En su Quinto Informe de Gobierno, el penúltimo de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó el contenido de los nuevos libros de texto gratuito de educación básica, de los cuales ya han sido distribuidos más 125 millones de ejemplares, al afirmar que tienen "fundamentos científicos y dimensión humanista", ¿pero comparten la misma visión las escuelas privadas?
Con el ciclo escolar 2023-2024 ya en marcha, los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) están siendo rechazados por los padres de familia que tienen inscritos a sus hijos en escuelas privadas de Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes, el Estado de México y otras entidades.
Agrupados en organizaciones como la Unión Nacional de Padres de Familia y apoyados por políticos de oposición y los propios docentes, los papás han promovido amparos para impedir su entrega en las escuelas particulares, señalando una serie de errores ortográficos y conceptuales, así como el peligro de una ideologización de la educación.
En entrevista para MILENIO el presidente de la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE-ANEP), Alfredo Villar Jiménez, explicó que estos amparos les fueron otorgados a los padres de familias debido a que no se los tomó en cuenta en la nueva propuesta educativa, que incluye los planes y programas de estudio.
“El Estado fue el que cometió una falla jurídica tremenda porque, de acuerdo con el artículo tercero constitucional y la Ley Federal de Educación, para hacer los nuevos planes y programas de estudio, incluidos los libros de texto gratuitos, se debió haber consultado a los gobernadores, padres de familia, maestros e, inclusive, a las niñas y niños… y no se hizo”, subrayó.
Entonces, ¿Son obligatorios?
El Artículo 113° de la Ley General de Educación señala que la autoridad educativa federal es la única con las atribuciones para determinar los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, para lo cual debe considerar la opinión de los gobiernos de los Estados y de diversos actores sociales involucrados en la educación.
Así, al inicio de cada ciclo lectivo, la SEP deberá poner a disposición de la comunidad educativa y de la sociedad en general los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos por medio de plataformas digitales de libre acceso, según la ley.
Sin embargo, además de no considerar a los padres de familia, el presidente de la ANFE-ANEP acusó que para este ciclo escolar los libros de texto gratuitos se hicieron antes que los planes y programas. “Esa fue otra falla. Nunca se conocieron los planes y programas hasta el 15 de agosto que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación”.
“Los maestros, los gobernadores y los padres de familia no los conocían. ¿Cómo fue posible que primero se hayan hecho los textos gratuitos y después los planes y programas de estudio?”, cuestionó.
Lo anterior fue el fundamento para que los padres de familia promovieran los amparos, por lo que, de acuerdo con el ingeniero Villar Jimenez, en ninguna escuela deben entregarse los libros de texto y no se pueden utilizar los planes y programas que hasta hace apenas unas semanas se conocieron.
“Independientemente de que los textos gratuitos tengan errores tremendos, ante los amparos, por el solo hecho que haya uno, se está protegiendo a los estudiantes y a la comunidad educativa. En ninguna escuela deben otorgarse”, abundó.
Por esta razón, recalcó el presidente de la ANFE-ANEP, el gobierno no puede obligar a nadie a utilizar los textos gratuitos, aunque haya pocos amparos. “Y no solamente hay uno, sino varios (...). Es para proteger a la comunidad educativa”.
Además, el Artículo 84° de la Ley General de Educación refiere que los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios pueden usar las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital como un complemento de los demás materiales educativos, incluyendo los libros de texto gratuitos.
“La situación queda a criterio de los padres de familia y de los maestros. Si quieren aplicar o no estos nuevos planes y programas y los textos gratuitos, pero no pueden ser obligados, sería una cosa voluntaria nada más”, agregó.
Aunque cabe señalar que el Artículo 170° de esta misma ley considera como una infracción de quienes prestan servicios educativos no utilizar los libros de texto que la SEP autorice y determine para la educación primaria y secundaria.
¿Un riesgo para la educación?
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que dirige Valeria Moy, advirtió el pasado 28 de agosto, día en que arrancó el ciclo escolar 2023-204, que la incertidumbre respecto al nuevo plan de estudios y los libros de texto es consecuencia de su improvisación y crea un ambiente “poco propicio” para su implementación efectiva.
Referente al contenido del nuevo plan de estudios, el instituto destacó como los principales riesgos la pérdida de conocimientos clave, el abandono escolar y la carga de trabajo para el magisterio.
En cuanto a los libros de texto, resaltó que estos no concuerdan con los planes de estudio publicados en el Diario Oficial de la Federación, a pesar de que la ley estipula que los libros de texto gratuitos deben estar alineados.
“La falta de consenso en cuanto a la distribución y uso de los libros de texto intensificará las diferentes condiciones de aprendizaje entre estados y podrá profundizar las brechas educativas”, alertó.
Oficialismo se defiende
Ante la posibilidad que algunas escuelas, no solo privadas sino también públicas, trabajen con libros distintos a los distribuidos por la SEP, la titular de la dependencia, Leticia Ramírez Amaya, subrayó que cualquier llamado o convocatoria para trabajar con otros materiales, incluso de generaciones anteriores, no está apegado a la “propuesta pedagógica de transformación”.
Por su parte, durante su conferencia matutina del jueves 31 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó a quienes critican a los nuevos libros de texto gratuitos “sin siquiera conocerlos”, pues dijo, “le hacen el juego a la derecha”, trasladando el problema a un asunto de índole político.
Incluso una semana antes del regreso a clases el mandatario había puesto sobre la mesa la posibilidad de entregar los libros de texto casa por casa o instalar un tianguis a manera de sortear los amparos contra su distribución.
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