El Consejo Técnico Estatal (CTE) de los Consejos Coordinadores Empresariales de Baja California (CCE), advirtió que emprenderán una serie de demandas civiles y penales en contra de los organismos operadores de agua y funcionarios estatales, ante la serie de arbitrariedades cometidas en el cobro de supuestos adeudos por consumos y servicios de empresas y particulares.

Los presidentes de cada municipio, anunciaron que se han cobrado más de mil 400 millones de pesos a unas 450 empresas violando todos los procedimientos establecidos.

Se trata, dijeron, de una actuación que violenta el estado de derecho, además no respeta el debido proceso y deja en la indefensión a las empresas porque de manera sumaria les cortan el agua o les bloquean el acceso a las redes de drenaje.

“Y en caso de resistirse, los presionan utilizando al estado a través de la Secretaría del Trabajo o de la Coepris, para obligar a sus víctimas a pagar. Nos preocupa mucho que estas acciones no estén apegadas a derecho, que se realizan bajo amenazas y represalias que tienden a negar la oportunidad a los usuarios para que puedan ejercer su derecho a la defensa”, sostuvieron.

Los dirigentes de los CCE de la entidad manifestaron que los criterios para el cobro de agua han sido variantes y excede las facultades de los organismos operadores ya que invaden competencia de otros organismos como la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y pretenden cobrar en sitios donde no brindan el servicio.

Oficialmente, quedó publicado en el Periódico Oficial de Baja California el Decreto 165, por medio del cual se realizan reformas a la Ley de Ingresos 2022, aumentando la tarifa de agua y la sobretasa al impuesto sobre nómina.

El incremento se dará a partir de los consumos domésticos superiores a los quince metros cúbicos y se aplicarán distintos porcentajes de aumento, de acuerdo con los rangos de consumo de cada usuario. 

Para las tarifas comerciales e industriales los incrementos inician desde los consumos más bajos y también se aplicarán distintos ajustes en proporción a los rangos de consumo del usuario.

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La postura que han mostrado miembros y dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) no cayó bien en la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien calificó como hipócritas las declaraciones realizadas por los representantes del partido blanquiazul sobre el tema del aumento al agua y al impuesto sobre la nómina.

La jefa del Ejecutivo estatal aseguró que en ningún momento se está cobrando a los que menos tienen, pues insistió en que la propuesta que le aprobó el Congreso del estado no s perjudica a usuarios con consumos menores a los 15 metros cúbicos de agua.

“Son unos hipócritas ¿Qué te puedo decir? Nosotros no estamos aumentándole el agua a la gente, a la tarifa doméstica. Al contrario, los primeros 15 metros cúbico están cubiertos, no se afectan” sostuvo la mandataria estatal.

Aseguró no temer a los llamados que dirigentes del PAN han hecho para promover amparos contra las medidas aprobadas en el pasado 25 de octubre en el Congreso del estado. 

Reiteró el discurso respecto a que los ingresos adicionales que se obtengan serán para invertirlo en infraestructura hidráulica en el estado.

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 en consumos mayores a los 15 metros cúbicos y al impuesto sobre la nómina. El delegado único en Baja California, Jesús Ruíz Uribe, lo expresó. 

En conferencia de prensa en capital del estado, el funcionario federal sostuvo que la medida que si es impopular pero los gobiernos locales tienen que procurar garantizar sus propios recursos, más en temas relativos al agua, cuya infraestructura está en malas condiciones en la mayor parte del país.

“Yo cada que voy a una colonia ‘brincan´ las personas pidiendo que se les lleve drenaje y agua potable a sus lugares ¿Cómo vamos a poder hacernos de desaladoras u otros instrumentos para poder hacer llegar el agua si nos manejamos con un cobro del agua barato para las empresas y los grandes consumidores?” sostuvo el delegado.

Desde su punto de vista, incluso se debería buscar aplicarse más impuestos a productos como restaurantes de lujo o bebidas alcohólicas, para lograr una mejor recaudación para la entidad y los municipios. “Te apuesto que el que quiera tomarse una cerveza, aunque le suban (los impuestos) se la toma” apuntó.

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Ante las consecuencias que se vivirán por aplicarse el alza al impuesto sobre la nómina y a la tarifa del agua para usuarios domésticos con consumos mayores a los 14 metros cúbicos, el dirigente en Baja California del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Osuna Jiménez, exigió a la gobernadora del estado vetar el dictamen 122 y no publicarlo en el Diario Oficial. 

“Si las y los diputados de Morena no escucharon a los bajacalifornianos es tiempo de la gobernadora, Marina del Pilar (Ávila Olmeda). Le exigimos que vete ésta intransigencia que hicieron las diputadas y los diputados del Congreso del estado y que le dé, en este caso, la cara a los bajacalifornianos” sostuvo el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) blanquiazul. 

El político tijuanense aseguró que la jefa del Ejecutivo en Baja California está ante una oportunidad única, ya que los legisladores morenistas no escucharon a la población a la hora de votar el pasado martes. Ahora, la mandataria puede hacerlo y vetar el dictamen 122 del Congreso del estado. 

Osuna Jiménez sostuvo que incrementar impuestos, como ocurrió el pasado martes 25 de octubre, debería ser sometido a consulta popular, instrumento que supuestamente promueven en los gobiernos emanados de Cuarta Transformación.

Con una votación de 16 votos a favor y ocho en contra fue aprobada por mayoría simple el dictamen 122 de la Comisión de Hacienda y Gasto Público del Congreso del estado en donde se encuentra la propuesta del Poder Ejecutivo de aumento a la tarifa del agua en consumos superiores a los 15 metros cúbicos de agua, al Impuesto sobre la Nómina y al servicio de escoltas de la Secretaria de Seguridad Ciudadana. 

El dictamen no requería más que mayoría simple, por lo que la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) recurrió al “mayoriteo” y logro sacar adelante la propuesta de Gobierno del estado, recibida apenas el jueves pasado por la noche, por lo que fue analizado solo durante tres días en el Poder Legislativo. 

En una discusión que se extendió más de una hora, hubo señalamientos y acusaciones de diferente tono, pero destacó la del diputado de Morena, Sergio Moctezuma Martínez, único legislador de la bancada guinda y único de mayoría que voto en contra del dictamen. El diputado acuso a su colega y compañero de partido, Juan Manuel Molina García, de amenazarlo con expulsarlo del partido si mantenía su postura opositora.

El señalamiento fue ventilado justo cuando se emitían los sufragios.

La votación quedó de la siguiente forma Diego Echavarría, Alejandrina Corral y Amintha Briceño del Partido Acción Nacional (PAN); Monserrat Rodríguez y Rosa María Zamarripa del Partido Encuentro Solidario (PES); Daylin García de Movimiento Ciudadano (MC); Marco Antonio Blásquez del Partido del Trabajo (PT) y Sergio Moctezuma Martínez de Morena, votaron en contra.

Mientras que Miguel Peña, diputado sin partido; Claudia Agatón y Julio César Vázquez del PT; Adrián González del Partido Verde; y el resto de la bancada de Morena conformada por Julia Andrea González, Rocío Adame, Araceli Geraldo, Michelle Sánchez, Juan Manuel Molina García, Evelyn Sánchez, Gloria Miramontes, Víctor Navarro, Ramón Vázquez, Dunnia Monserrat Murillo, Manuel Guerrero y Alejandra Ang votaron a favor