Hasta este lunes, en Estados Unidos era posible (y legal) despedir a alguien por ser homosexual o transgénero.

En una de las decisiones más importantes para los derechos civiles de los últimos años, comparable a la de legalizar el matrimonio homosexual en 2015, el Tribunal Supremo de Estados Unidos protegió de la discriminación laboral a la comunidad LGBTTTI, un paso más hacia la igualdad en el contexto de una Alta Corte de marcado carácter conservador.

"Un empleador que despide a un individuo por ser homosexual o transgénero despide a esa persona por rasgos o acciones que no habría cuestionado en miembros de un sexo diferente", resolvió el tribunal, en una decisión seis a tres redactada por el juez conservador Neil Gorsuch, nominado por el presidente Donald Trump.

El caso se centraba en la definición de "sexo" en el denominado Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación laboral basada en raza, color, religión, sexo o nacionalidad. Con su decisión, el tribunal amplía la definición e incluye orientación sexual e identidad de género.

"Es una victoria trascendental para la igualdad LGBTTTI", declaró Alphonso Davis, presidente de Human Rights Campaign, una organización que lucha por los derechos de los homosexuales y transgénero.

Los cuatro jueces liberales, Gorsuch y el conservador y presidente del tribunal, John Roberts, votaron conjuntamente en una resolución importante por el desequilibrio conservador del alto tribunal. En el lado opuesto, otros tres jueces conservadores se opusieron a la mayoría, considerando que el concepto de "discriminación por sexo" que implica la ley es diferente por la "discriminación por orientación sexual o identidad de género", escribió en su texto de discrepancia Samuel Alito.

La decisión judicial es, en parte y de forma indirecta, un revés a las políticas sociales de la administración Trump, que apoyada y presionada por los grupos más conservadores de la sociedad estadounidense, especialmente los sectores religiosos evangélicos, había dado marcha atrás en la ampliación de derechos a la comunidad LGBTTTI impulsada por su antecesor Barack Obama.

Desde su llegada al poder en 2017, Trump ha impulsado políticas contra la comunidad homosexual y transgénero: la última el pasado viernes, quitando la protección contra la discriminación a la población LGBTTTI en temas de sanidad y seguro médico.

El impacto de la decisión de la Corte será grande. Según datos del Williams Institute de la Universidad de California, en Los Ángeles (UCLA), se calcula que hay 8.1 millones de trabajadores que se declaran LGBTTTI en total, de los cuales casi la mitad vivían en estados donde, hasta ahora, no había leyes que les protegieran de la discriminación laboral por su orientación sexual. Se estima que esa comunidad en Estados Unidos supera los 13 millones de personas.

"Realmente no hay palabras para describir lo eufórico que estoy", declaró Gerald Bostock, uno de los demandantes de uno de los casos que llegó al Supremo, despedido hace siete años de su trabajo como coordinador de servicios de bienestar infantil tras apuntarse a un equipo gay de softbol.

"Desde hoy podemos trabajar sin miedo a ser despedidos por ser quien somos ni a quién amemos. Pero todavía queda trabajo por hacer: la discriminación no tiene lugar en este mundo, y no vamos a descansar hasta que todos tengamos los mismos derechos", sentenció Bostock.

La Campaña por los Derechos Humanos declaró el martes un estado de emergencia para la gente LGBTQ+ en Estados Unidos al publicarse una guía de lo que llama las leyes discriminatorias en cada estado, además de información acerca de "conocer tus derechos", recursos de salud y seguridad.

Al sonar la alarma sobre el ambiente político actual, la organización más grande del país promotora de los derechos de estadounidenses lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer dijo que los avisos sobre los peligros de viajar a ciertos lugares no bastan para ayudar a las personas que viven en los estados considerados hostiles.

La campaña dice que responde al auge sin precedentes de leyes discriminatorias en las legislaturas estatales, con más de 70 leyes anti-LGBTQ aprobadas en lo que va del año, más del doble que el año pasado. En un informe titulado "LGBTQ+ Americans Under Attack" (estadounidenses LGBTQ+ atacados), dice que las nuevas leyes son el resultado de ataques republicanos coordinados por "grupos extremistas bien financiados".

La guía "LGBTQ+ Americans Fight Back" (los estadounidenses LGBTQ+ contraatacan) brinda información sobre la manera de denunciar violaciones de los derechos civiles y recursos para financiar trasladados y hallar empleo en los estados que considera "más seguros".

Un capítulo titulado Know the Enemy/Opposition (conocer al enemigo/oposición) ofrece consejos sobre el contacto con grupos que se oponen a las campañas contra los LGBTQ+ y cómo mantener conversaciones difíciles sobre el odio con amigos y familiares.

La guía pretende ayudar a millones de personas vulnerables, "sea que planifiquen viajes de verano a través de regiones que se vuelven cada vez más hostiles a la gente LGBTQ+, sea que ya vivan en un estado donde los ataques legislativos y el extremismo político nos colocan un blanco sobre la espalda", dijo Kelley Robinson, presidenta de la Campaña por los Derechos Humanos, en un comunicado.

La campaña emitió su primera declaración de emergencia en sus 40 años de historia en momentos que las legislaturas con mayoría republicana en todo el país han aprobado leyes contra las personas basadas en su identidad, leyes que restringen varios aspectos de la existencia transgénero, desde el uso de pronombres y el acceso a los baños o la atención médica.

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Junio es el mes del orgullo LGBT dado que el 28 se celebra el Día del Orgullo, fecha en la que las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y otros grupos de este colectivo rememoran los disturbios de 1969 en Stonewall, Nueva York: una importante demostración cívica de las minorías sexuales pidiendo por sus derechos.

Por eso, el último miércoles de junio será una fiesta internacional, que se replicará en muchas de las capitales del mundo occidental, mientras que en otras naciones sigue prohibido tener una orientación diferente a la heterosexual. En esta fecha, se busca reivindicar la dignidad humana básica y rechazar la discriminación que sufrieron y todavía sufren las personas de esta comunidad.

Las manifestaciones del Día del Orgullo se pueblan de símbolos como las banderas del arco iris —que representan la convivencia en la diversidad— y los triángulos rosas, entre otros. Además, sirven como espacios de reclamo político para motorizar las demandas de un sector que en nuestro país consiguió diversos logros como la sanción del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y el cupo laboral trans, entre otras decisiones políticas de las últimas décadas que surgieron como pedidos de la comunidad LGBT.

¿Por qué el 28 de junio es el Día del Orgullo?

La decisión de marchar para pedir reconocimiento, aceptación y mejoras colectivas el 28 de junio replica la fecha del año 1969 en la que se produjeron los disturbios del bar Stonewall, en la ciudad de Nueva York. Todo comenzó en la madrugada de aquel día, cuando la policía realizó una redada en este sitio de reunión para personas gays, lesbianas, trans, bisexuales y otros de la comunidad en el barrio Greenwich Village.

Las manifestaciones del Día del Orgullo se pueblan de símbolos como las banderas del arco iris —que representan la convivencia en la diversidad— y los triángulos rosas, entre otros. Además, sirven como espacios de reclamo político para motorizar las demandas de un sector que en nuestro país consiguió diversos logros como la sanción del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y el cupo laboral trans, entre otras decisiones políticas de las últimas décadas que surgieron como pedidos de la comunidad LGBT.

Un año después, se llevó a cabo la primera marcha del orgullo gay, demostración que sigue siendo emulada cada 28 de junio.

Cuatro años después de Stonewall, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría eliminó a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Pero los reclamos continúan en el país que dio origen a la marcha: recién el año pasado, el Congreso norteamericano aprobó una ley que reconocía a nivel federal las uniones del mismo sexo, ante el temor de que la Corte Suprema de ese país pueda revertir un derecho que se basaba en un fallo judicial y no en una legislación vigente.

Pero la lucha sigue siendo mayor en los 62 estados miembros de la ONU que actualmente penalizan la homosexualidad. Por ejemplo, aunque el continente americano está a la vanguardia en la aceptación de la diversidad, las islas caribeñas de Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Granada, y San Vicente y Granadinas todavía tienen leyes que dificultan la vida de quienes tienen una orientación sexual minoritaria.

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El presidente de Uganda promulgó una controvertida ley contra la comunidad LGBT que incluye duras penas a las relaciones entre personas del mismo sexo, una norma muy criticada por gobiernos occidentales y calificada como una de las más represivas del mundo.

La ley, fustigada por la ONU y países como Estados Unidos, se aprobó el 21 de marzo en el Parlamento. Los legisladores defendieron la norma al considerar que estas medidas "protegen la cultura nacional y sus valores".

"El presidente aprobó el proyecto de ley contra la homosexualidad 2023", anunció el despacho del mandatario, Yoweri Museveni, en un breve comunicado en su cuenta de Twitter.

La promulgación atizó los temores desatados en las primeras lecturas, durante las cuales el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó el texto como "discriminatorio".

El alto comisionado expresó su "consternación" por la promulgación de esta legislación "draconiana",  que "es contraria a la Constitución y los tratados internacionales", pues abre vías para que haya "violaciones sistemáticas de los derechos de las personas LGBT".

A finales de abril, el presidente Museveni pidió a los parlamentarios que volvieran a examinar el texto, instándolos a precisar que no es un crimen "ser homosexual", pero que sí están penalizadas las relaciones entre personas del mismo género.

La enmienda clarificó que no será delito la orientación sexual, pero sí los "actos", que pueden ser castigados, incluso con cadena perpetua.

Pese a que Museveni aconsejó a los legisladores que eliminaran una disposición que penaliza la "homosexualidad agravada", los parlamentarios mantuvieron este artículo que implica que personas reincidentes puedan ser incluso condenadas a la pena capital.

La homosexualidad está penalizada en Uganda desde las leyes que rigieron durante la colonización, pero desde la independencia en 1962 nunca ha habido una condena por actos sexuales consentidos entre personas del mismo género.

La legislación cuenta con un amplio apoyo de la opinión pública en Uganda, un país mayoritariamente cristiano, donde las personas son muy religiosas y la comunidad LGBT sufre mucha discriminación.

El debate de la ley en el Parlamento estuvo marcado por el uso de insultos homofóbicos y el propio presidente se refirió a las personas que sienten atracción por otras de su mismo género como "pervertidas".

"Defender la cultura"

La presidenta del Parlamento, Anita Among, celebró para promulgación del texto.

"Como Parlamento de Uganda, tomamos en cuenta las preocupaciones de nuestro pueblo y legislamos para proteger el carácter sagrado de la familia (...) Nos mantuvimos firmes para defender la cultura, los valores y las aspiraciones de nuestro pueblo", afirmó.

La ley establece que las organizaciones que sean acusadas de incentivar las relaciones entre personas del mismo sexo pueden ser prohibidas durante diez años.

Las reacciones de la sociedad civil han sido silenciadas en un país donde Museveni gobierna con mano de hierro desde 1986.

Pero, a nivel internacional, el proyecto de ley provocó indignación.

Después de la primera votación, el 21 de marzo, la Casa Blanca advirtió al gobierno de Uganda de posibles repercusiones económicas si la ley entraba en vigor.

Durante su tramitación, esta norma también fue condenada por la Unión Europea (UE) y el Reino Unido.

La ley también fue criticada durante su debate por Amnistía Internacional, que la calificó como "profundamente represiva".

La ley genera además temores entre las organizaciones humanitarias.

"El progreso de Uganda en su lucha contra el VIH está seriamente comprometido", afirmaron en un comunicado tres organizaciones incluyendo el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la tuberculosis y el paludismo y la agencia estadunidense USAID.

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El acoso y discriminación laboral que ejercen mandos superiores de empresas u oficinas de gobierno en contra de sus subordinados provocan que cada hora 12 trabajadores renuncien a sus fuentes de empleo en el país.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2022 se reportaron 109 mil 319 abandonos de empleo de personas que recibieron maltratos psicológicos por el desempeño de sus actividades e incluso algunos sufrieron amenazas y agresiones físicas.

Esta cifra representa el 3.4 por ciento de todas las renuncias registradas en el país; sin embargo, en algunos estados, como la Ciudad de México y Aguascalientes la discriminación laboral o mobbing llega a tener una prevalencia 7.8 y 6.3 por ciento, es decir, que estas entidades duplican la media nacional.

La Organización Internacional del Trabajo señala que el acoso profesional se caracteriza por conductas ilícitas que se repiten durante un tiempo prolongado, como le ocurrió a María Rosalba Barranca, una administrativa de la clínica 54 del IMSS de Tlaquepaque, Jalisco, a quien su jefa le exigió su renuncia en varias ocasiones hasta que sucumbió a la presión.

“Renuncias o renuncias, yo tengo muchas palancas que hasta me han salvado la vida y que te obligarán a renunciar, ya me tienes harta y yo me encargo de que renuncies”. Esas palabras causaron terror en Rosalba, por lo que se vio orillada a dejar su puesto de trabajo tras 21 años de servicio en el sector público.

Los maltratos comenzaron en diciembre de 2021 cuando María fue transferida a la clínica y su jefa comenzó a decirle que su trabajo no servía, la llamaba en privado para humillarla e intimidarla, pero a esas conductas se unieron algunos compañeros que querían aprovecharse de la situación y se unieron al mobbing, incluso en los momentos más vulnerables para Rosalba.

“Tuve problemas de covid-19 y eso me provocó estar conectada a un tanque de oxígeno en casa, perdí capacidad de concentración y ante esa situación mis compañeros de trabajo se burlaban, pero aun así yo era resolutiva en mi trabajo y cumplía con todas mis responsabilidades”, recuerda la víctima de acoso.

Una situación similar fue experimentada por 66 mil 581 mujeres que reportaron durante 2022 que dejaron su empleo por sufrir violencia psicológica de manera consciente, excesiva y frecuente por parte de su entorno laboral. A ese número se suman otros 42 mil 738 varones que renunciaron a sus puestos de trabajo.

Uno de ellos fue Oscar Mercado, un cirujano cardiaco especializado en válvula mitral, quien experimentó el celo profesional de sus compañeros por haberse capacitado en el extranjero. Esto derivó en que le dejaran de saludar y lo segregaran de los grupos de WhatsApp en los que circulaba información importante sobre la dinámica laboral.

“No me asignaban ninguna función y me difamaban. Decían que era una persona floja, que no quería trabajar, que no hacía nada literalmente. Decían que no sabía hacer nada y no servía para nada. Esto me empezó a ocasionar una gran carga de frustración, tristeza y deterioro de la autoestima”, explicó el cirujano.

Esos tipos de maltrato fueron una constante durante casi 5 años de labores en el Hospital de Especialidades del Centro Médico del Occidente del IMSS en Jalisco, pero actualmente Oscar tiene una demanda abierta en contra de sus superiores para que reparen el daño moral que le causaron.

Ante la adversidad el cirujano decidió informarse legalmente sobre el acoso laboral y entender los daños físicos y emocionales que provoca esta actividad ilícita hacia sus víctimas. De esta forma ha podido guiar a por lo menos una treintena de víctimas mediante el grupo de apoyo Mexicanos Contra el Mobbing.

Una de las personas que buscó ayuda de la organización es María Rosalba, quien comenzó a ser reacomodada en el sector público para que pueda cumplir los seis años que le restan para jubilarse; mientras tanto, trata de recuperarse de los estragos físicos que le dejó el maltrato laboral.

Se disparan casos

Las renuncias provocadas por los malos ambientes laborales registraron un incremento notorio a partir de 2019 cuando 103 mil 939 personas abandonaron sus fuentes de ingresos, esto significó un incremento de 29 por ciento en comparación con lo registrado en 2018.

Para 2020 se presentó el récord de renuncias en el país por acoso y discriminación laboral, al tener 111 mil abandonos; pero en 2021 la cifra cayó a 95 mil casos. En 2022 se registró la segunda cifra más alta en lo que va del registro hecho por el Inegi.

Las estadísticas muestran que al menos 95 de cada 100 personas que deciden renunciar en su empleo por motivos de mobbing percibían salarios inferiores o iguales a tres salarios mínimos, es decir que ganaban menos de 518 pesos.

Ruta del acoso

Mercado explicó que los acosadores realizan una tortura psicológica y se dirigen a destruir las redes de comunicación de la víctima, aislarlo de las personas, destruir su reputación como profesional y físicamente; además de realizar intimidaciones manifiestas como gritos, golpes, jalones, robos de pertenencias y la intimidación oculta mediante rumores.

“El acoso en sus inicios es tan sutil que la víctima cree que es algo normal, la persona se siente rara y atacada, incluso cuando le pregunta a sus compañeros éstos le dicen: ‘no pasa nada, estás imaginando cosas’, pero todo el mundo nota que le están dando un trato diferente”, explicó.

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El ciudadano italiano que atravesó el terreno con una bandera arcoíris y una camiseta de apoyo a las mujeres iraníes y a Ucrania, el lunes durante el partido Portugal-Uruguay del Mundial de Qatar 2022, fue rápidamente liberado "sin consecuencias", anunció este martes el Ministerio italiano de Asuntos Exteriores.

"Tras una breve detención" en algún lugar que no fue precisado, el hombre identificado como Mario Ferri, nacido en 1987, "ya fue liberado por las autoridades sin consecuencias", señaló la Cancillería en un comunicado, confirmando una información obtenida de una fuente local por la AFP.

Ferri, apodado "El halcón", es un habitual de este tipo de acciones en los estadios. En el Mundial 2014, en Brasil, entró en el terreno durante el duelo Bélgica-Estados Unidos con una camiseta que llevaba las inscripciones "Salven a los niños de las favelas" y "Ciro Vive", en homenaje a un aficionado del Nápoles fallecido poco tiempo antes, según la agencia italiana AGI.

En su cuenta de Instagram, colgó imágenes desde el interior del estadio de Lusail, en Doha, la última en el descanso.

Es la primera vez que un partido está marcado por una intrusión así desde el inicio de la competición organizada en Qatar, que ha recibido muchas críticas occidentales respecto al tratamiento de las personas LGBTIQ+. La homosexualidad puede ser perseguida penalmente.

La irrupción en el partido

En el minuto 52 del partido, tras haber atravesado el terreno corriendo durante alrededor de medio minuto, delante de los jugadores, el hombre fue derribado por un funcionario del estadio y escoltado por la seguridad fuera del terreno.

El ciudadano italiano llevaba una camiseta con el logo de Supermán por delante con una inscripción de apoyo a Ucrania, "Save Ukraine" ("Salven a Ucrania"), y en la espalda un mensaje en favor de los mujeres iraníes ("Respect for Iranian Woman"). Su bandera arcoíris llevaba inscrito la palabra "PACE", 'Paz' en italiano.

La escena solo fue mostrada furtivamente por la televisión.

"Sabemos lo que pasa alrededor del Mundial. Seguro que estamos con ellos, con Irán también, con las mujeres iraníes. Espero que no le pase nada a este chico, ya que comprendemos su mensaje y pienso que el mundo lo comprende también", comentó el portugués Ruben Neves tras el partido.

Si bien la FIFA aseguró que las banderas o la ropa con los colores del arcoíris serían aceptado en los estadios, en realidad, han sido confiscados en varias ocasiones por las fuerzas de seguridad.