Hasta septiembre de 2024, México encabezaba, con 681, las peticiones de acciones urgentes por parte del Comité de Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas para la búsqueda de personas , seguido por Irak, con 608; Colombia, con 233, y Cuba, con 193, según el último reporte del organismo internacional.
Una medida urgente es una petición del Comité a un Estado para que tome de inmediato las medidas necesarias para buscar, localizar y proteger a una persona ausente y para investigar la desaparición.
Según el informe, en la administración del expresidente priista Enrique Peña Nieto (2012-2018) en México se registraron 349 acciones urgentes, mientras que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) sumaron 332.
Dice el activista y también exmiembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Michael Chamberlin que las acciones urgentes de la ONU suelen ser el último recurso para las familias que enfrentan omisión, negligencia o falta de interés por parte de las autoridades en la investigación y búsqueda de sus seres queridos.
En el caso de México, resalta que el problema es que entre más acciones urgentes se piden menos urgente es la reacción del gobierno federal, por lo que se requieren otras medidas para atacar el fenómeno desde su raíz.
“El Comité contra las Desapariciones sabe que hay una situación generalizada de desapariciones y que no va a poder incidir en esa realidad con acciones urgentes o casos individuales, por eso activó el viernes pasado, en un hecho inédito, el procedimiento del artículo 34, encaminado a que la crisis se exponga ante la asamblea, por considerar que las desapariciones son sistemáticas o generalizadas”, dice.
En su informe, el CED refiere que “en la gran mayoría de los casos relacionados con desapariciones en México el comité ha recibido información que revela fallas en el proceso de búsqueda e investigación, en ocasiones con datos muy detallados sobre los agentes públicos involucrados en actos que presuntamente han obstaculizado la búsqueda e investigación”.
Chamberlin manifestó que México enfrenta una crisis de desapariciones que ameritó que el viernes pasado el CED anunciara la apertura de un procedimiento para analizar el fenómeno de la desaparición forzada y determinar si lleva el asunto hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas.
“Sin duda, la crisis es debido a la respuesta del Estado en este tema. Ya el comité señaló hace unos días que las desapariciones representan una situación generalizada y sistemática. El CED desde hace más de 10 años ha estado recibiendo información de la poca respuesta o la nula efectividad del Estado para prevenir las desapariciones y reducir la impunidad”, comenta.
En su reporte El carácter vinculante de las acciones urgentes del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada en México, el Comité respectivo expone que “la desaparición de personas constituye una de las más graves y dolorosas problemáticas que enfrenta México en materia de derechos humanos.
“Es una práctica criminal presente desde hace décadas y una afrenta constante no sólo por el hecho delictivo en sí mismo, sino también por la impunidad casi absoluta, la falta de acceso a la verdad, la ausencia de reparación, la reiteración de la conducta, la búsqueda inconclusa y los serios riesgos para quienes reclaman justicia”.
Andrea Horcasitas Martínez, encargada del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, señala sobre el particular que las 681 acciones urgentes en materia de desapariciones en México reflejan una falta de respuesta generalizada para atender la búsqueda, investigación e identificación de más de 126 mil personas desaparecidas en el territorio nacional.
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“Al principio del sexenio pasado se construyó un andamiaje para dar salida al tema de desapariciones y se empezó a arrancar una estructura institucional. Sin embargo, en el último año del desempeño de Andrés Manuel López Obrador se echaron abajo muchos de estos esfuerzos. El Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense se cerró, se canceló por completo; el Centro de Identificación Humana se redujo al 70% de su capacidad, el edificio se quedó vacío”, subraya.
Desde su perspectiva, para atender el caso de las desapariciones en México es de vital importancia que el Estado mexicano reconozca la crisis que enfrenta el país.
“Hasta el momento no ha habido un reconocimiento real y honesto por parte del Estado de admitir que está rebasado. Mientras eso no se haga, difícilmente vamos a podernos sentar a la mesa para pensar en un conjunto estrategias para atender esta problemática desde diferentes puntos”, refiere.
Sandra Serrano, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, asegura que durante la gestión de Karla Quintana en la Comisión Nacional de Búsqueda se atendieron muchas de estas acciones urgentes y acota que, “aunque tengamos muchas, 681 con el último dato de septiembre del año pasado, lo cierto es que las acciones urgentes del CED siguen siendo muy pocas comparadas con todas las personas que hay que buscar”.
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