En el marco del encuentro Estatal de la Red de Mujeres Electas en Baja California, “Unidas Somos Más Fuertes”, la presidenta municipal de San Quintín, Miriam Cano Núñez, expuso los retos que ha enfrentado en su ejercicio como la primera alcaldesa del municipio, abordando la violencia política de género, el escrutinio sobre su vida personal y la manera en que las normativas de protección han sido utilizadas en su contra.
Miriam Cano destacó que una de las dificultades más recurrentes ha sido la percepción de que, por ser mujer, su papel en la administración municipal debe incluir una dimensión maternal. Explicó que recibe solicitudes de la población que exceden el ámbito gubernamental, basadas en una expectativa de asistencia personal que no se exige de la misma manera a sus pares masculinos.
Según el Instituto Nacional Electoral (INE), dijo, la violencia política contra las mujeres sigue en aumento en México. Hasta julio de 2024, 363 personas habían sido sancionadas por cometer este tipo de violencia, de las cuales 289 eran hombres y 74 mujeres.
Señaló que otro de los retos que ha enfrentado es la violencia mediática y digital, siendo objeto de ataques en redes sociales y difamaciones sobre su vida personal, incluyendo cuestionamientos sobre su rol familiar y acusaciones sin fundamento relacionadas con su viudez y sus relaciones personales.
"Estas estrategias de desprestigio no son casos aislados. Un estudio de la Unión Interparlamentaria reveló que el 82% de las mujeres parlamentarias encuestadas han sido víctimas de violencia psicológica; el 67% han recibido insultos; el 44% han sido amenazadas de muerte, violación o secuestro; y el 20% han sufrido acoso sexual" dijo.
Miriam Cano explicó que en Uruguay, el 80% de las mujeres políticas encuestadas afirmaron haber sufrido o presenciado violencia de género en el ámbito político, experimentando faltas de respeto y desvalorización de sus opiniones políticas.
En México, subrayó, la violencia política de género ha sido denunciada en diferentes niveles de gobierno. Datos del INE indican que los cargos más afectados por estas sanciones incluyen presidentes municipales con un 20.38% de los casos, ciudadanos con un 18.46%, regidores con un 13.08% y periodistas con un 10.38%.
La presidenta municipal también habló sobre el impacto de las leyes diseñadas para proteger a las mujeres, que en algunos casos han sido utilizadas para descalificar el debate político. Señaló que, aunque estas normativas fueron creadas con la intención de erradicar la violencia de género, se han convertido en herramientas para silenciar discusiones ideológicas, pues cualquier confrontación política puede interpretarse como violencia de género, limitando la capacidad de respuesta ante críticas.
A pesar de estas dificultades, Miriam Cano afirmó que su administración trabaja en la consolidación de políticas de igualdad y en la construcción de un ambiente en el que las mujeres puedan ejercer cargos públicos sin enfrentar los mismos niveles de violencia y hostigamiento. Expresó que su compromiso no es solo abrir camino para las nuevas generaciones de mujeres en la política, sino visibilizar los desafíos que actualmente enfrentan para que en el futuro no tengan que vivir estas mismas condiciones.
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