La ministra Loretta Ortiz Ahlf ha afirmado que la reforma judicial en México es "una transformación muy fuerte" y la más importante de las que ha habido en la historia del país, al igualar el poder judicial con los otros dos poderes del Estado. Señaló que este proceso es único en su envergadura y calado, e incluso más importante que las revoluciones constitucionales anteriores. La ministra enfatizó que la democratización de la elección de los integrantes del poder judicial es la gran trascendencia de este proceso.

La ministra explicó que siempre hay molestia cuando se produce un cambio significativo, y algunos ministros han expresado sus reservas sobre el nuevo procedimiento. Sin embargo, Ortiz Ahlf expresó su decisión de adoptar un enfoque que favorece la democracia al dejar que la ciudadanía elija a los miembros del poder judicial, tanto federal como local. Esto permitirá una mayor conexión entre los jueces y la ciudadanía.

Ortiz Ahlf destacó que la reforma judicial también aborda temas como el nepotismo, la corrupción, el tráfico de influencias, el acoso a mujeres y la violencia contra las mujeres. Además, mencionó que con la reforma, la comunidad indígena ya no puede presentar acciones de inconstitucionalidad, lo que representa una mejora significativa para esta población.

En cuanto a la comunidad LGBT+ y personas con discapacidad, la ministra reconoció que aún quedan pendientes reformas necesarias para contemplar sus derechos y necesidades.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf ha sido invitada a hacer conferencias en Tijuana para explicar la reforma judicial y su implementación.

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Este lunes, legisladores federales de Movimiento Ciudadano y jueces de Distrito presentaron dos documentos amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo de influir en la discusión sobre las acciones de inconstitucionalidad contra la reciente reforma judicial. Estos documentos, conocidos como "amigos de la Corte", exponen argumentos y perspectivas legales para que los ministros consideren al evaluar las impugnaciones.

La diputada Laura Ballesteros y el legislador Armando Ruiz Hernández, ambos de Movimiento Ciudadano, entregaron un documento respaldado por más de 7,000 firmas y anunciaron que mañana sumarán otras 3,000. Ballesteros explicó que su partido busca proteger los derechos laborales de los empleados del Poder Judicial, quienes podrían verse afectados por la reforma. “Una cifra importante es que 12 mil empleados del Poder Judicial son de confianza, y serán los primeros en perder su empleo si se implementa esta reforma. Lo más alarmante es que el 80% de esos 12 mil son mujeres”, comentó.

Por otro lado, Magdalena Victoria Oliva, jueza Quinto de Distrito en Ejecución de Penas en Ciudad de México, entregó un amicus curiae respaldado por jueces, magistrados y personal del Poder Judicial, con apoyo de organismos internacionales. Este documento se dirige al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, encargado de presentar el proyecto sobre la reforma judicial.

“La finalidad es ofrecer una perspectiva desde la Judicatura que refuerce los argumentos del ministro”, explicó Oliva, resaltando que la reforma podría alterar la estructura básica del sistema judicial. “La Suprema Corte tiene la facultad de realizar un análisis constitucional cuando se vulnera la estructura de la Constitución”, agregó.

Entre los participantes que colaboraron en la redacción del amicus figuran jueces como Federico Ariel Bacheto, Luz Elena García Chávez y María del Carmen López Fabián.

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La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este miércoles la posibilidad de iniciar un juicio político contra los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que renunciaron a sus cargos recientemente. La mandataria señaló que esta medida sería responder a una “provocación”, en tanto considera que los ministros buscan provocar una reacción del gobierno federal en medio de lo que describen como decisiones más políticas que jurídicas.

“Nos están provocando”, afirmó Sheinbaum desde su conferencia en Palacio Nacional. “Quieren que la Presidenta los lleve a juicio político… no lo vamos a hacer, por más que estén violando la Constitución, que es lo que ellos quieren”, subrayó.

Sheinbaum expresó su confianza en que algunos de los ministros “recordarán sus clases y su historia” y reconsiderarán las decisiones que están tomando, las cuales describieron como inclinadas a favor de ciertos grupos de interés. “Ellos y ella saben que están tomando una decisión política, no jurídica, en contra del pueblo de México”, añadió.

La presidenta Sheinbaum descartó llevar a juicio político a las y los ministros de la SCJN 🧑‍⚖️ por intentar legislar sobre la reforma al #PoderJudicial.

"Nos están provocando", dijo. pic.twitter.com/G9rcXumwMs

— IMER Noticias (@IMER_Noticias) October 31, 2024

La declaración se da en un contexto de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, especialmente después de la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de una reforma de supremacía constitucional, la cual pretende incorporar algunos principios de la Ley de Amparo en la Constitución. . Este paso, según Sheinbaum, establece la primacía de los derechos constitucionales y de los congresos estatales sobre cualquier legislación secundaria.

Sheinbaum pidió paciencia y subrayó la importancia de esperar a que la reforma sea ratificada por los congresos locales y después revisada por la Suprema Corte. “Una vez que se tome una decisión, nosotros podremos hacer un planteamiento, pero no nos adelantemos”, concluyó.

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El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que se han recibido las renuncias de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre ellos la presidenta Norma Lucía Piña. El anuncio, realizado a través de redes sociales, sorprendió al Congreso y generó reacciones inmediatas entre los diferentes grupos parlamentarios.

Los ministros que renunciaron, incluyendo a Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Javier Laynez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán, han declinado su participación en el proceso electoral judicial de 2025, por lo que este será su último año en el cargo. La decisión es efectiva a partir del 31 de agosto de 2025, de acuerdo con lo establecido en la reforma judicial.

Fernández Noroña, refiriéndose a los ministros en su mensaje, instó a que los documentos de renuncia incluyan sus nombres y los llamó “bellacos”, exceptuando a Alberto Pérez Dayán y José Luis González Alcántara Carrancá, quienes presentaron sus renuncias de manera personal. Además, el senador señaló que el documento de González Alcántara fue una “reflexión política” sobre el estado de la judicatura en México, lo cual calificó de interesante.

La reforma judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) recientemente, establece que las posiciones de jueces, magistrados y ministros deberán elegirse por voto popular. Según fuentes del máximo tribunal, los ministros habrían negociado su retiro con Adán Augusto López, coordinador parlamentario de Morena, bajo la condición de mantener sus haberes de retiro.

En entrevista, Fernández Noroña comentó que el Senado esperará la resolución de la Suprema Corte sobre la validez de la reforma antes de aceptar formalmente las renuncias. Esta decisión de la Corte, señaló, se tomará el próximo martes, coincidiendo con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una fecha que Noroña calificó como una “feliz coincidencia”.

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Tras levantar el paro contra la reforma judicial, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomó este martes sus actividades jurisdiccionales sin abordar ese tema.

Pasadas las 13:00 horas, la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, abrió la sesión para después ordenar al secretario del pleno someter a votación el acta de la última sesión pública que tuvieron, celebrada el 2 de septiembre del año en curso.

Acto seguido, los 11 ministros iniciaron la revisión de una acción de inconstitucionalidad presentada en 2023 por diputados del Congreso de Tamaulipas contra un decreto por el que se reformaron disposiciones de la Ley de Aguas y legislación diversa para dicha entidad.

Sin embargo, la ministra Loretta Ortiz Ahfl pidió retirar de la lista el proyecto en el que proponía declarar infundada la impugnación mencionada, y discutirlo hasta que se resolvieron otros relacionados.

“Como lo señala la ministra ponente esta acción (de inconstitucionalidad) depende de lo que se decide en diversas acciones de inconstitucionalidad, entre las 177/2023 y acumulada.

“En consecuencia, como lo solicita, queda retirado este asunto hasta que veamos las acciones mencionadas. En consecuencia, voy a proceder a levantar la sesión y convocó a las señoras ministras y a los señores ministros a nuestra próxima sesión ordinaria que tendrá lugar el próximo jueves a la hora de costumbre. Se levanta la sesión”, señaló Piña Hernández, a las 13:21 horas de este martes.

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