El pasado 12 de septiembre, la periodista Carmen Olsen fue víctima de agresiones verbales y denunciada por un elemento de la policía municipal de Rosarito, ante la Fiscalía General de Baja California, por los delitos de lesiones calificadas y daño en propiedad.

Lo anterior ocurrió cuando la periodista se encontraba cubriendo una nota policíaca en las inmediaciones del hotel “Rosarito” en el cual, aproximadamente 15 agentes de la policía comercial, se encontraban sometiendo por la fuerza a dos jóvenes de la localidad.

En ese momento, el encargado de la policía comercial, José Luis García Villa, se percató de la presencia de Olsen y comenzó a confrontarla diciéndole que era una delincuente y que acababa de salir de la cárcel, ante lo cual la periodista respondió que las acusaciones eran falsas. Sin embargo, el agente policial insistió y le gritó a la periodista, al grado de llamar la atención de las personas que estaban presentes en el lugar.

El 14 de septiembre, Carmen Olsen fue informada sobre una denuncia interpuesta en su contra por parte del mismo agente policial, por los delitos de lesiones calificadas y daño a la propiedad, ya que según el dicho del agente, la periodista le dio varias bofetadas, tirándole el celular y dejándole un rasguño en el cuello, situación que de acuerdo a los videos tomados por la periodista es totalmente falsa.

El 31 de agosto de 2020, la periodista fue condenada por un Juzgado en Rosarito, BC, por el delito de ultrajes a la autoridad, derivado de los hechos ocurridos el 4 de enero de 2013, cuando fue agredida físicamente por dos policías municipales, quienes trataron de impedir que fotografiara la detención de una persona que los agentes realizaban en la vía pública. Como consecuencia de lo anterior y ejerciendo su labor periodística, fue detenida arbitrariamente y posteriormente denunciada por supuestos ultrajes a la autoridad, alegando que Olsen ofendió a los policías durante su detención.

Ahora, la periodista ha sido denunciada por un policía municipal, al igual que en 2013, por el hecho de realizar su labor periodística. Esta información la obtuvo por parte de la policía de investigación que acudió con la periodista a entrevistarla.

Estos sucesos visibilizan un estado de persecución, represión y amedrentamiento sistemático en contra de la periodista, por parte de las corporaciones policíacas en esta región de Baja California, al utilizar las leyes para sancionar e inhibir la libertad de expresión y la actividad periodística teniendo como objetivo el control de la información, además de reforzar los estigmas y prejuicios en contra de mujeres periodistas al catalogarlas como personas conflictivas.

ARTICLE 19 exige a la Presidenta Municipal de Playas Rosarito, Araceli Brown Figueredo a cumplir con sus obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos y vigilar en su jurisdicción que exista un pleno ejercicio de la libertad de expresión y labor periodística sin obstáculos ni amedrentamientos, debiendo conducirse conforme a los más altos estándares internacionales de derechos humanos.

ARTICLE 19 exige al Director de Seguridad Pública Municipal, Franciso Arellano Ruiz, vigilar la actuación de los elementos a su cargo, realizando una evaluación constante sobre el desempeño del personal así como aplicar capacitación permanente sobre Derechos Humanos; así como una investigación interna sobre el proceder de José Luis García Villa como encargado de la policía comercial en Playas Rosarito, Baja California.

De igual forma, ARTICLE 19 exhorta a la Fiscalía General de Baja California abstenerse de investigar a la periodista Carmen Olsen y realizar una investigación exhaustiva en contra del elemento policiaco José Luis García Villa por abuso de autoridad, falsedad en declaraciones o lo que resulte, en agravio de la periodista.

Finalmente, ARTICLE 19 reitera al Mecanismo de Protección la necesidad apremiante de revisar y fortalecer el esquema de protección de Carmen Olsen, debido a todos estos hechos que ha sufrido las últimas semanas.

Hombres armados asesinaron este sábado al periodista Nelson Matus en Guerrero. Matus estaba en su coche, en la parte trasera de una tienda, en la colonia Emiliano Zapata, en Acapulco. Según han informado medios locales, sicarios se le acercaron y dispararon contra él, quitándole la vida. Matus quedó tirado junto al vehículo, ya sin vida. Las autoridades de Guerrero no han dado detalles de lo ocurrido.

El asesinato de Matus es el quinto asesinato de un periodista este año en México y el segundo en Acapulco. En mayo, sicarios asesinaron al comunicador Gerardo Torres Rentería en el puerto, esta vez en su casa. A sus 59 años, Torres había sido camarógrafo de Telemundo y cofundador de TV Azteca Guerrero, aunque desde hace unos años vivía alejado de los medios.

Entre 2000 y 2022, al menos 161 periodistas han sido asesinados en México en presunta relación con su labor, según la cuenta de la organización Artículo 19. Solo el año pasado fueron 13, el más letal desde que se tiene registro. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), que cuenta los asesinatos y muertes violentas de periodistas y trabajadores de los medios, rebajan la cifra global a 142.

Jorge Enrique González Castillo, periodista, editor y editor general del periódico Meridiano de Nayarit, desapareció en la Ciudad de México, y sus familiares reportaron que dejaron de tener contacto con él la noche de este lunes 6 de marzo.

La Fiscalía General del Estado de Nayarit confirmó la ficha de búsqueda del también escritor, y recalcó que “el último contacto con la victima fue vía telefónica, a su llegada a la Ciudad de México.”

Versiones de su familia y personas allegadas a él, señalan que acudió a una reunión de trabajo en la capital del país y que este martes por la mañana ya no fue posible contactarlo.

La ficha de búsqueda resalta que iba vestido de saco café, camisa blanca o azul, pantalón de mezclilla, zapatos de vestir.

La Fiscalía General de Nayarit solicitó la colaboración de autoridades de la Ciudad de México para llevar a cabo su localización. Mientras tanto, se investiga si su labor periodística podría ser la causa de su desaparición.

Sus familiares no han emitido un posicionamiento oficial, ya que están llevando a cabo las diligencias de búsqueda ante las autoridades correspondientes, pero señalaron que ofrecerán más adelante detalles, conforme avancen las investigaciones.

El secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro, convocó a la grey católica a no acostumbrarse a la violencia, y destacó la importancia de la libertad de expresión porque "la verdad nos hace libres”.

En la séptima jornada de oración mensual, dedicada en esta ocasión a los periodistas, principalmente a los comunicadores asesinados, Castro afirmó que algunas de las razones por las que matan a periodistas se debe a su convicción por defender la verdad, porque dicen la verdad.

“Hay intereses oscuros que no quieren que se toquen sus verdades y lo más fácil es callar al que habla, mandar asesinarlo.

“Qué triste que tengamos que enfrentar esta realidad, por eso saben que van intimidar a algunos, que los van a hacer callar, que les van a decir aquí está esta fuerza más firme que la lucha”, dijo el obispo de la Diócesis de Cuernavaca desde el púlpito.

El jefe católico elevó plegarias para que nunca deje de proclamarse la verdad y refirió el caso del periodista Ciro Gómez Leyva como ejemplo de la violencia que se ejerce contra los periodistas en México, "el país más peligroso del mundo" para ejercer el periodismo, dijo.

Precisó que durante 2022 al menos 11 periodistas fueron asesinados en México, con lo que colocó a nuestro país como el lugar más peligroso para dichos profesionistas, por cuarto año consecutivo.

Este domingo, obispos de todo el país participaron en la séptima jornada de oración mensual.

El reportero Sergio Uribe Alvarado, quien cubre temas de seguridad en El Diario de Colima, fue amenazado la noche del miércoles 23 de noviembre, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Colima y una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado.

Uribe relató que el miércoles pasado, al llegar a su domicilio alrededor de las 9 de la noche tras su jornada de trabajo, encontró que alguien había deslizado bajo la puerta un papel con una amenaza escrita a mano: “Cuidate Te Bamos A Madirar (sic)”.

Dudó un poco, pensó que tal vez podría tratarse de una broma, pero desde hace tiempo la situación de seguridad en Colima es crítica y hace meses recibió otra amenaza durante una de sus coberturas, por lo que decidió no dejar pasar las cosas.

Avisó a familiares y amigos de lo ocurrido, después denunció en la Fiscalía Estatal, que emitió las medidas de protección que, según la dependencia, incluyen vigilancia en el domicilio y auxilio inmediato en el lugar donde se encuentre.

Sin embargo, Uribe no se siente tranquilo, pues hasta ahora sólo se han presentado dos policías estatales a su domicilio para informarle que estarán patrullando por la zona; por eso, el viernes pasado el reportero acudió ante la Comisión de los Derechos Humanos de Colima para interponer una queja para exigir se le otorguen las medidas de protección necesarias y se esclarezca el origen de las amenazas en su contra, que él atribuye a su labor periodística.

Además, con apoyo de organizaciones, busca acceder al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

De enero a octubre de este año se han cometido en Colima 624 homicidios dolosos, la mayoría de ellos en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez, y 2022 se perfila como uno de los años más violentos en la historia reciente de la entidad; las autoridades estatales atribuyen esta violencia a una ruptura entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el grupo delictivo “Los Mezcales”, hoy autodenominados Cártel Independiente de Colima. Sergio Uribe Alvarado ha dado cuenta puntual de todo esto.

Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó que desde el sexenio de Felipe Calderón al presente gobierno del presidente López Obrador han sido asesinados 260 periodistas en México y reconoció que prevalecen las agresiones a los comunicadores por la corrupción y la colusión de autoridades municipales y grupos delictivos.

En conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, el subsecretario detalló que 101 periodistas fueron asesinados en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, 96 con Enrique Peña Nieto y 63 con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Otro tema que nos interesa resaltar y que es de muchas preocupación de la opinión pública, es el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en donde hemos registrado como prevalecen un conjunto de agresiones particularmente vinculadas con el crimen organizado, la corrupción y colusión de autoridades municipales y grupos delictivos. Cerca del 40% de las agresiones que van desde las amenazas, las agresiones, los robos, el incumplimiento de las obligaciones de los estados y municipios y la falta de una cultura para reconocer la importancia de la labor de periodistas y defensores de los derechos humanos sigue generando problemas.

Van 63 periodistas asesinados en el actual gobierno

“Desde el gobierno de Felipe Calderón a lo que va de este gobierno han sido lamentablemente asesinados 260 periodistas: 101 en el gobierno de Calderón, 96 en el de Peña Nieto, 63 en la actual administración”, detalló.

En Palacio Nacional, el subsecretario de Derechos Humanos señaló que a diferencia de las administraciones pasadas, actualmente se está combatiendo la impunidad que se venía registrando en la comisión de estos homicidios.

Destacó que en los 13 asesinatos contra periodistas que se han registrado en el presente año no solamente hay 32 personas detenidas, sino 24 personas están vinculadas a proceso y tres ya han sido sentenciadas.

Alejandro Encinas indicó que actualmente hay mil 768 beneficiados del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y destacó que a la fecha se han erogado más de mil 800 millones en los cuatro años de gobierno en medias de protección.

Indicó que el presupuesto inicial para 2023 será de 569 millones de pesos, lo que representará un aumento del 46% respecto a 2022.

“Este año se autorizó un aumento del 70% para las plazas del Mecanismo de Protección y en los próximos meses se estará sumando un grupo interdisciplinario de 30 personas que fortalecerán los servicios que se brindan”, agregó.

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