Con 181 homicidios dolosos y a pesar de la emergencia sanitaria por el COVID-19, julio se ha convertido en el mes más violento en lo que va del año en Tijuana.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC), durante julio se cometieron casi seis asesinatos por día en esta ciudad fronteriza.

En la ciudad en lo que va del 2020 se han reportado más de mil asesinatos. Ejecuciones por mes: enero (162), febrero (135), marzo (153), abril (167), mayo (167), junio (136), julio (181).

Incluso en el reporte de homicidios de la FGEBC, se informó que durante la madrugada de este primero de agosto se cometieron cinco asesinatos.

Al filo de las 00:30 de este sábado se registró la muerte de Luis Edilberto Silva Peña de 35 años, en las instalaciones de Cruz Roja, el occiso tenía heridas producidas por arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

En el Cañón Progreso de la colonia Unión de Playas de Tijuana, se localizó el cuerpo sin vida de una persona "encobijada" y atada de pies, la víctima aún no ha sido identificada.

También, en el fraccionamiento Villa del Álamo, en la calle Carrizo se registró el asesinato de Luis Enrique Rodríguez Sánchez de 31 años de edad.

El sujeto recibió impactos de arma de fuego calibre 9 milímetros y .223 en distintas partes de cuerpo, el joven quedó sin vida en el asiento del conductor de un automóvil sedán.

A Eduardo Enrique Montaño Tadeo de 22 los asesinaron en las inmediaciones de la calle Urania entre calles Diamante y Coral de la colonia Los Alamos, en el lugar se localizaron 10 casquillos calibre 9 milímetros y un teléfono celular.

Sobre la rampa Pedregal de Santa Julia, Colonia Obrera 3 sección, a una cuadra de la escuela El Pípila, oficiales de la fiscalía especializada en delitos contra la vida de la Agencia Estatal de Investigación, localizaron el cuerpo sin vida de José Luis Rodríguez Rosales, quien tenía lesiones de arma de fuego en la espalda.

El exalcalde de Tijuana y empresario, Jorge Hank Rhon, abordó el tema de la inseguridad en la ciudad y expresó que la principal problemática radica en la falta de aplicación efectiva de la ley. 

Durante una declaración, Hank Rhon señaló que para mejorar la situación, es fundamental que las fuerzas policiales trabajen en coordinación y hagan cumplir las normativas establecidas.

Sin embargo, reconoció que este proceso es uno de los más difíciles, ya que, según indicó, muchas veces resulta más sencillo no actuar, lo que deja en estado de indefensión a la población y favorece el aumento de la inseguridad.

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El Secretario de Seguridad Ciudadana, General Laureano Carrillo Rodríguez, informó que los trabajos para la instalación de la base de seguridad en Valle de Guadalupe están muy avanzados y se espera que en las próximas semanas inicie operaciones, lo cual es de gran relevancia debido a la presencia que tendrá esta fuerza estatal, similar a la que ya funciona en La Rumorosa.

Carrillo Rodríguez agregó que también tiene la expectativa de que las bases en San Quintín y San Felipe puedan quedar concluidas antes de que finalice el año, ya que estos proyectos son fundamentales para el desarrollo y la seguridad de dichas regiones.

El funcionario destacó que los elementos que serán destinados a San Quintín ya se encuentran graduados y en proceso de adiestramiento. Además, en agosto próximo se espera formar una nueva generación de 52 agentes, quienes también estaban considerados para trabajar en Valle de Guadalupe.

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El diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Congreso de Baja California, alertó sobre una posible escalada en la inseguridad en Tijuana, advirtiendo que la ciudad podría regresar a los niveles delictivos registrados en 2007 si no se toman medidas urgentes.

Ramos Hernández destacó que, aunque los índices delictivos en Baja California muestran una tendencia a la baja, la percepción de inseguridad entre la ciudadanía no refleja esa realidad. Por ello, eexigió a los tres órdenes de gobierno que den resultados concretos en materia de seguridad y que realicen una depuración n los cuerpos policiales para fortalecer su eficiencia y confianza social.

El legislador también se refirió a los hechos ocurridos en el fraccionamiento Chapultepec, donde una pareja de médicos fue víctima de un robo presuntamente por parte de elementos de la Guardia Nacional. 

Ramos Hernández expresó que no se trataría de un acto delictivo común, sino de una posible intervención por parte de cuerpos de seguridad o efectivos de la Guardia Nacional, y que, por la vestimenta y uniformes de otros participantes, no se descarta la presencia de elementos de otras corporaciones.

Finalmente, el diputado advirtió que estos hechos representan un regreso a los comandos armados que operaron en Tijuana en la época del 2007 al 2010, cuando la ciudad enfrentó niveles elevados de violencia y presencia de grupos armados.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, reconoció que el tema de seguridad ha sido uno de los mayores desafíos durante su administración. 

La mandataria afirmó que "ha sido el tema donde más hemos batallado hay que decirlo como tal, no estamos contentos ni satisfechos con los resultados, reconocemos que aún hay mucho que hacer".

Durante su mensaje, la mandataria destacó que en los últimos cuatro años han invertido aproximadamente 10 mil millones de pesos en seguridad, una cifra histórica que supera incluso los recursos destinados por los gobiernos anteriores en materia de justicia y seguridad. Sin embargo, admitió que los avances aún no son suficientes y que la lucha contra la delincuencia continúa siendo una prioridad.

Avila Olmeda también informó sobre los proyectos que preparan para el 2026 en materia de seguridad, resaltando que es una prioridad constante en su agenda, ya que "hay días muy difíciles, muy complejos, y que nos siguen recordando que, aunque las cifras de delitos vayan a la baja, los delitos de alto impacto todavía les duelen a los bajacalifornianos".

Por otro lado, la gobernadora elogió la labor del secretario de Seguridad de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, a quien atribuyó el fortalecimiento de la coordinación entre las distintas instituciones de seguridad en el estado. "Desde que llegó, hemos visto cómo se ha fortalecido la coordinación con todas las instituciones de seguridad y cómo ha hecho lo propio por la paz y tranquilidad en el estado", afirmó.

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El ex presidente de la Federación de Colegios y Barras de Abogados de Baja California, Martín Hassan Franco Ruíz, afirmó que las cifras oficiales que indican una reducción en los delitos en la región son engañosas y que la realidad en Tijuana y otras ciudades sigue siendo grave.

Franco Ruíz explicó que, cuando el gobierno en turno reporta una disminución en los delitos, es importante cuestionar en qué ciudad se está hablando, ya que en Tijuana continúan los asaltos, robos y la actuación del crimen organizado. La reducción en los indicadores delictivos, afirmó, se basa en la fracción de conductas delictivas y en la clasificación de los delitos, lo que hace que los números aparenten una baja, pero la realidad social y de inseguridad sigue siendo preocupante.

Señaló que en México, el 98 por ciento de los delitos quedan en la impunidad, y de ese dos por ciento que logra procesarse, solo el 20 por ciento recibe sentencia condenatoria. “Esos son datos de ellos, no son datos inventados”, puntualizó.

Franco Ruíz agregó que en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y en la Fiscalía, las conductas delictivas se fraccionan para reducir los índices, como en los casos de querellas, donde muchas veces, por la naturaleza del proceso, los ciudadanos optan por no ratificar la denuncia, lo que impide que el delito se registre formalmente y, en cambio, solo quede en un reporte sin efecto penal.

“Todas las conductas delictivas se están fraccionando y reducen las fracciones en homicidios y secuestros, pero por otro lado, el índice de desapariciones va en aumento y luego sale la autoridad a decir que no cree que están muertos. La realidad es que están fraccionados los delitos y ese es el reflejo que les genera a ellos una reducción”, explicó el abogado.

Para concluir, Franco Ruíz afirmó que la idea de que hay una verdadera reducción en los delitos es falsa y que la estrategia oficial solo busca aparentar avances que, en realidad, no existen y que, además, afectan la percepción de seguridad de los ciudadanos.

"Es falso que haya una reducción y la propuesta es una estrategia verdadera que trascienda y trastoque a los ciudadanos", expresó Franco.

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