Representantes de Asociaciones Civiles que atienden grupos vulnerables, solicitaron a los diputados de la Comisión por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Niñez del Congreso del Estado, exhortar al gobernador, expida un decreto que exima total o parcialmente, del pago de derechos por consumo de agua.

Por tal motivo, los integrantes de la Comisión que es presidida por el diputado Gerardo López Montes, acordaron socializar el tema con los demás legisladores para que haya mayor consenso y posibilidad de ser votado a favor.

Otro acuerdo fue, consultar la fecha para conocer el diagnóstico sobre disponibilidad de drogas en el Estado y propuesta de integración de un sistema local de prevención, por parte de Pedro Cruz Camarena, director de Prevención Ciudadana del Delito y la Violencia de la Fiscalía General del Estado.

En la reunión que se llevó a cabo en la modalidad de videoconferencia, los representantes civiles destacaron la necesidad de usar el agua para todas las personas, y lo importante que sería que el gobierno las apoyara para ayudar a las personas más desprotegidas, por lo que les gustaría trabajar de la mano sociedad y gobierno.

Por Tijuana, estuvieron presentes los representantes de Fundación María, Construyendo Esperanza A. C., Metamorfosis, Fontain of Hope A. C., Servicios Jurídicos Administrativos y Contables OAC A. C., y Ebenecer A. C.

De Tecate, Casa Hogar Para Niños Tecate, y Rancho El Milagro A. C.; Ensenada, Casa Hogar Del Adulto Mayor, Centro de Integración CIAD A. C., Casa Gabriel, y Vicentinas de Baja California.

Por Mexicali, Way out, Baja Deportes A. C., Fundación Marianita Curiel A. C., y Sharing Is Caring, así como de Playas de Rosarito, Al Encuentro del Ocaso.

También estuvieron presentes las diputadas Eva María Vázquez Hernández, Montserrat Caballero Ramírez y María Luisa Villalobos Ávila.

En el marco del Día Mundial del Agua, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de títulos de concesión de agua a los municipios de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada, en Baja California, calificando el hecho como histórico.

La medida permitirá que los municipios dejen de pagar a intermediarios por el suministro del recurso hídrico, garantizando el abasto para los próximos 30 años.

Fin a la comercialización del agua

Durante su conferencia desde Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que esta acción forma parte de la nueva política hídrica que busca eliminar privilegios.

Señaló que anteriormente los municipios tenían que comprar el agua a un Distrito de Riego que ya no la utilizaba para actividades agrícolas, pero que obtenía ingresos millonarios por su venta.

“Recibía 200 millones de pesos al año por venderle el agua a los municipios”, detalló.

Cambios con la nueva ley

El director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, explicó que la nueva Ley Nacional de Aguas elimina prácticas como:

• Transmisiones de derechos entre particulares
• Cambios de uso con fines de lucro
• Acaparamiento del recurso
• Uso ilegal del agua

Además, se reconocen sistemas comunitarios en ejidos y pueblos indígenas, fortaleciendo el acceso equitativo.

De acuerdo con autoridades, en los últimos cinco años los municipios de Baja California pagaron más de 531 millones de pesos por el suministro de agua bajo el esquema anterior.

Con la entrega de concesiones, se asegura el suministro a largo plazo y se busca fortalecer la inversión en infraestructura pública.

“Justicia hídrica” para el estado

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó que esta medida representa el inicio de una nueva etapa para el estado.

Afirmó que se trata de una decisión que elimina la incertidumbre y devuelve el control del agua a la población, en lo que calificó como una era de justicia hídrica.

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El Secretario del Agua de Baja California, Víctor Daniel Amador Barragán, confirmó que la decisión de Estados Unidos de no enviar agua a Tijuana no tendrá repercusiones para la ciudad. Señaló que el flujo de agua continuará a través del Río Colorado, tal como lo establece el acta 240 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas.

Amador Barragán aseguró que la situación de almacenamiento en la presa El Carrizo, que se encuentra al 70% de su capacidad, y las mejoras en la infraestructura hídrica garantizan el abasto del vital líquido para la ciudadanía, eliminando preocupaciones sobre cortes en el suministro.

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Durante la administración estatal pasada, con Jaime Bonilla Valdés como gobernador, hubo la intención de aplicar cortes definitivos del servicio de agua potable a usuarios domésticos que tuvieran adeudos con las Comisiones de Servicios Públicos del estado, aún y cuando esto se encuentra prohibido en tratados internaciones de derechos humanos a los que México se encuentra adherido.  

Lo anterior fue expresado por el diputado Juan Manuel Molina García, quien al ser legislador reelecto pudo asegurar que la administración anterior envió varias propuestas de reformas constitucionales que contemplaban realizar dichas acciones.

“Los tratados internacionales estipulan que se debe privilegiar el consumo doméstico, sobre cualquier otro. Inclusive hubo reformas que nos mandaron de la administración pasada en donde intentaron que se cortará el servicio doméstico y eso siempre lo dejamos fuera”, sostuvo.  

El diputado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) manifestó que hacer cortes definitivos al agua de usuarios domésticos esta totalmente descartado en Baja California, aún con el escenario de sequía que se vive actualmente, púes siempre se garantizará el mínimo vital a la población.

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Municipalizar los organismos del agua debilitan sus finanzas en lugar de fortalecerlas, especialmente en el caso de los municipios fronterizos, ya que se ponen en riesgo los compromisos de saneamiento internacional, advirtió la comisionada de la Sección México en la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), Adriana Reséndiz Maldonado, en un documento dirigido al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, quien ha promovido la municipalización. 

A través del Oficio Num. CEU/JUA/0934/2021, la funcionaria federal señala, a nombre de la institución: "como resultado del proceso de municipalización referido, hemos podido observar que en lugar de fortalecer las finanzas de los organismos operadores municipales éstas se debiliten”.

Reséndez Maldonado expuso casos como el caso de Nogales, Sonora, que luego de la municipalización ha dejado de cubrir los costos del tratamiento de aguas residuales en la Planta Internacional de Nogales, Arizona. “Eso pasó porque en la municipalización no establecieron instrumentos para que se pudiera cumplir financieramente con esos compromisos internacionales”, alertó. 

La funcionaria federal agregó que en el caso de la municipalización impulsada por Jaime Bonilla tampoco se establecieron mecanismos para que el gobierno del estado e incluso la federación pudieran apoyar a los municipios fronterizos, por lo que se refiere la importancia de que el proceso se lleve de manera adecuada, cumpliendo con todos los requerimientos y revisiones que el caso requiere. 

Por lo tanto, la CILA señaló que para municipalizar el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, es ineludible que "se lleve a cabo un análisis técnico y financiero, que permita asegurar que los municipios tienen la capacidad de hacerse cargo de los servicios y que además puedan preverse los instrumentos apropiados que les permitan cumplir con los compromisos internacionales de atender los problemas de saneamiento fronterizo conforme a lo establecido en el Tratado de Aguas Internacionales de 1944".

Luego de que se concluyera el ciclo 35 del Tratado de Aguas de 1944, el recurso hídrico para las 13 ciudades fronterizas está garantizada, pues la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza los trasvases necesarios para ello, lo cual será complementado con las lluvias.

Así lo informó Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Conagua, durante la conferencia Cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, impartida durante el Encuentro Virtual ANEAS 2020.

La titular de Conagua señaló que a finales de octubre pasado se concluyó el ciclo 35 del Tratado de Aguas de 1944, al usar una porción de las aguas de propiedad mexicana almacenada en las presas internacionales La Amistad y Falcón, de las cuales se transfirió un volumen de 131 Millones de metros cúbicos (Mm³), dejando cerca de 87 Mm³ de almacenamiento mexicano.

Puntualizó que, en caso de que el almacenamiento mexicano sea insuficiente para cumplir el Derecho Humano al Agua, por razones humanitarias, Estados Unidos cooperará con México permitiendo el uso temporal de volúmenes estadounidenses. Los volúmenes utilizados deberán ser reintegrados por México. Adelantó que esta resolución, contenida en el Acta 325 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, vencerá el 31 de octubre de 2021, o antes si el almacenamiento mexicano alcanza 160 Mm3.

Sobre el abastecimiento de agua en las 13 ciudades fronterizas, que se proveen de las presas internacionales, Blanca Jiménez hizo énfasis en que los volúmenes necesarios están asegurados, debido a que se cuenta con almacenamientos, se realiza el trasvase de otras presas y se prevé que las lluvias serán complementarias a lo existente.

Finalmente, reiteró que México hizo esfuerzos técnicos para cumplir este tratado, cuya permanencia es conveniente para México, ya que establece reglas claras para compartir el agua de la cuenca entre los dos países, permite a México recibir cuatro veces más agua de la que aporta y le da la flexibilidad de aportar su parte correspondiente en periodos de cinco años, en tanto que Estados Unidos entrega una cantidad fija de manera anual.