El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) en Tijuana, Xavier Fernando Ibarra Quintana, manifestó su firme rechazo a la reciente iniciativa presentada en la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, la cual busca establecer un tope en las rentas de inmuebles de uso habitacional.

Durante una rueda de prensa, Ibarra Quintana calificó la propuesta como “una ocurrencia y una irresponsabilidad” considerando el delicado momento que atraviesa la economía del estado. La iniciativa, que fue aprobada en el Pleno del Congreso a través del Dictamen número 20, busca modificar el Código Civil de Baja California con el fin de regular y limitar los incrementos en las rentas de viviendas.

El dirigente empresarial señaló que en el sector de vivienda se ha registrado una contracción en las ventas de más del 30 por ciento en los últimos meses. Además, resaltó que los diputados no están considerando un factor clave: de cada cinco unidades vendidas, tres corresponden a inversionistas públicos y privados que buscan generar patrimonio y desarrollo.

Ibarra Quintana advirtió que, en los últimos setenta años, el costo de vida en Baja California ha aumentado en un 300 por ciento, mientras que los ingresos o percepciones económicas de las familias se han mantenido relativamente estables. Por ello, consideró que la iniciativa afectará no solo a los empresarios y grandes inversionistas, sino también a cualquier ciudadano que aspire a construir un patrimonio.

El representante de Canadevi reiteró que esta medida podría generar un impacto negativo en el mercado inmobiliario y en la economía en general.

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Fermín Kim King, Presidente de la APIT, reconoció que fraccionamientos como Santa Fe, han incrementado los precios de las rentas, alcanzando costos de 500 dólares, debido a la cercanía con la línea, mientras que viviendas en el Este de la ciudad oscilan entre los 6 y 8 mil pesos, ratos en dólares, provocando que la vivienda sea cada vez menos accesible para las personas de escasos recursos.

La renta de viviendas y departamentos se encuentra rebasada ante la alta demanda de norteamericanos que prefieren vivir en Tijuana por los costos más bajos. La Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Tijuana, reconoció que no es legal realizar los contratos en dólares, pero al acordar las condiciones entre ambas partes se realizan de esta manera, aunque llegan a afectar a los tijuanenses que no tienen los mismos ingresos.

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Tanto la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) y el El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, pidieron al gobierno en general a que las corporaciones de seguridad se coordinen para disminuir el nivel de violencia alcanzado en la ciudad. 

Este posicionamiento lo realizaron luego de que el 4 de mayo un empresario transportista fuera asesinado a plena luz del día en un centro comercial situado sobre el bulevar Agua Caliente. 

El presidente de la Canadevi, Alejandro Jiménez López, dijo que la situación de inseguridad está rebasada de la sociedad, lo que generaría que empresarios retiren su inversión de la ciudad como ocurrió en el 2008 y 2009. 

“Exhortamos a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que pongan cartas en el asunto y se tomen las medidas pertinentes para que este tipo de hechos violentos no sucedan. Está de más decir que la inseguridad no solo afecta la llegada de inversiones a la ciudad, sino que también afecta nuestra calidad de vida como ciudadanos”, sentenció el presidente de la Canadevi. 

En tanto que Francisco Rubio Rangel, presidente del CCE Tijuana, comentó que las mesas de seguridad que se realizan en la ciudad deben dar verdaderos resultados, con el fin de que la ciudadanía no padezca hechos violentos a plena luz del día como a ocurrido. 

El también empresario consideró que delitos de alto impacto que suceden con "tal impunidad" en zonas céntricas ponen en alerta a toda la ciudad, por lo que urgió a que las corporaciones encargadas de la seguridad se coordinen.

"Sentimos inseguridad, incluso, al estar transitando por las calles, porque ya no sabes qué puede suceder, como el que estén matando a alguien en un estacionamiento público. Eso es inadmisible", declaró.

Las presiones a la economía de miles de familias en el Sur de California, por el Covid 19, ha generado una avalancha de mudanzas de San Diego a Tijuana; se trata de personas que escapan del pago de rentas caras, que oscilan en el rango de los 800 a mil 500 dólares.

De lado mexicano son sensiblemente más económicas, pero también implican una realidad diferente: enfrentarse a lentos cruces fronterizos para acudir al trabajo, realizar compras y en general seguir conectados con el sistema de vida americano.

Las autoridades de California informaron que se trata de una situación crítica, la generada por la combinación del Covid 19 y la economía, ya que han dejado de pagarse en estos 20 meses de pandemia un promedio de 2,400 millones de dólares, lo que abierto un enorme boquete en la economía del Condado de San Diego.

Esto se da a conocer a unos días de que finalice el programa oficial de ayuda a quienes pagan renta, situación que podría agravar la economía de las personas se menos ingresos económicos en esa parte de la Unión Americana.

De lado mexicano, uno de los afectos negativos ha sido el encarecimiento de las rentas, ya que hay mayor demanda de casas y departamentos, sobre todo cerca de la línea internacional.

Esta tarde elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) ingresaron a un domicilio ubicado en la calle Loreto de la colonia El Pípila en la delegación La Presa Este, en donde se encuentran realizando un cateo al interior en búsqueda de un cuerpo.

Mary Jane Arredondo fue reportada como desaparecida el pasado 21 de agosto, sus hijas que viven en Estados Unidos señalan que su madre había acudido al domicilio para cobrar la renta al inquilino, desde ese momento se desconoce el paradero de la mujer.

Los agentes de la Fiscalía colocaron como primer sospechoso de la desaparición de Arredondo al inquilino de dicha vivienda.

Hasta ahora no se ha reportado el hallazgo de ningún cuerpo al interior del predio.

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A la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) le preocupa la invasión e intento de despojo de que han sido objeto por lo menos tres empresas y particulares durante el mes pasado, en la zona urbana de la ciudad, señaló Alfredo Salazar Juárez, presidente del organismo.

Aunque los casos más sonados han sido en la cabecera municipal, lo cierto es que en todo el municipio se han suscitado este tipo de incursiones, principalmente en la zona rural en donde presuntos líderes promueven ese tipo de delitos con motivos políticos y de lucro, ya que casi siempre cobran cuotas a sus seguidores, advirtió.

Salazar Juárez dijo que esa práctica fue muy socorrida en los años 70s, 80 y 90s, hasta que durante el gobierno de Ernesto Ruffo puso orden al crear el padrón único de beneficiarios de tierra y vivienda para evitar la especulación con terrenos invadidos por personas sin ninguna necesidad.

Recordó que las invasiones eran un “modus operandi” de partidos políticos como una forma de allegarse seguidores y recursos económicos que iban a parar al bolsillo de los líderes de invasores.

El presidente de la Canadevi, hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que hagan prevalecer el estado de derecho y pongan punto final a este tipo de delitos en donde quiera que ocurran y se castigue a los responsables intelectuales y materiales.

“No es posible que en se permita que grupos de interés económico y político vulneren la propiedad privada y siembren la incertidumbre entre quienes con su esfuerzo se hacen de una propiedad con fines de negocio o de reserva patrimonial”, advirtió.

Manifestó que nadie tiene derecho a apoderarse de lo que no le corresponde y cometer delito en una sociedad que se precia de vivir cobijada por el estado de derecho y al amparo de la Ley que los gobernantes juraron cumplir o hacer cumplir.

Salazar Juárez dijo que no existe ninguna razón para volver a prácticas del pasado, ya que en la actualidad existe la suficiente oferta de suelo, vivienda, créditos, facilidades y programas gubernamentales como el Infonavit y otros, para satisfacer la demanda de quienes lícitamente aspiran a un lugar para vivir.

Para la Canadevi la situación es mayormente preocupante, ya que algunos de sus socios han sido víctimas de las invasiones e intentos de despojo, lo que pone en riesgo los procesos de desarrollo y promoción de la vivienda y genera incertidumbre para la inversión en ese giro