar en cosas de estas. (…) Realmente no podría pensar en que la pudiera avalar. (…) Yo creo que armar a la población, pretender combatir al crimen es una muy mala idea”.

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Por mayoría de votos y sin entrar al fondo del asunto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE)  invalidó la reforma a los estatutos del PRI, la cual permitía a Alejandro Moreno, conocido como Alito, reelegirse en la presidencia.

Durante la sesión extraordinaria de este jueves, la mayoría de siete consejeros y consejeras de la autoridad electoral confirmó así la determinación de este miércoles de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, en contraste con cuatro que votaron en contra.

Al presentar el proyecto, la consejera Dania Ravel aclaró que en este caso no se planteó entrar al fondo del asunto, es decir, la legalidad de las modificaciones estatutarias del PRI, sino únicamente a la validez de la temporalidad en que se realizaron estos cambios, pues de acuerdo al artículo 34, párrafo 2, inciso a de la Ley General de Partidos Políticos, no se pueden realizar modificaciones a los documentos básicos partidistas sin que concluya un proceso electoral federal, a lo cual, dijo, no se ajustó el Revolucionario Institucional.

“Dispone expresamente que son asuntos internos de los partidos políticos la elaboración y modificación de sus documentos básicos, los cuales en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral, no obstante, el PRI celebró su Asamblea Nacional Ordinaria cuando aún no concluía el proceso electoral federal, inobservando así dicha disposición legal.

"Tenemos un artículo vigente y textual en nuestra ley que establece expresamente que no se pueden hacer modificaciones a los documentos básicos de los partidos políticos en los procesos electorales, iniciados los procesos electorales (...) en ese sentido, las modificaciones que se ponen a nuestra consideración se hicieron antes de que concluyera el proceso electoral federal, se hicieron el 7 de julio de 2024", subrayó.

El consejero Arturo Castillo descartó que esta resolución se trate de un tema político, como acusaron los representantes del PRI durante la sesión extraordinaria de este jueves.

“Esta es una lectura estrictamente jurídica, podemos estar en desacuerdo, sí, por supuesto, sí, claro, por supuesto, esto probablemente se vaya a la Sala Superior, sí es probable (...) Esta decisión y este criterio por parte de quienes la hemos apoyado, no responde a ninguna inferencia de carácter político de ninguna naturaleza", enfatizó.

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La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó por mayoría las reformas estatutarias del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que permitieron la reelección de Alejandro "Alito" Moreno como presidente del partido. Tres consejerías votaron en contra de validar estos cambios, argumentando que el PRI los realizó fuera del plazo legal establecido por la Ley General de Partidos Políticos.

El proyecto, que planteaba avalar las modificaciones, ahora deberá ser ajustado y discutido por el Consejo General del INE esta misma semana. La consejera Dania Ravel, presidenta de la comisión, afirmó que los cambios no debieron realizarse hasta después de finalizar el proceso electoral, en cumplimiento con el artículo 54 de la ley. Además, subrayó que el PRI incumplió durante años con las reformas sobre paridad sustantiva y violencia política de género, lo que debió estar listo antes de las elecciones.

Por su parte, el consejero Uuc-kib Espadas destacó que los derechos de los partidos pertenecen a toda la militancia y no a sus dirigentes, señalando que las reformas no pueden admitirse por haber sido realizadas en un periodo prohibido. Asimismo, Arturo Castillo, consejero del INE, reiteró que la ley no permite modificaciones a los documentos básicos durante un proceso electoral.

"A mí no me van a presionar", responde Alejandro Moreno

En respuesta, Alejandro "Alito" Moreno denunció en el Senado presiones y chantajes por parte del gobierno federal y Morena. Durante su intervención, afirmó que "no se dejará presionar" para apoyar la Reforma Judicial, a pesar de lo que consideró un intento de manipulación del dictamen del INE.

Moreno también se refirió a la situación del senador Daniel Barrera de Movimiento Ciudadano, insinuando que podría estar bajo presión para sumarse a la mayoría oficialista en el Senado.

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Alejandro Moreno Cárdenas se registró como candidato a la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego de que se separó del cargo el viernes.

Este lunes, Alito presentó la documentación necesaria ante la Comisión de Nacional de Procesos Internos del partido junto con Carolina Viggiano, quien buscará la secretaría general.

Entre los vítores de "Alito, Alito" y "Caro, Caro", Moreno Cárdenas señaló que ambos están convencidos de que se necesita impulsar una profunda reforma que inaugure una nueva etapa en el partido.

"Debemos decirlo con claridad, estamos en deuda con nuestro partido, desde hace muchos años, el PRI ha quedado desfazado de la realidad política, económica y social de nuestro país. Esto ha tenido un gran impacto negativo en la manera en que nos organizamos comunicamos y trazamos la estrategia política".

PRI está firme y volveremos a ganar: 'Alito' Moreno

Mencionó que el PRI, como otros partidos políticos en México y el mundo, enfrenta una crisis, pero tiene "todas las aptitudes y vocación, talento y capital humano para adaptarse a las nuevas condiciones de competencia política y salir adelante".

​"Porque lo hemos hecho y lo volveremos a hacer, cueste lo que cueste y aunque muchos no lo entiendan, el PRI está firme y de pie, vamos a regresar y vamos a volver a ganar".

"PRI nos necesita unidos"

​En su cuenta de X, Moreno Cárdenas agradeció a los consejeros nacionales que le hayan permitido participar en el proceso interno priista.

El político originario de Campeche busca contender por la dirigencia nacional del partido para el periodo de 2024 a 2028.

Moreno Cárdenas indicó que está convencido "que el PRI nos necesita a todos listos, unidos y comprometidos para seguir avanzando en la construcción de un partido firme, sólido y opositor, que sin temor a nada lo dé todo para luchar y defender a México".

A principios de julio, más de tres mil consejeros nacionales del PRI votaron a mano alzada cambios en los estatutos del partido que permiten la reelección de su dirigente hasta por dos periodos.

Al concluir la votación, Moreno Cárdenas ingresó al presidium em el Pepsi Center y, al grito de "Alito, Alito", los consejeros nacionales avalaron los modificaciones que le permitirán quedarse en el cargo hasta 2032.

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Priistas inconformes con la virtual reelección de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas al frente del PRI, por dos períodos más- hasta 2032-, continuaron con la presentación de recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) este viernes.

Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna presentó este viernes un juicio para la protección de sus derechos políticos electorales, en donde impugna la resolución de la XXIV Asamblea Nacional del PRI en la que se reformaron los estatutos y otros documentos básicos del partido.

El quejoso es militante del PRI desde 1986 y ha sido diputado local, federal y constituyente, procurador federal del Consumidor y vocero de la presidencia de la República. Es presidente y director general de Estrategia Total, Firma de Cabildeo, Asuntos Públicos, Relaciones Públicas y Comunicación Estratégica.

Este juicio se suma al presentado la víspera por varios expresidentes nacionales del PRI, como Dulce María Sauri (1999-2002), Pedro Joaquín Coldwell (2011-2012) y Enrique Ochoa (2016-2018), a quienes “Alito” amenazó con expulsar del partido.

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Los ex dirigentes nacionales del PRI, Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa Reza, con el respaldo del senador electo, Manlio Fabio Beltrones, presentaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) una impugnación con la que pretenden se invalide la asamblea nacional del pasado domingo donde, entre otras cosas, se avaló la reelección de su líder nacional por ocho años.

A través de un comunicado, advirtieron que este recurso será el primero “de una larga cadena que seguramente será necesario agotar”, al tiempo que afirmaron que representan a miles de priistas inconformes por el atropello de su actual líder, Alejandro Moreno, al que amagaron: “la batalla jurídica apenas comienza”.

Consideraron que el pasado 7 de julio se celebró, “de manera ilegal y contraria a los estatutos de nuestro partido político”, la Asamblea Nacional Ordinaria del PRI, en la que se aprobaron reformas importantes a los Estatutos, Declaración de Principios, Programa de Acción y Código de Ética Partidaria.

“Particularmente, destaca la modificación al artículo 178 de los Estatutos, para establecer que las personas titulares de la Presidencia y Secretaría General del partido podrán ser electas hasta por 3 periodos consecutivos de cuatro años”, alertaron en un comunicado conjunto.

Aseguraron que esta impugnación a la Asamblea Nacional es el primer paso que tomarán al respecto, pero resaltaron que aún habrá otras impugnaciones contra las reformas que se han hecho a los documentos básicos del partido.

Entre el cúmulo de irregularidades procedimentales que se hicieron valer en la demanda, destacaron la violación a la prohibición de realizar reformas estatutarias en proceso electoral, mismo que se encontraba en la etapa de resultados y de calificación de las elecciones federales y de las Entidades Federativas, lo cual, afirman “impedía modificar los documentos básicos del partido político”.

También, la incompetencia del CEN del PRI para emitir el Reglamento de integración de la Asamblea Nacional, porque a su consideración y basados e los estatutos “el procedimiento se realizó de forma totalmente indebida, al publicar la convocatoria se auto adjudicó la facultad de emitir el reglamento para la conformación de la Asamblea Nacional, lo cual constituyó una violación flagrante al procedimiento”.

Además de que apenas hubo un plazo de 30 días entre la emisión de la convocatoria y la Asamblea Nacional, mismo que fue “irracional e insuficiente para desahogar todas las etapas”. El procedimiento partidario se desahogó en un plazo de 30 días, comprendido del 6 de junio en que se emitió la convocatoria al 7 de julio en que se llevó a cabo la Asamblea, lo cual fue evidentemente insuficiente para desahogar las 12 etapas del proceso de reforma de la normatividad partidaria.

En ese sentido, acusaron que la brevedad del plazo “limitó y obstaculizó la participación de la militancia en los procesos de organización, deliberación y elección de las y los delegados que integrarían la Asamblea, e impidió el análisis y discusión reflexiva del dictamen final”.

Los ex líderes señalaron que los delegados no tuvieron un plazo razonable para deliberar las iniciativas sometidas a discusión: “Es claro que el plazo fue insuficiente, porque el dictamen relativo a las propuestas de reforma a los Estatutos, Programa de Acción, Declaración de Principios y Código de Ética, que consta de más de 300 páginas, se publicó aproximadamente a las 19:00 horas del día 6 de junio, mientras que la Asamblea inició al día siguiente, a las 11:00 horas, por lo que el plazo que medió entre la publicación y la Asamblea fue de aproximadamente 16 horas y por la noche, lo cual es absolutamente insuficiente”, explicaron.

Por ello, afirmaron que con las las irregularidades citadas y conforme a precedentes vinculantes tanto de la SCJN como del TEPJF, “se tienen un potencial invalidante de los acuerdos adoptados en la Asamblea Nacional, en atención a que se afectó de modo relevante a los principios democráticos que rigen el debate que debe guiar la decisión de aprobar modificaciones a la normativa básica del partido político, porque se impidió que todas las y los delegados a la Asamblea Nacional contaran con los elementos necesarios para adoptar una decisión informada”.

Los ex dirigentes nacionales priistas advirtieron que “esta impugnación es la primera de una larga cadena que seguramente será necesario agotar, ya que, en estos momentos, es un hecho notorio que el CEN del PRI está próximo a emitir la convocatoria para la renovación de la dirigencia, sobre la base de normas que se encuentran impugnadas y que no han sido aprobadas por el INE, por lo que la batalla jurídica apenas empieza”.

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