James Franco y otros acusados accedieron a pagar 2.2 millones de dólares en un acuerdo por una demanda que afirma que intimidó a estudiantes en una escuela de teatro y cine que fundó, llevándolos a situaciones sexuales injustificadas y abusivas, señalan documentos judiciales hechos públicos el miércoles.

Ambas partes llegaron al acuerdo para la demanda colectiva en febrero, pero se necesitaron varios meses para resolver los detalles y la suma monetaria no había sido revelada previamente.

Las actrices y exestudiantes Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal, quienes presentaron la demanda primero en octubre de 2019, a la que se sumaron muchos más, afirman que en su extinta escuela, Studio 4, Franco obligaba a sus estudiantes a realizar escenas sexuales cada vez más explícitas en cámara en un “set tipo orgía” que iba mucho más allá de lo aceptable en los platós de cine de Hollywood.

Ambas partes accedieron a emitir un comunicado conjunto.

“Aunque los acusados siguen negando las afirmaciones en la denuncia, reconocen que los demandantes han planteado asuntos importantes; y todas las partes creen fuertemente que es un momento crucial para enfocarse en atender los malos tratos contra las mujeres en Hollywood”, señala el comunicado. “Todos están de acuerdo en la necesidad de asegurar que nadie en la industria del espectáculo, sin importar su sexo, raza, religión, discapacidad, origen étnico, género u orientación sexual enfrente discriminación, acoso o prejuicios de cualquier tipo”.

Los acusadores señalaban que Franco “buscó crear un flujo de jóvenes mujeres que eran sujetas a su explotación sexual personal y profesional en nombre de la educación”, y que los estudiantes eran llevados a pensar que tendrían papeles disponibles en las películas de Franco para aquellos que siguieran la corriente.

La compañía productora de Franco Rabbit Bandini y sus socios, incluyendo a Vince Jolivette y Jay Davis también fueron nombrados como acusados.

El acuerdo incluye términos “no económicos” que no se hicieron públicos.

Fue presentado a un juez de Los Angeles para su aprobación.

Antes de presentar la demanda, Tither-Kaplan expresó sus acusaciones de una conducta sexual indebida contra Franco junto con otras mujeres en el diario Los Angeles Times después de que Franco ganó un Globo de Oro por “The Disaster Artist” (“The disaster artist: Obra maestra”) a comienzos de 2018, cuando la ola del movimiento #MeToo comenzaba sentirse en Hollywood.

En medio de la polémica y una investigación en su contra por las acusaciones de presunto abuso sexual que enfrenta, el cantante Julio Iglesias decidió hablar.

Sin ningún tipo de intermediarios y a través de un comunicado que publicó en su cuenta oficial de Instagram, el español no sólo negó los señalamientos, sino que se dijo sumamente dolido.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”, escribió.

Hace unos días, la prensa internacional dio a conocer que la Fiscalía española había iniciado una investigación contra Iglesias, esto luego de que dos de sus exempleadas aseguraran haber sido víctimas de agresión sexual, acoso y tocamientos indebidos por parte del cantante.

Ahora, en su mensaje, el intérprete de "Me va, Me va", explicó que está dispuesto a limpiar su nombre y encontrar justicia.

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, agregó.

En el texto, también tuvo espacio para agradecer a quienes le han mostrado respaldo en las últimas horas pues ha encontrado consuelo en ellos.

“No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad", finalizó.

Hasta el momento las investigaciones continúan y, según la prensa local, la fiscalía informó que se encuentra en la fase preliminar, analizando si el proceso puede llevarse en España , ya que los hechos habrían ocurrido fuera del territorio vasco.

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El papa León XIV aceptó el sábado la renuncia de un obispo español enfermo que está bajo investigación de la Iglesia por presuntamente haber abusado sexualmente de un joven seminarista en la década de 1990, primera vez que el nuevo pontífice destituye a un obispo acusado de abuso.

En un comunicado de una sola línea, el Vaticano indicó que León XIV había aceptado la renuncia del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, de 76 años. No se especificó el motivo, pero Zornoza presentó su renuncia al papa el año pasado al cumplir 75 años, la edad normal de jubilación para los obispos.

Sin embargo, no había sido aceptada hasta que el periódico El País publicó a principios de este mes que Zornoza ha sido investigado recientemente por un tribunal eclesiástico. El diario, que desde 2018 ha expuesto décadas de abuso y encubrimiento en la Iglesia católica española, indicó que Zornoza fue acusado de abusar de un joven exseminarista cuando era un joven sacerdote y dirigía el seminario diocesano en Getafe.

El artículo, citando una carta que el exseminarista escribió al Vaticano durante el verano, señalaba que Zornoza lo manoseó y dormía regularmente con él desde que tenía 14 años hasta los 21. La carta del exseminarista agregó que Zornoza escuchó su confesión y lo persuadió para que viera a un psiquiatra para "curar" su homosexualidad.

La diócesis de Cádiz negó las acusaciones contra Zornoza, pero confirmó que la investigación es llevada a cabo por el tribunal eclesiástico en Madrid conocido como la Rota. En un comunicado del 10 de noviembre, la diócesis informó que Zornoza estaba cooperando con la investigación y había suspendido "temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo".

"Las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas", decía el comunicado.

Se cree que es el primer caso conocido públicamente de un obispo retirado y sometido a investigación por presunto abuso sexual desde que la Iglesia española comenzó a enfrentar en los últimos años, un legado de décadas de abuso y encubrimiento que ha sacudido a la otrora firmemente católica España.

León XIV no ha nombrado por el momento a un líder temporal para la diócesis.

En 2023, la primera pesquisa oficial de abuso en España reveló que el número de víctimas podría ascender a cientos de miles, basándose en una encuesta que formó parte de un informe de la oficina del Defensor del Pueblo de España. El Defensor del Pueblo realizó una investigación independiente de 18 meses sobre 487 casos que involucraban a presuntas víctimas que hablaron con el equipo de ese órgano constitucional.

Los obispos católicos de España ofrecieron disculpas, pero desestimaron las interpretaciones del informe del Defensor del Pueblo como una "mentira", argumentando que muchas más personas habían sido abusadas fuera de la Iglesia.

La jerarquía católica española luego hizo su propio informe, afirmando en 2024 que había encontrado evidencia de 728 abusadores sexuales dentro de la Iglesia desde 1945. Luego lanzó un plan para compensar a las víctimas, después que el gobierno de España aprobara un plan para obligar a la Iglesia a pagar reparaciones económicas.

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La asociación Karla’s Sembradoras de Amor llevó a cabo una manifestación pacífica en la explanada del Centro Cultural Tijuana, con motivo del Día Internacional para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Este acto busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de proteger a los menores y prevenir la violencia que muchas veces permanece en silencio.

Karla Parra, fundadora de la organización, expresó que este día es una oportunidad para recordar que la prevención no puede esperar. “Cuando una sociedad calla, la violencia avanza”, afirmó. Además, hizo un llamado a la sociedad para brindar a los niños un espacio seguro donde puedan ser escuchados y protegidos. 

Durante la manifestación, se colocaron peluches como símbolo de ternura y cuidado; Parra explicó que “un peluche no es solo un juguete, es un recordatorio de que la niñez merece cuidado, ternura y seguridad. Cada uno simboliza a un niño o niña que debe ser protegido y tomado en serio”. Los mensajes en los peluches representan verdades que como sociedad debemos repetir sin miedo: “Los niños y niñas no se tocan, el silencio también es violencia. Hablar a tiempo puede cambiar un destino”.

Datos alarmantes revelan la magnitud del problema: “7 de cada 10 menores abusados sexualmente han sido víctimas de un familiar cercano”, comentó Parra, destacando la urgencia de seguir alzando la voz por la infancia y construir un México donde ningún niño tenga que cargar con secretos que no le pertenecen.

La manifestación, que fue pacífica, buscó recordar a cada niño que no pudo ser protegido y promover una cultura de denuncia y atención oportuna. La organización invita a la comunidad a seguir sumándose a estas acciones para crear un entorno más seguro y justo para la niñez mexicana.

En respuesta a un reporte recibido en la línea de emergencias, agentes de la Policía Municipal de Tijuana acudieron a un domicilio en la colonia Maclovio Rojas, donde encontraron a una menor de 16 años víctima de violencia familiar.

Al llegar al lugar, las autoridades dialogaron con la madre de la joven, quien denunció que su esposo, Fernando “N”, de 35 años, comenzó a agredirla físicamente sin motivo aparente, golpeándola con pies y manos y provocándole un hematoma en el pómulo derecho.

Tras la denuncia, los oficiales aseguraron y trasladaron al presunto agresor a las instalaciones correspondientes para la elaboración del Informe Policial Homologado (IPH) y su puesta a disposición de las autoridades judiciales.

Por su parte, la madre de la menor indicó que acudirá por sus propios edios a recibir atención médica, y los oficiales brindaron acompañamiento y orientación a la víctima y su familia para garantizar su protección y bienestar.

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Durante una inspección rutinaria en el Aeropuerto Internacional de Washington Dulles, los oficiales del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) detectaron evidencia sospechosa vinculada a un hombre estadounidense con antecedentes graves. La investigación reveló que el individuo, quien se desempeñaba como director y pastor de un orfanato en Pampanga, Filipinas, está acusado de abuso infantil.

Los oficiales informaron de inmediato sus hallazgos a las autoridades federales estadounidenses y, en coordinación con las autoridades filipinas, se inició una investigación conjunta. Gracias a la labor de los agentes de CBP en Baltimore, las autoridades filipinas lograron cerrar el centro donde se encontraban los niños y rescatar a 156 menores en condiciones inseguras y potencialmente abusivas.