El Sistema Estatal Anticorrupción exhortó al Congreso de Baja California a ajustar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado para reforzar el combate al peculado, nepotismo y otros actos de corrupción, tal y como lo hizo el Congreso de la Unión con la Ley General de Responsabilidades hace más de dos meses.

El secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Luis Ramón Irineo, emitió un exhorto dirigido al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Victor Manuel Morán, para que se realicen las adecuaciones correspondientes a la ley local por la trascendencia en el combate a la corrupción en los que el estado no puede sustraerse a la incorporación de estos instrumentos legales.

Las adecuaciones locales se plantean a partir de las modificaciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que entraron en vigor el 20 de noviembre de 2019 en la que se establecen nuevas obligaciones a los servidores públicos tendientes a evitar conflicto de intereses con motivo de parentesco, relaciones societarias nacionales o extranjeros, entre otros.

Además se incrementa el catálogo de los tipos de delitos, se amplían las modalidades de peculado y contratación indebida, se incorporan los tipos administrativos de simulación de actos jurídicos, y violaciones a las disposiciones en materia de fideicomisos.

La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción asienta que la integración de sus órganos colegiados son, entre otros, la Comisión Ejecutiva (conformada por ciudadanos), y el Comité Coordinador; en éste participan 11 ciudadanos y los 11 titulares de la Auditoría Superior del Estado, del Poder Judicial, de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, de la Fiscalía General del Estado, de las sindicaturas de los cinco Ayuntamientos, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

REFORMAS

Con las modificaciones, en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se señala que Los servidores públicos se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios nacionales y extranjeros para establecer cualquier tipo de negocio privado que afecte el desempeño Imparcial y objetivo en razón de intereses personales o familiares, también deberán separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afectan de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público, abstenerse de intervenir o promover el nombramiento en el servicio público de personas con quienes tenga parentesco por filiación.

Hace poco más de un año, el legislador por el partido de la revolución democrática, Gerardo López Montes, presentó una iniciativa en la cual pudiera agilizarse el tema de las adopciones en Baja California, sin embargo a 12 meses de haber sido presentada esta y otras iniciativas permanecen en la “congeladora”.

La propuesta señalaba una reforma al código civil para que el estado civil de quién desea adoptar a un menor de edad no sea un impedimento para esto; esto armonizaría el código civil del Estado con las consideraciones realizadas por la suprema corte de justicia de la nación.

“Pertenecer a un estado civil en particular, no pone en riesgo por sí mismo el interés superior del menor. Consideramos que dentro de los requisitos esenciales no puede figurar el tipo de unión civil al que pertenezcan los posibles adoptantes pues estas circunstancias no inciden en su idoneidad para brindar una familia”, aseguró en su momento López Montes.

A principios de 2020 el diputado priísta David Ruvalcaba presentó una reforma al artículo 51 bis de la ley de responsabilidades administrativas a fin de calificar como falta grave cualquier tipo de discriminación laboral, situación que se está presentando a consecuencia de el Covid, en la que empresas niegan la contratación de personal diabético, hipertenso o con obesidad marcada.

Esta reforma se encuentra también en la “congeladora” de la XXIII Legislatura y en manos de la Junta de Coordinación Política, cuya presidenta es la morenista, Montserrat Caballero Ramírez.

Los legisladores de oposición aseguran que sus propuestas de reforma son en beneficio de los bajacalifornianos, aunque no saben si son de beneficio para los representantes de mayoría en el congreso.

 La Secretaría de la Función Pública investiga al subsecretario para América del Norte, Jesús Seade Kuri, por peculado y abuso de funciones tras falsear comisiones de trabajo y utilizar recursos públicos con la finalidad de visitar a su familia, que vive en la ciudad de Hong Kong.

Entre 2018 y 2020 el funcionario viajó cinco ocasiones a la ciudad asiática. En todos los casos cargó al erario federal el costo de los vuelos en clase premier, así como los viáticos, con la justificación de que se trataba de comisiones autorizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En sus viajes nunca realizó actividades oficiales.

Apenas habían transcurrido dos semanas de haber asumido el cargo cuando recibió 181 mil 864 pesos de la Cancillería para viajar del 14 al 19 de diciembre de 2018 a Hong Kong.

La denuncia en contra de Seade incluye varias pruebas documentales y oficios de comisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los que se sustentan las acusaciones de que habría gastado de manera indebida más de 865 mil pesos del erario.

Las acusaciones contra quien fuera negociador de México en el T-MEC se hicieron por medio de la plataforma "Ciudadanos Alertadores", de la Función Pública.

¿Quién es Jesús Seade?

Jesús Seade Kuri es el actual subsecretario para América del Norte.

Es doctor en Economía por la Universidad de Oxford (Reino Unido), y se ha desempeñado como vicepresidente adjunto para Asuntos Globales de la Universidad CUHK-Shenzhen (The Chinese University of Hong Kong), en China y como vicepresidente de la Universidad de Lingham, Hong Kong.

Entre 1989 y 1994 fungió como jefe negociador en México para la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC); de 1994 a 1998 fue director general adjunto de la OMC y GATT; de 1998 a 2006 fue asesor senior en el Fondo Monetario Internacional (FMI), y de 1998 a 2010 fue miembro del Consejo Asesor en Derecho Económico Internacional en la Escuela de Derecho de Georgetown.

También ha sido catedrático en la Universidad de Warwik, en Reino Unido, y en el Colegio de México.

Se desempeñó, también, como negociador para el T-MEC y estuvo nominado este año, para la dirección general de la OMC.

Después de los pleitos, dimes y diretes entre los diputados de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado, por no respetar los acuerdos de del grupo parlamentario de MORENA y dejar en evidencia que no se respeto las desiciones tomadas en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).

Las evidentes diferencias entre las diputadas Araceli Geraldo y Monserrat Caballero fueron notorias, después de un inesperado receso se determinó el nombramiento de nueva mesa directiva.

Finalmente se votó a la mesa directiva que presidirá Julio César Vázquez Castillo en la presidencia del H.Congreso en el primer periodo ordinario del segundo años de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California.

Los demás integrantes de la mesa directiva son Vicepresidenta Julia Andrea González Quiroz

Secretaria Eva Griselda Rodríguez

Prosecretario Fausto Gallardo García.

Secretario Escrutador María Luisa Villalobos Ávila.

La Vigésima Tercera Legislatura de Baja California aprobó un punto de acuerdo propuesto por el diputado Julio César Vázquez Castillo, con el fin de “apoyar irrestrictamente a nuestro gobernador del Estado, ingeniero Jaime Bonilla Valdez, en su acción de decretar y liberar la caseta de su injusto cobro, al transitar vehículos libremente por el tramo de la carretera escénica Playas de Tijuana-Playas de Rosarito e impulsar los derechos de los automovilistas bajacalifornianos”.

En su exposición de motivos, el legislador del Partido del Trabajo dio a conocer que el pasado 7 de julio, el gobernador, en una acción de justicia y con mucha valentía, acudió a la plaza de cobro 34 “Playas de Tijuana” de la autopista Tijuana-Ensenada, acompañado de Guillermo Ruíz Hernández, fiscal general de la Entidad, y anunció a los bajacalifornianos que, por vía de un decreto, haría que la caseta y tramo carretero de Tijuana a Playas de Rosarito pasarían al gobierno de Baja California.

“Lo anterior es un hecho sin precedente y en cumplimiento a una promesa de campaña, nuestro gobernador Jaime Bonilla Valdez signó el decreto que permitirá́ al Gobierno del Estado hacerse cargo de la administración del tramo de la carretera escénica Tijuana-Playas de Rosarito (tramo de 18 kilómetros). En tanto, quedó establecido que los residentes de Playas y automovilistas que circulan por la zona, ya no pagarán más por la cuota correspondiente”, indicó.

Vázquez Castillo, presidente del Congreso local, agregó que mediante el decreto del Poder Ejecutivo, se pone fin a una demanda que, por muchos años, encabezaron residentes de Playas de Tijuana, la cual no tuvo respuesta de los anteriores gobiernos estatales y federales.

Señaló que en las inmediaciones del tramo carretero es lugar de residencia de 12 mil familias bajacalifornianas, que al cruzar diariamente para hacer sus actividades cotidianas, su economía se ha visto seriamente afectada al gastar más de mil pesos por semana en casetas; es decir, casi el 35 por ciento de su salario, lo cual justifica la importancia de este logro.

Dijo que Caminos y Puentes Federales (Capufe) sólo los ha apoyado con un descuento del 50 por ciento del importe del peaje carretero, pero para obtenerlo es una tramitología engorrosa, lo que deja fuera también al resto de la población.

Por lo anterior, el diputado Julio César Vázquez solicitó que esta Soberanía exhorte al titular del Ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de que instruya a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú y al director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Genaro Enrique Utrilla Gutiérrez.

Por otro lado, mediante el punto de acuerdo se pide al “Congreso de la Unión a efectos de que deroguen del capítulo correspondiente a los pagos de derechos de la dependencia Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos de la Ley Ingresos del Ejercicio Fiscal Federal 2020, el pago de derechos correspondientes a la caseta de cobro ubicada a la entrada de Playas de Tijuana, y que corresponde al tramo comprendido de Tijuana a Playas de Rosarito”.

Ante el rechazo de las reformas al Código Civil de Baja California para poder validar el matrimonio igualitario en Baja California, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Montserrat Caballero Ramírez, reprobó el alto número de abstenciones ante un tema que representaría un avance en materia de derechos humanos para la entidad.

“Este es un día histórico en la XXIII Legislatura después de los 30 años que hemos luchado por la igualdad de los bajacalifornianos. Es triste porque el pueblo nos paga para no ser tibios, no nos paga para ocupar un lugar y quedarnos callados, ya quedó claro quién está con Baja California. Mi respeto absoluto para aquel que tuvo el valor de decir no. En estas sillas hay gente tibia”, expresó.

De los 17 votos que se necesitaban para la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en la entidad, la votación arrojó 15 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones.

La votación quedó de la siguiente manera (en orden alfabético):

A FAVOR DEL MATRIMONIO IGUALITARIO: Montserrat Caballero, Miriam Cano, Rosina del Villar, Fausto Gallardo, Araceli Geraldo, Julia González, Gerardo López, Juan Manuel Molina, Rodrigo Otañez, Eva Rodríguez, Elí Topete, Julio Castillo, Ramón Vázquez, María Trinidad Vaca, María Luisa Villalobos.

EN CONTRA: Efrén Moreno, Loreto Quintero y Eva María Vázquez.

ABSTENCIÓN: Claudia Agatón, Miguel Bujanda Ruíz, Carmen Hernández, Juan Meléndrez, Víctor Morán, Víctor Navarro, David Ruvalcaba.

La iniciativa, a solicitud del diputado Juan Manuel Molina y aprobada con 15 votos a favor y 7 en contra, será devuelta a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales para ser analizada nuevamente.