Tanto la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) y el El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, pidieron al gobierno en general a que las corporaciones de seguridad se coordinen para disminuir el nivel de violencia alcanzado en la ciudad. 

Este posicionamiento lo realizaron luego de que el 4 de mayo un empresario transportista fuera asesinado a plena luz del día en un centro comercial situado sobre el bulevar Agua Caliente. 

El presidente de la Canadevi, Alejandro Jiménez López, dijo que la situación de inseguridad está rebasada de la sociedad, lo que generaría que empresarios retiren su inversión de la ciudad como ocurrió en el 2008 y 2009. 

“Exhortamos a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que pongan cartas en el asunto y se tomen las medidas pertinentes para que este tipo de hechos violentos no sucedan. Está de más decir que la inseguridad no solo afecta la llegada de inversiones a la ciudad, sino que también afecta nuestra calidad de vida como ciudadanos”, sentenció el presidente de la Canadevi. 

En tanto que Francisco Rubio Rangel, presidente del CCE Tijuana, comentó que las mesas de seguridad que se realizan en la ciudad deben dar verdaderos resultados, con el fin de que la ciudadanía no padezca hechos violentos a plena luz del día como a ocurrido. 

El también empresario consideró que delitos de alto impacto que suceden con "tal impunidad" en zonas céntricas ponen en alerta a toda la ciudad, por lo que urgió a que las corporaciones encargadas de la seguridad se coordinen.

"Sentimos inseguridad, incluso, al estar transitando por las calles, porque ya no sabes qué puede suceder, como el que estén matando a alguien en un estacionamiento público. Eso es inadmisible", declaró.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) en Tijuana, Xavier Fernando Ibarra Quintana, manifestó su firme rechazo a la reciente iniciativa presentada en la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, la cual busca establecer un tope en las rentas de inmuebles de uso habitacional.

Durante una rueda de prensa, Ibarra Quintana calificó la propuesta como “una ocurrencia y una irresponsabilidad” considerando el delicado momento que atraviesa la economía del estado. La iniciativa, que fue aprobada en el Pleno del Congreso a través del Dictamen número 20, busca modificar el Código Civil de Baja California con el fin de regular y limitar los incrementos en las rentas de viviendas.

El dirigente empresarial señaló que en el sector de vivienda se ha registrado una contracción en las ventas de más del 30 por ciento en los últimos meses. Además, resaltó que los diputados no están considerando un factor clave: de cada cinco unidades vendidas, tres corresponden a inversionistas públicos y privados que buscan generar patrimonio y desarrollo.

Ibarra Quintana advirtió que, en los últimos setenta años, el costo de vida en Baja California ha aumentado en un 300 por ciento, mientras que los ingresos o percepciones económicas de las familias se han mantenido relativamente estables. Por ello, consideró que la iniciativa afectará no solo a los empresarios y grandes inversionistas, sino también a cualquier ciudadano que aspire a construir un patrimonio.

El representante de Canadevi reiteró que esta medida podría generar un impacto negativo en el mercado inmobiliario y en la economía en general.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, reconoció que el tema de seguridad ha sido uno de los mayores desafíos durante su administración. 

La mandataria afirmó que "ha sido el tema donde más hemos batallado hay que decirlo como tal, no estamos contentos ni satisfechos con los resultados, reconocemos que aún hay mucho que hacer".

Durante su mensaje, la mandataria destacó que en los últimos cuatro años han invertido aproximadamente 10 mil millones de pesos en seguridad, una cifra histórica que supera incluso los recursos destinados por los gobiernos anteriores en materia de justicia y seguridad. Sin embargo, admitió que los avances aún no son suficientes y que la lucha contra la delincuencia continúa siendo una prioridad.

Avila Olmeda también informó sobre los proyectos que preparan para el 2026 en materia de seguridad, resaltando que es una prioridad constante en su agenda, ya que "hay días muy difíciles, muy complejos, y que nos siguen recordando que, aunque las cifras de delitos vayan a la baja, los delitos de alto impacto todavía les duelen a los bajacalifornianos".

Por otro lado, la gobernadora elogió la labor del secretario de Seguridad de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, a quien atribuyó el fortalecimiento de la coordinación entre las distintas instituciones de seguridad en el estado. "Desde que llegó, hemos visto cómo se ha fortalecido la coordinación con todas las instituciones de seguridad y cómo ha hecho lo propio por la paz y tranquilidad en el estado", afirmó.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó sobre los avances significativos en materia de seguridad en la región, destacando una notable reducción en los índices delictivos en Tijuana y en todo el estado durante los últimos meses.

En atención a medios de comunicación, Ávila Olmeda resaltó que, en los últimos tres años, Baja California ha logrado disminuir todos los delitos, pero fue en los últimos meses cuando estos resultados se han hecho más evidentes, gracias a una mayor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. En particular, mencionó la estrecha colaboración con el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz.

La mandataria destacó la reducción en los homicidios en Tijuana y en el ámbito de decomisos. Baja California registró cifras históricas a nivel nacional, con un incremento en la incautación de drogas sintéticas como fentanilo y metanfetaminas, consolidándose como una de las entidades con mayor decomiso en estas sustancias.

Al final de su intervención, la gobernadora Ávila Olmeda señaló que los años en los que más hubo criminalidad en Baja California fueron durante los periodos en que gobernó el Partido Acción Nacional (PAN).

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Tras el reciente operativo en el residencial Barcelona, donde un fugitivo de las autoridades estadounidenses logró escapar, el alcalde Ismael Burgueño Ruiz, explicó que no tuvo comunicación directa con las autoridades de Estados Unidos, ya que la operación estuvo bajo la coordinación del gobierno estatal.

Burgueño indicó que la información relacionada con el operativo y los detalles específicos del caso serán proporcionados por el secretario de seguridad, Laureano Carrillo. "No puedo dar datos específicos sobre el operativo, ya que eso sería caer en una irresponsabilidad de mi parte", subrayó.

A pesar de la situación, el alcalde aprovechó la oportunidad para reconocer el trabajo de la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien ha sido clave en la reducción del 35% en el índice de homicidios en Baja California. Este logro, según Burgueño, refleja un compromiso sólido con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, afirmó que, aunque la incidencia delictiva ha mostrado una tendencia a la baja en el estado, los números actuales no son los que desearía, reconociendo abiertamente que esta es una de las áreas que más ha costado mejorar.

Señaló que continuarán reforzando acciones en materia de seguridad con el objetivo de brindar bienestar a las familias bajacalifornianas siendo una prioridad para su administración.

La gobernadora anunció que, con el objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad, se incorporó al equipo el General Laureano Carrillo, designado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como nuevo coordinador de la estrategia estatal de seguridad. Carrillo tendrá la responsabilidad de alinear esfuerzos y estrategias a nivel estatal con el gobierno federal.