La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana protección para periodistas que cubren hechos relacionados con el fenómeno migratorio en la entidad.

El ombudsperson, Miguel Mora, informó lo anterior con relación a una serie de amenazas vertidas sobre un reportero durante la cobertura de una manifestación de personas en contexto de migración en la garita Tijuana-San Ysidro. 

En el oficio dirigido a la autoridad municipal se solicita que se refuerce la presencia de elementos policiales en las inmediaciones de la garita Tijuana-San Ysidro, así como en el lugar denominado “El Chaparral”, a efecto de incrementar la capacidad de la seguridad preventiva en la zona, haciéndole saber a su personal comisionado respecto de las amenazas mencionadas, subrayando la importancia de que se instruya a dicho personal su intervención inmediata ante los posibles eventos de conflicto o violencia que en el lugar puedan suscitarse y apoyar al auxilio que en su momento pudieran solicitar las y los periodistas. 

En ese sentido, el Organismo Público Autónomo también reiteró su llamado a la sociedad en general, así como a las instituciones de gobierno, a reconocer al periodismo como una actividad fundamental para garantizar a la ciudadanía el derecho a estar informada.

Asimismo, la CEDHBC solicitará a las autoridades municipal, estatal y federal que atienden a personas migrantes que difundan información a través de diversos medios como la colocación de lonas informativos o el reparto de folletería, acerca de los trámites ante la autoridad migratoria de Estados Unidos, con el objetivo de evitar desinformación que pueda derivar en hechos como los registrados esta mañana en los puestos de cruce peatonal y vehicular. 

Finalmente, Miguel Mora puso a disposición de todas las personas en Baja California el número telefónico del Organismo, (664) 450-3534, las distintas plataformas de redes sociales y el correo electrónico institucional, informacion@derechoshumanosbc.org para presentar Quejas ante posibles vulneraciones a los derechos humanos.

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La periodista Yolanda Caballero fue víctima de un ataque, sujetos aún no identificados lanzaron bombas molotov a su automóvil que estuvo a punto de incendiarse.

F a un costado del bulevar Casablanca, los sujetos quebraron el vidrio de la ventanilla del copiloto de su automóvil y dejaron los artefactos explosivos.

Afortunadamente Bomberos Tijuana lograron contener el connato de incendio y hasta el momento se desconoce la causa del atentado y de los presuntos responsables. Cabe mencionar que la periodista Caballero Jacobo ha sido señalada por la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez debido a su estilo de publicar las noticias y la acusó de querer dinero del erario.

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 La muerte de 65 periodistas, 38 de ellos en zonas de conflicto, llevó a la Unesco a calificar el año 2023 de "letal", pese al descenso en el número de víctimas del cómputo global respecto al ejercicio anterior (88).

"Esta disminución a nivel global oculta un fenómeno muy alarmante: el pronunciado aumento en el número de asesinatos en zonas de conflicto", alertó este martes la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, en un comunicado de prensa.

Los países en los que más muertes en zonas de conflicto se contabilizaron y que coinciden también con lo indicado por el reciente balance anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF) fueron Palestina (19), Líbano (3) e Israel (2).

Todas las muertes de informadores en esos tres territorios fueron contabilizadas a partir de los ataques de Hamas a Israel del 7 de octubre, y no desde el 7 de octubre y no desde principios de año como RSF. Por ello, señalaron que el último trimestre de 2023 ha sido el "más mortífero desde 2007".

Afganistán, Camerún, Siria y Ucrania también fueron puntos mortíferos con al menos dos muertes en cada uno de ellos.

Situación de los periodistas en América Latina y el Caribe

El descenso de mortalidad, en cambio, se produjo en América Latina y el Caribe, donde hubo 15 asesinatos en comparación con los 43 del año pasado.

Estas cifras no incluyen la muerte de periodistas y profesionales del mundo de la comunicación en circunstancias no relacionadas con su profesión.

Las amenazas, las agresiones físicas, las detenciones y la confiscación de equipos son otros de los riesgos a los que están expuestos estos profesionales, según alertó esta organización internacional.

Una situación que, aseguró, puede generar "zonas de silencio", es decir, inaccesibilidad a la información para la ciudadanía desde puntos en los que resulta crucial.

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La Fiscalía General de la República (FGR) cumplió una orden de aprehensión contra Armando Valencia Montalvo, quien presuntamente atacó con “explosivos” el domicilio de un periodista en el municipio de Dzidzantún, Yucatán.

De acuerdo con la FGR, esta persona fue presentada ante un juez de control, quien lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en el delito de daños con uso de explosivos contra un periodista como represalia a su trabajo periodístico.

La pesquisa la inició la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), misma que solicitó el apoyo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para ejecutar la orden de captura.

Sin embargo, el hombre se dio a la fuga después de que un Tribunal de Apelación determinara que las acciones por las que fue vinculado requerían la medida cautelar de prisión preventiva.

Luego de ejecutarse un cateo en Dzidzantún, el imputado fue detenido y posteriormente internado en el Centro de Reinserción Social de Yucatán. Allí quedó a disposición del juez de control de dicha entidad.

La dependencia federal subrayó que la FEADLE determinó ejercer la facultad de atracción que contempla el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que coincide con una política de persecución penal enfocada en abatir la impunidad de agresiones a la prensa cometidas con medios violentos.

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Hombres armados asesinaron este sábado al periodista Nelson Matus en Guerrero. Matus estaba en su coche, en la parte trasera de una tienda, en la colonia Emiliano Zapata, en Acapulco. Según han informado medios locales, sicarios se le acercaron y dispararon contra él, quitándole la vida. Matus quedó tirado junto al vehículo, ya sin vida. Las autoridades de Guerrero no han dado detalles de lo ocurrido.

El asesinato de Matus es el quinto asesinato de un periodista este año en México y el segundo en Acapulco. En mayo, sicarios asesinaron al comunicador Gerardo Torres Rentería en el puerto, esta vez en su casa. A sus 59 años, Torres había sido camarógrafo de Telemundo y cofundador de TV Azteca Guerrero, aunque desde hace unos años vivía alejado de los medios.

Entre 2000 y 2022, al menos 161 periodistas han sido asesinados en México en presunta relación con su labor, según la cuenta de la organización Artículo 19. Solo el año pasado fueron 13, el más letal desde que se tiene registro. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), que cuenta los asesinatos y muertes violentas de periodistas y trabajadores de los medios, rebajan la cifra global a 142.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno federal otorgó medidas de protección al reportero Carlos Jiménez luego de las amenazas contra su vida por parte de un grupo de hombres armados.

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo dijo que en la reunión de este jueves del Gabinete de Seguridad se acordó proteger al comunicador de nota roja que fue amenazado.

“Se le dio la protección, pidió un auto blindado, la protección y ya se le dio”, dijo el Mandatario.

En redes sociales se difundió un video donde aparece un grupo de hombres encapuchados que leen un mensaje contra el comunicador.

El presidente López Obrador dijo que no tiene conocimiento que las “corcholatas presidenciales” hayan solicitado protección para sus recorridos por el interior del país.

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