Durante la conferencia para informar detalles del Sexto Encuentro Industrial Visión 2020: “Evolución y desafíos de la industria Maquiladora" llevada a cabo a través de Zoom, el presidente de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana AC (Arhitac), Heriberto Galindo, mencionó respecto a la Reforma del Presidente Andrés Manuel López Obrador delimitando el Outsourcing, "tenemos 4.6 millones contratados a través del outsourcing , si esto desaparece corre un peligro de que esta gente de la subcontratación se vaya a la informalidad, 56% por ciento pasarían posiblemente a la informalidad"

El presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó una iniciativa de reforma para delimitar el outsourcing en el país, la cual mencionó que enviaría a la Cámara de Diputados, sin embargo, el presidente nacional de la confederación patronal de la república mexicana Gustavo De hoyos Walter mencionó que el presidente envió una iniciativa de subcontratación sin consultar a los empresarios, lo que sería lo contrario a lo que había sostenido que iba a realizar

"Si se debería castigar a quien están trabajando mal, porque estamos hablando de la seguridad laboral de los colaboradores, si tiene que haber una sanción al respecto, yo creo que sí se puede regular, puede coexistir esta sección de la subcontratación con la Reforma laboral" concluyó Galindo.

El outsourcing, o subcontratación, ha sido denominado como una herramienta clave para muchas empresas en México y en todo el mundo, ya que ofrece una solución. Esto permite a las organizaciones externalizar ciertas funciones en menos tiempo, optimizando costos y enfocándose en la actividad principal. Sin embargo, sabemos que en años recientes, este modelo ha estado en revisión y cambio de normativa, especialmente en países como México.

Qué es el outsourcing

Antes de enfocarnos en las nuevas reglas del outsourcing, es fundamental entender qué es el outsourcing y para qué sirve. Este término se refiere a la práctica de contratar a una tercera parte para llevar a cabo tareas, servicios o procesos que, tradicionalmente, podrían ser realizados por empleados ya contratados. El outsourcing puede cubrir diversas áreas, incluyendo recursos humanos, contabilidad, atención al cliente, logística y mucho más.

El outsourcing ofrece múltiples beneficios, tales como:

Enfoque en el core business: permite a las organizaciones concentrarse en su actividad principal, dejando tareas secundarias a expertos externos.

Acceso a especialización: las empresas pueden beneficiarse de la experiencia y habilidades de proveedores especializados en áreas específicas.

Reducción de costos: al externalizar ciertas funciones, las empresas pueden ahorrar en salarios, beneficios y gastos generales.

Sin embargo, con la reciente reforma legal, también han surgido nuevos desafíos y responsabilidades que las empresas deben considerar.

Las nuevas reglas del outsourcing en México

Sabemos que en 2020, el gobierno mexicano publicó una reforma a la ley federal del trabajo que sin duda impacta la práctica del outsourcing. La idea de este cambio es garantizar la protección de los derechos laborales y erradicar prácticas que eran consideradas abusivas. Muchas personas alegan que estos cambios son justificados y protegen al trabajador, pero por otro lado también disminuye la posibilidad de ser contratado.

Conoce las principales reglas que deben seguir las empresas que opten por esta modalidad.

Permiso para la subcontratación de servicios especializados

A pesar de la prohibición mencionada, la ley permite la subcontratación de servicios especializados, siempre que no formen parte del objeto social de la empresa. Estos servicios deben ser claramente definidos, y las empresas que optan por esta modalidad deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Sabemos que las empresas que contratan servicios especializados son responsables solidarias de las obligaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores que realicen funciones relacionadas con esos servicios. Esto implica que, en caso de incumplimiento por parte de la empresa contratista, la empresa que contrata puede ser requerida para cumplir con las obligaciones laborales, tales como salarios, prestaciones y seguridad social.

Registro de contratistas

Las empresas que deseen subcontratar servicios especializados deben registrar a sus proveedores ante la STPS. Este registro busca garantizar que los contratistas cumplen con las obligaciones fiscales y laborales, y que sus trabajadores cuentan con los derechos correspondientes.

Las empresas están obligadas a mantener una documentación clara y transparente sobre las relaciones de outsourcing. Esto incluye contratos que especifiquen los servicios a prestar, así como la identificación de los trabajadores involucrados. La falta de documentación adecuada puede llevar a sanciones y multas.

Sanciones por incumplimiento

La reforma establece sanciones severas para aquellas empresas que incumplan con las nuevas regulaciones. Las multas pueden ser significativas, y las empresas también pueden enfrentar demandas laborales si se determina que han violado los derechos de los trabajadores.

Revisión de contratos

Las empresas deben revisar todos sus contratos de outsourcing y asegurarse de que cumplan con las nuevas regulaciones. Esto incluye la actualización de contratos existentes para reflejar la prohibición de subcontratación de personal y la necesidad de registrar a los proveedores ante la STPS.

Es esencial que las empresas capaciten a sus equipos sobre las nuevas disposiciones legales. La falta de conocimiento puede llevar a incumplimientos y sanciones. La capacitación debe incluir aspectos sobre derechos laborales y la importancia de cumplir con las obligaciones de seguridad social.

Las organizaciones deben evaluar a sus proveedores de servicios especializados para asegurarse de que cumplen con las regulaciones laborales y fiscales. Esto incluye verificar que sus trabajadores estén debidamente registrados y que se les brinden todas las prestaciones correspondientes.

Estrategia de recursos humanos

Sabemos que las empresas pueden considerar ajustar sus estrategias de recursos humanos para adaptarse a las nuevas reglas que cada país tenga. Esto puede incluir la incorporación de nuevo personal para que realicen tareas que anteriormente se externalizaban, o la búsqueda de proveedores que puedan ofrecer servicios especializados de acuerdo con la nueva legislación.

Aunque la reforma busca proteger los derechos de los trabajadores y erradicar prácticas abusivas, también impone nuevas responsabilidades y desafíos para las organizaciones.

Adaptarse a este nuevo marco legal es fundamental para garantizar la continuidad del negocio y evitar sanciones. Con la debida preparación y cumplimiento, las empresas pueden seguir beneficiándose del outsourcing, optimizando sus operaciones y asegurando un entorno laboral justo y equitativo para todos.

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Durante el año pasado la población ocupada aumentó en 4.3 millones de personas, de las cuales 2.9 millones (66.5%) lo hizo en la informalidad, sin acceso a los servicios de salud, sin las prestaciones laborales que marca la ley y bajos salarios, revelan los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo publicados por el Inegi.

De los restantes 1.4 millones que se emplearon de manera formal, 846 mil personas (58.9%) lo hicieron el sector privado y 591 mil en el sector público, ya sea en el gobierno federal, estatal o municipal, o en alguna institución o empresa gubernamental.

Por sexo, la ocupación de hombres fue de 34.5 millones en diciembre de 2021, cifra superior en 2.3 millones respecto a la del último mes de 2020 y la ocupación de mujeres fue de 22.5 millones, 2 millones más en igual lapso de comparación.

La información de la encuesta revela que para la población subocupada, medida como aquella que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas de lo que su ocupación actual les demanda, fue de 5.7 millones de personas al cierre del año pasado, cantidad inferior en 1.7 millones de personas frente a la del mismo mes de 2020.

Producto de lo anterior, la tasa subocupación fue de 10% de la población ocupada, porcentaje menor al 14.1% registrado un año antes. Por sexo, la tasa de subocupación en los hombres fue de 10.3% y en las mujeres de 9.5% en el mes de referencia.

A nivel nacional, la población desocupada, la cual considera a la población que se encuentra sin trabajar, pero que está buscando trabajo, se situó en 2.1 millones de personas. Esta cantidad es la misma que la registrada en el último mes de 2020 y representó una tasa de 3.5% de la Población Económicamente Activa en diciembre de 2021, inferior en 0.3 puntos porcentuales a la de diciembre de 2020. 

Por sexo, la población desocupada masculina en diciembre de 2020 y de 2021 se ubicó en 1.3 y 1.2 millones de personas, respectivamente (con un descenso de 104 mil) y la femenina pasó de 791 mil a 894 mil personas. En el mes de referencia la tasa de desocupación en los hombres se estableció en 3.3% y en las mujeres en 3.8%.

Con la reforma laboral federal, el 1 de agosto concluye el outsourcing en México, con lo que se busca proteger al trabajador y se asegure obtengan todos sus beneficios, y acabar con la defraudación fiscal, teniendo como máximo las empresas, 90 días de prórroga para regularizarse.

Así lo expresó Cruz Manuel Rejón Sánchez, socio director de RBL corporativo ante los miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), donde mencionó que así de agresiva viene la reforma, en la que de no permitir como empresa la inspección y vigilancia podría ser sancionada por un monto desde los 22 mil hasta los 448 mil pesos; y en caso de continuar subcontratando de manera prohibida, para ambos la sanción puede ser desde los 179 mil pesos hasta los 4 millones 481 mil pesos.

Explicó que el esquema outsourcing, consiste en contratar a otra persona o empresa que se especializa en un área que no tiene la primera, sin embargo, esto dio pie a un abuso al no dar beneficios, cuotas de seguridad social o incluso se ha utilizados en operaciones inexistentes, lo que deriva en el delito de defraudación fiscal, e incluso hasta de carácter penal.

Al concluir el outsourcing, se brindará protección al trabajador al obtener todos sus beneficios incluyendo su antigüedad, y se acabará con la defraudación fiscal; en tanto las empresas contarán con una prórroga de hasta 90 días para regularizarse, es decir, contratar como sus empleados a quienes brindaban sus servicios especializados.

Rejón Sánchez reconoció que con esta reforma, las personas que brindan servicios que podrían salir más afectados serían por mencionar un ejemplo, el sector gastronómico, aquellos que laboran como meseros, mientras que el industrial no tanto, ya que desde su inicio tenía varios candados que les impedía utilizar el outsourcing. 

Con 118 votos a favor y 2 abstenciones, el Senado de la República aprobó la nueva regulación del outsourcing y prohibir la subcontratación ilegal a través de agencias de empleo, en lo que consideraron es el resultado de un amplio proceso de diálogo sostenido durante meses entre los legisladores, el gobierno federal y el sector empresarial.

A partir de esta reforma, las empresas ya no podrán subcontratar a trabajadores para realizar labores permanentes, y el outsourcing sólo estará permitido para tareas especializadas o temporales, es decir que no formen parte de las labores esenciales y permanentes.

Se reconocerán las obligaciones fiscales de las empresas y quedará prohibido que el gobierno federal subcontrate personal, más que para servicios especializados y siempre que el contratista esté registrado.

Se propone la prohibición de la subcontratación de personal y quienes intervengan en el proceso de contratación bajo la modalidad de agencias de empleo o intermediarias, que no tendrán la calidad de patrones y sólo podrán participar en los procesos de reclutamiento.

"Solamente se permitirá la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas con la obligación de que el contratista esté registrado ante la Secretaría de Trabajo, en el padrón constituido para tal efecto", dijo Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado al argumentar a favor de las reformas.

"La reforma tiene la finalidad de robustecer el empleo, la figura de la subcontratación laboral y eliminar diversas prácticas que producen una verdadera afectación a los derechos laborales de los trabajadores, permitiendo atender las necesidades de las empresas para que estas mantengan sus esquemas de producción y prestación de servicios".

La senadora Claudia Ruiz Massieu (PRI) dijo que para el sector público, la aprobación del presente dictamen contribuirá fortalecer las finanzas públicas, porque las empresas se verán obligadas a pagar impuestos y la seguridad social de sus trabajadores; para el sector privado, se traducirá en certidumbre jurídica, que les permitirá mantener la subcontratación.

"La subcontratación le permite a las empresas hacer más eficientes sus procesos productivos, facilitar el manejo del personal y el pago de impuestos, también es cierto que este esquema se convirtió en una salida fácil de algunas empresas para evadir sus responsabilidades fiscales, sus obligaciones en materia laboral y los compromisos con la seguridad social. En la mayoría de los casos, estar contratado bajo este esquema significa tener menos salario, menos prestaciones e interrupción de la antigüedad", dijo. 

Una de las críticas que hicieron senadores de la oposición, en específico de MC es que además de aprobar esta ley para regular el outsourcing, el Senado contrate y dé seguridad laboral a los trabajadores de limpieza y ayudantía que están subcontratados en la Cámara Alta.

"Aquí tenemos trabajadores de limpieza y en el Valet Parking que paradójicamente están contratados bajo el esquema de outsourcing, Movimiento Ciudadano exige seguridad laboral para estos trabajadores", pidió Juan Zepeda.

PAN, es que la reforma que se aprobó hoy en el Senado de la República, se hicieron distingos y se le dieron beneficios al gobierno federal con un plazo más largo de adaptación, hasta el 1 de enero de 2022, para que se le aplique la reforma.

"Al sector privado no se le dan estos beneficios, le reduce a tres meses su entrada en vigor. No estamos de acuerdo", dijo el senador por Chihuahua, Gustavo Madero.

"O reducimos para el gobierno a 3 meses la entrada en vigor a esta nueva disposición o la ampliamos al sector privado porque todos tienen que hacer un esfuerzo similar".

Las comisiones de Trabajo y de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron sin cambios el proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit, entre otras, para prohibir el outsourcing o subcontratación laboral tanto en la administración pública como en el sector privado. 

Avalado con 25 votos a favor y dos abstenciones del grupo parlamentario del PAN, el dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para su discusión y votación en el pleno.

“Así que este cambio revierte y termina con modelo perverso, insensible, diseñado sin considerar las necesidades sociales; yo diría, compañeras y compañeros senadores, fuera de protagonismos, de oportunismos, del desconocimiento de los objetivos y fines últimos de esta reforma, lo que hoy estamos aprobando es histórico, corrige el rumbo y ahora será el rumbo precisamente de la justicia, del bienestar, de la dignidad para todos los trabajadores y para todos los mexicanos”, puntualizó el morenista Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo.

 En su turno, al fundamentar el voto de su bancada en abstención, el coordinador panista Erandi Bermúdez propuso aplazar la entrada en vigor de la reforma hasta enero de 2022, con el fin de garantizar el respeto a los derechos adquiridos de trabajadores y empleadores.

 La reforma aprobada ya por la Cámara de Diputados prohíbe la subcontratación de personal, entendida como el acto en que una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, salvo en el caso de servicios especializados que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa beneficiaria.

 Prevé asimismo multas de 2 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (de 179 mil 240 a 4 millones 481 mil pesos) a quien realice subcontratación de personal o preste servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente. 

El proyecto considera la creación de un padrón público de empresas dedicadas a la subcontratación de personal de servicio especializados. “Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación, deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social”, establece. Entre otros aspectos destaca igualmente el “tope” a la participación de utilidades con un límite máximo de tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.

 Las empresas que actualmente operan bajo el régimen de subcontratación laboral contarán con un plazo de 90 días naturales para la sustitución patronal y migración de trabajadores, siempre y cuando la empresa destino reconozca sus derechos laborales, incluyendo la antigüedad, ante las instancias legales correspondientes.