El Juzgado Decimosegundo de Distrito en Baja California, a cargo del juez Alfonso Javier Flores Padilla, negó categóricamente la concesión de un amparo definitivo al ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien actualmente se encuentra prófugo a nivel internacional.

Según informó el juez, Bermúdez Requena promovió la solicitud de un amparo en abril pasado, en la que alegaba que existía una orden de aprehensión en su contra emitida por autoridades de Baja California y otras entidades. Sin embargo, el magistrado explicó que el ex funcionario no cumplió con los requisitos necesarios para que su petición fuera aceptada, entre ellos la exhibición de una garantía jurídica.

El juez Flores Padilla detalló que durante la audiencia final celebrada hoy, se desestimó la solicitud de suspensión definitiva, lo que permite que Bermúdez Requena pueda ser detenido en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, dado que ya se emitió una alerta internacional por medio de la Interpol.

El magistrado aclaró que la demanda de amparo, conocida como “buscapiés”, fue presentada por Bermúdez Requena, un trámite que puede realizar cualquier ciudadano residente en el país. Sin embargo, en este caso, la petición no fue acompañada de la garantía requerida, por lo que fue desestimada.

También, explicó que en abril, el expediente número 249/2025 fue abierto en respuesta a la solicitud del ex funcionario. En ese momento, se le otorgó una suspensión provisional para evitar su detención, pero ésta quedó sin efectos tras la audiencia final, al confirmarse que existía una orden de aprehensión en su contra en Tabasco.

El juez Flores Padilla concluyó que, debido a la existencia de dicha orden y a la remisión del expediente al juez competente en Tabasco, su juzgado ya no tiene jurisdicción para continuar con el proceso.

Hernán Bermúdez Requena, quien es reclamado por delitos relacionados con secuestro, una falta que se sanciona con prisión, permanece prófugo, y su situación legal continúa en espera de su captura internacional.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, asegurando que no elimina el derecho de los ciudadanos a interponer recursos legales ni la posibilidad de obtener suspensiones provisionales ante actos de autoridad.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria calificó como “absolutamente falso” que la propuesta del Ejecutivo busque debilitar los mecanismos de defensa de las personas frente al Estado.

“Quien diga que el gobierno le está quitando el derecho al ciudadano de ampararse es falso. Quien diga que le está quitando el derecho de la suspensión provisional es falso. Absolutamente falso”, afirmó Sheinbaum.

Explicó que el objetivo de la reforma es fortalecer la función original del amparo, es decir, proteger al ciudadano frente a un acto de autoridad, evitando que este recurso se utilice para detener políticas públicas de carácter general.

La presidenta detalló que el proceso de amparo seguirá manteniendo sus etapas —incluida la suspensión provisional— y subrayó que la iniciativa busca prevenir abusos con fines políticos o económicos.

Aunque la propuesta ha generado debate entre especialistas y organizaciones civiles, Sheinbaum insistió en que la reforma “protege a la ciudadanía y respeta el Estado de derecho”, al tiempo que busca hacer más eficaz y transparente el sistema de justicia en el país.

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Rosalinda González Valencia, La Jefa, promovió un amparo ante un juez de distrito con sede en Jalisco, por presuntas violaciones a sus derechos humanos, informó su abogado, Víctor Beltrán. 

La esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, denunció que se han violentado sus derechos humanos y su derecho al debido proceso en el reclusorio femenil de Morelos, donde permanece detenida. 

En diciembre pasado, su equipo de abogados promovió un juicio de garantías contra dichas violaciones, sin embargo, el amparo fue desechado. Ya en revisión, un Tribunal Unitario brindó protección a la quejosa. 

Rosalinda Valencia es acusada de delitos como operación con recursos de procedencia ilícita, fue detenida en noviembre pasado durante un operativo en Zapopan, Jalisco. 

Su aprehensión provocó que dos elementos de la Secretaría de Marina Armada de México fueran privados de su libertad en avenida Aviación, en Zapopan. 

Días después, los dos marinos fueron puestos en libertad en Puerto Vallarta, Jalisco. 

Ocho personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por su presunta participación en la privación ilegal de los dos marinos. 

Entre los detenidos está Manuel 'N', pareja sentimental de Laisha Oseguera González, hija de Nemesio Oseguera.

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Un juez federal amparó al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, contra la orden de aprehensión emitida por lavado de dinero y delincuencia organizada.

La sentencia notificada este martes por el Juez Octavo de Distrito en Tamaulipas protegerá al gobernador hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva si conserva el fuero constitucional o hasta que termine su mandato al frente del estado.

La orden de aprehensión contra el gobernador fue emitida por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, Estado de México, pues la Fiscalía General de la República busca procesarlo por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El mandamiento fue emitido pese a que el gobernador aún está en el cargo y a que en la Corte existe una controversia constitucional en la que los ministros deberán definir si García Cabeza de Vaca aún conserva su inmunidad.

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Inés Gómez Mont, actualmente prófuga de la justicia, busca que un juez federal obligue a la Fiscalía General de la República (FGR) a archivar una carpeta de investigación iniciada en su contra desde el año 2017 por lavado de dinero.

Desde hace más de un año, la conductora de televisión solicitó a la FGR determinar el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001159/2017 bajo el argumento de que informó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que en el año 2016 obtuvo ingresos acumulables por 39 millones 519 mil pesos pero que le fueron retenidos 13 millones 572 mil 444 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta.

Por lo que la cantidad que efectivamente recibió fue de 25 millones 945 mil 726 pesos, pero la FGR ha insistido que no ha pagado el total de las contribuciones correspondientes a sus ingresos de el ejercicio 2016.

Por ello, solicitó un amparo ante el juez Quinto de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México pues la defensa de Gómez Mont intentó firmar un acuerdo reparatorio que también ha sido desconocido por la FGR para no archivar el caso en su contra.

Este asunto no tiene nada que ver con la orden de aprehensión que hay contra ella y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por un supuesto desvío de más de tres mil millones de pesos y por el que están señalados de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.

Emiten ficha roja para búsqueda de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga

La conductora de televisión, Inés Gómez Mont, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, son buscados en más de 190 países luego de que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitiera la ficha roja para su búsqueda y localización, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Fuentes judiciales informaron que Gómez Mont y Álvarez Puga, acusados de lavado de dinero por más de 3 mil millones de pesos y defraudación fiscal, son rastreados para detectar su paradero y ser presentados ante la justicia mexicana.

A través de sus redes sociales, la conductora Inés Gómez Mont aseguró que la acusación en su contra por enriquecimiento ilícito por tres mil millones de pesos era falsa.

Cabe recordar que un juez federal ordenó detener a 10 implicados en el caso de desvío de recursos públicos y lavado de dinero por el que son buscados Gómez Mont y Álvarez Puga.

El juez de control, Iván Zeferín Hernández, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, libró las órdenes solicitadas por la FGR por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Un Tribunal Federal ratificó el amparo otorgado a la ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, para que el juez penal que tiene en sus manos su proceso analice la posibilidad de modificar la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta. 

Ahora, el juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, deberá citar a audiencia a más tardar el próximo lunes para revisar la medida cautelar impuesta a la ex funcionaria, quien desde hace dos años, busca enfrentar su proceso en libertad. 

El 12 de junio de este año, el juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Augusto Octavio Mejía Ojeda, concedió la protección de la justicia a la ex funcionaria para que se analizara nuevamente la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva. 

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpusieron un recurso de revisión contra la sentencia. 

Durante la sesión de este jueves, los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal avalaron por unanimidad el proyecto de su homólogo Juan Carlos Ramírez, que ratifica el fallo de primera instancia. 

"El día de hoy los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia penal han decidido confirmar el amparo por parte del juez tercero de distrito en materia de amparo, con el cual se determina la posibilidad del cambio de una medida cautelar a favor de Rosario Robles Berlanga", sostuvo su abogado en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula. 

En meses pasados, el juez Octavio Mejía determinó que la licencia para justificar la existencia de diversos domicilios es falsa; que no existen recursos económicos ni de la inculpada ni de sus familiares, para que ésta pudiera evadir la acción de la justicia, y que está comprobado el arraigo de Rosario Robles en la Ciudad de México. 

Los magistrados echaron abajo los argumentos de la FGR y la ASF, por lo que se abre la puerta para que Rosario pueda enfrentar su caso en libertad. 

Sin embargo, también existe la posibilidad de que pueda volver a ser detenida porque hay una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la cual no ha sido cumplimentada. 

Por su parte, en entrevista con Azucena Uresti en Grupo Fórmula, el abogado Epigmenio Mendieta dejó abierta la posibilidad de que Rosario Robles pueda enfrentar su proceso en libertad, y se le imponga un brazalete electrónico, que firme de manera periódica o que enfrente arraigo domiciliario. 

Respecto a la licencia de conducir de la ex secretaria, el litigante dijo que es un día muy importante, porque se ha demostrado, tras varios recursos legales, que esta licencia es falsa, y que tiene un arraigo y que no existe un riesgo de fuga. 

"Hoy es un paso muy importante en el asunto de Rosario Robles, pero lo que sí queda de muestra es la confianza que ella manifestó al Poder Judicial de la Federación", comentó el litigante. 

"Lo que hemos denunciado como una licencia falsa y fue comprobado con cinco peritajes y no solamente tu producción y nosotros a través de los peritajes hemos demostrado que esa licencia es falsa, ya lo ha corroborado un juez en materia de amparo y hoy o han confirmado tres magistrados del Poder Judicial de la Federación por unanimidad", explicó. 

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