Tras el ataque armado ocurrido esta madrugada en la delegación de San Antonio de las Minas, donde 10 personas resultaron heridas y dos fallecieron, el gobierno municipal informó que se sostuvo una reunión con personal de la Fiscalía General del Estado de Baja California a fin de conocer detalles de lo ocurrido y mantenerse atento a las indagatorias sobre los hechos.

Ante el incremento de delitos de alto impacto que registra el municipio y que, de acuerdo con datos de la Fiscalía, más del 90% están relacionados con las pugnas entre integrantes de bandas del crimen organizado, la comunicación y trabajo coordinado es constante.

Se comunicó, que el gobierno local “no está cruzado de brazos” y con la participación de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, se han reforzado las acciones de patrullaje y operativos en todo el municipio.

A la par, se informó a través de un comunicado, se trabaja en un plan mediante el que se reforzarán las acciones preventivas, el equipamiento y la coordinación institucional, el cual arranca a partir de este lunes y que involucra a todas las corporaciones y fuerzas armadas.

En torno a lo ocurrido esta madrugada, los primeros datos indican que ya fueron dados cuatro de los lesionados, entre ellos, dos personas que se negaron a proporcionar sus datos generales y a colaborar con el acta de entrevista.

Durante la última conferencia mañanera de 2024, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció una disminución en los índices delictivos en Baja California, aunque enfatizó que el gobierno estatal no se siente satisfecho ante los retos que aún persisten en materia de seguridad.

La gobernadora detalló que previamente había encabezado una mesa de seguridad donde se presentó un análisis sobre la disminución de ciertos delitos en la entidad. Sin embargo, resaltó la necesidad de recurrir a la colaboración de fuerzas de seguridad, ante la persistencia de grupos criminales en algunas zonas de Baja California. 

La mandataria también hizo hincapié en que la violencia que se vive en el estado es en gran parte consecuencia de la falta de oportunidades para la población. Destacó que, lamentablemente, un número creciente de menores de edad se ven involucrados en grupos delictivos, una problemática que, según ella, se ha agrandado por la inacción de administraciones anteriores en el abordaje de la violencia y la pobreza.

Reconoció que enfrentar esta situación demanda tiempo y esfuerzo, y que es vital revertir los rezagos acumulados en las comunidades más afectadas. En este sentido, Ávila Olmeda enfatizó que han identificado 53 regiones con altos índices de pobreza en el estado, de las cuales alrededor de 30 colonias presentan indicadores de violencia alarmantes. 

Finalmente, la gobernadora subrayó que "la criminalidad no deja nada bueno", señalando que la mayoría de los homicidios registrados en Baja California están estrechamente relacionados con la delincuencia organizada y el problema de las adicciones.

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En el último reporte diario del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, se dio a conocer en materia de seguridad que se cometieron 4 asesinatos más en el estado.

El Secretario Técnico de la Mesa de Seguridad, Francisco Ramos, indicó que los homicidios se cometieron en Tijuana (3) y Rosarito (1).

Ademas 10 personas fueron detenidas por diversos delitos, en las que destacan 4 personas por delitos de narcomenudeo. 

La Guardia Estatal de Seguridad e Investigación reportó el aseguramiento de 29 envoltorios de metanfetamina.

Además en Tijuana y Ensenada, personal de la GESI cumplimentaron 4 órdenes de aprehensión a Pablo N, Esteban N, José N y Bernardo N por diversos delitos de homicidio calificado.

En Rosarito, cumplimentaron orden de cateo asegurando a Rosario N, Dolores N, Miriam N y Jesús N con diversos envoltorios de metanfetamina.

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Luego que el martes se pospuso la audiencia de continuación por un ajuste de gestión judicial, este miércoles un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra del rapero colaborador del Cártel de Santa, César Renato “S”, por el delito de homicidio calificado.

Asimismo, impuso al músico la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fijó plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado, tras una audiencia de continuación que se había programado para el martes y se aplazó para este día por una gestión judicial.

El músico de 36 años de edad, apodado “El Millonario”, fue detenido el pasado jueves 14 de octubre, por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en un restaurante ubicado en la Plaza Comercial Citadina en el municipio de Apodaca, en cumplimiento de una orden de aprehensión como probable responsable de homicidio calificado en perjuicio de un hombre llamado José Guadalupe Jiménez, de 29 años de edad, por lo cual quedó internado en las celdas de un reclusorio de la entidad.

El pasado 15 de julio la víctima fue localizada sin vida en una casa deshabitada de la colonia Residencial San Miguel, en el municipio de Escobedo, y de acuerdo a información recabada por los efectivos de la Agencia Estatal de Investigaciones, hay suficientes elementos de prueba para presumir que "El Millonario" sería el autor material del crimen, mediante un golpe contuso en la cabeza.

El viernes 15 de octubre se llevó a cabo de manera virtual la audiencia inicial para imputar a César Renato por homicidio calificado, pero la defensa del músico solicitó duplicidad del término constitucional para aportar pruebas a favor de su cliente.

El juez de la causa concedió el recurso por 144 horas y fijó el martes 19 de octubre para continuar la audiencia a la vez que impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar a fin de evitar que el músico evada la acción de la justicia.

Sin embargo, por ajustes de gestión judicial, la audiencia de continuación donde se resolverá la situación jurídica del rapero, se pospuso para este miércoles donde el juez de control determinó la vinculación a proceso contra el colaborador del Cártel de Santa.

Será la próxima Administración municipal quien resuelva la controversia entre la autoridad y residentes de Lomas Virreyes, para la operación legal de una caseta y plumas de control de acceso, lo cual se ha interrumpido por la queja de una minoría, derivando en el incremento de robo de vehículos y casa habitación.

Así lo expresó la señora Eugenia Serrano, miembro del Comité de Vecinos de Lomas Virreyes, quien sostuvo que la respuesta de la Alcaldesa Karla Patricia Ruiz Macfarland, es frenar el desmonte de la caseta de seguridad, y esperar a que sea la siguiente Administración municipal, quien haga la revisión y en su caso, aprobación de su operación.

La petición de los vecinos organizados, es que se realice por parte del Ayuntamiento, el estudio de factibilidad y en todo caso, se reubique la caseta, con el único propósito de contar con un control de acceso al fraccionamiento, como lo tienen muchos otros, pero en su caso, lo quieren hacer todo de manera legal.

Y es que propias autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, han reconocido no tener la capacidad para tener presencia en el área, pues sólo cuentan con mil 600 elementos y son mil 800 colonias en Tijuana, ‘’es decir que no hay ni un elemento por colonia, y la recomendación es que cada fraccionamiento controle sus accesos, pero en el municipio nos dan una respuesta contradictoria y se niegan a permitirlo aún cuando inspectores de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, han dicho que sí procede’’.

Lo cierto dijo, es que cada vez son más residentes del fraccionamiento que se están sumando y apoyando la caseta y plumas, pues luego de que la Alcaldesa pidiera una pausa para revisar el tema y solicitar que en tanto retiraran las plumas, lo cual ya hicieron dijo, el robo de vehículos volvieron, al igual que el nerviosismo de las personas.

La señora Serrano aseguró que continuarán con su lucha en la siguiente Administración, porque ya vieron que Ruiz Macfarland, la que en su discurso asegura buscar siempre el cómo sí se pueden hacer las cosas, heredará el tema a su sucesora, ante lo cual, continuarán pagando 6 guardias privados para hagan rondines y minimizar en lo posible la comisión de delitos, pero sin poder frenar el ingreso de delincuentes, concluyó.