El consejo coordinador empresarial da un voto de confianza al trabajo anticorrupción que esta presentando el gobierno de Jaime Bonilla en Baja California. Donde uno de los temas que más están esperando, es el de la propuesta de la terna para el futuro fiscal anticorrupción. Así lo declaro el presidente del CCE, Rodrigo Llantada.
“es un paso importante ya señaló que también va a presentar la terna para la fiscalía anticorrupción, creo que ese es otro paso importante. Aquí lo que es fortalecer las instituciones para combatir la corrupción y la impunidad.
Que sea a través de esta que se pueda combatir la corrupción y obviamente en cuanto a la terna, pues esperamos que sea presentados los mejores personajes de BC con las mejores técnicas y sobre todo la integridad y el reconocimiento social que nos pueda dar esa certidumbre de que las investigaciones se harán con imparcialidad y apegadas a derecho.
Lo señalamos en su momento, que es muy lamentable que hayan hecho a un lado la participación ciudadana (en el SEA) lo único que deseamos el sector organizado, el sector empresarial, los ciudadanos es ser testigos de que las cosas tienen un propósito de hacerse bien. Sin embargo, no le resta merito en que lo puedan hacer bien.”
Hasta el momento sigue sin existir nombramientos dentro del Sistema Estatal Anticorrupción, ni siquiera hay propuestas por parte del Poder Ejecutivo para que alguien ocupe la posición, como lo es una de sus facultades según lo estipula la ley en la materia.
Este desinterés es interpretado por la diputada local, Daylin García Ruvalcaba, como falta una muestra de que el combate a la corrupción no es una prioridad para la actual administración en Baja California.
“Es un hecho lamentable. Se tiene la facultad por parte del Gobierno del estado no solamente enviar (propuestas) a la Fiscalía sino también a la magistratura anticorrupción. Hay que recordar que esos espacios no están ocupados por un titular que haya sido nombrado propiamente por el Congreso. La facultad de enviar la terna es por parte del Ejecutivo y estamos esperando que tengan a bien llegar al tema que tanto nos interesa en Baja California” expresó la legisladora de Movimiento Ciudadano.
“Esperemos que lo hagan bien, que manden buenos perfiles y la verdad es que se ve que no ha sido una prioridad de Gobierno del estado ponerle atención al Sistema Estatal Anticorrupción” agregó.
La creación del Sistema Estatal Anticorrupción fue creado luego de aprobarse su conformación por el Congreso local desde junio del 2017. En cinco años no ha podido operar por falta de presupuesto y organigrama.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (SESEABC), durante el marco del Día Internacional contra la Corrupción, se compromete a seguir trabajando como un organismo descentralizado con su propia personalidad jurídica, autonomía técnica y de gestión.
El 9 de diciembre, se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. Nacida por una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), su importancia radica en la lucha contra las prácticas negativas en distintos países del mundo.
Según el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), creció la proporción de la población que fue víctima de corrupción en un trámite de gobierno, al elevarse a 15.7 % en 2019 del 14.6 % en 2017.
“En la SESEABC seguimos trabajando y nos falta mucho por hacer, existen una serie de situaciones que de alguna manera han perjudicado el avance satisfactorio de un Sistema Estatal Anticorrupción tan importante para el Estado y que constitucionalmente debe trabajar, en donde viene a sumarse para que de una manera sistemática disminuya este problema tan complejo y añejo” Indico el Encargado de Despacho de Secretario Técnico, Lic. Francisco Javier Rebelín Ibarra.
Juzgado de Distrito otorgó amparo y protección a Luis Irineo
Resolución judicial permite restablecer legalidad en SEABC rota por injerencia del gobernador y la secretaria de la Honestidad
El Juzgado Quinto de Distrito del Poder Judicial de la Federación, ordenó al gobierno Baja California restituir a Jorge Topete como consejero ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California.
La resolución judicial contra el acto arbitrario y de abuso de poder permitirá restablecer la legalidad y funcionabilidad del SEABC irrumpida por la injerencia directa del gobernador del Estado, ingeniero Jaime Bonilla, a través de la secretaria Vicenta Espinoza.
En el expediente 695/2021, el juez Cuéllar le otorgó a Topete Calvario la suspensión definitiva para que no lo separen del cargo y continúe desempeñando las labores derivadas de su nombramiento, además que instruye a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del gobierno de Baja California que se "abstenga de emitir resolución" en el procedimiento administrativo sancionador.
Las medidas protectoras del juez federal habilitan a Jorge Topete Calvario a integrar el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con plenitud de derechos y facultades, con base en la hoja número 10 del Considerando Cuarto de la resolución judicial.
También se ordena a las autoridades estatales que no podrán dictar resolución final en el procedimiento administrativo disciplinario, hasta que el juez de amparo resuelva el fondo de los asuntos planteados, en particular la incompetencia de la SHyFP.
Además, el Poder Judicial de la Federación otorgó el amparo y protección de la justicia a Luis Irineo Romero en contra de la medida de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, del 14 de abril del 2021, consistente en suspenderlo de su cargo de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
En el expediente del juicio de amparo indirecto 470/202, el Juzgado Quinto de Distrito ordenó a Secretaría de la Honestidad y Función Pública dejar insubsistente el oficio de la separación de su cargo y “se le restituyan al quejoso de los derechos infringidos por las consecuencias del acto reclamado”, según el punto 55, página 28, de la sentencia.
Esta medida judicial representa, además de un triunfo sobre la arbitrariedad y el abuso de poder de la SHyFP, un paso decisivo para encausar la operatividad y restituir la legalidad del área técnica del Sistema Estatal Anticorrupción.
En diversos Juicios de Amparo interpuestos por los consejeros ciudadanos: Claudia Telles Aguilar, Eduardo Arredondo Uribe, Francisco José Fiorentini Cañedo y Fermín Álvaro Gutiérrez Villa, los jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación han otorgado suspensión para que las autoridades de la SHyFP se abstengan de dictar la resolución final en los procedimientos administrativos que desahogan, hasta que el juez federal correspondiente resuelva el fondo de las controversias.
Con estas medidas, la SHFP está imposibilitada por el momento para dictar sanción alguna.
En su oportunidad, los jueces de Distrito habrán de resolver el fondo sobre asuntos como la incompetencia de la SHyFP para intervenir en el régimen de responsabilidades de los representantes ciudadanos (CPC), la naturaleza jurídica del cargo de representante ciudadano y la ilegalidad de los actos desplegados por las áreas de esta dependencia estatal.
El combate a la corrupción es un interés de seguridad nacional para Estados Unidos y por lo tanto, apoyará la capacidad de instituciones nacionales e internacionales y fortalecerá la capacidad de la sociedad civil y los medios enfocados en investigar y destapar casos sobre el tema, anunció este jueves la Casa Blanca en un comunicado firmado por el presidente Joe Biden.
A principios de mayo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, emitió una nota diplomática para expresar su extrañamiento por el supuesto apoyo financiero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Integral (USAID, por sus siglas en inglés), a Organizaciones no Gubernamentales como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, a la que calificó de “opositora”, y alegó que es una “muestra de injerencismo del gobierno de Estados Unidos en asuntos que sólo competen a los mexicanos”.
El 31 de mayo se quejó de que su nota no había recibido respuesta y este miércoles se lanzó contra la Embajada de Estados Unidos, diciendo que reparte “maíz con gorgojo”; esto es, que sigue entregando dinero a organizaciones opositoras.
En el Memorándum Estudio de Seguridad Nacional, Biden afirmó que la corrupción “amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, la equidad económica, los esfuerzos contra la pobreza global y en pro del desarrollo, y la democracia, en sí misma”.
Por lo tanto, combatirla se convierte en un “interés de seguridad Nacional de Estados Unidos” y el gobierno encabezará los esfuerzos para “promover la buena gobernanza, traer transparencia a Estados Unidos y los sistemas financieros globales; prevenir y combatir la corrupción a nivel nacional y en el extranjero, y hacer cada vez más difícil para los actores corruptos realizar sus actividades”.
Para ello, presentó una estrategia que incluye “apoyar la capacidad de instituciones domésticas e internacionales y organismos multilaterales enfocados en establecer normas globales anticorrupción, la recuperación de activos, la promoción de transparencia financiera, alentar gobiernos abiertos, fortalecer instituciones financieras, establecer marcos de trabajo para prevenir la corrupción en proyectos financieros de desarrollo, y combatir el lavado de dinero, el financiamiento ilícito y los sobornos”.
Asimismo, se apoyará y fortalecerá “la capacidad de la sociedad civil, los medios y otros actores enfocados en la supervisión y rendición de cuentas para que investiguen y analicen las tendencias de corrupción, respalden medidas preventivas, investiguen y destapen actos de corrupción, exijan cuentas a líderes e informen y respalden los esfuerzos de rendición de cuentas y de reforma del gobierno”. Se trabajará para “proveer a estos actores de un ambiente de operación seguro y abierto a nivel nacional e internacional”.
El comunicado insistió en la importancia de trabajar con socios internacionales para “contrarrestar la corrupción estratégica de líderes extranjeros, empresas estatales o afiliadas, organizaciones del crimen trasnacional”.
Agregó que ese país redoblará esfuerzos para incrementar los recursos de asistencia “para investigación, financieros, técnicos y políticos” en aquellos países que muestren el deseo de reducir la corrupción.
También se fortalecerá la capacidad de socios y gobiernos extranjeros “para implementar medidas de transparencia, supervisión y rendición de cuentas, lo que contrarrestará la corrupción y dará a los ciudadanos información útil y accesible respecto de programas, políticas y gasto de gobiernos”.
Refirió que el Gobierno estadounidense promoverá “asociaciones con el sector privado y la sociedad civil para promover las medidas anticorrupción y emprender acciones para prevenirla”.
El memorándum incluyó, como parte de la estrategia combatir “todas las formas de financiamiento ilícito en Estados Unidos y los sistemas financieros internacionales, incluyendo implementar una ley federal para obligar a las compañías en Estados Unidos a reportar sus beneficiarios al Departamento del Tesoro, reducir el secretismo financiero offshore; mejorar el compartir información”; además, “hacer rendir cuentas a los individuos corruptos, las organizaciones criminales trasnacionales y sus facilitadores; incluyendo, cuando sea apropiado, identificar, congelar y recuperar activos robados… y, cuando sea posible y adecuado, devolver esos activos en beneficio de los ciudadanos afectados por la corrupción”.
Biden, en otro comunicado, afirmó que la corrupción “carcome las bases de las sociedades democráticas. Hace menos eficaces a los gobiernos, desperdicia recursos públicos y exacerba las desigualdades en el acceso a los servicios y hace más difícil a las familias poder sacar adelante a sus seres queridos”. Además, “impulsa e intensifica el extremismo y facilita a los regímenes autoritarios corroer la gobernanza democrática”.
Estados Unidos, aseguró el mandatario estadounidense, encabezará poniendo el ejemplo, pero “esta es una misión para el mundo entero”.
En ese sentido, subrayó que “debemos apoyar a los ciudadanos valientes en el mundo que están demandando una gobernanza honesta, transparente”.
Combatir la corrupción, dijo el mandatario estadounidense, “no solo es cuestión de buena gobernanza. Es autodefensa. Es patriotismo, y es esencial para preservar nuestra democracia y nuestro futuro”.
El recién nombrado presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, Eduardo Arredondo Uribe, externó su preocupación por el debilitamiento del SEABC.
Podemos sentirnos orgullosos de que en Baja California tenemos el SEA más ciudadano del país, cuenta con más consejeros ciudadanos y contaba con una comisión especial (digo contaba porque la actual administración le quitó facultades a los ciudadanos, regresándola a propuesta del gobernador) para designar al Fiscal Anticorrupción y cuenta con más facultades para actos de corrupción sean sancionados conforme a la ley.
Lo que inició como un gran avance en combate a la corrupción en el estado, vemos con preocupación que poco a poco se está erosionando.
El Comité de Participación Ciudadana se está quedando sin miembros ya que el comité seleccionador no ha designado los nuevos consejeros, el Comité Coordinador está detenido en sus funciones y la Secretaría Ejecutiva no cuenta con los suficientes recursos para llegar a sus objetivos.
En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno del Estado y al Congreso del Estado a redoblar esfuerzos en apoyo al Sistema Estatal Anticorrupción (SEABC).
El mandato del pueblo fue precisamente un gobierno de esperanza que sea más honesto y eficiente en la función pública, un instrumento clave para lograrlo es un SEA fuerte y ciudadano.
Como presidente del CPC estoy en toda la disposición para llegar a acuerdos para este fin, los ciudadanos nos están observando, tenemos que cumplirles.
Cabe mencionar que este 11 de julio fui designado por el apoyo mayoritario del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) para ser el presidente de dicho comité por un año.