Las víctimas de secuestro en el país aumentaron 50% en julio al registrarse 237 contra las 158 que se reportaron en junio de 2019, informó este lunes la organización Alto al Secuestro.

La presidenta de la organización, Isabel Miranda de Wallace señaló que el incremento en el país de este delito de alto impacto se debió al secuestro de migrantes en Guanajuato y el de 27 empleados de un centro telefónico en Cancún, Quintana Roo, en junio.

De acuerdo con su reporte mensual, los estados con más víctimas de secuestro el mes pasado son Veracruz (39), Estado de México (35), Ciudad de México (11), Puebla (7).

Según Alto al secuestro al día se cometen 5 secuestros y a la semana, 36 en el país.

En julio de 2019 se abrieron 158 carpetas de investigación por secuestro, lo que representa un 16% más que en junio; hubo 124 personas detenidas.

Los municipios que lideran en este delito son: Xalapa, Coatzacoalcos, Orizaba, en Veracruz; Naucalpan y Ecatepec, en el Estado de México.

"Tuvimos a 237 personas que fueron víctimas del delito de secuestro, es decir hubo incremento del 50% en la cantidad de víctimas.

"Aquí hay dos eventos por los cuales nosotros vemos que se incrementó de manera tan importante las víctimas: una recuperación de 12 migrantes en Guanajuato y luego también en Quintana Roo se registró un secuestro masivo en un negocio", indicó.

Dijo que estos casos detonaron este aumento en el secuestro en un 59%, sin embargo, afirmó, lo "que sigue siendo muy preocupante es el tema de los detenidos porque no nos hemos cansado de reiterar a la autoridad que los estados no están teniendo una buena efectividad en detener a los secuestradores".

El exalcalde de Tijuana y empresario, Jorge Hank Rhon, abordó el tema de la inseguridad en la ciudad y expresó que la principal problemática radica en la falta de aplicación efectiva de la ley. 

Durante una declaración, Hank Rhon señaló que para mejorar la situación, es fundamental que las fuerzas policiales trabajen en coordinación y hagan cumplir las normativas establecidas.

Sin embargo, reconoció que este proceso es uno de los más difíciles, ya que, según indicó, muchas veces resulta más sencillo no actuar, lo que deja en estado de indefensión a la población y favorece el aumento de la inseguridad.

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El Secretario de Seguridad Ciudadana, General Laureano Carrillo Rodríguez, informó que los trabajos para la instalación de la base de seguridad en Valle de Guadalupe están muy avanzados y se espera que en las próximas semanas inicie operaciones, lo cual es de gran relevancia debido a la presencia que tendrá esta fuerza estatal, similar a la que ya funciona en La Rumorosa.

Carrillo Rodríguez agregó que también tiene la expectativa de que las bases en San Quintín y San Felipe puedan quedar concluidas antes de que finalice el año, ya que estos proyectos son fundamentales para el desarrollo y la seguridad de dichas regiones.

El funcionario destacó que los elementos que serán destinados a San Quintín ya se encuentran graduados y en proceso de adiestramiento. Además, en agosto próximo se espera formar una nueva generación de 52 agentes, quienes también estaban considerados para trabajar en Valle de Guadalupe.

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El diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Congreso de Baja California, alertó sobre una posible escalada en la inseguridad en Tijuana, advirtiendo que la ciudad podría regresar a los niveles delictivos registrados en 2007 si no se toman medidas urgentes.

Ramos Hernández destacó que, aunque los índices delictivos en Baja California muestran una tendencia a la baja, la percepción de inseguridad entre la ciudadanía no refleja esa realidad. Por ello, eexigió a los tres órdenes de gobierno que den resultados concretos en materia de seguridad y que realicen una depuración n los cuerpos policiales para fortalecer su eficiencia y confianza social.

El legislador también se refirió a los hechos ocurridos en el fraccionamiento Chapultepec, donde una pareja de médicos fue víctima de un robo presuntamente por parte de elementos de la Guardia Nacional. 

Ramos Hernández expresó que no se trataría de un acto delictivo común, sino de una posible intervención por parte de cuerpos de seguridad o efectivos de la Guardia Nacional, y que, por la vestimenta y uniformes de otros participantes, no se descarta la presencia de elementos de otras corporaciones.

Finalmente, el diputado advirtió que estos hechos representan un regreso a los comandos armados que operaron en Tijuana en la época del 2007 al 2010, cuando la ciudad enfrentó niveles elevados de violencia y presencia de grupos armados.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, reconoció que el tema de seguridad ha sido uno de los mayores desafíos durante su administración. 

La mandataria afirmó que "ha sido el tema donde más hemos batallado hay que decirlo como tal, no estamos contentos ni satisfechos con los resultados, reconocemos que aún hay mucho que hacer".

Durante su mensaje, la mandataria destacó que en los últimos cuatro años han invertido aproximadamente 10 mil millones de pesos en seguridad, una cifra histórica que supera incluso los recursos destinados por los gobiernos anteriores en materia de justicia y seguridad. Sin embargo, admitió que los avances aún no son suficientes y que la lucha contra la delincuencia continúa siendo una prioridad.

Avila Olmeda también informó sobre los proyectos que preparan para el 2026 en materia de seguridad, resaltando que es una prioridad constante en su agenda, ya que "hay días muy difíciles, muy complejos, y que nos siguen recordando que, aunque las cifras de delitos vayan a la baja, los delitos de alto impacto todavía les duelen a los bajacalifornianos".

Por otro lado, la gobernadora elogió la labor del secretario de Seguridad de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, a quien atribuyó el fortalecimiento de la coordinación entre las distintas instituciones de seguridad en el estado. "Desde que llegó, hemos visto cómo se ha fortalecido la coordinación con todas las instituciones de seguridad y cómo ha hecho lo propio por la paz y tranquilidad en el estado", afirmó.

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El ex presidente de la Federación de Colegios y Barras de Abogados de Baja California, Martín Hassan Franco Ruíz, afirmó que las cifras oficiales que indican una reducción en los delitos en la región son engañosas y que la realidad en Tijuana y otras ciudades sigue siendo grave.

Franco Ruíz explicó que, cuando el gobierno en turno reporta una disminución en los delitos, es importante cuestionar en qué ciudad se está hablando, ya que en Tijuana continúan los asaltos, robos y la actuación del crimen organizado. La reducción en los indicadores delictivos, afirmó, se basa en la fracción de conductas delictivas y en la clasificación de los delitos, lo que hace que los números aparenten una baja, pero la realidad social y de inseguridad sigue siendo preocupante.

Señaló que en México, el 98 por ciento de los delitos quedan en la impunidad, y de ese dos por ciento que logra procesarse, solo el 20 por ciento recibe sentencia condenatoria. “Esos son datos de ellos, no son datos inventados”, puntualizó.

Franco Ruíz agregó que en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y en la Fiscalía, las conductas delictivas se fraccionan para reducir los índices, como en los casos de querellas, donde muchas veces, por la naturaleza del proceso, los ciudadanos optan por no ratificar la denuncia, lo que impide que el delito se registre formalmente y, en cambio, solo quede en un reporte sin efecto penal.

“Todas las conductas delictivas se están fraccionando y reducen las fracciones en homicidios y secuestros, pero por otro lado, el índice de desapariciones va en aumento y luego sale la autoridad a decir que no cree que están muertos. La realidad es que están fraccionados los delitos y ese es el reflejo que les genera a ellos una reducción”, explicó el abogado.

Para concluir, Franco Ruíz afirmó que la idea de que hay una verdadera reducción en los delitos es falsa y que la estrategia oficial solo busca aparentar avances que, en realidad, no existen y que, además, afectan la percepción de seguridad de los ciudadanos.

"Es falso que haya una reducción y la propuesta es una estrategia verdadera que trascienda y trastoque a los ciudadanos", expresó Franco.

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