El Tribunal Electoral aprobó por mayoría de votos, ordenar al Senado que sustituya al Comité de Evaluación del Poder Judicial, que en 24 horas defina los lineamientos para seleccionar a las candidaturas de la elección judicial en una tómbola, saltándose la etapa de idoneidad y sin tener que cumplir con que sean los mejores perfiles los que estén en la boleta.

En una sesión privada, virtual y exprés, con tres votos a favor y dos en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó que el Senado de la República sustituya al Comité Judicial, después de que éste, acordó no cumplir con la sentencia de la semana pasada en la que se le ordenó reactivar de inmediato el proceso de selección de candidaturas para la elección judicial.

Se confirmó que en la sesión a la que convocó la magistrada presidenta Mónica Soto en modalidad virtual y privada, y que comenzó poco después de las 9:00 de la mañana, sólo ella tomó la palabra y nuevamente tuvo sólo el respaldo de los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, con los votos en contra de la magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

Mónica Soto expuso su proyecto que ayer se dio a conocer, en el que planteó adoptar la “figura de cumplimiento sustituto” ante el “inadmisible” desacato del Comité Judicial, para que sea el Senado el que cumpla la sentencia de continuar el proceso, para no afectar los derechos de las personas que se inscribieron en el Comité Judicial y que se quedaron en la primera etapa.

“Esta Sala Superior determina que, en plenitud de jurisdicción, la Mesa Directiva del Senado de la República tome los acuerdos, lineamientos y formularios requeridos, relativos a efectuar la fase de insaculación pública a todas aquellas personas que resultaron con un dictamen favorable de cumplimiento de requisitos de elegibilidad emitido por el Comité de Evaluación responsable.

“Sin que sea factible realizar el procedimiento para evaluar la idoneidad de las personas aspirantes ante lo avanzado de las etapas del procedimiento y la proximidad de la fecha de remisión de la lista de las personas elegibles que será a más tardar el treinta y uno de enero del año en curso”.

El proyecto que el Tribunal Electoral ya hizo público, destaca que ante lo avanzado del proceso y la cercanía con el 31 de enero, fecha en la que debe de estar la lista de los mejores perfiles para someterlos a tómbola el 4 de febrero, el Senado podrá brincarse esta etapa.

A partir de que sea notificado de esta sentencia, el Senado tendrá un plazo de 24 horas para que emita “el acuerdo, medidas y lineamientos necesarios o que estime pertinentes en el que se determinen las áreas y funcionarios autorizados, así como el lugar, fecha y hora para realizar el procedimiento de insaculación pública, únicamente respecto de aquellos cargos en los que existan más postulantes del número de duplas o ternas que correspondan.

“En el entendido que en aquellos casos en los que no exista el número de aspirantes necesarios, éstos pasarán directamente a la boleta correspondiente”.

Los cargos en los que el Comité Judicial aprobó un número menor al mínimo que prevé la reforma judicial en la Constitución, éstos no serán sometidos a la tómbola sino que en automático, las personas que pasaron la etapa de elegibilidad serán candidatas en automático. Pero también se deberán sumar a quienes la propia Sala Superior ha ordenado en los últimos días incluir a la lista, tras acreditar exclusiones injustificadas.

Con las listas completas, el Senado deberá cumplir con la fecha constitucional para realizar la tómbola el 4 de febrero, es decir, el mismo día que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo estarán realizando las mismas insaculaciones con sus respectivos perfiles.

Destaca que la magistrada presidenta Mónica Soto se adelantó en esta sentencia a una posible negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y autoriza al Senado que si el pleno de la Corte no aprueba las listas que les envíen tras la tómbola, puedan remitirlas directamente al INE como las candidaturas que representarán al Poder Judicial.

“En caso de que el referido órgano jurisdiccional no apruebe los listados mencionados, se tendrá por actualizada la afirmativa ficta, por lo que, la Mesa Directiva del Senado de la República podrá remitir, de manera directa, las candidaturas insaculadas al Instituto Nacional Electoral, para continuar con el procedimiento electivo, en el entendido de que las personas que conformen la lista serán las candidaturas postuladas por el Poder Judicial de la Federación”.

Debido al blindaje que la Suprema Corte le otorgó al Comité Judicial con una medida cautelar para que sus integrantes no reciban consecuencias por no acatar la sentencia previa del TEPJF, la Sala Superior no pudo imponer ninguna de las medidas de apremio que contempla la ley, que son amonestaciones y multas por medio millón de pesos, hasta arrestos y uso de la fuerza pública.

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La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, dio entrada al recurso que promovió el Comité de Evaluación del Poder Judicial y frenó cualquier acción legal que pretenda emprender el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra los integrantes del comité por no acatar la resolución que le ordenó regresar a sus actividades para elegir a candidatos a jueces, magistrados y ministros.

El asunto fue turnado al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien deberá presentar un proyecto en el que determine qué resolución debe obedecer el comité, si la de dos jueces federales que le ordenaron suspender actividades o si la del Tribunal Electoral.

La ministra dio un plazo de nueve días al TEPJF y de tres días a los jueces de Michoacán y Jalisco para que presenten las documentales sobre este asunto.

Asimismo, la ministra dictó una medida cautelar para que no se actúe contra los integrantes del Comité, en tanto la Corte resuelve el caso.

“…se impone conceder al Comité de Evaluación la medida cautelar solicitada consistente en mantener las cosas en el estado en que actualmente se encuentran.

“Esto implica que no se actualice en la esfera jurídica de los integrantes de dicho órgano evaluador de este Poder Judicial de la Federación los supuestos que puedan dar lugar a la imposición de sanciones, ya sea de las previstas legalmente como medidas procesales de apremio, o bien como delitos en el Código Penal Federal ante el desacato de un mandato judicial proveniente de cualquier jurisdicción, con motivo de su actuación frente a condenas judiciales aparentemente contradictorias, hasta en tanto el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el procedimiento en el que se actúa”, detalla la solicitud de ejerció de la facultad prevista en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El 13 de enero, la Suprema Corte rechazó revocar el acuerdo del Comité de Evaluación, el cual suspendió actividades en acato a dos suspensiones definitivas otorgadas por jueces de Distrito, debido a dos juicios de amparo promovidos contra la reforma judicial.

La decisión puso ha puesto en riesgo que el comité no tenga tiempo para presentar candidatos para jueces, magistrados y ministros que deben ser elegidos por voto popular en junio próximo

Tanto el Comité de Evaluación del PJF, como los Comités de Evaluación del Poder Ejecutivo y Legislativo tienen hasta el 31 de enero para tener su lista de candidatos, misma que deben entregar el próximo 7 de febrero.

Sin embargo, los comités del Ejecutivo y Legislativo decidieron no acatar los mandamientos judiciales y han advertido que ellos continuarían con el proceso.

Por su parte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Comité volver a sus actividades y les dio 24 horas para hacerlo, a partir de su legal notificación, para continuar con el proceso de seleccionar candidatos para puestos de juzgadores.

Asimismo, los magistrados electorales determinaron denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Sergio Santamaría Chamú, juez Primero de Distrito en Michoacán, por haber ordenado al comité frenar actividades, ya que para el Tribunal se tipifica una posible responsabilidad en el delito contra la administración de la justicia.

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El Instituto Nacional Electoral perfila que el presupuesto para la elección judicial sufrirá un ajuste de 7 mil millones de pesos tras la reducción aprobada por la Cámara de Diputados, para quedar en un total de 6 mil 132 millones de pesos.

El INE había solicitado un monto de 13 mil 205 millones de pesos para la organización de esta elección, es decir, que el recorte representa una disminución de 46%.

El anteproyecto aún debe ser aprobado por la Comisión Temporal de Presupuesto encabezada por Uuc-kib Espadas e integrada por Norma de la Cruz y Rita Bell López, ambas consejeras cercanas a la presidenta Guadalupe Taddei. Y posteriormente, por el Consejo General del INE.

El área más afectada es la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, que tenía un presupuesto inicial de 6 mil 830 millones de pesos, y quedaría en 2 mil 694 millones de pesos.

Esta dirección es la encargada de la contratación de los supervisores y capacitadores electorales (CAE), que tienen la tarea de capacitar y reclutar a las personas funcionarias de casilla.

Con los recursos solicitados se tenía previsto contratar a más de 50 mil CAE como en el proceso electoral de 2024, sin embargo, tendrá que haber una reducción por este ajuste.

Otra área afectada es la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, que pasaría de 4 mil 522 millones de pesos a mil 960 millones de pesos.

Las consejerías no han logrado un acuerdo para poder aprobar el presupuesto modificado, pues de esto dependen otras tareas como la estrategia de capacitación electoral, cuya convocatoria para la contratación y recontratación de personal debió salir en días pasados, pero tiene un retraso.

Para su presupuesto base, cartera institucional de proyectos y elección judicial, el INE tendrá un presupuesto total de 20 mil 136 millones de pesos.

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El Grupo Unidos por Tijuana, liderado por el Dr. José Antonio Serratos García, se mantiene en alerta ante la inminente publicación de la lista de aspirantes a jueces, magistrados y ministros, prevista para el 20 de diciembre. 

Serratos manifestó su preocupación por la reciente práctica de selección mediante “tómbola”, que considera riesgosa, ya que podría excluir a candidatos capacitados en favor de aquellos con menos experiencia o vínculos políticos. 

El presidente de la asociación civil hizo hincapié en la necesidad de una consulta pública para evaluar la viabilidad de la votación programada para junio de 2025, señalando que el INE aún no está preparado para organizar un ejercicio de esta naturaleza. Por último, expresó su temor de que la corta campaña electoral de 60 días y las limitaciones de recursos erosionen la posibilidad de que la ciudadanía conozca a sus candidatos.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, denunció que los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) han sido víctimas de amenazas, agresiones y de una falsa narrativa que fue impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, solo porque el Alto Tribunal recuperó su papel autónomo hace dos años.

En su segundo y último Informe de Labores, dijo que el gobierno federal enfocó su ataque contra el PJ, pero no propuso una reforma para las policías, para las fiscalías, para las comisiones de víctimas, para el sistema penitenciario que se encuentra actualmente en ruinas.

Aseguró que el punto de quiebre fue el tema de la Guardia Nacional (GN), ya que se intensificaron las amenazas y agresiones hacia los ministros del máximo tribunal de justicia, por invalidar el traslado de dicho cuerpo policiaco a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ante los Plenos de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), informe al que también asistieron la magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), además de César Yáñez, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), la ministra dedicó alrededor de 30, de los casi 40 minutos de su discurso, para denunciar diversos actos.

“Las coincidencias entre ataques y amenazas a la judicatura federal y sus integrantes, y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno se nos llamó ‘traidores al pueblo’, y abiertamente se nos acusó de no ser parte —como debería corresponder a cada juez— de un proyecto político dominante”, expresó.

En segundo lugar, se refirió al decreto presidencial a través del cual se intentaron clasificar como de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y las obras que el propio gobierno denominó prioritarios, tema discutido en mayo de 2023.

“Vale la pena recordar que el mismo día que la mayoría en el Pleno de la Corte votó por su invalidez, apenas unas horas más tarde, se publicó otro acuerdo reiterando el ‘escudo de seguridad nacional’, y con ello, los mecanismos contra la transparencia, información y participación para obras y megaproyectos del gobierno federal”, manifestó.

En tercer lugar, citó al denominado “Plan B”, cuando el 22 de junio de 2023 el Pleno, por mayoría de nueve votos, invalidó la segunda parte del paquete de reformas político electorales 2022-2023 por violaciones graves al procedimiento legislativo.

“Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, las y los ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco, e incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces y juezas constitucionales, de cara a la sociedad.

“En cambio, cuando la Corte resolvía casos de forma que se percibía favorable al gobierno, dichas resoluciones se celebraban públicamente y, en estas ocasiones, se llamaba traidores a la patria y al pueblo a quienes habían promovido medios constitucionales de defensa para controvertir políticas, iniciativas o proyectos gubernamentales. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando por no alcanzarse una mayoría calificada en el Pleno para declarar su invalidez en acciones de inconstitucionalidad, quedó vigente la reforma en materia de industria eléctrica”, enfatizó.

REFORMA JUDICIAL

Después, agregó, se impulsó la reforma judicial en 2024, y desde entonces se volvió una práctica generalizada violar abiertamente las suspensiones dictadas por los jueces federales en contravención directa de nuestra Constitución.

“Desestimar la autoridad del Poder Judicial Federal y de los jueces y magistrados en particular. También se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos”.

Piña Hernández admitió que se necesitaba una reforma, pero enfatizó que no se podía caer en la salida fácil.

“El contexto tan complejo que se vive en México no se lo merece, y mucho menos, sus consecuencias, insisto: hoy impredecibles. A mi juicio, ninguna falla justifica la eliminación, de tajo, de la carrera judicial; menos aún, el establecimiento de un sistema que, según la experiencia comparada, no solo no abona a la impartición de justicia, sino que la politiza.

“Por ello, siempre sostendré que la existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente -ajeno a los vaivenes de la política- es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto trabajo nos ha costado construir”.

Antes de culminar el evento, la ministra Lenia Batres Guadarrama escribió en redes sociales que el informe de Piña Hernández, eran los “últimos manotazos de resistencia ante una reforma que les quita un poder que creían de su propiedad”.

Al informe acudieron los ex presidentes de la Corte, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y los ministros en retiro Fernando Franco González Salas, Eduardo Medina Mora y la ministra Margarita Luna Ramos.