A fin de aprovechar la infraestructura instalada y atender dignamente a los adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad, la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza (PVEM) consideró imperativo que los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), del IMSS e ISSSTE instrumenten un programa para reorientar recursos y convertir 9 mil estancias infantiles en desuso, en residencias de día para esta población.

Precisó que debido a las nuevas regulaciones y medidas de seguridad más estrictas y procesos de contratación que exigen un elevado nivel de calidad para atender a los infantes en los centros, a causa del lamentable accidente en la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, dejaron de prestar servicio los espacios. En un punto de acuerdo, turnado a la Segunda Comisión (Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública) de la Permanente, la secretaria de la Comisión de Desarrollo Social señaló que esos espacios pueden ser reconvertidos en residencias de día para adultos mayores, a través de una redirección de apoyos de la Sedesol, con lo que se evitaría el desperdicio de recursos del Estado mexicano.

Se deben estimular y fortalecer las acciones que mejoren la calidad de la vida de esta población, con servicios asistenciales eficaces y políticas públicas que permitan la movilización de recursos destinados a la capacitación y certificación de personal para su cuidado.

Las medidas beneficiarían a 12% de las mujeres y a 9.2% de los hombres adultos mayores quienes viven solos, en hogares unipersonales, "lo cual puede significar que están en situación de vulnerabilidad ante cualquier emergencia o necesidad que no puedan satisfacer por ellos mismos".

Subrayó que México experimenta una considerable transformación demográfica, debido al cambio en la estructura por edades, al pasar de una predominante de menores de 15 años a una de jóvenes.

Además, gradualmente la cantidad de personas de 60 y más años se ha elevado, por la mayor esperanza de vida; se incrementó a un ritmo que duplica al de los habitantes totales del país, explicó. Hay, dijo, 13 millones 928 mil 310 adultos mayores; es decir, más de 10% de la población nacional. 

Un anciano de aproximadamente 65 años fue “molido” a golpes por un sujeto quien alegaba que el señor de la tercera edad le había ganado la colecta de unos botes de aluminio.

Con un tubo, el sujeto de aproximadamente 30 años arremetió contra el anciano hasta dejarlo inconsciente y sobre un tramo de terracería.

Testigos señalan que la policía municipal demoró 30 minutos en llegar al lugar de los hechos, y media hora después, la Cruz Roja se presentó para la atención al anciano.

De acuerdo con vecinos, en anciano se gana la vida juntando botes, limpiando terrenos y en trabajos de albañilería. 

La brutal golpiza ocurrió en la delegación La Presa Este, en el ejido Francisco Villa

Se desconoce el estado de salud del adulto mayor. Tampoco se tiene reporte de algún detenido por este lamentable hecho.

Como algo inusual, la inseguridad y la delincuencia alcanzan en Baja California alcanzan a norteamericanos. Una pareja de adultos mayores murió y un bombero de Los Ángeles está desparecido, con mal pronóstico en cuanto a su sobrevivencia. 

De acuerdo a información del Departamento de Policía de San Diego, se confirmó que los cuerpos encontrados en un pozo en un poblado de San Quintín, corresponden a Ian Hirschson de 78 años y Kathy Harvey de 73, pareja de norteamericanos que vacacionaba en la zona sur de Ensenada.

Aunque las autoridades locales no han confirmado los hechos, trascendió que la pareja se hospedaba en una casa del Ejido El Socorrito a 200 millas al sur de San Quintín.

El caso del bombero, investigado por la Fiscalía general del estado de Baja California refiere que el pasado tres de septiembre, Frank Aguilar, un bombero veterano de Los Ángeles, desapareció hace dos semanas en Rosarito, Baja California, durante un viaje. 

El alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti dijo en conferencia este miércoles que Aguilar “pudo haber sido víctima de un secuestro violento”, por lo que pidió a los involucrados “liberarlo”.

De estos temas, ya tomó nota el Consulado de Estados Unidos en Tijuana, para conocer el avance de las investigaciones.

A pesar de que siete de cada diez adultos mayores en México reciben ingresos por pensión por jubilación o por programas sociales, esto no ha sido suficiente para erradicar la pobreza entre esta población, advirtió el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En México 7.2 millones de 10.4 millones de personas de 65 años o más recibieron ingresos por pensión (por jubilación o programas sociales) en 2018. Sin embargo, la condición de recibirla no fue suficiente para erradicar la pobreza entre este grupo, ya que 38.3% de esta población se encontraba en pobreza y cerca de la mitad (47.6%) no contó con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.

En el marco del día de la población adulta mayor, el Consejo presentó el documento Pobreza y Personas Mayores en México, en el cual se identifican características demográficas, sociales, económicas y se analizan los principales factores que influyen en su situación de pobreza y de vulnerabilidad.

El alto número de personas de 65 años o más con ingreso insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas o sin acceso a pensión por jubilación (contributiva) ha vuelto imprescindible la creación de programas sociales contra la pobreza en la vejez. Estos programas son financiados con recursos fiscales provenientes de impuestos generales y se conocen como pensiones no contributivas.

La población adulta mayor experimenta, en promedio, menos carencias sociales que el resto de las personas; sin embargo, la desigualdad en el ingreso provoca que haya ciertos sectores con mayor incidencia de pobreza, por ejemplo, quienes no reciben ingresos de pensión por jubilación.

Las mujeres en edad avanzada ameritan especial atención, ya que son más propensas a carecer de pensión por jubilación y depender de los apoyos de pensión vía programas sociales.

En 2019, se implementaron cambios al programa ahora denominado Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. El principal cambio fue duplicar el monto de la pensión, lo que significó un aumento en el ingreso de la población beneficiaria. Sin embargo, es necesario fortalecer acciones de participación comunitaria del programa y de protección social, así como el acceso a los servicios de salud.

El Coneval recomienda que se lleven a cabo acciones que mejoren las condiciones laborales de este grupo de población, ya sea con subsidios al empleo o mediante una mayor incorporación de este grupo a programas de pensión por programas sociales.

En opinión del Consejo, es importante modificar el Sistema de Ahorro para el Retiro, asegurar mayores aportaciones obrero-patronales y contar con mecanismos que garanticen un ingreso mayor a lo mínimo necesario para la población mayor.

Asimismo, es necesaria la expansión del mercado laboral formal y la extensión de cobertura de seguridad social a quienes trabajan en el sector informal, pues es crucial que la población ocupada cuente con opciones atractivas y viables de ahorro para el retiro y que, con esto, sean más personas que cuenten con seguridad social y pensión.

La construcción de políticas para garantizar el acceso a derechos de la población mayor enfrenta algunos desafíos, advierte el Coneval. En primer lugar, garantizar la satisfacción de las necesidades básicas y el acceso a derechos sociales de la población y, al mismo tiempo, anticipar las condiciones que enfrentará la población joven que se retirará con el régimen actual, y encontrar medidas de protección social mínima, que deberán contar con medidas suficientes y sostenibles para su financiamiento.

Aproximadamente dos mil adultos mayores del programa "Grandes Platos" continuarán recibiendo tres comidas gratis al día hasta el 9 de septiembre.

Este programa inició a mediados de mayo, a través de una colaboración entre el condado y los restaurantes locales con el propósito de ayudar a los adultos mayores, que tienen un mayor riesgo de contraer COVID-19 y de esta manera evitar que salgan a restaurantes o al supermercado a comprar comida.

Actualmente son 31 restaurantes del Condado que están entregando comidas a las personas mayores inscritas, además el condado está reembolsando a los restaurantes el costo de la comida, la mano de obra y los gastos imprevistos, utilizando una combinación de fondos proporcionados por FEMA, el estado y el Condado.

Cabe mencionar que está en proceso de desarrollar “Grandes platos 2.0” que se enfocará en servir a las personas con discapacidades, además contratarán más restaurantes locales para el nuevo programa, del que estará en las próximas semanas.

El presidente de la Comisión por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Adultos Mayores y Niñez (Cdpdamn), Gerardo López Montes, solicitó que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de BC, Sergio Moctezuma Martínez López, comparezca ante el Congreso local e informe sobre la situación laboral de los adultos mayores ante la contingencia sanitaria por Covid-19.

López Montes, señaló que siendo la encargada de ejercer atribuciones de carácter laboral en la entidad, es urgente que se implemente el diseño de políticas públicas para abatir la desigualdad y propiciar oportunidades para el adulto mayor.

Acceso a un trabajo que les reditué en un ingreso, acceso a recibir una capacitación adecuada, a recibir la protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral, así como a laborar en condiciones óptimas y en instalaciones que garanticen su seguridad e integridad física.

Gera López, dijo estar convencido de que como legisladores tienen la obligación de garantizar y reconocer los derechos de las personas de sesenta años en adelante, así como propiciar una plena protección, bienestar y calidad de vida para lograr su integración al desarrollo social, económico, político y cultural.

Con una reforma de a la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores, la (STPS) tendría la obligación de difundir, promover y fomentar el empleo, el autoempleo y la capacitación de las personas adultos mayores y lograr en un plano de respeto a sus derechos, su incorporación al mercado laboral, en estricto apego con la legislación nacional y de acuerdos internacionales.