La violencia de pareja es una agresión infligida por un compañero íntimo e incluye maltrato físico, sexual o emocional y Baja California se ubica en primer lugar nacional de llamadas de emergencia por este delito.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reveló que en esta entidad fronteriza de enero a mayo se contabilizan 18 mil 69 incidentes de violencia de pareja.

La cifra en el país en este periodo, acumula 97 mil 132 casos de agresión, maltrato y comportamientos controladores por la pareja.

En promedio se registraron 3 mil 613 llamadas de emergencia por violencia de pareja al mes en Baja California, un promedio de 118 por día.

Las llamadas que en promedio registra al mes Baja California es incluso mayor a las registradas en estos cinco meses en Yucatán (2 mil 983).

Tlaxcala es la entidad que menos casos de violencia de pareja registra con solo 350 llamadas en estos cinco meses, otro estado con pocos llamados es Tabasco con (368).

Por otra parte, Nuevo León (10, 238), Jalisco (9,841) y Quintana Roo ( 8,757), le siguen en número de reportes telefónicos a Baja California.

Pruebas aportadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Contra Mujeres por Razón de Género, permitieron que Nayeli Jaqueline “N”, fuera vinculada a proceso por el delito de violencia familiar, por hechos registrados el 3 de marzo del presente año.

Dentro de la carpeta de investigación a cargo de la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Libertad Sexual y la Familia, se establece que el día 3 de marzo del 2023, siendo aproximadamente las 12:00 horas, en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Magisterial, la imputada y el ofendido tuvieron una discusión.

Posteriormente, Nayeli Jaqueline “N” intentó darle una bofetada al ofendido, quien logró esquivar el golpe, pero sufrió rasguños en el cuello. Luego, la acusada lo agarró del cuello y lo golpeó en la espalda baja con el puño cerrado.

En la audiencia, celebrada en días recientes, se presentaron los elementos de prueba recopilados por la Fiscalía que resultaron suficientes para establecer la probable culpabilidad de la imputada en el delito mencionado. Se otorgó un plazo de dos meses para llevar a cabo la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de fortalecer todas las acciones de investigación necesarias para esclarecer delitos y combatir la impunidad, buscando que los culpables sean procesados y se les aplique el castigo que la ley señala.

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Un caso grave de violencia familiar fue atendido ayer por la Policía Municipal, cuando un menor de 12 años acudió a las instalaciones de la Comandancia Regional Sur Margarito Saldaña para solicitar ayuda, ya que su padre violentaba a su madre en su domicilio, ubicado en la colonia Leandro Valle. 

Al arribar al lugar, los oficiales observaron a una mujer que pedía ayuda por una ventana al gritar que la tenían encerrada y que su agresor se encontraba en el patio de la propiedad, por lo que rápidamente los agentes procedieron con la detención de Óscar“N” de 35 años, originario de Michoacán.

Dicho sujeto fue asegurado con un arma punzocortante y un revólver calibre .38 especial, abastecido con seis cartuchos.

Los oficiales lograron liberar a la mujer del cuarto donde la tenían privada de la libertad, quien manifestó que momentos antes su pareja sentimental la había amenazado con una navaja y que en múltiples ocasiones la había golpeado.

Con los debidos procesos, los oficiales brindaron atención a la mujer y al menor, en primera instancia para garantizar su bienestar físico y posteriormente dar todo el apoyo emocional tras la traumática situación que vivían.

Derivado de esto se estableció coordinación con diversas instancias de apoyo a víctimas de violencia, al igual que con la Fiscalía General del Estado, para la intervención jurídica en torno al agresor detenido.

La administración de la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, cuenta con protocolos especializados de intervención y atención a este tipo de casos de violencia familiar y con perspectiva de género como unidades especializadas, aplicaciones como el Botón Morado, entre otros programas preventivos.

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Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali (DSPM) adscritos a Zona Valle Sur, realizaron la inmediata intervención en la que protegieron y brindaron acompañamiento a una víctima de violencia familiar, mientras que lograron la detención del presunto responsable.

El incidente se reportó vía C4, informando que en la zona del ferrocarril de la colonia El Triángulo, se registraba un episodio de violencia familiar, por lo que inmediatamente arribaron al sitio elementos municipales para controlar la situación.

Una mujer de 25 años de edad manifestó, que había discutido verbalmente con su pareja sentimental, mismo que en un momento comenzó a comportarse de manera violenta agrediéndola físicamente, mientras la amenazaba con privarla de la vida, por lo que al temer por su integridad física llamó al número de emergencia 911 para solicitar apoyo policiaco, debido a que días antes ya había recibido múltiples agresiones físicas por parte del sujeto.

Por tal motivo, la agredida señaló al hombre que se identificó como Jairo Gabriel “N” de 30 años de edad, quien fue asegurado por violencia familiar y trasladado para continuar con los trámites legales correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Asimismo, la víctima recibió el acompañamiento para iniciar el proceso de acompañamiento integral con la Unidad de Violencia Familiar y de Género (UVI).

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Graves mordeduras, quemaduras con cigarrillos, golpes con objetos contundentes y cicatrices profundas son el reporte de la autopsia que las autoridades le practicaron al cuerpo de Lucio Dupuy, un menor de cinco años que falleció el viernes pasado en La Pampa, Argentina.

Según la información revelada, el pequeño fue llevado a un hospital local ese mismo día por Abigail Páez, la pareja de su madre biológica, en medio de un cuadro de convulsiones y con signos de politraumatismos.

Todo, según habría dicho la mujer, había ocurrido en un “presunto robo” en el cual el menor se había caído.

Sin embargo, fueron tan letales las afectaciones que el menor murió pocos minutos después de haber sido ingresado al centro médico.

Magdalena Espósito Valenti, de 24 años, madre de Lucio, y Abigail Páez, de 27, fueron detenidas por la Policía a raíz del deceso del pequeño.

Al parecer, ellas fueron quienes perpetraron los vejámenes sobre el menor.

El centro donde están recluidas fue atacado este sábado por una horda indignada.

La madre del fallecido se enfrenta a una posible cadena perpetua por el delito de homicidio calificado por el vínculo.

Abigail Páez, su pareja, podría pasar de 8 a 25 años de cárcel por homicidio simple.

La carta del padre de Lucio, pidiendo perdón por “no llegar a tiempo”, y los detalles sobre la intimidad del entorno en el que vivía el pequeño tienen consternada a la sociedad argentina.

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La Fiscalía General del Estado, a través de los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público en audiencia de vinculación, logró que quedara sujeto a proceso penal Abelardo N., acusado por el delito de violencia familiar.

Los hechos que se le imputan a Abelardo N, sucedieron el 23 de agosto de 2017, cuando en el domicilio conyugal en la colonia Sánchez Taboada, se encontraba el imputado ingiriendo bebidas alcohólicas. Al llegar al domicilio su esposa le dice “otra vez estás tomando”, por lo que Abelardo N., comienza a agredirla verbalmente, y estando ella a un lado de las escaleras, la empuja y la víctima cae sobre los escalones, y continúa insultándola, luego en la cocina, le pone un cuchillo en el cuello, diciéndole que la va matar, hasta que se acerca el hijo de ambos y le dice que la suelte.

Agresiones como esta, sucedieron también en agosto de 2018, y la última el 14 de julio de 2020.

De acuerdo a la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, en la audiencia inicial se formuló imputación y se expusieron los datos de prueba para ser vinculado a proceso por violencia familiar, y con las medidas cautelares que le prohíben concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares; asimismo se le prohíbe convivir, acercarse o comunicarse con las víctimas, ofendidos o testigos.

En la audiencia de vinculación también el Juez de Control determinó un plazo de dos meses para la realización de la investigación complementaria.