Se enfrentan elementos de la Guardia Estatal y de la Fiscalía General de la República
Cierran carriles de la delegación de la Fiscalía General de la República en Tijuana.
En un momento más información
La Fiscalía General de la República (FGR) recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echar abajo el amparo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, que tiene a Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, a meses de recuperar su libertad.
A través de la misiva 114/2023, la agente del Ministerio Público Federal notificó a dicho Tribunal Colegiado que interpondrá ante la SCJN recurso de revisión contra la sentencia de amparo que dejó sin efecto la condena de 45 años de cárcel contra Aburto Martínez, y en la que se ordena dictar una nueva con base en el Código Penal de Baja California, al momento de los hechos registrados en marzo de 1994.
“Agréguese a este expediente la misiva 114/2023, suscrita por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, por la que hace del conocimiento que derivado del acuerdo emitido el diez de los actuales, en el que se otorgó a la autoridad responsable Primer Tribunal Colegiado de Apelación de este Circuito, el término de diez días hábiles, para que dé cumplimiento al fallo de amparo, informa que ".está formulando Recurso de Revisión para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la sentencia dictada en la sesión de fecha cinco de octubre de 2023." (sic), de lo que se toma conocimiento”, señaló el expediente.
El plazo para que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación emita una nueva sentencia contra Mario Aburto Martínez sigue corriendo.
En tanto, que el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México dio a conocer que está a la espera de la nueva determinación, tal como lo ordenó en su sentencia el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal.
“Téngase por recibido el oficio electrónico 4861/2023, signado por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, mediante el cual, comunica el proveído dictado el nueve de octubre del año en curso, en el que recibió testimonio de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, informa que está en espera de lo que resuelva del Tribunal de Apelación responsable, en acatamiento a la sentencia en la que se concedió el amparo al quejoso (Mario Aburto)”.
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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un binomio K9 que pertenece a la unidad canina de la Guardia Estatal, asistió a la Primera Edición del Diplomado Nacional Táctico K9 Perros Multipropósito que se realizó en el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS), en el estado de Veracruz.
El canino llamado Junior, y los dos entrenadores pertenecientes a los agrupamientos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), forman parte de las 20 instituciones asistentes a este diplomado que culminará el próximo siete de abril del presente año.
Esta capacitación está a cargo de instructores especializados en competencias psicopedagógicas y metodológicas, certificados por los gobiernos de países como Estados Unidos, Canadá, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Israel, Bosnia y Herzegovina, Francia y España.
La compañía K9 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz cuenta con protocolo de actuación policial avalado por la Comisión de Derechos Humanos y con certeza jurídica para el uso del agente canino en labores de seguridad.
Mediante esta formación la unidad canina de la Guardia Estatal de Tamaulipas sembrará las bases para contar con perros especializados en más de una área como lo son: rastreo de narcóticos, armas, cartuchos, divisas, explosivos, restos humanos óseos, búsqueda y rescate de personas, entre otras.
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La Fiscalía General de la República (FGR) debe informar el número de carpetas de investigación que se han abierto, así como el número de denuncias que han sido presentadas contra los expresidentes de la República, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, y el actual titular del Poder Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador; lo anterior, del 1 de diciembre de 2000 al 1 de abril de 2022.
Así lo ordenaron autoridades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), tras atender un recurso de revisión interpuesta por un particular, a quien le fueron negados esos datos bajo el argumento de que se encuentran clasificados como confidenciales.
Al presentar el asunto ante el Pleno, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, expuso que “la Fiscalía General de la República le respondió al solicitante que no podía entregarle la información, ninguna, porque estaba clasificada, porque había que velar por el buen nombre, el derecho al honor y a la presunción de inocencia de los posibles involucrados en esta solicitud”.
“En ningún caso podríamos imaginar que las denuncias de las que estamos hablando, según lo que pidió el interesado, pudieran ser una denuncia que hubiera por un particular, por un hecho eminentemente del plano privado con un expresidente (…) en este caso están pidiendo posibles denuncias y expedientes o carpetas abiertas por hechos relacionados con su mandato, con el ejercicio de sus potestades”, subrayó Acuña Llamas.
Al analizar el caso, la ponencia del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas advirtió que la clasificación de la información como confidencial o reservada no pueden constituir una regla absoluta, pues existen casos en los cuales la difusión genera mayores beneficios para la sociedad que los daños que pudieran provocarse con su divulgación; por ello, deben estudiarse las posibles excepciones a la regla general, privilegiando la transparencia y el derecho de acceso a la información.
En este contexto, el INAI llevó a cabo una prueba de interés público ponderando los elementos o subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Sobre la idoneidad la ponencia advirtió que la información solicitada contribuye a que los gobernados tengan pleno conocimiento respecto de las investigaciones que, en su caso, se siguen contra exservidores públicos y actual presidente; asimismo, permitiría a la sociedad conocer y dar seguimiento a las acciones que la autoridad ministerial o judicial decidió.
En el caso de la necesidad, indicó que si se negara el derecho de acceso a la información, se impediría que la sociedad tuviera los elementos informativos necesarios para el escrutinio del ejercicio de la actividad del sujeto obligado, en cuanto a sus facultades investigadoras, así como respecto del desempeño de los exservidores públicos y actual presidente; así como, conocer en qué concluyeron sus imputaciones, lo cual no puede quedar delimitado al ámbito privado de las personas identificadas en la solicitud, en virtud de la relevancia que tiene para la sociedad.
En cuanto a la proporcionalidad, se determinó que las personas públicas, como las encargadas de dirigir a un país o a un Estado, deben soportar un mayor nivel de injerencia en sus derechos de la personalidad, como es su privacidad, protección de datos, honor e imagen, así como el de presunción de inocencia, dado el interés social legítimo de recibir información respecto de dichos personajes, para un libre debate público sobre el seguimiento a las imputaciones (denuncias, averiguaciones previas y/o carpetas de investigación) y el resultado de las mismas.
Del ejercicio de ponderación realizado, la ponencia concluyó que, si bien la información requerida actualiza en principio la clasificación invocada con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el interés público sobre lo requerido supera la confidencialidad y contribuye a la rendición de cuentas.
Por lo expuesto, el Pleno del INAI resolvió modificar la respuesta de la FGR y le instruyó proporcionar la cantidad de denuncias presentadas y carpetas de investigación que se han abierto contra de los expresidentes Vicente Fox Quesada, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, y el actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Lo anterior, del 1 de diciembre de 2000 al 1 de abril de 2022, únicamente por lo que hace a aquellas averiguaciones y/o carpetas de investigación que ya sean de conocimiento previo del imputado a fin de no entorpecer las investigaciones iniciadas, ello, con motivo de los encargos públicos ocupados y no así aquellas que llegaran a existir en el ámbito de su vida privada.
Un conductor de un Ford Mustang de reciente modelo y con placas de Baja California impactó a dos patrullas de la Fuerza Estatal, las cuales se encontraban a las afueras de la Fiscalía General de la República.
Fue en los primeros minutos del domingo cuando ocurrió el siniestro, entre la conexión del bulevar Sánchez Tablada y la avenida Paseo de los Héroes en Zona Río Tijuana.
Según los primeros informes, los oficiales habían llegado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República a realizar diligencias relacionadas con detenciones, se encontraban afuera de las unidades, cuando en un momento inesperado presenciaron el impacto del Mustang contra la parte trasera de una unidad Silverado, la cual se estrella contra otra patrulla similar.
En el vehículo particular viajaba el conductor y una acompañante, ambos jóvenes, y que de acuerdo a versión de los presentes en el lugar viajaban a exceso de velocidad, y por otro golpe que presentaba en la carrocería del auto deportivo no descartan que previamente hayan tenido otro accidente en el mismo lapso.
Paramédicos valoraron a los tripulantes y determinaron que se encontraban ilesos, y mientras tanto permanecieron en el lugar para esperar seguros de los vehículos, así como la intervención de la policía municipal de la sección de tránsito para deslindar responsabilidades.
Luego de un video viral donde aparece una funcionaria de la Fiscalía General de la República (FGR) en una actitud prepotente, la dependencia informa que se inició un expediente de investigación por probables conductas irregulares.
En la grabación, la mujer con vestimenta con el logo de la Fiscalía amenaza a un joven de no pagar por los daños que causó tras un incidente de tránsito, por lo que en redes sociales fue llamada como #LadyFGR.
"¡Con una llamada va a venir todo mi equipo!", fueron las palabras que la servidora pública dijo a al repartidor de agua luego de chocar contra su triciclo.
“Con respecto a la denuncia ciudadana difundida en redes sociales el 3 de mayo, que involucra a una servidora pública de la Agencia de Investigación Criminal, se inició expediente de investigación por probables conductas irregulares”.
Así se lee en la cuenta de Twitter de la Fiscalía, donde además se afirma que, a través de su Órgano Interno de Control, vigila, corrige y en su caso sanciona, las acciones que vayan en contra de los principios de la institución.
@carry3220 la autoridad siempre.en vigilia
♬ sonido original - Carri Carrizosa
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