La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya podrá iniciar con el reparto de libros de textos gratuitos en el estado de Chihuahua, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional que promovió el gobierno estatal, mismo que obtuvo una suspensión para impedir la entrega del material didáctico.
Por unanimidad, los ministros declararon fundado el recurso de reclamación interpuesto por la Consejería Jurídica de la Presidencia, la cual impugnó la decisión del ministro Luis María Aguilar Morales por haber admitido a trámite la controversia y otorgar la medida cautelar.
El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea propuso a la Sala declarar fundado el recurso de reclamación, propuesta que fue apoyada por sus homólogos Margarita Ríos-Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo, sesión donde no hubo un debate sobre el tema.
Con la resolución emitida hoy, se abrió la puerta para que, en el futuro, en Coahuila se repartan también los libros de texto gratuitos, pero hasta que la Corte vuelva a estudiar los recursos de reclamación interpuestos contra la admisión a trámite de la controversia promovida por ese estado.
En agosto pasado, el ministro Luis María Aguilar Morales admitió a trámite la controversia del gobierno de Chihuahua, el cual alegó que, la impresión y distribución de los libros se hizo sin seguir los lineamientos del procedimiento educativo.
Estado, obligado a garantizar materiales didácticos
En su acuerdo, Aguilar Morales indicó que la suspensión que concedió al gobierno de Chihuahua contra la distribución de libro de texto tenía como finalidad garantizar el interior superior de los niños, niñas y adolescentes.
El ministro manifestó que para la elaboración de las normas debían considerarse a los menores de edad y la aplicación de los programas y los planes de estudio que motiven la expedición de dichos instrumentos educativos.
También, agregó, se debía garantizar, la opinión de los gobiernos estatales, de diversos sectores de la sociedad, así como de especialistas en educación, salud, cultura, entre otros.
Lo anterior, debido a que los planes educativos constituyen un espacio para el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues el Estado está obligado a garantizar que los materiales didácticos sean idóneos y contribuyan a los fines de educación básica.
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