Tras la eliminación de los consejeros de la IP de los organismos operadores del agua, dirigentes empresariales calificaron como una decisión arbitraria, excluyente y contraria al interés público, expusieron la presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Amalia Vizcarra Berumen y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada Carlos Ibarra Aguiar.

Los líderes empresariales rechazaron los argumentos que el gobierno de Baja California esgrimió en la exposición de motivos de la iniciativa de que la participación como consejeros de representares de la Canacintra y la Canaco no contribuyen a mantener las finanzas sanas de los organismos.

Los voceros de Canacintra y CCEE, también desmintieron de manera categórica que sus representantes en la Cespe en el caso de Ensenada, tuvieran algún tipo de conflictos de interés, ya que ninguno tenía la más mínima función directiva u operativa.

“Es falso, como lo afirma el Artículo Cuarto del dictamen aprobado, que haya habido algún grado de afectación por la supuesta indiferencia y omisión de los que integraban los consejos de administración de los organismos operadores del agua de miles de millones de pesos por cuentas por cobrar del rubro empresarial y comercial a los que se han llamado grandes deudores”, precisaron.

El pleno del Congreso del Estado aprobó en sesión extraordinaria la madrugada de este lunes, la Nueva Ley de Manejo y Distribución de Agua en Baja California por decreto del Gobernador del Estado Jaime Bonilla.

A partir del viernes 1ero de enero del 2021, tras su publicación en el Diario Oficial del Estado, será Tijuana quien administrará el manejo del agua en Baja California, racionado el suministro del preciado liquido a los municipios de Ensenada y Rosarito, priorizando al municipio más habitado de Baja California, resolviendo con esto los cortes parciales del agua en aquella ciudad.

A pesar de la manifestación que realizaron los grupos de resistencia de defensa del agua en Baja California, el proceso de la aprobación de la ley se llevó a cabo, aún cuando hubo enfrentamientos con los oficiales de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), que no pudieron evitar que los manifestantes incendiaron dos autos que estaban en el estacionamiento del Congreso del Estado.

Los manifestantes se inconformaron en la parte exterior del edificio del Poder Legislativo, en contra del accionar de los Diputados de la XXIII Legislatura de Baja California, quienes a las 01:37 horas aprobaron por mayoría absoluta la nueva ley del agua, ante la propuesta de decreto del Gobernador Jaime Bonilla, que fue enviada nuevamente un par de horas antes de ser aprobada "al vapor" como otras propuestas de ley realizadas por el Ejecutivo.

La votación fue de 22 votos a favor y 3 votos en contra y cero abstenciones, contando con el apoyo de los representantes de los distritos de Mexicali, Ensenada y Rosarito que se verán afectados por el racionamiento del agua, acción que les puede jugar en contra en las próximas elecciones del 2021.

La bancada de Morena votó en bloque el decreto del Gobernador, emitiendo en sentido a favor de la Nueva Ley de Manejo y Distribución de Agua en Baja California, iniciando por el diputado Juan Melendrez Espinoza, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, María Luisa Villalobos Ávila , Eva Gricelda Rodríguez , Juan Manuel Molina García, Evangelina Moreno Guerra, Julia Andrea González Quiroz , Víctor Manuel Morán Hernández Montserrat Caballero Ramírez Ramón Vázquez Valadez, Araceli Geraldo Núñez, Rosina del Villar Casas, Claudia Josefina Agatón Muñiz, del Partido del Trabajo, y Miriam Elizabeth Cano Núñez.

Además de esto se sumaron los diputados Fausto Gallardo Garcían del Partido Verde así como del diputado Julio César Vázquez Castillo del Partido del Trabajo, Efrén Enrique Moreno Rivera de Transformemos, Miguel Ángel Bujanda Ruiz , Sin partido, así como la diputada María Trinidad Vaca Chacón Sin partido, el diputado, Gerardo López Montes del PRD, Elí Topete Robles, del Partido Movimiento Ciudadano y finalmente el diputado David Ruvalcaba Flores, del PRI.

Quienes votaron en contra del decreto del Gobernador del Estado Jaime Bonilla, fueron las diputadas Loreto Quintero Quintero del PAN y Eva María Vásquez Hernández PAN así como el diputado Rodrigo Aníbal Otañez Licona del PBC.

El actuar de los diputados ha sido el mismo durante esta XXIII Legislatura, y no son sorprendentes estás acciones, aún así... Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día, en nadie se puede confiar