La senadora por Baja California, Alejandra León Gastélum, ex militante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), criticó el proceso de elección de consejeros estatales que el instituto político realiza este sábado. 

A través de sus redes sociales, la senadora de origen mexicalense, señaló que los perfiles que se presentan como candidatos y candidatas no son de Morena, sino que se trata de integrantes de otros partidos que se adhirieron luego de las recientes victorias electorales en el estado, donde han conseguido dos gubernaturas, todos los municipios y la mayoría en el Congreso del estado en dos elecciones consecutivas. 

"Hoy votarán por priistas y panistas para consejeros de Morena…" fue el mensaje que compartió la senadora en su cuenta oficial de Facebook. 

León Gastélum fue expulsada de Morena el 09 de julio de 2020, ya como miembro de la Cámara Alta, luego de que la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido guinda determinó conductas indebidas de la legisladora al apoyar a Jaime Martínez Veloz, candidato del PRD, en las elecciones del 2019.

Ya en 2018 habían sido suspendidos sus derechos partidistas cuando se difundió el video de su festejo excesivo al obtener la senaduría en las elecciones federales de ese año.

El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California señaló que el desalojo de sus oficinas en Tijuana derivó de una controversia entre el arrendador y el subarrendador, y sostuvo que el partido cumplió con los pagos establecidos en el contrato celebrado con este último.

En un comunicado, Morena indicó que el subarrendador habría incumplido sus obligaciones de pago frente al propietario del inmueble, lo que, según el partido, dio lugar a la ejecución de una orden de desalojo.

La dirigencia estatal afirmó que el movimiento se vio afectado por una disputa ajena a sus responsabilidades contractuales y aseguró que realizó oportunamente los pagos correspondientes al subarrendador.

El partido también informó que, antes de estos hechos, ya había presentado una propuesta para reubicar las oficinas de Casa Morena, al considerar que el espacio actual no era el más adecuado para sus actividades. Añadió que aprovechará la situación para concretar el cambio y que próximamente dará a conocer la nueva ubicación.

Finalmente, Morena reiteró su compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones y dijo que dará seguimiento al caso por las vías correspondientes.

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Algunos morenistas en Baja California parecen adelantarse a la jornada electoral de 2027, en busca de posicionarse y asegurar su lugar en las futuras boletas electorales. La diputada federal Julieta Ramírez Padilla ya ha colocado lonas con su imagen y nombre en varias colonias de Tijuana, en un intento por mantenerse visible, mientras también aspira a la gubernatura del estado.  

Otro de los actores que muestra signos de desesperación es Alfredo Álvarez Cárdenas, quien dejó la Secretaría General de Gobierno de Baja California el pasado 8 de abril, asegurando que buscará participar como candidato a la gubernatura en el próximo proceso electoral.  

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), los procesos preelectorales iniciarán en septiembre con las precampañas, que se extenderán hasta diciembre o enero, y las campañas oficiales comenzarán en marzo del próximo año. Estas acciones tempranas reflejan el interés y las estrategias de algunos morenistas por posicionarse de cara a las elecciones de 2027.

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La dirigencia nacional de Morena llegará a Baja California el próximo viernes 3 de octubre, en una visita que forma parte de la gira nacional de fortalecimiento organizativo en preparación hacia las elecciones de 2027. La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California, Rosina del Villar Casas, informó que este encuentro busca consolidar la unidad y reforzar las acciones del movimiento en la entidad.

Durante su visita, la dirigente nacional, Luisa María Alcalde Luján, acompañada por integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, sostendrá reuniones de coordinación con los Comités Seccionales, así como encuentros con militantes y simpatizantes. Además, participará en actividades relacionadas con el Plan Municipalista y brigadas de credencialización, con el fin de fortalecer la estructura territorial del partido en la región.

“Esta visita representa un paso decisivo para consolidar la unidad de Morena en Baja California y fortalecer los trabajos organizativos que nos permitirán llegar con fuerza y cohesión a 2027”, expresó Rosina del Villar Casas.

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La mañana del 21 de septiembre, soldados y marinos irrumpieron en Los Quintero, un rancho enclavado en Colipa, Veracruz. El objetivo: rastrear pistas sobre la desaparición del empresario Neptalí González López. Lo que no esperaban encontrar era a la presidenta municipal en funciones, Gabriela Alejandra Ortega Molina, alcaldesa morenista de 38 años.

El rancho, según los registros oficiales, pertenece a José Gil Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero, uno de los capos históricos del narcotráfico mexicano y líder del Cártel de Caborca.

Durante ocho horas, Ortega Molina permaneció bajo custodia de las fuerzas armadas mientras peritos revisaban la propiedad. No existía orden de aprehensión en su contra, pero el simple hecho de haber sido localizada en un sitio vinculado a la familia Quintero detonó una ola de dudas: ¿qué hacía ahí la alcaldesa de un municipio marcado por la violencia y la disputa criminal?

Al caer la tarde, fue liberada. El dueño del rancho y sus escoltas habían escapado minutos antes del operativo, dejando tras de sí un escenario cargado de sospechas.

Hasta ahora, la alcaldesa no ha dado explicaciones públicas. Su silencio alimenta versiones encontradas: desde una posible visita personal hasta especulaciones sobre vínculos políticos con quienes operan en la sombra del crimen organizado en el norte de Veracruz.

El episodio no solo exhibe la vulnerabilidad de la región, sino también el choque de dos mundos: el de la política local y el de las redes criminales que, una y otra vez, terminan cruzando caminos.

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Hasta las últimas consecuencias se investigará a las personas que realizaban afiliaciones al partido Morena en las filas de ciudadanos que acudían a registrarse a programas sociales federales, en las aceras de las oficinas de Bienestar Federal en Mexicali y Tijuana.

Así lo informó Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado federal de Programas para el Bienestar en Baja California, durante una conferencia de prensa en la que presentó los rostros de los presuntos responsables para que sean identificados y sancionados.

El funcionario señaló que también se indagará si algún servidor público estuvo detrás de estas acciones indebidas y enviará la información, incluidas fotografías y documentos, a la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Rosina del Villar Casas.

Ruiz Uribe subrayó que, aunque Morena realiza el programa de afiliación más grande del país, este no debe mancharse con prácticas que utilicen los programas sociales para captar militantes. Reveló que se detectó un vehículo blanco Versa con placas BXC-870-A, vinculado a la empresa OPTI-SOURCE, S de R.L. de C.V., participando en estas actividades, lo que también será motivo de investigación.

“El Gobierno es una cosa y el partido es otra, eso no lo vamos a permitir. Los programas sociales no tienen ideología política y nadie debe ser obligado a afiliarse dentro de oficinas públicas”, enfatizó.

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