Con un total de mil 629 ejecutados en Tijuana durante este año, se estará despidiendo el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez. 

El mandatario estatal concluye su administración mañana a las 12 de la noche, como una de las más violentas de la historia de la región, junto con Francisco Vega de Lamadrid. 

Ayer por la mañana el gobernador presumió ante el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el resultado positivo en el tema de vacunación en Baja California, sin embargo omitió hablar del tema de homicidios. 

En este mes un total de 126 personas fueron asesinadas, esto de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE).

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El Gobierno de Baja California informó que mantendrá y reforzará los protocolos de seguridad en Mexicali, luego de que el gobierno de Estados Unidos emitiera una alerta ante información sobre una posible amenaza para este martes 25 de agosto.

El secretario de Seguridad Ciudadana y coordinador de la estrategia de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, Laureano Carrillo, señaló que autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajan de manera coordinada para prevenir y atender cualquier posible contingencia en la capital del estado.

La medida se produce después de que la Embajada de Estados Unidos en México anunciara la suspensión de las actividades del gobierno estadounidense en Mexicali y de los viajes oficiales de su personal hacia la ciudad durante este martes.

La representación estadounidense recomendó además evitar edificios gubernamentales y mantenerse atentos al entorno y a las indicaciones de las autoridades. Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente detalles sobre la naturaleza de la amenaza.

Mantendrán operativos y patrullajes

Carrillo explicó que los protocolos serán reforzados estratégicamente en diferentes puntos del municipio como parte de los acuerdos establecidos en la Mesa de Seguridad.

En las acciones participan la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, FGR, FGE, Centro Nacional de Inteligencia y Policía Municipal.

“Las fuerzas estatales y federales actuamos de forma coordinada para salvaguardar el orden y la tranquilidad en la capital del estado. Los operativos de prevención, patrullaje y vigilancia se mantienen activos en su totalidad”, señaló Carrillo.

El Gobierno de Baja California no informó sobre incidentes específicos relacionados con la alerta estadounidense, pero indicó que las acciones tienen un carácter preventivo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recordó que el 9-1-1 para emergencias y el 089 para denuncia anónima permanecen disponibles las 24 horas del día.

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El Secretario de Seguridad Ciudadana, General Laureano Carrillo Rodríguez, informó que los trabajos para la instalación de la base de seguridad en Valle de Guadalupe están muy avanzados y se espera que en las próximas semanas inicie operaciones, lo cual es de gran relevancia debido a la presencia que tendrá esta fuerza estatal, similar a la que ya funciona en La Rumorosa.

Carrillo Rodríguez agregó que también tiene la expectativa de que las bases en San Quintín y San Felipe puedan quedar concluidas antes de que finalice el año, ya que estos proyectos son fundamentales para el desarrollo y la seguridad de dichas regiones.

El funcionario destacó que los elementos que serán destinados a San Quintín ya se encuentran graduados y en proceso de adiestramiento. Además, en agosto próximo se espera formar una nueva generación de 52 agentes, quienes también estaban considerados para trabajar en Valle de Guadalupe.

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El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por un juez, tras ser señalado por presuntos delitos relacionados con el ejercicio indebido de funciones durante su administración.

¿De qué se le acusa?

De acuerdo con las investigaciones, el exmandatario es señalado por presunto abuso de autoridad y decisiones administrativas que habrían causado afectaciones al erario público.

La acusación se centra en la contratación de la empresa Next Energy durante la gestión de Bonilla como gobernador para construir una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, obra que jamás se construyó. La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) revela que el contrato comprometía al estado a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, lo que equivalía una deuda superior a los 37 mil millones de pesos garantizados con participaciones federales.

El juez determinó que Bonilla podrá enfrentar el proceso en libertad, pero deberá cumplir con ciertas medidas cautelares, como:

• Presentarse periódicamente ante la autoridad
• No salir del país sin autorización
• Mantenerse disponible para el proceso judicial
• Proceso en curso

La vinculación a proceso no implica culpabilidad, sino que existen elementos suficientes para continuar con la investigación en su contra.

Será en las siguientes etapas cuando se determine si el caso avanza a juicio y se deslindan responsabilidades.

Jaime Bonilla Valdez gobernó Baja California de 2019 a 2021 y posteriormente se desempeñó como senador.

El caso ha generado atención pública debido a su relevancia política en el estado y a los señalamientos sobre el uso de recursos durante su administración.

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La titular de la Secretaría de Honestidad Pública, Gabriela Monje Pérez, anunció que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) emitió una resolución que sanciona por un período de tres años a Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California, para ocupar cargos públicos.

Monje Pérez explicó que ayer fueron notificados oficialmente de esta resolución, la cual implica una sanción grave. La funcionaria recordó que este asunto se inició desde el inicio de la actual administración, en relación con una denuncia por un contrato con la empresa Next Energy, cuyo objetivo era construir una planta de energía fotovoltaica sin contar con los permisos necesarios.

Asimismo, la funcionaria estatal informó que exservidores públicos, tanto del sector salud como del educativo, vinculados a la anterior administración, también han sido vinculados a proceso por el delito de uso ilícito de facultades y atribuciones.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, reconoció que el tema de seguridad ha sido uno de los mayores desafíos durante su administración. 

La mandataria afirmó que "ha sido el tema donde más hemos batallado hay que decirlo como tal, no estamos contentos ni satisfechos con los resultados, reconocemos que aún hay mucho que hacer".

Durante su mensaje, la mandataria destacó que en los últimos cuatro años han invertido aproximadamente 10 mil millones de pesos en seguridad, una cifra histórica que supera incluso los recursos destinados por los gobiernos anteriores en materia de justicia y seguridad. Sin embargo, admitió que los avances aún no son suficientes y que la lucha contra la delincuencia continúa siendo una prioridad.

Avila Olmeda también informó sobre los proyectos que preparan para el 2026 en materia de seguridad, resaltando que es una prioridad constante en su agenda, ya que "hay días muy difíciles, muy complejos, y que nos siguen recordando que, aunque las cifras de delitos vayan a la baja, los delitos de alto impacto todavía les duelen a los bajacalifornianos".

Por otro lado, la gobernadora elogió la labor del secretario de Seguridad de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, a quien atribuyó el fortalecimiento de la coordinación entre las distintas instituciones de seguridad en el estado. "Desde que llegó, hemos visto cómo se ha fortalecido la coordinación con todas las instituciones de seguridad y cómo ha hecho lo propio por la paz y tranquilidad en el estado", afirmó.

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