Tribunal Electoral avala que funcionarios promuevan elección judicial

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló que servidores públicos, incluidos legisladores, gobernadores y representantes del Ejecutivo, puedan promover la participación en la elección judicial, con la condición de que no apoyen a candidaturas específicas ni usen recursos públicos para fines partidistas.

Con tres votos a favor y dos en contra, se modificó el acuerdo emitido previamente por el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual prohibía a los funcionarios participar en la difusión del proceso judicial, al considerar que se trataba de una facultad exclusiva del órgano electoral.

La decisión fue respaldada por los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, mientras que Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón votaron en contra.

Posturas encontradas

La magistrada presidenta del Tribunal, Mónica Soto, expresó su desacuerdo con la postura del INE, señalando que el acuerdo parecía buscar una “elección silenciosa” al limitar la participación ciudadana.

“Me siento sorprendida, un poco contrariada, por este posicionamiento del INE”, dijo. “No le estamos dando la vuelta a la Constitución, estamos dando viabilidad a lo que establece”.

El magistrado Felipe de la Mata, ponente del proyecto, sostuvo que las elecciones judiciales no deben regirse bajo las mismas reglas que las del Congreso o del Ejecutivo, y enfatizó que los principios de equidad, neutralidad e imparcialidad deben respetarse.

“Sigue estando prohibido que favorezcan o perjudiquen a cualquier candidatura, nada de eso cambia”, aclaró.

Por su parte, Felipe Fuentes defendió que la Constitución no exige un “silencio absoluto” por parte de los servidores públicos ni una exclusividad injustificada en la promoción electoral.

Duras críticas a la resolución

La magistrada Janine Otálora se posicionó en contra, argumentando que la ley prohíbe explícitamente el uso de recursos públicos en la promoción electoral, y que estas restricciones están diseñadas para proteger la imparcialidad del proceso.

“Se restringe para evitar injerencias indebidas mientras el INE despliega una campaña integral e imparcial”, señaló. También cuestionó si se está sugiriendo que otras autoridades podrían hacer un mejor trabajo que el INE en esta tarea.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón advirtió sobre el riesgo de confusión pública respecto a posibles apoyos hacia candidaturas postuladas por los mismos actores que promueven la elección, lo cual no está previsto en el modelo electoral aprobado.

“El derecho de acceso a la información no se ve vulnerado, ya que el INE tiene la obligación de promover la participación ciudadana”, recalcó.

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