Aunque no todos son procedentes, por no haber agotado todas las instancias gubernamentales, el Congreso del Estado ha recibido al menos 5 solicitudes de Juicio Político, de las cuales hasta el momento sólo una ha sido dictaminada como procedente.

Así lo estableció la diputada local Rocío Adame Muńoz, Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado (JUCOPO), al exponer como invitada del Grupo 21 Tijuana que coordina Fausto Quintana, donde confirmó que al interior de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional que preside, ya se dictaminó y es procedente interponer juicio político contra el Alcalde de Ensenada Armando Ayala Robles.

‘’Como cualquier proceso de juicio, ya se dictaminó procedente al interior de la comisión para subirla al pleno del Congreso del Estado, del mismo no podemos ampliar resultados como cualquier caso que es investigado, para no interferir en el tema’’, sostuvo la legisladora.

En el caso de la solicitud para proceder de igual manera con la Alcaldesa de Playas de Rosarito, Aracely Brown, apenas se recibió el viernes por la tarde vía oficialía de partes, por lo que actualmente está en Presidencia, ‘’se debe seguir el curso como cualquier solicitud y luego se procede a la formación del expediente para la comisión que habrá de atender este juicio político, como un tribunal, atendiendo a los elementos que se deben de dar, y también la posibilidad de quien ha sido seńalado, para que se defienda’’, dijo.

Por parte del PAN dijo, se recibió también una solicitud de juicio político que está en el mismo estatus; en el caso de una solicitud similar contra el Secretario de Hacienda estatal, es el quinto juicio político que está llegando al Poder Legislativo aseguró.

Anticipó que los otros casos tienen que ver con un laudo de Cabildo de Tijuana, que no había cumplido con la ejecución de una sentencia laboral; también el caso de un juez por retraso de unas audiencias, son temas administrativos que no agotaron todas las instancias gubernamentales necesarias, por lo que son improcedentes para un juicio político, concluyó la diputada Rocío Adame.

La Red de Periodistas de Mexicali expresa su profunda preocupación y condena ante el comportamiento inaceptable del director administrativo del Congreso del Estado y ex diputado, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez. Este jueves, Navarro Gutiérrez hostigó a una colega del medio Punto Norte, quien tras una rueda de prensa, se encontró en una situación vulnerable como resultado de las acciones del funcionario. 

Durante el evento, los diputados de Morena, incluido Navarro, respondieron a las críticas sobre la falta de atención a manifestantes, y fue después de la conferencia que Navarro convocó a la reportera a su oficina con la solicitud de que no llevara su celular, alegando que no deseaba que la conversación fuera grabada.

Dentro de su oficina, el director administrativo no solo cuestionó el trabajo de la periodista, sino que además hizo comentarios inapropiados sobre su apariencia personal, lo que intensificó la precariedad de la situación. La Red de Periodistas de Mexicali hace un llamado enérgico al Congreso del Estado para que se tomen medidas enérgicas contra este tipo de comportamientos y para que se refuercen los mecanismos de protección a las mujeres y a la libertad de expresión en general.

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Los diputados integrantes de la XXIV Legislatura aprobaron la nueva Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Baja California y sus municipios a iniciativas presentadas por la gobernadora del estado Marina del Pilar Avila Olmeda y por la diputada Daylín García Ruvalcaba.

Explicaron que la aplicación de la presente Ley corresponde al Poder Ejecutivo del Estado y a los municipios por conducto de la Autoridad de Mejora Regulatoria que corresponda en el ámbito de sus respectivas competencias.

Son objetivos de la política de mejora regulatoria procurar que las regulaciones que se expidan generen beneficios superiores a los costos y produzcan el máximo bienestar para la sociedad; Promover la eficacia y eficiencia de la Regulación, Trámites y Servicios de los Sujetos Obligados;

Además de impulsar y desarrollar una cultura que considere a las personas como centro de la gestión gubernamental; así como proyectar, a través del Sistema Estatal, los mecanismos de coordinación y participación entre las Autoridades de mejora regulatoria para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

Afirmaron que será el Consejo Estatal la instancia responsable de coordinar la política de mejora regulatoria y está integrado por: Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá; Titular de la Secretaría de Economía e Innovación; Titular de la Coordinación de Gabinete; Titular de la Agencia Digital, quien fungirá como Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal; Titular de la Consejería Jurídica.

Así como la Persona Titular de la Secretaría de Hacienda; Titular de la Oficialía Mayor de Gobierno; Titular de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública; Titular de la Secretaría General de Gobierno; Titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial; Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Tres personas representantes del Sector Empresarial; Tres personas representantes del Sector Educativo; Tres personas representantes del Sector Social; Titulares de las Presidencias Municipales del Estado; La persona que Presida la Comisión de Desarrollo Económico de la Legislatura del Estado; y, La persona que Presida el Colegio de Notarios de Baja California.

Explicaron que el Consejo tendrá las atribuciones de implementar la estrategia, y formular, desarrollar y vigilar la ejecución, asimismo aprobar, a propuesta de la Agencia Digital la Estrategia Estatal; Determinar los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información; y emitir recomendaciones a los Sujetos Obligados, para el debido cumplimiento de las disposiciones de esta Ley.

También se aprueba la reforma a los artículos 21 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, con la finalidad de conducir y supervisar la ejecución de la política pública de Mejora Regulatoria del Estado y las acciones que corresponden en esta materia, a fin de promover la mejora de las regulaciones y la simplificación de trámites y servicios, así como la transparencia en la elaboración y aplicación de estos.

De igual forma se busca promover y estimular el desarrollo de nuevas empresas y el crecimiento de las existentes; con la intención de facilitar los mecanismos de apertura rápida de empresas a través del Programas respectivos.

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El próximo lunes 14 de noviembre darán inicio las glosas de las dependencias estatales ante el Congreso del estado para preparar el Presupuesto de Egresos de Baja California para el año 2023. La propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la actual Legislatura fue aprobada en el pleno en la sesión ordinaria de este jueves 10. 

Será una semana intensa de actividades en el Congreso de Baja California, pues serán hasta cinco glosas diarias las que se desahoguen en sesiones de comisión programadas en dos horas cada una. 

Las actividades darán inicio el lunes 14 de noviembre a las 09:00 horas, cuando acuda a su comparecencia Alejandro Arregui Ibarra, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) ante la Comisión del Trabajo, que preside Miguel Peña Chávez, diputado del Partido Encuentro Solidario de Baja California (PES BC). 

Ese mismo día se realizarán las comparecencias del secretario del Campo y Seguridad Alimentaria, Juan Melendrez; de Pesca y Acuacultura, Alma Rosa García; de Cultura, Alma Ábrego; y Economía e Innovación, Kurt Honold. 

Para el martes 15 de noviembre se realizarán las glosas de los titulares de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial (Sidurt), Arturo Espinosa Jaramillo; Inclusión Social e Igualdad de Género, Myriam Cano Núñez; Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Mónica Vega; la Consejería Jurídica, José Juan Pon; y Honestidad y la Función Pública, Rosina del Villar. 

El jueves 17 de noviembre se tiene programada la asistencia de los secretarios y secretarias de Seguridad Ciudadana de Baja California, Gilberto Landeros Briceño; de Salud, Adrián Medina Amarillas; para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, Armando Fernández Samaniego; de Educación, Gerardo Solís Benavides; y Bienestar Social, Netzahualcóyotl Jauregui. 

Mientras que el viernes 18 de noviembre se presentaran ante comisiones del Congreso los titulares de Turismo, Miguel Aguiñiga, de Hacienda, Marco Moreno Mexia; y de la General de Gobierno, Catalino Zavala Márquez.

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El Diputado Juan Manuel Molina García, presentó iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado de Baja California, con la finalidad de establecer un nuevo medio de impugnación en materia electoral por el cual, cualquier ciudadano pueda someter a la decisión del Tribunal de Justicia Electoral, situaciones que le afecten, teniendo así acceso a la justicia electoral.

En su exposición de motivos, el legislador Molina García mencionó que la ciudadanía busca incansablemente alternativas que permitan en cada momento un mejor desarrollo humano, social y político, y a la vez que tengan un sentido de transformación en la vida pública de la Entidad.

Por ello, se busca que se legislen normas que regulen, precisen y determinen los requisitos de procedencia de un medio de impugnación, apto para controvertir los actos o resoluciones de los órganos y autoridades electorales, que violen los derechos políticos electorales del ciudadano, precisó.

Dijo que la propuesta pretende velar que en todo momento el derecho a votar y ser votado, estableciendo un medio de impugnación que salvaguarde los derechos político electorales del ciudadano en el Estado.  

Explicó que los Derechos Políticos Electorales del ciudadano son: votar en las elecciones populares; ser votado para todos los cargos de elección popular; casociación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos, afiliación libre e individual a los partidos políticos e integrar autoridades electorales en las entidades federativas. 

Expuso que resultará procedente impugnar los actos y resoluciones por quien, teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho por parte de los órganos y autoridades electorales en el Estado.

Molina García detalló que, en materia de juicio, este podrá ser promovido por los ciudadanos cuando habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no hubiere obtenido oportunamente el documento que exija la ley electoral respectiva para ejercer el voto.

También cuando considere haber sido indebidamente excluido de la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio.  

Además, cuando se violente su derecho político-electoral de ser votado, habiendo sido propuesto por un partido político, le sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular. 

El juicio sólo será procedente cuando el actor haya agotado todas las instancias previas y realizado las gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho político–electoral presuntamente violado, en la forma y en los plazos que las leyes respectivas establezcan para tal efecto, indicó. 

La presente iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales para su respectivo análisis y posterior dictaminación.

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Los 3 millones de pesos que se solicitó al Congreso del estado para aplicarse en la logística de visitas presidenciales a Baja California no son del presupuesto de la Secretaria de Salud, sino de Oficialía Mayor. La gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, lo aseguró.

La mandataria argumentó que el recurso si es dinero para insumos sanitarios para prevenir el covid 19, como gel antibacterial o cubrebocas, pero no es para la Secretaria de Salud sino que se trata de material que se distribuiría entre el mismo personal de las dependencias estatales.

"No es un recurso que venga de la Secretaria de Salud propiamente, sino que es, lo que me informan, de Oficialía Mayor que se utilizaba para adquirir gel antibacterial y otro insumos" sostuvo.

Agregó que el tema se revisará en su oficina porque en su administración no se permitirá ningún gasto que no sea "estrictamente necesario".

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