Un grupo de anti-inmigrantes, que anteriormente ha logrado desaparecer las leyes santuario y el derecho a la residencia por familiares ciudadanos, ahora le piden a Joe Biden que reúna a los niños inmigrantes con sus familias, pero fuera del territorio estadounidense. 

 Por otro lado, la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR por sus siglas en inglés) le pide al presidente de los Estados Unidos que le dé fin al programa de DACA, argumentando que este programa afecta los recursos para los ciudadanos del país, incluyendo el apoyo para los inmigrantes que se encuentran en el territorio de manera legal.

 Esta petición se hizo de manera pública ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), exponiendo la situación que presuntamente, perjudica a la población.

​Los programas actuales retrasan los proceso que benefician a los inmigrantes legales, según FAIR Según las recomendaciones de FAIR, si son aprobadas, agilizaría el proceso de apoyo para la inmigración legal, dijo la organización. 

 “Bajo la administración Biden, la inmigración ilegal se ha disparado a niveles no vistos en 20 años. 

El abuso de asilo es desenfrenado ya que la administración ha mostrado un esfuerzo mínimo para proteger la integridad de nuestro sistema legal de inmigración”, dijo Dan Stein, presidente de FAIR. De acuerdo al LA Times, se ha pedido revocar las prioridades de aplicación restrictivas que excluyen a casi todos los extranjeros deportables y hacer cumplir la ley de inmigración en el interior de Estados Unidos, como exigir a los oficiales de asilo que apliquen las prohibiciones obligatorias al asilo y estándares de miedo creíbles más altos. 

Por otro lado, se busca también que el DHS mantenga las prioridades de procesamiento de asilo de "último en entrar, primero en salir” para evitar recibir solicitudes fraudulentas que les permitan los inmigrantes entrar al país por cuestiones laborales. 

 “Estas recomendaciones mejorarían a los solicitantes inmigrantes y no inmigrantes elegibles para acceder a beneficios legales de inmigración y minimizar las demoras irrazonables en el procesamiento. 

También eliminarían muchos de los factores de atracción que fomentan el fraude y el abuso del sistema de asilo, lo que ha provocado retrasos históricos”, dijo Stein. 

Cientos de paisanos se congregaron ayer en la capital de Florida, Tallahassee, para expresar su repudio a la ley SB 1718 y reclamar una reforma migratoria integral que evite que “políticos mediocres” usen periódicamente a los hispanos como “piñatas”.

La concentración en el exterior del Capitolio estatal fue precedida por el desfile de una caravana de vehículos por el centro de la ciudad a 24 horas de que entre en vigor la norma.

Algunos de esos autos salieron de San Diego, California, la semana pasada con el lema “Todos somos Florida” para solidarizarse con los migrantes de ese estado afectados por la SB 1718.

La caravana realizó un recorrido de costa a costa y estuvo en 13 ciudades; fue sumando participantes hasta su llegada a Florida la noche del jueves.

El parque ubicado frente al edificio legislativo acogió desde la mañana a un amplio grupo grande de personas con banderas de México, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Puerto Rico y Cuba, a las que se les sumaron más manifestantes durante el día.

“No somos una carga”

“No tengan miedo, no se vayan de Florida”, dijo el activista Luis Vega, quien luchó en su momento contra la ley antimigrante SB 1070 de Arizona y aseveró que la legislación de Florida, que “es una copia de aquella”, no va a ser implementada porque se va a pelear ante la justicia.

Los congregados en la víspera de la entrada en vigor de la ley promovida por el gobernador el republicano Ron DeSantis, que castiga severamente la inmigración irregular, se pasaron el micrófono frente a las cámaras de televisión para expresar lo que sienten cuando se acerca la “hora cero”.

Una reforma migratoria integral acompañada de una amnistía para todos los indocumentados a nivel federal fue la exigencia más escuchada en la concentración, junto con los llamamientos para “parar esta ley”.

Juan José Gutiérrez, dirigente de la organización Derechos Plenos para los Inmigrantes y uno de los integrantes de la caravana que partió desde California, subrayó que hay que evitar a toda costa que el ejemplo de la ley SB 1718 se extienda por Estados Unidos como “un cáncer”.

El activista agregó que para evitar que “políticos mediocres”, en aparente alusión a DeSantis, sigan usando como “piñata” a los inmigrantes cada vez que necesitan contentar a sus bases electorales es necesario que el Congreso federal apruebe la tantas veces postergada reforma migratoria.

Otros participantes en la concentración hicieron hincapié en que los indocumentados trabajan duro y no son una “carga social”, pues pagan impuestos: mil 600 millones de dólares solo en Florida y 47 mil millones de dólares en todo el país, según dijo una de las activistas que tomó la palabra espontáneamente.

Medios como Univision, que transmitió en directo desde la concentración, subrayaron la ausencia de políticos y representantes estatales en la protesta.

Protestas y marchas para hoy

Para hoy están previstos actos de protesta en distintas ciudades de Florida y, según dijo a la agencia EFE Gutiérrez, se va “a anunciar un boicot” a los productos de Florida, como frutas, verduras y jugo de naranja y otros cítricos”, en rechazo a esta ley.

El director ejecutivo de Derechos Plenos para los Inmigrantes, que forma parte de la coalición de agrupaciones de Todos somos Florida, señaló que, además de las protestas y marchas, abogados de organizaciones de derechos civiles y pro migrantes han diseñado una estrategia legal contra la ley SB 1718, que se va a reflejar en varias demandas de caracter judicial.

La nueva normativa obliga a las empresa de más de 25 empleados a usar un programa para verificar el estatus migratorio de cada uno de sus contratados y tipifica los viajes en automóvil a través de las fronteras estatales con una persona indocumentada como delito grave, punible con hasta 15 años de prisión.

La ley dificulta también el acceso de los indocumentados a la atención médica al obligar el registro del estatus migratorio de todos los pacientes en hospitales que reciben Medicaid (seguro público) y desconoce las licencias de manejo expedidas por otros estados a personas en esa misma situación legal.

DeSantis busca obtener la candidatura republicana a la presidencia aunque tiene como rival a Donald Trump, favorito en las encuestas partidistas. 

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“No era necesaria la violencia, nosotros no íbamos a correr y no íbamos a hacer nada porque estábamos con niños”, denuncia Alejandra Gutiérrez, migrante venezolana que perdió a uno de sus cuatro hijos durante el operativo que realizaron la madrugada de ayer, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN) para desmantelar la cuarta caravana que salió el sábado de Tapachula.

Alejandra dijo que viajaba con su esposo, cuatro hijos —de 13, cinco, tres y un año de edad—, su madre y hermana; responsabilizó a los agentes del INM de haber perdido a Alexi, de tres años.

Relató que, junto con su familia, se separó de la caravana durante el operativo y se resguardaron para evitar los golpes y entregarse de forma voluntaria, pero una agente migratoria —de cabello amarillo y gorda, describió—, tiró al piso a su hija de 13 años, que llevaba al niño más chico.

“Yo tenía a mis dos niñas agarradas, la de cinco y la de tres años, y a mí me agarraron [los de migración] por una mano y me hicieron que la soltara. Les gritaba que me dejaran agarrar a mi niña y no me dejaron”, narra entre el llanto y desesperación de no saber qué pasó con su hija.

La familia se entregó para volver a Tapachula y buscar a la pequeña Alexi, pero hasta ayer por la tarde no la habían localizado.

Su caso no fue el único. El llanto de los niños y los gritos de las madres fueron constantes.

Eran las 5:30 de la mañana y los integrantes de la cuarta caravana migrante, que pasaron la noche bajo el techo de la cancha de basquetbol de Huixtla, se preparaban para continuar su camino hacia el norte cuando fueron sorpren didos por unos 300 elementos del INM y la GN.

Los antimotines hicieron vallas con sus escudos y rodearon a los migrantes, entre hombres, mujeres con niños o embarazadas. Ninguno escapó de los jalones, empujones y golpes.

En medio del caos, unos 300 migrantes huyeron hacia el río Huixtla, las vías del ferrocarril y la zona montañosa, hasta donde fueron perseguidos. Al menos 200 migrantes fueron detenidos y varias familias se entregaron.

Una hora después, unos 300 migrantes lograron reagruparse y se enfrentaron con piedras y palos con agentes migratorios y la Guardia Nacional, tres de estos últimos resultaron heridos.

Cuando se retiraron las fuerzas federales, unos 60 extranjeros se refugiaron en la iglesia San Francisco de Asís, donde el párroco Heyman Vázquez Medina les ofreció alimento.

Operativo salvaje y cruel

“Lamentablemente, creo que con estos operativos estamos volviendo a ese trato cruel e inhumano que se le daba a los migrantes en los años 2003 a 2010, porque con la Ley de Migración como que avanzamos un poquito en el respeto a los derechos humanos de los migrantes, pero actualmente estamos retrocediendo nuevamente en vez de ir avanzando”, aseveró el sacerdote Vázquez Medina, fundador del albergue para migrantes del municipio de Arriaga.

“Nuestro presidente es necio y él siempre maneja un discurso de que las cosas han cambiado, que la Guardia Nacional son honrados. Yo creo que sí ha de haber honrados, pero también debe de reconocer que hay muchos elementos que no son honrados, que son corruptos, y especialmente el Instituto Nacional de Migración, que están reprobado”, señaló el sacerdote.

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Marcos llegó hace 3 meses con su familia a la ciudad de Tijuana en busca una nueva vida porque en su país de origen la violencia no los dejaban vivir tranquilos.

El joven de 13 años de edad, originario de Honduras dijo que han asesinado a hermanos, primos y amigos cercanos porque no aceptaban involucrarse con el crimen organizado.

Ahora se encuentran en el campamento migrante y lamenta vivir en una situación deplorable.

"Aguantando sol, frío, me duele el cuerpo de estar en el suelo pero prefiero esto a que me maten" expresó Marcos

En las últimas semanas se han desatado peleas entre migrantes, presencia de asaltantes y el crimen organizado, sin embargo señala que no se compara a lo que se vive en Honduras. 

"Uno ya sabe a lo que viene, no me gustan los vicios y no me meto en problemas" dijo el joven migrante

En un ambiente difícil y de riesgo, crecen bebés y niños en el campamento migrante en El Chaparral donde han aprendido a caminar y hasta hablar. 

La mayoría de los bebés menores a seis meses nacieron pocos días antes de que huyeran de sus países, quiere decir que la madre ni la cuarentena completó.

Otros bebés han tenido que aprender a gatear y caminar en el campamento solos o con ayuda de otros migrantes. 

En entrevista con una migrante mexicana, madre de una niña de apenas 2 años dijo que su alimentación no es sana y ha sido complicado conseguir alimentos que pueda ingerir la menor. 

Los niños se están desenvolviendo en un área conflictiva y con un futuro incierto.

Además el riesgo sanitario que persiste en el campamento pone en riesgo la salud de los menores de edad.

El que el ayuntamiento de Tijuana quiera abrir un albergue migrante para la comunidad desplazada o en contexto de movilidad puede ser considerado un logro por parte de las Asociaciones Civiles ya que estas existen para visualizar los problemas a los que el gobierno no atiende, señaló el presidente de la Alianza Migrante, José Maria García.

“Siempre hemos dicho que si la responsabilidad es compartida, que ellos también cumplan con atender a las personas que están llegando de sur a norte y también a nuestros deportados porque no pueden caer en no atender a nuestra propia gente y solo basarse en comunidades que vienen del extranjero” señala ‘Chema’ García.

Señala que son los municipios fronterizos los que se encuentran con la mayor cantidad de personas en contexto de movilidad y si estas administraciones se coordinan con la Federación para poder hacer algo, bienvenidos.

“Esto se puede complementar como una medida de ayuda ya que en las zonas fronterizas se ha incrementado mucha comunidad que viene de sur a norte y si para las AC’s no hay recursos, pues que ellos tomen la responsabilidad que les ha correspondido hacer por muchos años y no que sea al revés, que toda la responsabilidad caiga en la sociedad civil”.