Un restaurante bar que continuaba abierto vendiendo alcohol y sin las medidas de prevención sanitarias, fue clausurado por autoridades municipales la tarde del sábado.

Los principales clientes de ese restaurante bar “Plan B”, ubicado en San Antonio del Mar la carretera escénica Tijuana-Ensenada, eran norteamericanos.

Al momento de la clausura, se encontraban seis estadounidenses bebiendo cerveza.

El restaurante bar estaba abierto como si no pasara nada en Tijuana, como si vender cerveza fuera una a actividad esencial en esta contingencia sanitaria.

Vecinos denunciaron la operación de ese negocio que en su interior tenía varios barriles de cerveza para su venta.

Inspectores de Reglamentos, encabezados por el licenciado Jorge García, jefe de inspección de Playas de Tijuana, al llegar al negocio se sorprendieron al observar a ciudadanos estadounidenses departiendo tranquilamente, sin medidas de prevención, a gusto.

Inmediatamente procedieron a retirarlos y clausurar este restaurante bar, cuyos propietarios son irresponsables.

Su permiso de operación puede ser cancelado por el gobierno municipal de Tijuana por no acatar las disposiciones derivadas de la emergencia sanitaria nacional.

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Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfilaron invalidar por mayoría la primera parte del plan B de la reforma electoral.

Los ministros Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez y Norma Lucía Piña se posicionaron a favor de la declaración de la invalidez de la primera parte del Plan B.

Las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz se expresaron en contra.

Corte desecha solicitud de Consejería de Presidencia ante discusión del Plan B

Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de impedir al ministro Alberto Pérez Dayán de votar en la acción de inconstitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como el plan B, por una falta de imparcialidad.

A unas horas de que la SCJN discutiera el proyecto que invalida la primera parte del Plan B en materia electoral, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal advirtió que, en caso de invalidarlo, el Máximo Tribunal estaría sustituyendo al Congreso de la Unión.

A través de un comunicado, la Consejería acusó que el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán privilegia los formalismos por encima “de la verdadera justicia de fondo”, con lo que se viola el artículo 17 constitucional.

Al tratarse de un poder derivado “sin legitimación popular”, la Consejería señaló que la Corte no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión.

“De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos.

“Se hace un llamado a las ministras y los ministros de la SCJN para que actúen con responsabilidad y privilegien la solución del verdadero conflicto constitucional de las normas impugnadas por encima de las formalidades de trámite a las que hace referencia el proyecto de sentencia”, advirtió.

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El presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta impugnó el freno por tiempo indefinido que impuso a la aplicación del llamado Plan B electoral el ministro de la Corte, Javier Laynez.

Casi a la media noche de este lunes se informó que el Senado presentó recursos de reclamación contra la admisión de la demanda y contra la suspensión.

Lo anterior, porque la Camara alta tenía un plazo de 5 días para presentarlo y se hizo con la firma del senador Alejandro Armenta, presidente del senado por ser el representante jurídico.

Se dio a conocer sus como órgano demandado, el Senado tiene carácter de parte en las controversias constitucionales.

Presentó el recurso en defensa de lo que aprobó la mayoría, por lo que , no se consulta con los integrantes de la Mesa Directiva, “pues son los medios legales que tiene el Senado los que tienen como función defender lo aprobado”.

Además, se informó, que sí no se presentará el recurso “se estaría consintiendo lo que un solo grupo de legisladores realizó y no lo que la mayoría aprobó”.

Y no se dio a conocer detalle del documento, con el argumento de que está en proceso.

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 La Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos (AMBADIC) alertó que aproximadamente 5 mil 950 negocios de este ramo cerrarán definitivamente en enero del próximo año mientras se tolere el ambulantaje.

Helking Aguilar Cárdenas, Presidente del Consejo Directivo de la asociación sentenció que a casi 10 meses de haber cerrado los establecimientos por la pandemia Covid-19, el 10 de enero, fecha marcada por el gobierno de la Ciudad de México para reaperturar parcialmente, "será un día fatal pues el 70% de los establecimientos -de un total de 8 mil 500- cerrarán definitivamente y dejarán sin empleo a más de 350 mil personas".

Argumentó que ningún negocio puede subsistir 10 meses cerrado y sin apoyos de ninguna especie, sin considerar "el olvido" del gobierno hacia la industria y la vida nocturna.

"Los lugares formales que generan empleos, pagan impuestos y servicios vuelven a estar cerrados y la informalidad tolerada al 100%, es una muestra más del populismo que impera en este gobierno y el abandono al sector empresarial", destacó.

En una evaluación del sector con el recuento de los daños tras las restricciones impuestas por las autoridades, Aguilar Cárdenas detalló que el saldo de la afectación a la industria alcanzó durante los meses de pandemia cifras preocupantes a nivel nacional.

En la primer etapa de Semáforo Rojo se perdieron cerca del 47% de los empleos lo que equivale a 295 mil plazas directas que no se recuperarán; los empleados de la industria dejaron de percibir cerca de 4 mil 480 millones de pesos mensuales únicamente por concepto de propinas en un cálculo modesto a razón de 8 mil pesos mensuales; y, durante los primeros 9 meses de pandemia, la derrama económica pérdida fue de más de 160 mil millones de pesos, es decir, alrededor de 20 mil millones de pesos mensuales derivado del cierre de la industria.

Además, con las limitaciones de horarios de funcionamiento y servicio, apenas se lograba sostener 265 mil empleos a nivel nacional por lo que el trabajador percibía, en promedio, dos terceras partes menos de ingreso que obtenía antes de la pandemia y alrededor de 3 mil 760 negocios habían cerrado sus puertas de manera permanente.

Adelantó que la movilización y protesta nacional del sector sigue en planeación por lo que ésta se realizaría en los últimos días de enero de 2021, además se llevará a cabo de manera paralela una campaña mediática y activismo social con el apoyo de los trabajadores de la industria y clientes "hasta que podamos reaperturar la industria de la vida nocturna".

"No podemos descartar las movilizaciones de gran tamaño donde podrían participar miles de personas a finales de enero 2021, las cuales podrán replicarse en ciudades como Querétaro, Puebla, Acapulco y la Baja California", reiteró.

Lamentó que se haya acusado a los bares de ser generadores de contagios cuando "nunca fue así" pero esta satanización y cierre sí provocó la proliferación de eventos y fiestas clandestinas que sí fueron los verdaderos focos de propagación del virus denominado Covid-19.

Debido al incumpliendo de las medidas sanitarias ante el COVID-19 por parte de diversos bares de Zona Centro fueron clausurados por la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Algunos de los negocios sancionados fueron El Coyote, El Zorro y El Tarro, ubicados en la Avenida Revolución.

Algunos de los bares contaban con exceso de personas y no respetaban la sana distancia así como el consumo únicamente era de alcohol sin alimentos.

Después del cierre se suscitaron algunas riñas y discusiones de los clientes pasados de copas por lo que elementos policiales se mantuvieron en el área.

De acuerdo con el comisionado de la Comisión Estatal de protección contra Riesgos Sanitarios, David Gutiérrez Inzunza, los bares y "table dances" no deberían estar abiertos, ya que son lugares en las que lo que menos existe es la Sana distancia. 

Gutiérrez Inzunza asegura que este tipo de negocios deben ser supervisados y vigilados de manera permanente. 

El comisionado aseguró que los bares no deben estar trabajando y que el tema va más allá de la economía, es un tema serio de salud. 

"Ellos, (gobierno del estado y Secretaría de Economía) dieron su visto bueno para la reapertura, ¿y? El problema de la Sana Distancia es la valentía de la ignorancia, la gente ignora que es esto (el Covid)" dijo Gutiérrez Inzunza.