La presidente municipal  de Tijuana, Monserrat Caballero, aseguró que su gobierno no utilizará la fuerza pública para desalojar a las docenas de familias que viven en la explanada de El Chaparral desde hace medio año. 

Explicó que su gobierno ya inició una mesa de diálogo con sus funcionarios para encontrar una solución al tema sin la necesidad de recurrir a la fuerza pública. 

Asimismo aseguró que esa medida no es una alternativa debido a que en el campamento hay 600 menores de edad viviendo en el lugar. 

De ninguna manera vamos a poner en riesgo a estos menores obviamente a las familias, pero sobretodo nos interesa el tema de la niñez", expresó Caballero.

La alcaldesa fue cuestionada sobre los dichos del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, Miguel Mora, respecto a que los tres niveles de gobierno no habían logrado encontrar una estrategia que no involucre la fuerza pública.

A lo que contestó que no será una opción ya que buscarán otras alternativas como canalizar a las personas migrantes a albergues. 

"Definitivamente no va ser una medida utilizar la fuerza pública porque tenemos 600 menores y como son de 2 a 14 años son muy pequeños", concluyó la funcionaria.

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El escenario internacional actual, marcado por tensiones geopolíticas como el conflicto entre Irán y Estados Unidos, ha tenido un impacto directo en las políticas migratorias de diversos países, provocando un endurecimiento en los procesos de evaluación y aprobación de visas.

La Licenciada Josefina Orozco, abogada especializada en Derecho Internacional, señaló que se observa un incremento en el escrutinio consular, así como una tendencia hacia una migración cada vez más selectiva que prioriza perfiles con estabilidad económica, arraigo y documentación sólida.

“Hoy en día, las políticas migratorias son más estrictas, con revisiones más profundas en consulados y criterios más exigentes. Ya no solo importa la intención de viajar, sino también la solidez del perfil del solicitante”, explicó la especialista.

Aunque el conflicto no se desarrolla en la región latinoamericana, sus efectos ya se reflejan en países como México, donde los solicitantes enfrentan mayores dificultades para cumplir con requisitos económicos. Además, se observa un aumento en los costos de viajes internacionales y una mayor exigencia para comprobar solvencia financiera y vínculos con su país de origen.

En este contexto, Orozco indicó que el proceso migratorio ha evolucionado, dejando de ser una simple gestión administrativa para convertirse en un ejercicio estratégico en el que cada detalle cuenta.

“La migración ya no depende únicamente de cumplir requisitos básicos, sino de construir un caso sólido, con una narrativa clara, evidencia financiera y documentación consistente que respalde cada solicitud”, añadió.

La abogada también destacó que estos cambios representan un reto para los profesionales del derecho migratorio, quienes deben ofrecer asesoría cada vez más técnica, preventiva y estructurada, con el fin de aumentar las probabilidades de éxito de sus clientes.

Finalmente, Josefina Orozco concluyó que, en un escenario global incierto, las decisiones migratorias deben tomarse con visión y preparación. “En un mundo en tensión, no basta con querer cruzar fronteras, hay que saber cómo hacerlo estratégicamente”, afirmó.

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El albergue Movimiento Juventud 2000 se enfrenta a una grave crisis tras perder el suministro de energía eléctrica desde este martes, debido a la imposibilidad de pagar el recibo por falta de recursos económicos. 

José María García Lara, director del albergue e integrante de la Alianza Migrantes en Tijuana, confirmó la situación y las dificultades que esto representa para los migrantes que dependen del lugar.

García Lara explicó que, aunque intentarán continuar operando a pesar de la falta de electricidad, la situación se ha vuelto complicada. “Usaremos velas para iluminarnos en la noche y dormir temprano, pero esto no es suficiente. La incapacidad de cargar los teléfonos celulares de los migrantes es una de las mayores dificultades. Muchos de ellos esperan respuestas a través de la aplicación CBP ONE, y la falta de comunicación puede retrasar sus solicitudes”, señaló.

Además, el director del albergue enfatizó la preocupación por los alimentos almacenados en refrigeración.

García Lara hizo un urgente llamado al gobierno municipal encabezado por el presidente Ismael Burgueño, solicitando apoyo para cubrir el recibo de electricidad, que asciende a un total de 20 mil 410 pesos. También instó a las autoridades estatales y federales a intervenir y brindar asistencia a este albergue que ha sido un refugio vital para tantos.

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El alcalde Ismael Burgueño Ruiz aseguró que el gobierno municipal está evaluando de manera permanente el esquema migratorio en Tijuana. 

Durante el jueves de 'mañanera', el alcalde destacó que se han llevado a cabo varias reuniones con el Instituto Nacional de Migración (INAMI) y se han revisado los albergues disponibles en la ciudad para garantizar un apoyo adecuado a quienes llegan en busca de mejores oportunidades.

“Estamos en un proceso de reorganización y estrategia”, afirmó Burgueño Ruiz, quien solicitó la creación de una mesa de seguridad en coordinación con las autoridades estatales y federales para abordar de manera integral el tema migratorio. El alcalde subrayó que en las próximas semanas se dará a conocer un plan detallado que busca hacer frente a esta situación.

A pesar de los retos que presenta la migración, Burgueño Ruiz se mostró optimista respecto a la colaboración regional. “Debemos estar tranquilos porque hay muy buena relación con las ciudades hermanas y es una comunicación permanente para organizarnos, así como la agenda que hemos implementado con San Diego”, enfatizó.

Resaltó su lema, “Tijuana es responsabilidad de todos” e invitó a las autoridades a coordinarse y trabajar juntos para que la ciudad pueda salir adelante ante esta situación.

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En el año 2023, México se enfrentó a un aumento sin precedentes en el flujo migratorio, con más de 780 mil migrantes registrados en el país, según la Organización Internacional de Migración (OIM). Este aumento del 77 por ciento en comparación con el año anterior fue impulsado principalmente por la migración de nacionales de Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú y Brasil.

El último trimestre del año pasado, el tránsito de personas provenientes de Centroamérica disminuyó en un 28 por ciento, mientras que el flujo migratorio en América Latina aumentó en un 44 por ciento en el mismo período. Esto se atribuyó principalmente al aumento en la migración de ciudadanos de Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú y Brasil, muchos de los cuales ingresaron a México por tierra a través de la frontera sur.

El número de eventos de personas en situación migratoria irregular alcanzó un récord en 2023, con 782 mil 176 migrantes registrados. Los eventos de niñas, niños y adolescentes (NNAs) también aumentaron significativamente en un 60 por ciento en comparación con 2022. Venezuela, Honduras, Guatemala, Ecuador y Haití fueron algunos de los principales países de origen de migrantes que transitaban por México.

Destaca el aumento en eventos de personas de Senegal, Haití y Ecuador, con aumentos del 1,990 por ciento, 901 por ciento y 220 por ciento, respectivamente, entre 2022 y 2023. Aunque el número de devoluciones a los países de origen disminuyó en un 56 por ciento, el flujo migratorio sigue siendo un desafío importante para México.

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El Instituto Nacional de Migración (INM) ha tomado la decisión de separar de sus funciones a dos agentes migratorios que se desempeñaban en la Oficina de Representación en Baja California, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciara una investigación por presuntos actos ilícitos en los que estarían involucrados.

Según informó Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado federal de Programas para el Bienestar de Baja California, uno de los funcionarios laboraba en la garita "El Chaparral" en Tijuana, mientras que el otro desempeñaba funciones administrativas en la Oficina de Representación.