Legisladores de la Cámara de Diputados decidieron, en las últimas semanas, posponer al menos tres reformas polémicas hasta 2021: la que busca eliminar el outsourcing, la referente a la despenalización del uso lúdico de la marihuana y cambios a la Ley de Banxico.

Este martes y de último momento, el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, reculó y decidió posponer la aprobación de la minuta de la Ley Monreal, que busca que el Banco de México adquiera los dólares circulantes en el mercado sin la necesidad de conocer su procedencia, para febrero del 2021.

El mismo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), indicó hace unos días que las reformas a la Ley del Banco de México (Banxico) deben ser analizadas de manera amplia y profunda para no generar riesgos de "lavado" de dinero.

Santiago Nieto indicó que la institución que encabeza junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) cuentan con elementos para combatir y prevenir el "lavado" de dinero.

En el mismo sentido y tras haber permanecido al margen de la discusión, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, consideró adecuado que los diputados hayan pospuesto la reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) para febrero de 2021.

Admitió que no se analizaron las implicaciones “importantes” que tendría sobre el sistema financiero.

La decisión finalmente se oficializó a través de la Comisión de Hacienda y mientras, se espera que los diputados formen un grupo interinstitucional y bicameral de trabajo durante enero, para tener listo el producto legislativo para febrero, cuando arranca el periodo ordinario de sesiones.

--Acuerdan discusión sobre outsourcing hasta 2021

Otra polémica reforma que se pasó al siguiente periodo de sesiones es la que busca eliminar el outsourcing, luego de que el gobierno federal, el sector empresarial y el obrero acordaran posponer su discusión con el compromiso de no ejercer prácticas ilegales utilizando la subcontratación de personal.

El pasado 12 de noviembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó una iniciativa de reforma para eliminar la práctica del outsourcing; sin embargo, representantes del sector empresarial alertaron sobre los riesgos y lo costoso que sería.

Por ejemplo, Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, advirtió que la eliminación del outsourcing en México provocaría un importante aumento en los costos para las empresas extranjeras asentadas en el país.

También Gustavo de Hoyos de Coparmex, señaló que la posibilidad de que se elimine la subcontratación o el outsourcing afectará al gobierno federal por el impacto presupuestal y el abultamiento de la plantilla gubernamental.

En tanto, el CCE, liderado por Carlos Salazar Lomelín, quien aseguró que no les preocupa que en la iniciativa del Ejecutivo se considere al "outsourcing" ilegal como delincuencia organizada, sino lo que pueda detonar dicha sanción.

"Las personas que cumplen y cumplimos con la ley no se tienen que preocupar por las sanciones. Sabemos que hay sanciones terribles que pudiera llevar a las personas hasta cadena perpetua y no nos preocupamos de eso porque al final el 99.99% cumplimos con lo que nos corresponde y no amanecemos pensando en las sanciones".

--Piden más tiempo para reforma sobre marihuana

También, otra reforma que se pasó al 2021 es la que busca despenalizar el uso lúdico de la marihuana.

De acuerdo con algunos legisladores consultados por EL UNIVERSAL, se prevé hacerle algunos cambios al dictamen, incluso, las comisiones de Justicia y Salud de San Lázaro pidieron más tiempo para analizarla.

Cabe recordar que el pasado 19 de noviembre, el Senado de la República aprobó esta modificación y la envió a la Cámara de Diputados, quienes abrieron un parlamento abierto para analizarla.

Se preveía que la reforma fuera aprobada antes de este 15 de diciembre, último día del periodo ordinario, pero no ocurrió así.

En tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló por cuarta ocasión una prórroga para que los diputados discutan y aprueben la legalización del uso de marihuana con fines lúdicos.

La prórroga fue solicitada por los legisladores, quienes argumentaron que las Comisiones de Justicia y Salud solicitaron más tiempo para analizar la iniciativa y por la complejidad que la misma reviste.

El pleno de la Cámara de Diputados comenzó la discusión en lo general de la reforma que propone la extinción de siete organismos autónomos, en medio de críticas por parte de la oposición y especialistas.

El proyecto impulsado por la Comisión de Puntos Constitucionales incluye la desaparición de instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). También prevé la eliminación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Propuesta de Morena para reestructuración

En respuesta a las críticas, la mayoría parlamentaria de Morena propuso una reserva al dictamen que contempla la creación de un órgano descentralizado con independencia técnica para asumir las funciones de la Cofece y el IFT en materia de regulación económica y telecomunicaciones.

El coordinador morenista, Ricardo Monreal, explicó que el nuevo organismo estará adscrito a la Secretaría de Economía, pero contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, manteniendo su autonomía técnica y operativa.

“Con esta modificación, se respeta la independencia técnica y todas las funciones de la Cofece y el IFT, pero bajo una nueva figura jurídica como órgano descentralizado”, precisó Monreal.

Posicionamientos enfrentados

Mientras los legisladores de Morena y sus aliados defienden la reforma como una medida para optimizar recursos y reducir duplicidad en funciones gubernamentales, la oposición ha cuestionado la desaparición de organismos clave, argumentando que la medida compromete la transparencia y la competencia económica en el país.

Especialistas también han expresado preocupaciones sobre el impacto que podría tener esta reforma en el cumplimiento de compromisos internacionales, como el T-MEC, y en la independencia de las instituciones.

El debate en lo general podría extenderse a lo largo de las próximas horas, con la posibilidad de reservas adicionales que busquen modificar algunos puntos del dictamen. Se espera que la reforma pase a votación próximamente, determinando el futuro de estos organismos autónomos.

La reforma sigue generando un intenso debate político y social, reflejando las diferencias en torno al modelo de gobernanza y transparencia que debe prevalecer en el país.

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El outsourcing, o subcontratación, ha sido denominado como una herramienta clave para muchas empresas en México y en todo el mundo, ya que ofrece una solución. Esto permite a las organizaciones externalizar ciertas funciones en menos tiempo, optimizando costos y enfocándose en la actividad principal. Sin embargo, sabemos que en años recientes, este modelo ha estado en revisión y cambio de normativa, especialmente en países como México.

Qué es el outsourcing

Antes de enfocarnos en las nuevas reglas del outsourcing, es fundamental entender qué es el outsourcing y para qué sirve. Este término se refiere a la práctica de contratar a una tercera parte para llevar a cabo tareas, servicios o procesos que, tradicionalmente, podrían ser realizados por empleados ya contratados. El outsourcing puede cubrir diversas áreas, incluyendo recursos humanos, contabilidad, atención al cliente, logística y mucho más.

El outsourcing ofrece múltiples beneficios, tales como:

Enfoque en el core business: permite a las organizaciones concentrarse en su actividad principal, dejando tareas secundarias a expertos externos.

Acceso a especialización: las empresas pueden beneficiarse de la experiencia y habilidades de proveedores especializados en áreas específicas.

Reducción de costos: al externalizar ciertas funciones, las empresas pueden ahorrar en salarios, beneficios y gastos generales.

Sin embargo, con la reciente reforma legal, también han surgido nuevos desafíos y responsabilidades que las empresas deben considerar.

Las nuevas reglas del outsourcing en México

Sabemos que en 2020, el gobierno mexicano publicó una reforma a la ley federal del trabajo que sin duda impacta la práctica del outsourcing. La idea de este cambio es garantizar la protección de los derechos laborales y erradicar prácticas que eran consideradas abusivas. Muchas personas alegan que estos cambios son justificados y protegen al trabajador, pero por otro lado también disminuye la posibilidad de ser contratado.

Conoce las principales reglas que deben seguir las empresas que opten por esta modalidad.

Permiso para la subcontratación de servicios especializados

A pesar de la prohibición mencionada, la ley permite la subcontratación de servicios especializados, siempre que no formen parte del objeto social de la empresa. Estos servicios deben ser claramente definidos, y las empresas que optan por esta modalidad deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Sabemos que las empresas que contratan servicios especializados son responsables solidarias de las obligaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores que realicen funciones relacionadas con esos servicios. Esto implica que, en caso de incumplimiento por parte de la empresa contratista, la empresa que contrata puede ser requerida para cumplir con las obligaciones laborales, tales como salarios, prestaciones y seguridad social.

Registro de contratistas

Las empresas que deseen subcontratar servicios especializados deben registrar a sus proveedores ante la STPS. Este registro busca garantizar que los contratistas cumplen con las obligaciones fiscales y laborales, y que sus trabajadores cuentan con los derechos correspondientes.

Las empresas están obligadas a mantener una documentación clara y transparente sobre las relaciones de outsourcing. Esto incluye contratos que especifiquen los servicios a prestar, así como la identificación de los trabajadores involucrados. La falta de documentación adecuada puede llevar a sanciones y multas.

Sanciones por incumplimiento

La reforma establece sanciones severas para aquellas empresas que incumplan con las nuevas regulaciones. Las multas pueden ser significativas, y las empresas también pueden enfrentar demandas laborales si se determina que han violado los derechos de los trabajadores.

Revisión de contratos

Las empresas deben revisar todos sus contratos de outsourcing y asegurarse de que cumplan con las nuevas regulaciones. Esto incluye la actualización de contratos existentes para reflejar la prohibición de subcontratación de personal y la necesidad de registrar a los proveedores ante la STPS.

Es esencial que las empresas capaciten a sus equipos sobre las nuevas disposiciones legales. La falta de conocimiento puede llevar a incumplimientos y sanciones. La capacitación debe incluir aspectos sobre derechos laborales y la importancia de cumplir con las obligaciones de seguridad social.

Las organizaciones deben evaluar a sus proveedores de servicios especializados para asegurarse de que cumplen con las regulaciones laborales y fiscales. Esto incluye verificar que sus trabajadores estén debidamente registrados y que se les brinden todas las prestaciones correspondientes.

Estrategia de recursos humanos

Sabemos que las empresas pueden considerar ajustar sus estrategias de recursos humanos para adaptarse a las nuevas reglas que cada país tenga. Esto puede incluir la incorporación de nuevo personal para que realicen tareas que anteriormente se externalizaban, o la búsqueda de proveedores que puedan ofrecer servicios especializados de acuerdo con la nueva legislación.

Aunque la reforma busca proteger los derechos de los trabajadores y erradicar prácticas abusivas, también impone nuevas responsabilidades y desafíos para las organizaciones.

Adaptarse a este nuevo marco legal es fundamental para garantizar la continuidad del negocio y evitar sanciones. Con la debida preparación y cumplimiento, las empresas pueden seguir beneficiándose del outsourcing, optimizando sus operaciones y asegurando un entorno laboral justo y equitativo para todos.

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La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, ha reportado la localización e incineración de ocho plantíos de marihuana en la sierra norte de Baja California. Estas acciones, llevadas a cabo por el personal de la Segunda Región Naval con sede en Ensenada, han resultado en la destrucción de aproximadamente 6,863 kilogramos de la droga, cultivada en una superficie total de cerca de 49,580 metros cuadrados.

El operativo, que forma parte de las acciones de seguridad implementadas por la Armada, se desarrolla en un contexto de creciente preocupación por el aumento en el consumo y popularidad de drogas ilegales en todo el mundo.

Estos esfuerzos no solo buscan debilitar la capacidad de grupos delictivos para producir y distribuir drogas en el país, sino que también están diseñados para proteger a los jóvenes mexicanos de los efectos nocivos de estas sustancias.

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Por unanimidad, el senador electo de Morena, Adán Augusto López Hernández, será el próximo coordinador de la bancada guinda en el Senado, mientras que Gerardo Fernández Noroña presidirá la Cámara Alta.

Durante la plenaria de senadores de Morena, desde el Hotel Royal, en la alcaldía Tlalpan, las y los legisladores federales electos eligieron por consenso al ex secretario de Gobernación y al todavía diputado del PT.

Gerardo Fernández Noroña será el primer presidente del Senado durante la LXVI Legislatura, por su parte, Adán Augusto López Hernández coordinará los trabajos de la fracción parlamentaria.

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La agencia antidrogas estadounidense dará pasos para reclasificar a la marihuana como una droga menos peligrosa, según se enteró The Associated Press, un cambio histórico que podría tener consecuencias en todo el país.

La propuesta de la DEA, que aún debe ser revisada por la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, reconocería el uso medicinal del cannabis y el hecho de que es menos susceptible al abuso que otros narcóticos. Sin embargo, no llegaría a legalizar directamente su uso recreativo.

La medida, confirmada el martes a la AP por cinco fuentes que hablaron a condición de anonimato al no estar autorizadas para hablar del tema públicamente, elimina el último obstáculo regulatorio que quedaba para que la agencia pueda aplicar su mayor cambio de política en más de 50 años.

Una vez sea aprobada por la oficina presupuestaria, la DEA aceptará comentarios del público sobre la posibilidad de sacar a la marihuana de la clasificación I —donde están la heroína y el LSD— para moverla a la clasificación III —donde están la ketamina y algunos esteroides anabólicos— tras recibir una recomendación del Servicio de Salud y Servicios Humanos federal. Luego del periodo de comentarios públicos y tras la revisión de un juez administrativo, la agencia publicará la determinación final.

La medida surge luego que el presidente Joe Biden pidió una revisión de las leyes federales sobre la marihuana en octubre de 2022 y avanzó para indultar a miles de ciudadanos encarcelados por simple posesión de la droga. Biden también le ha pedido a líderes estatales y locales tomar medidas similares para anular condenas por tenencia de marihuana.

“Los antecedentes criminales por posesión y uso de la marihuana han impuesto barreras innecesarias al empleo, la vivienda y las oportunidades educativas”, dijo Biden en diciembre. “Demasiadas vidas han quedado trastocadas debido a nuestra actitud fallida hacia la marihuana. Es hora de corregir esos errores”.

El anuncio podría ayudar al demócrata Biden a ganar apoyo, particularmente entre los jóvenes, en este año electoral.

Biden y un número creciente de legisladores de ambos partidos están impulsando a la DEA a tomar esta decisión a medida que la marihuana se ha ido despenalizando y volviéndose más aceptable, particularmente entre los jóvenes.

Una encuesta de Gallup del otoño pasado halló que el 70% de los adultos estadounidenses apoyan legalizar la marihuana, el porcentaje más alto jamás registrado por la encuestadora y más del doble del 30% que dijo lo mismo en 2000.

La DEA no respondió a pedidos de comentario.

Actualmente la marihuana con usos recreativos y limitada a los mayores de 21 años de edad es legal en 24 estados. La marihuana con fines medicinales es legal en 13 estados además de aquellos donde está permitido su uso por placer.

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