El presidente de Grupo Calfia, Arturo Aguirre, señala que no existe arbitrariedad en el aumento de tarifas en algunas rutas pues estas estaban autorizadas desde 2018 bajo la administración de Juan Manuel Gastelum, sin embargo decidieron no aplicar el aumento en consecuencias tales como la pandemia y los programas de aquella administración como el de Raite.

“El tema del aumento de tarifa está mal manejado, nosotros tenemos un documento donde nosotros en el 2017 el Ayuntamiento de Tijuana mandó hacer un estudio con el colegio de economistas en donde se determinó cuál era la tarifa real que se debía de implementar por ruta”, explica el empresario conocido como “Napo”.

Señala que en ese momento las tarifas se encontraban muy por debajo de lo que se debería de cobrar por ruta de acuerdo con el estudio por lo que se aprobó un incremento en ese momento en rutas como la Zapata-Reforma en la que la tarifa era de 12 pesos se aprobó subirla a 14 pesos.

Sin embargo, pese a la aprobación por parte del cabildo se llegó a un acuerdo de mantener la tarifa a consecuencia de los proyectos que se avecinaban pero tras el problema de la pandemia decidieron hacer válido el documento a partir de la semana pasada.

“Sabíamos que iba existir inconformidad por parte de los usuarios pero hay que recordar que estamos metiendo unidades Sprinter que son de mejor calidad que las UrVan y que tenemos que seguir pagando además que contamos con sueldos, pago de seguros y permisos y con la disminución del número de pasajeros por la pandemia ya no podíamos sostener el compromiso de no aumentar los precios”.

Dijo que aunque seguirán respetando las tarifas para adultos mayores y personas con discapacidad, esperan generar para el próximo ciclo escolar una tarifa especial para estudiantes que a lo mejor no sea del 50% pero si sería no cubrir la tarifa completa.

La manifestación que realizaron este jueves 9 de marzo choferes de taxis con cromática rojo y negro demostró claramente la saturación innecesaria de unidades en el Corredor Agua Caliente, razón por la cual el Gobierno de Baja California emitió una declaratoria de saturación. 

El coordinador estatal de delegados del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) de Baja California, Aarón Pallares Aceves, recordó que el pasado 24 de febrero el Gobierno del Estado publicó en el Periódico Oficial una declaratoria de saturación del servicio de transporte público en el Corredor Agua Caliente-Díaz Ordaz, lo que da preferencia al uso de transporte público masivo en este corredor, con el objetivo de aminorar el tránsito vehicular al reducir considerablemente el número de unidades que circulan por esta transitada vialidad, así como mejorar el servicio público en beneficio de las y los usuarios. 

"Esta saturación la pudimos observar claramente el día de hoy, cuando vimos a cientos de unidades manifestándose en instalaciones de gobierno, y al mismo tiempo, el transporte en el Corredor Aguacaliente funcionar bien con las unidades que se quedaron prestando servicio, con una mejora considerable en la movilidad de todas y todos los que transitaron por la vialidad", dijo el funcionario estatal. 

Se mostró extrañado de que, durante la manifestación, los participantes no se acercaran a las oficinas del IMOS; ni pidieran hablar con algún funcionario de la dependencia.

"Se apostaron frente a otra oficina, cuando ellos saben perfectamente cuál es la oficina de IMOS. No solicitaron hablar con ningún funcionario, Estábamos preparados para recibirlos, pero es claro que los líderes no quieren eso. No quieren información porque esa ya se les ha proporcionado. Parece que solo buscan manipular a sus seguidores y mantenerlos alejados de las oportunidades de mejora para ellos y sus familias que este nuevo proyecto les puede ofrecer", señaló. 

El funcionario subrayó que quienes afirman que se van a quedar sin trabajo a causa de este proyecto no están informado correctamente, ya que los permisionarios podrán agruparse para asociarse en la operación del corredor, recibiendo de inicio una mensualidad mayor a la que hoy reciben por la renta de sus placas.

Si tienen una unidad y chofer asociada a ese permiso, podrán entrar a trabajar inmediatamente en las 19 rutas alimentadoras del sistema, y de no tener interés de participar en estas opciones, podrán ser reubicados a otras rutas de la ciudad donde no existe saturación, de tal manera que nadie se queda sin su permiso, nadie se queda sin trabajo y nadie corre el riesgo de no poder pagar sus unidades. 

Pallares Aceves destacó que este proyecto de re ordenamiento ofrecerá a las y los usuarios servicio las 24 horas y, a diferencia del transporte que hoy circula por el bulevar Agua Caliente, los nuevos autobuses sí aplicarán descuentos a estudiantes y personas de la tercera edad, serán sustentables al cumplir con los más recientes estándares europeos de bajas emisiones y el 30 por ciento de ellos serán accesibles para personas con discapacidad. Todo esto sin incrementar la tarifa de transporte que hoy se tiene.

"Se trata de brindar un servicio de transporte digno, a la altura de lo que una metrópoli como Tijuana se merece", manifestó.

Reiteró que las puertas del instituto están abiertas para todos los que deseen obtener información. 

"A las y los permisionarios, choferes e inversionistas, les pedimos que no se dejen engañar por pseudolíderes que lo único que buscan es el beneficio propio y darle la espalda a la comunidad tijuanenses, que es a quien todos nos debemos. Reiteramos que las puertas del IMOS están abiertas para todos aquellos que quieren información clara, concisa y transparente sobre los objetivos y las maneras de participar en este importante proyecto para Tijuana", declaró Pallares Aceves. 

Finalmente, hizo hincapié en que estas acciones son parte de la política nacional que se impulsa en todo el país a través de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, además de formar parte del Programa RESPIRA, anunciado por la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, que busca mejorar la movilidad para beneficio de todas y todos los bajacalifornianos.

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Tras la decisión de los diputados del congreso del estado a propuesta de la Gobernadora del Estado de aumentar las tarifas de nómina y del agua, colectivos estatales se manifiestan en contra.

De acuerdo a Carlos Atilano, presidente del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), los abogados realizarán un amparo colectivo en el que quedará de manifiesto la inconstitucionalidad de esta acción que rompe con el principio de proporcionalidad y de accesibilidad al derecho humano del agua tal y como lo marca la constitución. 

Además este domingo se manifestaron en el monumento al libro y recorrieron el boulevard Agua Caliente hacia la Zona Río.

Atilano Peña dijo que la iniciativa aprobada afectará a la mayoría de la población y no solo al 28% como lo dice la autoridad, además el consumo que se tiene en promedio en Baja California y el mal servicio que da por los cortes y la falta por el suministro generan que los recibos no vayan acorde a los consumos, siendo que la ONU ha establecido que para que sea accesible el vital líquido como un derecho humano no debe de afectar más del 3% de los ingresos de los ciudadanos y en la entidad podría ser el 30%.

La postura que han mostrado miembros y dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) no cayó bien en la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien calificó como hipócritas las declaraciones realizadas por los representantes del partido blanquiazul sobre el tema del aumento al agua y al impuesto sobre la nómina.

La jefa del Ejecutivo estatal aseguró que en ningún momento se está cobrando a los que menos tienen, pues insistió en que la propuesta que le aprobó el Congreso del estado no s perjudica a usuarios con consumos menores a los 15 metros cúbicos de agua.

“Son unos hipócritas ¿Qué te puedo decir? Nosotros no estamos aumentándole el agua a la gente, a la tarifa doméstica. Al contrario, los primeros 15 metros cúbico están cubiertos, no se afectan” sostuvo la mandataria estatal.

Aseguró no temer a los llamados que dirigentes del PAN han hecho para promover amparos contra las medidas aprobadas en el pasado 25 de octubre en el Congreso del estado. 

Reiteró el discurso respecto a que los ingresos adicionales que se obtengan serán para invertirlo en infraestructura hidráulica en el estado.

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 en consumos mayores a los 15 metros cúbicos y al impuesto sobre la nómina. El delegado único en Baja California, Jesús Ruíz Uribe, lo expresó. 

En conferencia de prensa en capital del estado, el funcionario federal sostuvo que la medida que si es impopular pero los gobiernos locales tienen que procurar garantizar sus propios recursos, más en temas relativos al agua, cuya infraestructura está en malas condiciones en la mayor parte del país.

“Yo cada que voy a una colonia ‘brincan´ las personas pidiendo que se les lleve drenaje y agua potable a sus lugares ¿Cómo vamos a poder hacernos de desaladoras u otros instrumentos para poder hacer llegar el agua si nos manejamos con un cobro del agua barato para las empresas y los grandes consumidores?” sostuvo el delegado.

Desde su punto de vista, incluso se debería buscar aplicarse más impuestos a productos como restaurantes de lujo o bebidas alcohólicas, para lograr una mejor recaudación para la entidad y los municipios. “Te apuesto que el que quiera tomarse una cerveza, aunque le suban (los impuestos) se la toma” apuntó.

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Ante las consecuencias que se vivirán por aplicarse el alza al impuesto sobre la nómina y a la tarifa del agua para usuarios domésticos con consumos mayores a los 14 metros cúbicos, el dirigente en Baja California del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Osuna Jiménez, exigió a la gobernadora del estado vetar el dictamen 122 y no publicarlo en el Diario Oficial. 

“Si las y los diputados de Morena no escucharon a los bajacalifornianos es tiempo de la gobernadora, Marina del Pilar (Ávila Olmeda). Le exigimos que vete ésta intransigencia que hicieron las diputadas y los diputados del Congreso del estado y que le dé, en este caso, la cara a los bajacalifornianos” sostuvo el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) blanquiazul. 

El político tijuanense aseguró que la jefa del Ejecutivo en Baja California está ante una oportunidad única, ya que los legisladores morenistas no escucharon a la población a la hora de votar el pasado martes. Ahora, la mandataria puede hacerlo y vetar el dictamen 122 del Congreso del estado. 

Osuna Jiménez sostuvo que incrementar impuestos, como ocurrió el pasado martes 25 de octubre, debería ser sometido a consulta popular, instrumento que supuestamente promueven en los gobiernos emanados de Cuarta Transformación.