En Sesión de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Baja California en donde, entre otros temas de interés, aprobamos el Dictamen 69 para plantear al Congreso de la Unión Iniciativa de Reforma al Artículo 123 Constitucional para proteger el derecho de los Policías que, habiendo sido injustamente sancionados, les puedan restablecer sus derechos si obtienen sentencia absolutoria.

Son Ciudadanos iguales a todos nosotros e iguales derechos deben tener.

En las primeras horas de este viernes, trabajadores de la empresa G-Global, ubicada en el Parque Industrial Pacífico en Tijuana, llevaron a cabo una manifestación pacífica en rechazo a las condiciones laborales y a las acciones arbitrarias por parte de la empresa. La protesta se llevó a cabo en medio de denuncias de despidos injustificados, amenazas y retención de empleados que exigen el cumplimiento de sus derechos laborales.

Según explicó el abogado Vicente Piña, los empleados despedidos están protestando porque la compañía no ha pagado las utilidades que por ley les corresponden, además de enfrentar amenazas por parte del personal de la empresa. “Los trabajadores fueron despedidos injustamente por solicitar sus derechos, y en algunos casos, fueron retenidos en contra de su voluntad por negarse a firmar renuncias voluntarias”, afirmó Piña.

Entre los afectados hay mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores. Además, el abogado explicó que varios trabajadores fueron retenidos en un cuarto cerrado, donde les retiraron sus uniformes, credenciales y teléfonos celulares. Uno de los empleados que se negó a firmar la renuncia voluntaria fue amenazado y despedido de manera ilegal.

El pasado lunes y martes, los trabajadores presentaron denuncias en el Centro de Conciliación Laboral, logrando 72 citatorios para una audiencia programada para el 12 de junio a las 4:00 de la tarde. En dichas reuniones, el apoderado legal de la empresa, Joel Gómez, aseguró que nadie había sido despedido y que la compañía, que ahora opera bajo un contrato colectivo sin firma del trabajador, estaba en quiebra, pero que respetaría la antigüedad de los empleados. Sin embargo, también informó que no pagarían utilidades, caja de ahorro ni liquidaciones.

En el transcurso del día, la empresa cumplió con sus amenazas y retuvo a ocho trabajadores que se negaron a firmar la renuncia voluntaria. Una de las trabajadoras, con un año y medio en la empresa, fue despedida en el acto por participar en el paro laboral. La encargada de recursos humanos le pidió que firmara un cheque para recibir una supuesta liquidación, pero el monto de 4,579 pesos no corresponde a su antigüedad ni a las prestaciones que por ley le corresponden; además, el contador explicó que tampoco incluía prima dominical, vacacional ni utilidades, dejando en duda la legalidad del pago.

Los empleados, quienes denuncian que la empresa ha cambiado su razón social y ahora opera con un contrato colectivo de trabajo, pero sin la firma de los empleados y violando sus derechos y prestaciones laborales.

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En un video publicado en su cuenta de Facebook, Gina González, una trabajadora del Congreso, denunció su despido supuestamente injusto a manos del diputado Danny Fidel Mogollón Pérez. González, relató que tras solicitar permiso a su jefa inmediata, cuyo nombre no reveló, excedió el tiempo permitido y, al regresar a su oficina, se encontró con el legislador quien, sin titubear, la destituyó de su puesto, afirmando que “le sirviera de ejemplo a todos sus compañeros”.

La ex-empleada mencionó que el horario estipulado en su contrato establece una jornada de trabajo de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., mientras que Mogollón obliga a su personal a laborar desde la mañana hasta altas horas de la noche, sin remunerar horas extras. “Siento que eso no es justo, él no se pone en nuestro lugar porque nunca lo ha hecho”, exclamó González en el video.

Además, González criticó la actitud del diputado en reuniones, donde según ella, ha faltado al respeto a su equipo y ha mostrado una clara falta de empatía hacia sus subordinados. “Debería ser un ejemplo como jefe y no lo es”, apuntó.

La trabajadora manifestó su decisión de no permanecer en silencio y advirtió que, si algo llegara a sucederle debido a su denuncia pública, responsabilizaría directamente al diputado Mogollón. “Ya no me pienso callar”, afirmó.

Cabe mencionar que el diputado del Congreso de Baja California, solicitó licencia el pasado mes de octubre tras ser señalado por agredir a su esposa.

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Respecto a la protesta de personal de enfermería del Hospital General Regional (HGR) No. 1 en Tijuana del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la institución informó que la medida se tomó en apego a la normatividad vigente y con base a la investigación realizada por la Coordinación Laboral de la Dirección Jurídica del IMSS.

Lo anterior, luego de que los trabajadores exigieron transparencia ante el despido que consideran injustificado en relación a dos enfermeras que participaron en la intervención quirúrgica de la paciente que falleció el pasado mes de diciembre presuntamente porque olvidaron retirar unas gasas del cuerpo de la paciente.

El IMSS dijo a través de un comunicado que entiende la preocupación de las y los trabajadores, sin embargo, el caso fue investigado y se demostró que en ningún momento hubo falta de insumos, recurso humano o equipamiento alguno, que influyera en el desenlace, tal y como lo señalaron durante la protesta de este lunes.

Además aseguraron que hasta el momento no ha habido suspensión en los servicios en la atención a la población derechohabiente. 

El IMSS resaltó que adicionalmente, han reforzado la capacitación del personal médico y de enfermería.

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Ya sea que por voluntad hayas renunciado o tu patrón te haya despedido o dado de baja, tienes derecho a reparto de utilidades de tu antiguo trabajo, conforme a lo establecido en la ley. 

La Ley Federal del Trabajo estipula que todos los trabajadores que hayan laborado un mínimo de 60 días durante el año tienen derecho al reparto de utilidades. 

El reparto de utilidades deberá efectuarse dentro de los 60 días posteriores a la fecha en que deba presentarse la declaración anual del empleador, es decir, del 1 de abril al 30 de mayo, en caso de que tu patrón se una persona moral, y del 1 de mayo al 29 de junio, si es persona física. 

La cantidad exacta a distribuir depende del número de días trabajados en el año y el monto de los salarios devengados durante el mismo, en función de las utilidades generadas por el empleador. 

¿Quiénes no reciben utilidades? 

Los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades. Tampoco los trabajadores del hogar participan en el reparto de utilidades. 

¿Cuánto tiempo tienes para reclamar tus utilidades? 

Si la empresa incumple con esta prestación o te paga de forma incompleta, tienes el plazo de un año, a partir de la fecha límite para reclamar el pago de tus utilidades, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. 

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Detalles sobre el plan de trabajo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudad Municipal (SSPCM) fue abordado por el titular de la dependencia, Fernando Sánchez González, durante la reunión mensual de la Barra de Abogadas “Lic. María Sandoval de Zarco A.C”.

“El secretario nos expuso cual es este programa de los primeros 100 días de gobierno, su plan municipal de trabajo para poder abatir o controlar desde un punto de vista de la reacción y la prevención del tema de la seguridad en Tijuana”, explicó su presidenta, Harlene Arriaga Nava.

La seguridad pública, mencionó, es un tópico que no solamente tiene que ser visto desde una sola arista, sino desde diversos enfoques que permitan entender y encarar la problemática en que se encuentra la ciudad, explicó la jurista.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la abogada aprovechó para señalar lo mencionado por el titular de la SSPCM.

“Habló que eran 500 solicitudes de órdenes de protección diarias, cuando la corporación cuentan con un personal que representa la cuarta parte del total de solicitudes. La ciudadanía tiene muchas quejas al respecto, pero hay muy poco personal”, enfatizó.

En ese sentido, el encargado de la corporación policiaca refirió que se están llevando a cabo mejoras en torno a problemáticas relacionadas con niñas, adolescentes y mujeres.

“Estamos en un proceso de capacitación con 31 policías. Hombres y mujeres se están preparando en un curso de un poquito más de 500 horas de clases, para crear una unidad de policía con perspectiva de género”, afirmó.

La líder de las abogadas recordó el intento de secuestro que se vivió a plena luz del día en los juzgados de Tijuana, de ahí enfatizó en la necesidad de contar con mayor seguridad en los juzgados civiles y familiares, siendo esta una situación que preocupa a la comunidad jurídica.

Al final, la presidenta y socias de la Barra de Abogadas, no dudaron en hacer saber a Sánchez González que cuentan con su apoyo para contribuir a una Tijuana más segura para toda la población.

“El secretario tiene toda la voluntad y disposición de trabajar con la Barra de Abogadas. La Secretaría de Seguridad Pública si nos abrió las puertas para poder coadyuvar y trabajar en cualquier tema que aqueje a nuestro colegio, pero no solamente ver el tema de las quejas, sino también de cuáles son las propuestas de solución como juristas que somos”, concluyó.

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