El Congreso del estado gestionará que la administración estatal condone a las asociaciones civiles el pago del agua.

Lo anterior ocurrió durante la sesión plenaria que en forma virtual se realizó bajo la coordinación del diputado Julio César Vázquez Castillo, en su condición de presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Esta determinación se tomó de manera unánime por parte de todas las fuerzas políticas que integran la XXIII Legislatura, luego de conocer los apremios por los que pasan las organizaciones civiles, cuyos representantes hicieron saber que, debido a la pandemia han disminuido los apoyos que reciben, mientras que los gastos de operación continúan.

Ante esta situación, se tomó el acuerdo de dirigirse al gobernador del Estado, Jaime Bonilla, para que expida un decreto que exima total o parcialmente del pago de derechos por consumo de agua a las Asociaciones Civiles (AC) que atienden a grupos vulnerables.

Asimismo, se expondrá el tema al secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua del Estado Salomón Faz Apodaca, acerca de quien se expuso que, además de existir una buena relación con este funcionario, se sabe que por su espíritu humanitario habrá de apoyar esta causa.

Aunque la iniciativa fue presentada por el diputado Gerardo López, quien preside la Comisión por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Niñez, el resto de los legisladores se sumaron de inmediato a este tema para apoyarlo.

El delegado único del Gobierno Federal en Tijuana, Alejandro Ruiz Uribe, aseguró que los 19 albergues que hay en Tijuana no recibirán recursos de la Federación. 

Explicó que esta postura del gobierno es debido a que detectaron malos manejos de los apoyos que se entregaban a las asociaciones civiles. 

Asimismo mencionó que ninguno de los responsables de los albergues señalados fueron acusados penalmente por desvío de recursos. 

De igual manera recordó que el flujo migratorio que recibe Baja California, continúa siendo constante y que el gobierno federal trata de atenderlos.

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Durante una reunión entre la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila y el diputado Diego Echevarría se acordó dar seguimiento al tema del regreso de los recursos públicos a las asociaciones civiles y organismos de la sociedad. 

Estuvieron presentes representantes de las instituciones de asistencia social privadas, quienes remarcaron la necesidad de apoyos por ser los que atienden a grupos vulnerables como adultos mayores, niños y niñas, madres solteras, migrantes o personas en situación de calle, en adicciones y en orfanatos.

Estos grupos se han sostenido de donativos, rifas y ofrecen alojamiento, comida y en algunos casos hasta hospedaje a grupos sociales que dejo de atender la administración pasada, pues se eliminaron los apoyos, incluyendo a albergues y casas hogar, estancias infantiles.

Echeverría presentó una iniciativa de ley para que, en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado del año entrante, se generen de nuevo los estímulos fiscales, exenciones, subsidios y apoyos económicos que el gobierno ofrecía en conjunto con la Federación.

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Municipalizar los organismos del agua debilitan sus finanzas en lugar de fortalecerlas, especialmente en el caso de los municipios fronterizos, ya que se ponen en riesgo los compromisos de saneamiento internacional, advirtió la comisionada de la Sección México en la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), Adriana Reséndiz Maldonado, en un documento dirigido al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, quien ha promovido la municipalización. 

A través del Oficio Num. CEU/JUA/0934/2021, la funcionaria federal señala, a nombre de la institución: "como resultado del proceso de municipalización referido, hemos podido observar que en lugar de fortalecer las finanzas de los organismos operadores municipales éstas se debiliten”.

Reséndez Maldonado expuso casos como el caso de Nogales, Sonora, que luego de la municipalización ha dejado de cubrir los costos del tratamiento de aguas residuales en la Planta Internacional de Nogales, Arizona. “Eso pasó porque en la municipalización no establecieron instrumentos para que se pudiera cumplir financieramente con esos compromisos internacionales”, alertó. 

La funcionaria federal agregó que en el caso de la municipalización impulsada por Jaime Bonilla tampoco se establecieron mecanismos para que el gobierno del estado e incluso la federación pudieran apoyar a los municipios fronterizos, por lo que se refiere la importancia de que el proceso se lleve de manera adecuada, cumpliendo con todos los requerimientos y revisiones que el caso requiere. 

Por lo tanto, la CILA señaló que para municipalizar el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de las aguas residuales, es ineludible que "se lleve a cabo un análisis técnico y financiero, que permita asegurar que los municipios tienen la capacidad de hacerse cargo de los servicios y que además puedan preverse los instrumentos apropiados que les permitan cumplir con los compromisos internacionales de atender los problemas de saneamiento fronterizo conforme a lo establecido en el Tratado de Aguas Internacionales de 1944".

Con una manifestación pacífica la tarde de este viernes, y una caravana vehícular el sábado, asociaciones civiles exigirán a las autoridades correspondientes, den marcha atrás a la despenalización del aborto en México, y no se aplique en Baja California, al ser un Estado libre y soberano.

Los exponentes lamentaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidiera en contra de los más débiles e indefensos como son los bebés que hoy están en el vientre materno, por lo que habrán de acudir a instancias internacionales para promover que dicha reforma legal no se aplique al menos en Baja California. 

Y es que indicaron que información vertida por el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con último corte al 31 de mayo del 2021, son sólo 6 los casos de mujeres detenidas por el delito de aborto y en donde Baja California no cuenta con ninguna aprehensión.

Aguascalientes, CDMX, Morelos y Veracruz, tiene un caso por entidad, mientras que en Nayarit son dos las mujeres encarceladas por este delito, por lo que advirtieron que no aplica y por el contrario, ahora se pone en mayor riesgo la integridad de nuevos seres, corriendo el riesgo de ser abortados, no interrumpidos como ahora cambiaron el concepto tramposamente, lo cual no es otra cosa que una dictadura, aseveraron.

Indicaron que con el propósito de hacer valer el derecho de los bebés, a las 7:30 de esta tarde, habrán de realizar una manifestación pacífica en el exterior de la Casa de la Cultura Jurídica Tijuana, en Paseo de los Héroes 9351, Zona Río, frente a CECUT, y el sábado a las 3 de la tarde, una caravana vehicular que partirá de la Tercera Etapa del Río, a la altura del Templo de Tijuana, hacia las glorietas de Zona Río Tijuana, confiando en que habrá una gran participación ciudadana, consciente y sensible a esta defensa del derecho y respeto a la vida.

Los exponentes fueron Flor García del Comité Nacional ProVida; Dylan Ruvalcaba Lizárraga, Brigada Juvenil por la Vida; Manuel Alejandro Flores Pérez, Coordinador Estatal en Baja California de Misión Rescate México; Nohemí Eréndira García González, representante de Mujeres del Frente Nacional por la Familia Tijuana; Reynaldo Eduardo Talavera Aguirre y Viviana Kennedy, Directores Juvi Tijuana; y Gustavo Haro Villaescuza, Coordinador de Cruzada por la Familia BC. 

Representantes de Organismos de la Sociedad Civil en Baja California buscan un acercamiento con las autoridades de gobierno para tener una coordinación entre sociedad y gobierno, declaró, Luis Millan del Consejo Estatal de Fomento de las Actividades de Bienestar (CEFAB). 

"No hemos podido sesionar en los últimos 18 meses por una orden judicial pues el consejo fue impugnado por la administración actual", expresó Millán 

Por su parte, el Pastor Eleazar Abundiz Almanza, quien representa Coccra AC, dijo que ha incrementado el número de personas con adicciones en la región, por lo tanto esperan que las autoridades atiendan la problemática y solucionen la situación.

Manifiestan que es necesario se reactiven las sesiones de trabajo debido a que se ha abandonado la labor con migrantes y pacientes con problemas de adicciones.

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