Un juez supremo de Perú ordenó este viernes la captura internacional y prisión preventiva por cinco meses contra la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, quien permanece asilada en la residencia de la embajada de México en Lima, mientras es juzgada por el fallido golpe de Estado que intentó dar el izquierdista ex presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.
La decisión fue tomada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien señaló que el peligro de fuga de Chávez en el proceso es "palpable", por su inasistencia al control del registro biométrico y a las audiencias judiciales, según informaron medios locales.
En la víspera, antes de conocerse esta resolución judicial, el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, negó que su país vaya a irrumpir en la embajada de México en Lima para una eventual detención de Chávez, como hizo Ecuador con el ex vicepresidente correísta Jorge Glas, porque -según dijo- es respetuoso del derecho internacional.
Álvarez aseguró que esa posibilidad es una "hipótesis negada" y agregó que "Perú es respetuoso del derecho internacional y no es capaz de ejercer violencia contra ningún país vecino, ni país hermano".
En su resolución, Checkley revocó la orden de comparecencia con restricciones que se había impuesto a Chávez, porque -según señaló- "existe un evidente incumplimiento (...) respecto a la restricción impuesta en su contra, control biométrico cada siete días".
El magistrado también determinó que el peligro de fuga es "palpable", así como el riesgo de "frustración" del juicio.
Chávez fue detenida en junio de 2023 y permaneció hasta septiembre de este año en prisión preventiva, por su presunta participación en el intento de golpe de Castillo, por el que la Fiscalía pide que se le imponga una pena veinticinco años de cárcel por el delito de rebelión.
La ex primera ministra salió en libertad luego del que el Tribunal Constitucional reconociera que fue víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía no solicitó a tiempo la prolongación de la prisión provisional y hace dos semanas recibió el asilo otorgado por el Gobierno de México, que la acogió en la residencia del embajador, donde permanece hasta ahora.
Tras la decisión mexicana, el Gobierno de transición de Perú, que preside José Jerí, decidió romper sus relaciones diplomáticas bilaterales, que desde 2023 ya funcionaban sin embajadores al no reconocer México la legitimidad de la entonces presidenta peruana Dina Boluarte (2022-2025), quien reemplazó a Castillo.
Igualmente, el Ejecutivo peruano tampoco le ha concedido hasta ahora a Chávez el salvoconducto para viajar a México, al condicionarlo a una serie de consultas en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) para modificar la Convención de Caracas que regula el asilo diplomático y político, al considerar que el país norteamericano la ha desvirtuado.
Este jueves, el primer ministro Álvarez aseguró que su país denunciará a México "oportunamente en sedes internacionales con las evidencias en la mano" sobre una presunta injerencia en temas internos, que Lima atribuye a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.
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