Dos maestras de un colegio privado de Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron vinculadas a proceso penal por un Tribunal de Control. Las docentes estaban acusadas de haber cometido el delito de violación con penalidad agravada, pero el juez lo reclasificó a abuso sexual. 

El pasado 23 de marzo, la directora del plantel Mónica del Carmen 'C', de 51 años, y la docente Adriana Lucía 'H', de 27 años, fueron detenidas; el juez penal Juan Alonso Martínez Grajales, emitió el auto de vinculación a proceso y aprobó un mes como plazo para el cierre de la investigación complementaria. 

De acuerdo con la formulación de cargos presentada por una agente del Ministerio Público de la Fiscalía de la Mujer de Chihuahua, entre agosto del 2021 a febrero del 2022 las maestras estuvieron violando a la niña de cuatro años -cuya identidad quedó bajo reserva judicial-. en las instalaciones del colegio “Motessori Internacional”, ubicado en la calle Valle Ródano número 6730 de la colonia Del Sol, una zona geográficamente céntrica, en lafrontera de Juárez. 

Al presentar los cargos, la fiscal dijo que las maestras llevaban a la víctima a un cuarto pintando en colores rosa con azul y que tenía una puerta blanca grande y entre ambas agredían sexualmente a la alumna, informó personal del Tribunal. 

En su declaración, la víctima dijo que ella se sentía con sueño al momento que la agredían, por lo que se presume que podrían haberle suministrado algo para que durmiera. 

En el proceso penal, las maestras estuvieron representadas por abogados de cuatro despachos jurídicos, quienes presentaron varios testigos para la audiencia de vinculación o no a proceso. Entre ellos la abuelita de la víctima, una maestra del colegio, una madre de familia, una doctora y una psicóloga. 

Las declaraciones de los testigos se prolongaron por horas, la diligencia inició a las 13:00 horas del lunes pasado, a las 02:00 horas de este martes se decretó un receso y la audiencia reinició a las 08:30 horas parar terminar después de las 15:00 horas con el auto de vinculación a proceso contra ambas maestras, pero por el delito de abuso sexual porque el juez consideró que hay diferencias entre las declaraciones aportadas ante el Ministerio Público por parte de la víctima de tan sólo cuatro años y el dicho de la mamá, informó personal del Tribunal de Control. 

Cuando las maestras fueron detenidas, los agentes ministeriales también realizaron un cateo en las instalaciones del plantel al parecer en busca de la habitación descrita por la víctima, en colores rosa y azul y con una puerta blanca. Pero no localizaron un espacio así. 

Las maestras no rindieron declaración ante el juez. Ni la mamá de la niña fue llamada a declarar ante el Tribunal. 

Las medidas cautelares impuestas a las docentes, desde la primera audiencia, quedaron igual. A la maestra Adriana se le impuso la prisión domiciliaria debido a que se encuentra embarazada y Mónica del Carmen seguirá recluida en el penal femenil de Ciudad Juárez. 

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La Fiscalía General del Estado (FGE), obtuvo un auto de vinculación a proceso en contra de un individuo por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual a una persona menor de 14 años.

Tras analizar los argumentos, el Juez de Control determinó que existen indicios suficientes para acreditar la probable participación de Ramses Alejandro “N” en los hechos que se le imputan.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el incidente ocurrió la tarde del 13 de mayo de 2019, en un domicilio de la avenida Río Blanco, en la colonia González Ortega. En dicho lugar, el imputado presuntamente realizó actos ilícitos en contra de la integridad de la víctima menor de edad.

Ante la gravedad del delito y para garantizar el desarrollo del proceso, el Juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, se otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual el Ministerio Público fortalecerá la carpeta de investigación.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo una sentencia condenatoria de 12 años de prisión en contra de Felipe de Ángel Jiménez. 

De acuerdo con el expediente, los hechos ocurrieron a principios de junio de 2023, aproximadamente a las 23:00 horas, en un domicilio del fraccionamiento Condesa Residencial, sección Almaraz. El sentenciado aprovechó que la víctima, una menor de 13 años, se encontraba descansando para agredirla sexualmente, utilizando amenazas para obligarla a guardar silencio.

Derivado de la denuncia, se recabaron pruebas fundamentales, tales como declaración ministerial de la menor, certificado médico legal, dictamen pericial en psicología; estos elementos permitieron sustentar el proceso penal hasta su conclusión.

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La Fiscalía Regional de Mexicali, a través de la Unidad de Investigación de Delitos con Detenidos Poniente, obtuvo la vinculación a proceso de un individuo por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual.

Durante la audiencia, el agente del Ministerio Público presentó ante el Juez de Control los elementos de prueba recabados por personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). Los cuales, fueron considerados suficientes para establecer la probable participación de Jesús Efraín “N” en el hecho que se investiga.

De acuerdo con la indagatoria, el 28 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 14:00 horas, el imputado se encontraba en un domicilio ubicado en las inmediaciones del fraccionamiento Quintas del Rey, tercera etapa, donde presuntamente realizó tocamientos indebidos a una menor de 14 años que se encontraba dormida, sin su consentimiento.

Al término de la audiencia, el Juez impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva y dos meses, tiempo durante el cual el Ministerio Público continuará la investigación complementaria para robustecer las pruebas en su contra.

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El papa León XIV aceptó el sábado la renuncia de un obispo español enfermo que está bajo investigación de la Iglesia por presuntamente haber abusado sexualmente de un joven seminarista en la década de 1990, primera vez que el nuevo pontífice destituye a un obispo acusado de abuso.

En un comunicado de una sola línea, el Vaticano indicó que León XIV había aceptado la renuncia del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, de 76 años. No se especificó el motivo, pero Zornoza presentó su renuncia al papa el año pasado al cumplir 75 años, la edad normal de jubilación para los obispos.

Sin embargo, no había sido aceptada hasta que el periódico El País publicó a principios de este mes que Zornoza ha sido investigado recientemente por un tribunal eclesiástico. El diario, que desde 2018 ha expuesto décadas de abuso y encubrimiento en la Iglesia católica española, indicó que Zornoza fue acusado de abusar de un joven exseminarista cuando era un joven sacerdote y dirigía el seminario diocesano en Getafe.

El artículo, citando una carta que el exseminarista escribió al Vaticano durante el verano, señalaba que Zornoza lo manoseó y dormía regularmente con él desde que tenía 14 años hasta los 21. La carta del exseminarista agregó que Zornoza escuchó su confesión y lo persuadió para que viera a un psiquiatra para "curar" su homosexualidad.

La diócesis de Cádiz negó las acusaciones contra Zornoza, pero confirmó que la investigación es llevada a cabo por el tribunal eclesiástico en Madrid conocido como la Rota. En un comunicado del 10 de noviembre, la diócesis informó que Zornoza estaba cooperando con la investigación y había suspendido "temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo".

"Las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas", decía el comunicado.

Se cree que es el primer caso conocido públicamente de un obispo retirado y sometido a investigación por presunto abuso sexual desde que la Iglesia española comenzó a enfrentar en los últimos años, un legado de décadas de abuso y encubrimiento que ha sacudido a la otrora firmemente católica España.

León XIV no ha nombrado por el momento a un líder temporal para la diócesis.

En 2023, la primera pesquisa oficial de abuso en España reveló que el número de víctimas podría ascender a cientos de miles, basándose en una encuesta que formó parte de un informe de la oficina del Defensor del Pueblo de España. El Defensor del Pueblo realizó una investigación independiente de 18 meses sobre 487 casos que involucraban a presuntas víctimas que hablaron con el equipo de ese órgano constitucional.

Los obispos católicos de España ofrecieron disculpas, pero desestimaron las interpretaciones del informe del Defensor del Pueblo como una "mentira", argumentando que muchas más personas habían sido abusadas fuera de la Iglesia.

La jerarquía católica española luego hizo su propio informe, afirmando en 2024 que había encontrado evidencia de 728 abusadores sexuales dentro de la Iglesia desde 1945. Luego lanzó un plan para compensar a las víctimas, después que el gobierno de España aprobara un plan para obligar a la Iglesia a pagar reparaciones económicas.

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Integrantes del Colectivo CESODI se congregaron frente a los juzgados familiares de Tijuana para denunciar la creciente violencia institucional, el abandono y la revictimización que enfrentan las víctimas en los procesos judiciales, específicamente en el caso de la menor “Aranza” y su madre, Marlene Padilla.

La madre de la menor expresó su profunda preocupación y tristeza ante lo que calificó como un grave fallo del sistema judicial: “Desde que mi hija tenía tres años, hemos denunciado el abuso por parte del padre, pero la justicia no ha protegido a mi hija. Hoy, ella vive con miedo y en peligro, y la justicia parece favorecer al agresor”.  

Por su parte, Shamanta Yunuel Sesma Valdez, cofundadora de CESODI, señaló que el pasado 28 de julio, la familia fue revictimizada por funcionarios judiciales, en particular por el actuario Oscar Ledezma, quien mostró un trato prepotente y una actitud que, desde su perspectiva, refleja una falta de perspectiva de género y protección infantil en el proceso.

La madre de Aranza lamentó que, en medio de denuncias penales y familiares desde hace años, la justicia haya fallado en proteger a la víctima, permitiendo que el agresor siga en libertad. “No es justo que la justicia proteja al agresor y que mi hija siga viviendo con miedo, siendo víctima de violencia física y sexual, mientras que la justicia parece haberle dado la espalda”, afirmó.

CESODI también recordó que desde hace tiempo han solicitado la creación de salas especializadas para atender casos de niños y niñas en procesos judiciales, pero hasta ahora no han recibido respuesta, evidenciando la falta de interés de las autoridades en proteger a la infancia.

Finalmente, anunciaron que acudirán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para presentar una queja ante las omisiones en las investigaciones y la falta de protección efectiva para “Aranza”. La denuncia busca no solo justicia para la menor, sino también llamar la atención sobre la necesidad de un cambio en las prácticas judiciales que garantice la protección infantil y los derechos de las víctimas.

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