Congreso de BC deja fuera al Sistema Anticorrupción
en designación de contralores.
El Congreso de Baja California emitió la convocatoria para designar a los titulares de los Órganos Internos de Control del Tribunal Estatal de Justicia Alternativa (TEJA), de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (ITAIP).
Hay una cuarta convocatoria para designar a un integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California que ocupará la vacante de Daniel Octavio Valdez Delgadillo.
El Congreso local decidió otorgarse la facultad de estas designaciones, pretexto de reformas constitucionales contenidas en el Decreto 70 publicado el 23 de octubre de 2019.
En las convocatorias emitidas por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el diputado Juan Manuel Molina de Morena, cuyos dictámenes fueron aprobados en el pleno, se le otorga a esta instancia parlamentaria la facultad exclusiva de hacer estas designaciones por la derogación del párrafo del artículo 70 constitucional "que refiere a la Comisión Especial".
Sin embargo, los diputados —aseguran fuentes— asumiendo el papel propio de un tribunal, en la convocatoria determinan inaplicar el párrafo tercero de la fracción XLIII del artículo 27 de la Constitución del Estado, el cual consigna la participación de una Comisión Especial en el procedimiento para la designación de los titulares de los órganos de Control Interno.
Mediante este artilugio legislativo, pretenden eludir su responsabilidad en la desaseada reforma constitucional del Decreto 70. Mientras la Constitución reconozca la existencia de la Comisión Especial y a ésta se le niegue su participación, el Congreso da pie a que los tribunales federales les corrijan la plana por la vía del amparo y con ello, determine que los nombramientos sean endebles y efímeros, en perjuicio del funcionamiento adecuado de las instituciones públicas.
"Para el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se creará una Comisión Especial integrada por tres Diputados de la Comisión de Dictamen Legislativo pertenecientes a distintas fracciones parlamentarias y cuatro ciudadanos integrantes del Comité de Participación Ciudadana, la cual tendrá a su cargo el proceso de evaluación y comparecencia de los aspirantes al cargo, conforme a lo que establezca la Ley de la materia" señala el texto constitucional.
A partir de este párrafo el Comité de Participación Ciudadana del SEA presentó una solicitud de amparo por la designación de la titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción donde también se eliminó la participación de ciudadanos en el proceso de selección.
En la anterior Legislatura, de mayoría panista, también se presentó un amparo por el nombramiento de una comisión de diputados del Auditor Superior del Estado, sin la presencia de los cuatro integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California.