El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó este lunes la expropiación de 36 inmuebles privados con una extensión de más de 109 hectáreas para la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, localizados en los municipios de Solidaridad, Benito Juárez, Puerto Morelos y Tulum, Quintana Roo.

En el decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) se detalla que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) cubrirá el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con los avalúos que emita el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indabin).

El documento detalla que Fonatur y Sedatu se coordinarán ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para solicitar las erogaciones que deban cubrirse con motivo de la entrada en vigor de este decreto.

“La Sedatu propuso decretar la expropiación de los inmuebles para llevar a cabo la construcción del Proyecto Tren Maya, en su tramo 5, subtramos norte y sur, en el estado de Quintana Roo, he tenido a bien expedir el siguiente DECRETO. “PRIMERO. Se expropia por causa de utilidad pública una superficie total de 1,093,118.93 m2 (un millón noventa y tres mil ciento dieciocho punto noventa y tres metros cuadrados) a favor de la Federación para la ejecución del tramo 5, subtramos norte y sur del Proyecto Tren Maya, correspondiente a treinta y seis inmuebles de propiedad privada”.

El decreto señala que se le debe de notificar personalmente a los interesados en este decreto. “En caso de ignorarse el domicilio de éstos, realícese una segunda publicación en el DOF para que surta los efectos de notificación personal. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de este decreto, los interesados podrán acudir al procedimiento judicial a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Expropiación, con el único objeto de controvertir el monto de la indemnización”.

Se detalla que este decreto entrará en vigor mañana martes 2 de agosto. Destaca que este decreto se publica luego que este fin de semana, el presidente López Obrador supervisó, en compañía del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, el Tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, suspendido por amparos presentado por ambientalistas, pero declarado como obra de seguridad nacional para continuar con los trabajos.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la inauguración del Tren Maya –que conectará cinco estados del sureste mexicano- será en partes y comenzará el próximo 15 de diciembre hasta el 29 de febrero de 2024.

Por medio de sus redes sociales, el Mandatario compartió que el próximo 15 de diciembre inaugurará el Tren Maya de Campeche a Cancún, es decir, Tramo 2, Tramo 3 y Tramo 4.

Mientras que el próximo 31 de diciembre pondrá en marcha el tren de Cancún a Palenque, es decir el Tramo 1 y los Tramos 5, 6 y 7 deberán estar concluidos el próximo el 29 de febrero de 2024 para completar el circuito de más de mil 500 kilómetros.

Antes, el Jefe del Ejecutivo detalló que el próximo 19 de noviembre inaugurá el Parque La Plancha en Mérida, Yucatán y el próximo 1 de diciembre el Aeropuerto Internacional de Tulum, Quintana Roo.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Federal de Derechos, la cual incluye la creación de un fideicomiso en donde se depositarán los recursos cobrados por concepto del Derecho de No Residente para la operación del Tren Maya.

Durante la sesión de este miércoles, se aprobó la ley con 239 votos a favor, 196 en contra y dos abstenciones. El ordenamiento legal aprobado forma parte del Paquete Económico para el ejercicio del último año de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

La ley aprobada establece que “los ingresos obtenidos del derecho relativo a la prestación del servicio, consistente la expedición de la condición de estancia a las personas visitantes, sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresan en el país con fines turísticos se destinen al fideicomiso público federal, sin estructura para la empresa Tren Maya”.

La empresa que tiene la administración y operación del proyecto ferroviario está sectorizada a la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que los recursos estarán bajo la dirección del ejército.

Aunque el plan de utilizar el DNR para el Tren Maya se originó al inicio del sexenio, no se había reformado la ley para canalizar los recursos a un fideicomiso. Antes de este gobierno, los recursos eran usados para los planes de inversión del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) que los usaba con fines de promoción turística y para la mejora de los servicios migratorios.

Por otro lado, los diputados de Morena promovieron una reserva a la Ley para que formar otro fideicomiso, el cual obtendrá recursos del cobro de una tasa del 9 por ciento a los aeropuertos concesionarios sobre sus ingresos brutos.

“Aplicando la tasa del 9 por ciento a la suma de los ingresos brutos aeroportuarios, servicios por complementarios y comerciales”, indica la reserva aprobada por 262 votos.

Los recursos captados irán a dos fideicomisos adicionales, los cuales estarán a cargo de la Sedena y de la Marina, ambas dependencias con puertos aéreos bajo su mando desde hace poco más de un año.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se volvió a subir al Tren Maya para iniciar con el segundo día de supervisión de las pruebas dinámicas del convoy. 

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, subió un video a sus redes sociales en el que se ve al Presidente acompañado de su hijo, Andrés Manuel, y al documentalista, Epigmenio Ibarra. El Presidente y los funcionarios se subieron en la estación Teya, en Mérida y se trasladarán hasta Chichén Itzá.

“Ya estamos en la estación de Teya, ya listos para salir rumbo a Chichén Itzá y después hacia Cancún. Como ustedes pueden ver la estación está en obra. De este lado está el Presidente y ya estamos casi listos para salir. Les voy a ir platicando a lo largo del día qué tal nos va”, publicó, y agregó que ayer tuvieron “un muy buen” recorrido desde Campeche.

​En este recorrido está participando parte del gabinete legal y ampliado, como el director de Fonatur, Javier May; el de Pemex, Octavio Romero, entre otros.

López Obrador estará hoy en la zona arqueológica de Chichén Itzá para encabezar el acto de “Recuperación de la memoria y la grandeza de la civilización maya”, en donde se reunirá con arqueólogos que han participado en el proyecto del Tren Maya.

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La pavimentación de un camino sagrado, utilizado por las comunidades mayas para cruzar la selva de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, hasta el puerto de Vigía Chico, es rechazada por habitantes del municipio de Felipe Carrillo Puerto, quienes se han pronunciado en contra del proyecto denominado Puerta al Mar.

Estas obras forman parte de los trabajos del megaproyecto Tren Maya, desarrollado por el gobierno federal, y buscan mejorar las condiciones de un camino tradicional ya existente desde 1930, pavimentando 22 de sus 60 kilómetros para tener acceso directo de la cabecera municipal hacia la costa, atravesando la selva.

El activista maya Ángel Sulub afirmó que Puerta al Mar es un despojo a la comunidad maya del uso tradicional que le han dado a ese “camino sagrado”.

“Desaprobamos la forma en la que se ha puesto en marcha este proyecto, sin los estudios adecuados ni información pertinente y accesible para toda la comunidad respecto a esta obra que impacta y afecta directamente nuestras formas de vida y la relación que tenemos con este lugar que habitamos”, expresaron habitantes.

Los trabajos en el camino de casi 60 kilómetros comenzaron desde el 18 de agosto pasado, sin permisos, con la introducción de maquinaria pesada y el derribo de árboles, de acuerdo con reportes de organizaciones civiles.

Sin embargo, el banderazo oficial de las obras ocurrió el pasado 29 de agosto, bajo el argumento de que se trata de “una petición de las y los carrilloportenses”.

El proyecto incluye la construcción de un museo, un paradero turístico, el mantenimiento del faro de Vigía Chico, así como la habilitación de una playa pública, lo que —a juicio de las autoridades estatales— “detonará el desarrollo económico y sustentable de la zona Maya”, mientras que los habitantes niegan los presuntos beneficios de una obra no consultada con ellos.

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La Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública la superficie de mil 521.1 hectáreas de terrenos de temporal de uso común del ejido “Chunyaxché y anexos” del municipio de Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Quintana Roo, en favor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para destinarla a la construcción de la Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional de Tulum.

En el decreto se detalla que según los avalúos realizados por el instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, se determinó que el monto de la indemnización con base en el valor comercial de la superficie expropiada es de 433 millones 515 mil pesos.

El documento aclara que derivado del convenio de ocupación previa, la Sedena depositó ante el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, las cantidades de 342 millones y 91 millones 526 mil 422 pesos con 18 centavos, con lo que acreditó el pago total de la indemnización.

“Que la superficie de 1,521-10-69 hectáreas de terrenos de temporal de uso común, pertenecientes al ejido “Chunyaxché y anexos”, municipio de Felipe Carrillo Puerto, estado de Quintana Roo, se solicitó para destinarse a la construcción de la Base Aérea Militar y el Aeropuerto Internacional de Tulum, Quintana Roo. Como consecuencia, se acreditan las causas de utilidad publicas del establecimiento, explotación o conservación de un servicio o función públicos; la construcción de Puentes carreteras, ferrocarriles y demás obras que faciliten el transporte, y la de la defensa nacional, previstas en el artículo 93, fracciones I y VII, 94, de la Ley Agraria, y 1º., fracciones I y VI, de la Ley de Expropiación”, explica el Decreto.

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