Piden a las autoridades de la Fiscalía hagan justicia, ya que el Ex Gobernador dicen tiene muchos pendientes por en el Estado.

Hoy militantes del Partido Acción Nacional detallaron que Amador Rodríguez y Jaime Bonilla asistieron sin ningún nerviosismo ya uno cuenta con fuero y otro con un amparo lo cual les da una tranquilidad de evadir la justicia, detallo Mario Osuna.

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Hassan Martín Franco Ruiz, Secretario General del Partido Acción Nacional (PAN) en Tijuana, expresó su preocupación y rechazo ante el reciente nombramiento de Julieta Ramírez como coordinadora estatal de la defensa de la transformación y la soberanía nacional en Baja California, por parte de Morena. 

En entrevista, señaló que esta designación fue resultado de un asunto interno del partido morenista, que fue llevado a la opinión pública por ellos mismos.

Franco Ruiz hizo énfasis en los antecedentes negativos de Julieta Ramírez, quien ha sido sancionada por el Instituto Nacional Electoral (INE) por actos anticipados de campaña, además de estar señalada por presuntos nexos con actividades delictivas e investigada por autoridades estadounidenses. 

El dirigente panista criticó la figura de Ramírez, calificándola como una candidata con un inicio cuestionable y con antecedentes que generan dudas sobre su idoneidad para un cargo de esa magnitud.

Asimismo, el Secretario General del PAN recordó que existen medidas cautelares en contra de Ramírez, ordenadas por las autoridades, por promover su nombre en actos proselitistas y por realizar campañas anticipadas en todo el estado. 

Señaló que, en lugar de fortalecer la transparencia y la legalidad, Morena estaría poniendo en un puesto clave a una persona con antecedentes polémicos, lo cual, a su parecer, refleja un método de selección poco claro y cuestionable, que no parece haber sido resultado de una decisión popular ni de un mandato de palacio nacional.

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En una conferencia de prensa, la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Lizbeth Mata Lozano, informó que actualmente no hay candidaturas definidas para los próximos procesos electorales. Sin embargo, reconoció que existe un gran ruido político en torno a posibles aspirantes, entre ellos el comunicador Gustavo Macalpin y el exgobernador José Guadalupe Osuna Millán.  

Mata Lozano puntualizó que, aunque se ha mencionado que un exgobernador busca defender a Tijuana replicando su gestión en el estado, no hay diálogo directo con Osuna Millán ni ha existido una interacción formal en la institución.  

Asimismo, explicó que el partido sigue en pleno proceso interno, con nuevas reglas que promueven la apertura ciudadana. Este proceso, que comienza en mayo, contempla la inscripción en una plataforma digital donde cualquier ciudadano podrá registrar su intención de participar. Después de la inscripción, se realizará un análisis para determinar quiénes desean competir en las próximas elecciones.  

La dirigente del PAN destacó que la participación ha sido amplia, incluyendo no solo a militantes, sino también a ciudadanos interesados en formar parte del proceso. Además, anticipó que tras esta etapa se iniciará un nuevo ciclo de mediciones ciudadanas para evaluar el posicionamiento de los aspirantes, con un enfoque en la defensa de la patria, la libertad y la familia.

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Tijuana.- El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Echevarria, aclaró que no fue quien pagó por los espectaculares colocados en Mexicali. 

En una conferencia de prensa, el legislador se deslindó de la responsabilidad y confirmó que solicitó su retiro tanto en el Instituto Estatal Electoral como en el Ayuntamiento de Mexicali, donde pidió que se retiraran los anuncios.  

Echevarria explicó que la información sobre su participación en la colocación de los espectaculares surgió de una entrevista previa y que, con la intención de evitar cualquier posible acto anticipado de campaña, decidió solicitar su retiro.  

El diputado señaló que hasta el momento no ha recibido ninguna denuncia formal y aseguró que, en caso de que se presente alguna, la atenderá de manera responsable.

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 El Partido Acción Nacional (PAN) condenó los hechos ocurridos en el domicilio de la familia del diputado César Damián Retes, en los que se registró un ingreso no autorizado mientras se encontraban en el lugar su esposa e hija. 

A través de un comunicado, el PAN solicitó protección e investigación para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de la familia del legislador.

El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y el Comité Ejecutivo Nacional del partido manifestaron su respaldo al diputado y a su familia, y demandaron que las autoridades correspondientes tomen las medidas necesarias para garantizar su integridad. El coordinador del grupo, Elías Lixa, afirmó: "Nuestro compañero diputado César Damián y su familia tienen todo nuestro respaldo y apoyo. Las autoridades están obligadas a garantizar su seguridad. Vamos a acompañarlo en todo momento."

El comunicado señala que el hecho ha sido referido como una posible advertencia y que ya existen señalamientos públicos relacionados con seguridad y extorsión en la entidad. Además, el PAN solicitó a las autoridades de Baja California, encabezadas por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, que aseguren la integridad del diputado y de su familia.

Asimismo, el partido hizo un llamado al Gobierno Federal para implementar medidas de protección y llevar a cabo una investigación que permita esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Tanto el Comité Ejecutivo Nacional como el Grupo Parlamentario del PAN indicaron que darán seguimiento al caso a través de las instancias correspondientes.

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El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por un juez, tras ser señalado por presuntos delitos relacionados con el ejercicio indebido de funciones durante su administración.

¿De qué se le acusa?

De acuerdo con las investigaciones, el exmandatario es señalado por presunto abuso de autoridad y decisiones administrativas que habrían causado afectaciones al erario público.

La acusación se centra en la contratación de la empresa Next Energy durante la gestión de Bonilla como gobernador para construir una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, obra que jamás se construyó. La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) revela que el contrato comprometía al estado a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, lo que equivalía una deuda superior a los 37 mil millones de pesos garantizados con participaciones federales.

El juez determinó que Bonilla podrá enfrentar el proceso en libertad, pero deberá cumplir con ciertas medidas cautelares, como:

• Presentarse periódicamente ante la autoridad
• No salir del país sin autorización
• Mantenerse disponible para el proceso judicial
• Proceso en curso

La vinculación a proceso no implica culpabilidad, sino que existen elementos suficientes para continuar con la investigación en su contra.

Será en las siguientes etapas cuando se determine si el caso avanza a juicio y se deslindan responsabilidades.

Jaime Bonilla Valdez gobernó Baja California de 2019 a 2021 y posteriormente se desempeñó como senador.

El caso ha generado atención pública debido a su relevancia política en el estado y a los señalamientos sobre el uso de recursos durante su administración.

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