De acuerdo con el titular de la Secretaría de Bienestar Municipal, Gerardo López Montes, no hay una fecha establecida por el ayuntamiento para desalojar a las personas migrantes que permanecen en el puerto fronterizo de El Chaparral.

Dijo que desde que entró en funciones este gobierno municipal, han atendido el tema en varios aspectos debido a que buscan que tengan mejores condiciones de vida.

Por lo que realizaron un censo para conocer las necesidades y el número de personas que ahí siguen, además de la instalación un albergue.

Del cual dijo está en buenas condiciones, pero las personas migrantes se desisten a moverse de ese lugar.

De igual forma comentó que tanto las autoridades estadounidenses como federales mexicanas no han exhortado al ayuntamiento para que desaloje a las personas migrantes de El Chaparral.

El Puente México, mejor conocido como El Chaparral, fue reabierto a la circulación vehicular luego de permanecer cerrado durante siete días por trabajos de mantenimiento y rehabilitación.

El presidente municipal de Tijuana, Abdiel Gutiérrez Coronado, encabezó la reapertura y realizó un recorrido de supervisión por la zona, donde destacó la importancia de la vialidad para la movilidad de la ciudad, al estimarse que por este punto transitan diariamente más de 42 mil 900 personas.

“Ya pueden utilizar de nuevo el puente, porque ya está listo. Esta es una obra que responde directamente a una necesidad de la ciudadanía y que forma parte de las acciones permanentes de mantenimiento que realizamos en el Gobierno Municipal”, señaló el alcalde.

Invierten 1.2 millones de pesos

La secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano, Virginia Vargas González, informó que los trabajos representaron una inversión aproximada de 1.2 millones de pesos.

La intervención contempló la reposición de 11.70 metros lineales de junta de dilatación, además de la construcción de protección en el apoyo número 7 del puente vehicular.

También fueron instalados elementos para restringir el acceso al área ubicada debajo del cabezal del puente, como una medida adicional para reforzar la seguridad de la infraestructura.

Con la conclusión de los trabajos, El Chaparral recuperó su circulación habitual, permitiendo nuevamente el tránsito por una de las vialidades utilizadas para la conexión entre la Zona Centro y otros puntos de Tijuana.

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Jeronimo Castro Fuentes, Coordinador Municipal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Tijuana, anunció que este jueves, con el inicio del Mundial, cerrarán la garita El Chaparral.

Aunque aún no se ha definido el horario, Castro Fuentes aseguró que la manifestación será pacífica, al igual que las movilizaciones realizadas desde el pasado lunes 1 de junio en el estado.

La semana pasada, el cierre de la garita El Chaparral duró aproximadamente dos horas y afectó únicamente el tránsito desde Estados Unidos hacia México. 

El horario exacto de esta nueva manifestación será informado en las próximas horas, pero de manera tentadora, se espera que coincida con la inauguración del Mundial 2026.

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Este lunes, el cruce peatonal de la garita El Chaparral, un punto clave para miles de ciudadanos, fue cerrado de manera temporal por agentes de migración sin comunicar oficialmente las causas de esta decisión. 

Con un horario habitual de operaciones que abarca desde las 6:00 horas hasta las 14:00 horas, el cierre sorprendió a los usuarios que llegaron al puerto fronterizo en horas del mediodía. Ante la imposibilidad de cruzar hacia Estados Unidos, muchos se vieron obligados a trasladarse a la garita de San Ysidro, un punto de cruce más empleado que podría verse saturado por el aumento en el flujo de personas.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el cruce de Estados Unidos hacia Tijuana, que opera de 15:00 horas a 22:00 horas, también se verá afectado por el cierre temporal. 

Ahora la incertidumbre genera inquietud entre los usuarios que dependen del cruce diario para trabajar, así como a aquellos que cruzan para visitar familiares o acceder a servicios en la unión americana.

Mientras tanto, las autoridades migratorias no han revelado detalles sobre la situación, lo que ha llevado a especulaciones sobre las razones del cierre y la duración del mismo.

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Montserrat Caballero Ramírez, ex alcaldesa de Tijuana, emitió una declaración en sus redes sociales, en la que expresó su preocupación por lo que considera una serie de irregularidades en el proceso de entrega-recepción del gobierno municipal. 

Caballero Ramírez, quien asegura que este proceso podría estar vinculado a un posible abuso de autoridad, señala varios puntos de irregularidad que levantan cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.

Entre los principales puntos que la ex funcionaria menciona, destaca que aún faltan 30 días para la culminación del proceso de entrega-recepción, en el que la ley establece un plazo de 45 días para realizar aclaraciones. 

Además, denuncia que el señor Marcelo Machaín no recibió la debida notificación de su situación y que no se cumplió con la garantía de audiencia correspondiente, lo que, según ella, viola claramente los principios del debido proceso.

"El tiempo nos dará la razón", afirma Caballero Ramírez, dejando entrever que confía en que, a medida que el proceso avance, se evidenciarán las irregularidades que denuncia. 

Acompañando su declaración, la ex alcaldesa compartió el documento que pretenden respaldar sus afirmaciones, invitando a la ciudadanía a prestar atención al tema en lugar de burlarse de "la ignorancia".

Por otro lado, la ex alcaldesa también se refiere de manera irónica al poder de la impunidad, sugiriendo que, a pesar de las circunstancias desfavorables, podría “trabajar honorariamente en algún lugar” dado el contexto actual.

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El Congreso del Estado de Baja California no aprobó la cuenta pública del Ayuntamiento de Tijuana correspondiente al ejercicio fiscal 2022, durante la discusión del Dictamen número 21 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público celebrada esta tarde.

El Diputado Jorge Ramos destacó el trabajo realizado por los técnicos del Órgano Superior de Fiscalización, y propuso que se notifique a la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre posibles irregularidades que van más allá de faltas administrativas, sugiriendo que podrían constituir delitos que afecten gravemente el patrimonio del Ayuntamiento tijuanense.

“Se trata de un monto aproximado de 400 millones de pesos en contratos relacionados con la prestación de servicios, los cuales corresponden a funciones que ya están siendo ejecutadas por servidores públicos. Nos estamos acostumbrando a escuchar cifras exorbitantes, pero 400 millones de pesos equivale al 70% de la recaudación total del impuesto predial de Tijuana”, expresó el legislador.

Ramos mencionó que, solo para el cobro de la cartera vencida del impuesto predial, se adjudicó un contrato de 47 millones de pesos. Sin embargo, el resultado final fue un incremento en la cartera vencida, que ahora supera los 600 millones de pesos.

Los contratos para "Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar" suman 55 millones 630 mil 706 pesos, distribuidos entre seis proveedores para el cobro del impuesto predial. Se observó incumplimiento en tres de estos contratos, que representan erogaciones por más de 27 millones de pesos.

Entre los hallazgos, destaca un contrato por más de 13 millones de pesos, del cual no se ha encontrado evidencia del servicio prestado ni de evaluaciones, además de actividades no justificadas que ascienden a más de 8 millones 487 mil 486 pesos en cobranza prejudicial, extrajudicial y judicial, así como otro por 5 millones 876 mil 363 pesos relacionados con embargos y remates.

Respecto al "pase médico y turístico", que recaudó más de 100 millones de pesos, ya está bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción, pero no se ha encontrado información sobre el destino de los fondos otorgados a asociaciones civiles y fundaciones, ni sobre sus beneficios para la población.

Las irregularidades mencionadas provienen de una auditoría realizada por el Órgano Superior de Fiscalización, compuesto por expertos en la materia, lo que respalda el carácter objetivo del dictamen que se presentó a los diputados y fue aprobado por unanimidad por legisladores de todas las fuerzas políticas en el estado.

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