Pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) podía solicitar mantener al exdirector General de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya en prisión preventiva justificada nunca lo pidió y por eso éste permanece en libertad condicional.

Esta medida le fue impuesta tanto en el caso Odebrecht como en el de Agro Nitrogenados en los que está vinculado a proceso por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.

Al ser vinculado a proceso el 28 de julio de 2020 por operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso Agro Nitrogenados, la FGR no solicitó la prisión preventiva justificada contra Lozoya, sino que, tomando en consideración sus condiciones de salud, pues supuestamente padecía anemia y problemas del esófago, solicitó mantenerlo en el hospital privado Ángeles del Pedregal, al que fue trasladado luego de ser extraditado desde España.

“Que continúe la vigilancia de la policía ministerial en el hospital, colocación de un localizador electrónico, entrega de pasaporte y visa para evitar salida del país”, fueron las medidas que la FGR requirió.

Lo anterior, pese a que reconoció que existe un riesgo de que Lozoya se dé a la fuga, por lo que un juez de control, con sede en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, además de imponerle las medidas solicitadas por la FGR, le prohibió salir del país y presentarse los días 1 y 15 de cada mes ante la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca).

En esa diligencia la FGR informó que el exdirector de Pemex solicitó un criterio de oportunidad, mismo que en ese momento todavía se mantenía bajo negociaciones.

En el caso Odebrecht, Lozoya Austin fue vinculado a proceso el 29 de julio de 2020 por los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho.

La fiscalía tampoco pidió prisión preventiva justificada bajo el argumento del estado de salud que tenía el exdirector de Pemex en ese momento.

Únicamente solicitó que se le prohíba salir del país y de la Ciudad de México, así como del área conurbada; la colocación de un brazalete electrónico, la entrega de su pasaporte y vigilancia por parte de la Policía Federal Ministerial en el hospital donde estaba internado.

El juez Juan Carlos Ramírez Benítez también le impuso las medidas solicitadas por la FGR y la presentación periódica ante la Umeca.

“Única y exclusivamente por cuanto hace a esta causa penal, decreto la libertad condicional del señor imputado, atendiendo a las medidas cautelares impuestas”, señaló el juzgador, por lo que Lozoya Austin puede salir de su domicilio libremente, pero no de la Ciudad de México ni de su zona conurbada.

Pese a que está obligado a presentarse ante la Umeca, debido a la pandemia de Covid-19 sólo se comunica por vía telefónica para cumplir con el mandato de los jueces.

Dos días después de la audiencia de vinculación a proceso por el caso Odeberecht, Emilio Lozoya abandonó el hospital Ángeles del Pedregal y desde entonces continúa su proceso en libertad.

El 12 de agosto de 2020 el fiscal General, Alejandro Gertz Manero, declaró en una conferencia organizada por El Colegio de México que a Emilio Lozoya Austin se le está dando el trato que recibe debido a que está aportando información a la Fiscalía General de la República para dar con otros exfuncionarios involucrados en actos de corrupción.

La defensa legal de Emilio Lozoya aseguró que ya fue presentado el amparo en contra de la personalidad jurídica de víctimas u ofendidos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el eventual juicio por este caso.

Así lo confirmó a MILENIO Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya Austin, quien explicó que, como parte de esta demanda de amparo, también solicitaron una suspensión para que el juez Gerardo Alarcón no dicte la apertura a juicio oral en la audiencia intermedia que continuará este lunes en el Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Norte.

En caso de que un juez de amparo conceda esta suspensión, Emilio Lozoya evitaría ir a juicio por el caso Odebrecht hasta que se resuelva de fondo esta demanda en contra de la personalidad jurídica de víctimas u ofendidos de Pemex y de la UIF, lo que podría tardar meses e incluso años, considerando otros recursos que pudieran promover.

“Lo que buscamos con el amparo es que se defina a quién le tenemos que pagar la reparación del daño. Que las instituciones señalen sede y cuenta para depositar, queremos pagar ya la reparación del daño”, enfatizó el abogado de Lozoya a MILENIO.

Esta estrategia legal también es relevante porque, de conseguir que Pemex y UIF no cuenten con el carácter de víctimas, ya no podrían participar en el proceso, incluso en caso de darse un eventual juicio, ya no habría ofendidos en esta acusación lo que implicaría que ya no habría a quién pagar alguna reparación del daño que, en la acusación por escrito, asciende a más de 20 millones de pesos.

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El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, tiene este martes una nueva cita ante un juez de Control del Reclusorio Norte, ahora por el caso Odebrecht.

Se trata de la audiencia intermedia programada para las 10:00 de la mañana, en la que una vez más la Fiscalía General de la República (FGR) tratará de imputar al exfuncionario por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Será en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, y estará dirigida por el juez Gerardo Alarcón López, quien desde diciembre asumió el caso en sustitución de la juez Verónica Gutiérrez Fuentes.

A solicitud de los abogados de Lozoya Austin, en noviembre del año pasado, se aplazó la diligencia de hoy, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no les había entregado cuatro discos con interrogatorios videograbados y dictámenes periciales consistentes en contabilidad y derecho extranjero.

Cabe recordar que Emilio Lozoya Austin ofrece a Pemex 7.3 millones de dólares para llegar a un criterio de oportunidad y un acuerdo reparatorio, en el caso Odebrecht, del que está acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña por más de 10 millones de dólares.

"No se celebró la audiencia porque falta que la Fiscalía General de la República, entregue parte del descubrimiento probatorio y también nosotros tenemos dos dictámenes periciales pendientes por entregar a la Fiscalía”, mencionó el abogado Miguel Ontiveros Alonso.

Se prevé que en la audiencia de este martes, la Fiscalía General de la República haga la imputación formal contra el exdirector de Pemex Emilio Lozoya.

Existe la posibilidad de que la audiencia se difiera, como ocurrió con la del caso Agronitrogenados en la que también está acusado Lozoya Austin.

Será hasta enero del próximo año cuando el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, vuelva a comparecer ante un juez federal por los casos de corrupción Agronitrogenados y Odebrecht, por los que está preso en el Reclusorio Norte. De esta manera, el exfuncionario pasará una navidad y año nuevo más en prisión.

Las audiencias intermedias aplazadas a principios de este mes, se programaron para el 3 de enero, en el caso Agronitrogenados, y para el 17 de enero de 2023 en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, la referente a los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, reportaron e fuentes judiciales.

A principios de noviembre, la jueza de Control del Reclusorio Norte, Verónica Gutiérrez Fuentes, aplazó 10 días hábiles las audiencias de Lozoya Austin, con el fin de preparar su defensa en el caso Agronitrogenados, debido a que el exdirector de Pemex Fertinal, Edgar Torres Garrido, considerado su principal testigo a ofrecer en su defensa, falleció, y porque le faltaba analizar tres periciales.

En el caso Odebrecht, la jueza aplazó la audiencia intermedia porque está pendiente por entregar dos peritajes y tener acceso a los interrogatorios videograbados de los ejecutivos de la constructora brasileña.

El abogado Miguel Ontiveros Alonso, aseguró que van a continuar impulsando un acuerdo reparatorio para lograr la extinción de la acción penal contra Lozoya Austin, en el caso Agronitrogenados, y, dijo, la misma postura han asumido en el caso Odebrecht, de cara a concretar un criterio de oportunidad.

El gobierno de España rechazó que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, tenga una "visa de oro" para residir en ese país.

Peña Nieto posee autorización para residir en España como inversor, aunque el gobierno español ha dicho desconocer el monto total de inversiones que tiene el expresidente mexicano en ese país.

El diputado vasco EH Bildu Jon Iñarritu había preguntado si se había dado al expresidente uno de los llamados 'golden visa' para inversores y se había interesado por conocer la inversión de que disponía en España para haber podido acceder a este visado reservado a priorio a grandes inversores.

En su respuesta, el Ejecutivo ha puntualizado que Peña Nieto "es titular de una autorización de residencia como inversor" con forme a la ley de 2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Dicha ley, ha precisado, "permite este tipo de autorización, entre otros, a los titulares de bienes inmuebles en España con una inversión de valor igual o superior a 500.000 euros" y que cumplan con el resto de los requisitos.

El Gobierno reconoce que el expresidente mexicano Peña Nieto tiene permiso de residencia como inversor

Inversión de Peña Nieto en Madrid

En el caso de Peña Nieto, "el interesado acreditó la inversión por valor de 570.000 euros, libre de cargas y gravámenes, en un local comercial ubicado en Madrid". Según ha recordado el Gobierno, para obtener la autorización no es "preciso acreditar otras inversiones, por lo que se desconoce qué otros activos pudiera tener Peña Nieto a efectos de la obtención de la autorización". Así pues, "se desconocen las inversiones o capital que Peña Nieto pueda tener con carácter global en España".

Según ha recordado el Gobierno, para obtener la autorización no es "preciso acreditar otras inversiones, por lo que se desconoce qué otros activos pudiera tener Peña Nieto a efectos de la obtención de la autorización". Así pues, "se desconocen las inversiones o capital que Peña Nieto pueda tener con carácter global en España".

Por otra parte, a la pregunta de Iñarritu de si el expresidente mexicano intentó antes "algún otro cauce de regularización", el Ejecutivo ha reconocido que "solicitó una autorización de residencia por supuestos no previstos en el Reglamento de Extranjería que fue inadmitida a trámite por no cumplir los requisitos exigidos para ello".

El expresidente mexicano reside en España desde hace tiempo. A principios de agosto, la Fiscalía General de México informó de que estaba llevando a cabo una investigación contra Peña Nieto por haber cometido presuntamente delitos de blanqueo de dinero, delitos electorales y enriquecimiento ilícito. Ya en julio, el organismo había informado de la apertura de un expediente en su contra por haber recibido presuntamente transferencias irregulares desde España.

Un tribunal federal otorgó un amparo al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, sentencia que ordena dejar sin efecto la resolución que confirmó la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta en el proceso que se le sigue por el caso Odebrecht. 

La sentencia de la magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, titular del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, no ordena la inmediata libertad de Emilio Lozoya, sino que se estudie otra vez el caso y se emita un nuevo pronunciamiento en cualquier sentido. 

Este es el único caso que mantiene al ex funcionario en el penal del reclusorio Norte, en la Ciudad de México. 

Desde hace meses, Lozoya busca recuperar su libertad para continuar enfrentando el asunto donde se le presume responsable de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa. 

Rodríguez Escobar determinó que se cometieron violaciones formales de fundamentación y motivación en la resolución dictada por Isabel Cristina Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, quien resolvió un recurso de apelación.

El 8 de abril del presente año, Porras Odriozola confirmó la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada el pasado 26 de enero por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza. 

Ahora, la magistrada del Tercer Tribunal Unitario deberá contestar cada uno de los argumentos que la defensa realizó y que ella no respondió. 

También debe valorar lo expuesto por la defensa, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que Emilio Lozoya podría tener acceso a 2 millones de euros de la empresa JF Holding, de la cual es accionista, recursos que le facilitarían evadir la justicia. 

Los abogados refutaron el argumento al mencionar que dichos recursos fueron depositados hace siete años y no hay un elemento que acredite que ese dinero aún exista. 

Asimismo, debe responder a lo señalado por la defensa en el sentido de que el ex director de la paraestatal había comparecido en todo momento en el procedimiento penal; y tiene que justificar por qué el estado procesal se considera como una variación objetiva que justifica la modificación de la medida cautelar. 

Una vez subsanado lo anterior, deberá emitir un nuevo pronunciamiento con libertad de jurisdicción. 

En el recurso de apelación, la defensa de Lozoya Austin mencionó que fue incorrecta la aplicación del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales por parte del juez Artemio Zúñiga. 

Que el juez de control desatendió lo establecido en los artículos 161 y 167 del CNPP, al decretar el cambio de medida cautelar con base en las motivaciones que justificaron la imposición de medidas cautelares en la audiencia inicial, es decir, cuando a Emilio Lozoya se le permitió enfrentar el proceso en libertad y sólo se le obligó a no salir del país y a firmar periódicamente.

 La magistrada debe estudiar lo expuesto por el juez de control, quien destacó que la relación de Emilio Lozoya con su esposa Marielle Helene Eckes, de nacionalidad alemana, permitiría sustraerse de la justicia. 

Es de mencionar que la FGR agregó que Emilio Lozoya cuenta con capacidad económica para salir del país y permanecer oculto; que su padre Emilio Lozoya Thalmann, tiene contactos con personas de alto nivel porque formó parte del Gobierno Federal. 

Igualmente, que el ex funcionario tiene “poco pudor procesal”, porque cuando gozaba de libertad, fue exhibido cuando se encontraba acompañado de diversas personas en un lujoso restaurante de la Ciudad de México. 

Finalmente, el Ministerio Público Federal detalló que la necesidad de cautela se justifica con el máximo de las penas que se le pueden imponer tras recibir una sentencia. 

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