En Baja California se encuentran dentro de los penales, recluidos 356 personas por cada 100,000 habitantes, es decir, más del doble de la media nacional la cual se estima en 176 Personas privadas de la libertad por cada 100 mil

Esta información fue revelada por Heriberto García García, ex procurador de los derechos humanos en Baja California durante una presentación realizada para el Grupo Político 21. 

Señaló que el tema de lo que ocurre al interior de las prisiones fue motivo por el cual en su momento se creó la Comisión nacional de los Derechos Humanos.

Tan solo en Baja California están recluidos en los diferentes centros de readaptación social, 12,749 personas de las cuales 689 son mujeres y el resto hombres.

La población penitenciaria femenil, aunque es la menos en comparación con el total de PPL, se ha incrementado debido a distintos factores y es considerado un foco rojo luego que se considera qué muchas de ellas se encuentran recluida por hechos circunstanciales más que delictivos.

Una problemática que observa García García es que en California existen alrededor de 394 personas recluidas por cada 100,000 habitantes, la mayoría de ellas de origen mexicano quién es, tras cumplir su sentencia son devueltos a su país de origen.

El ex procurador refirió que más de la mitad de los PPL en Baja California no reciben visitas situación que merma su trabajo de reinserción a la sociedad pues el reo se percibe abandonado por su familia.

Sin embargo, existe otra estadística que es preocupante y a la vez contradictoria pues de las personas que visitan a sus familiares PPL, el 86% son mujeres y el 14% son hombres. Esta cifra advierte que las mujeres no abandonan a sus reos tanto como lo hacen los hombres al ser menos su presencia durante las visitas familiares.

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En un operativo donde se destacó la coordinación de las autoridades de los tres niveles de Gobierno, se trasladaron del Centro Penitenciario de Tijuana a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a 41 personas privadas de la libertad, para abordar la aeronave de la Guardia Nacional que los llevaría a diferentes Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) del país.  

La comisionada estatal del Sistema Penitenciario (CESISPE), Ma. Elena Andrade Ramírez informó que las personas privadas de la libertad sentenciadas por delitos del orden federal, común y procesados fueron trasladadas a Centros Penitenciarios Federales ubicados en diversos estados del país. 

El traslado busca garantizar la paz, estabilidad y gobernabilidad al interior del Centro Penitenciario de Tijuana y se realizó con pleno respeto a los derechos humanos y los lineamientos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con la participación coordinada de la Fuerza Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

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Esta tarde se reporta una fuerte movilización policial en torno al Cereso Estatal Número 3 de Ciudad Juárez presuntamente por una riña entre internos de grupos rivales.

El primer reporte indica que los familiares de los reos que estaban en el interior fueron desalojados y se evacuaron algunas zonas del Cereso. Se presume que el enfrentamiento sería entre internos de los grupos chapos y mexicles.

Afuera del recinto se agrupaban familiares de internos para pedir información.

Más tarde, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que tres personas murieron durante una riña registrada al interior del Centro de Reinserción.

De acuerdo con la versión oficial, “alrededor de las 13:00 horas se suscitó una riña en una de las áreas del Penal, la cual fue protagonizada por personas privadas de la libertad que forman parte de pandillas rivales”.

La fiscalía indicó que elementos de Seguridad y Custodia Penitenciaria, así como de Seguridad Pública Municipal, Policía del Estado, la Agencia Estatal de Investigación, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Protección Civil, participaron en el operativo para restablecer el orden al interior del penal.

Agregó que “en este momento se mantiene el control y la coordinación con los tres órdenes niveles de gobierno, además el personal del Centro Penitenciario se encuentra atendiendo a los familiares que acuden para solicitar información”.

Sin embargo, afuera del penal, los familiares se quejaban de la falta de información.

La pelea inició durante la hora de visita. Familiares que se encontraban dentro del Cereso relataron que estaban en la visita cuando llegaron hombres vestidos de civil al patio del área A y empezaron a golpear a los reos, lo que desató la riña.

Explicaron que vieron cómo golpeaban a algunos reos, que otros tenían armas blancas e, incluso, se escucharon detonaciones.

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Ismael Zambada Imperial, conocido como Mayito Gordo, uno de los hijos del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, fue trasladado a custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) luego de obtener su libertad y ahora lucha por permanecer en Estados Unidos. 

Luego de ser liberado de prisión el pasado 21 de julio, de acuerdo con información del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, ahora enfrenta la deportación y está luchando para quedarse en Estados Unidos, confirmaron fuentes al tanto del caso a VICE World News. 

El Mayito Gordo fue detenido en Culiacán en 2014 tras un operátivo dirigido por elementos de la Secretaría de Marina y fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2019. Desde entonces había permanecido recluido en el Centro de Detención Metropolitano de San Diego, en el estado de California acusado de narcotráfico. 

El jueves de la semana pasada fue liberado del penal, pero no se le permitió caminar libremente por las calles de San Diego así como así. La Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California, que lo liberó, ordenó a Zambada Imperial diversas condiciones, como no cometer otro delito, no poseer ilegalmente una sustancia controlada, someterse a una prueba de drogas dentro de los 15 días posteriores a su liberación y al menos dos pruebas periódicas, según lo determine el tribunal. También debe participar en un programa contra la violencia doméstica. 

A finales de junio, Zambada Imperial fue sentenciado a nueve años de prisión por el juez Danna Sabraw, de la Corte Federal del distrito sur de California. Antes, en abril del 2021, se declaró culpable de importar y distribuir toneladas de metanfetamina, cocaína y mariguana a Estados Unidos a nombre de la organización de su padre. 

En ese sentido también se le acusó de conspirar para transportar la droga, luego lavar y transferir las ganancias hacia México "en beneficio de los miembros del Cártel de Sinaloa y asociados". Pero se le tomó como crédito a su condena por el tiempo cumplido en prisión desde noviembre del 2014, cuando fue capturado en Culiacán, Sinaloa, por la Marina, y tras lograr un acuerdo con los fiscales, sólo le resta poco más de un año de sentencia, la cual cumplirá en libertad condicional. 

Su liberación, ocurrida apenas seis días después de la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero, ha despertado la suspicacia de una colaboración con Estados Unidos para obtener beneficios legales.

Desde que fue liberado de prisión la semana pasada, Zambada Imperial, de 37 años de edad, pasa los días en el Centro de Detención Metropolitano de San Diego a la custodia del ICE como reportan medios estadounidenses. 

Se sabe que esa cárcel del ICE es operada por una empresa privada de prisiones, el Grupo GEO, cerca de Victorville, California. Se espera una decisión sobre su deportación en los próximos días. 

La información sobre su destino no es del todo clara, luego de que el semanario ZETA de Tijuana reportó que la deportación de Zambada Imperial ocurrirá presuntamente, según fuentes del gobierno estadunidense, este miércoles 27 de julio, a través de la garita de San Ysidro, sin que se conozca el horario. 

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Ante el mayor índice de inseguridad y violencia que se registra en la ciudad de Tijuana, la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, señaló que están trabajando para combatirlo en coordinación con autoridades municipales y federales.

Recordó que no sólo es trabajar en tema de detenciones si no también en materia de impartición de justicia. 

"Los criminales no van a estar en las calles van a estar en las cárceles", manifestó Ávila Olmeda.

Sin embargo, recordó que la Policía Municipal es la autoridad más cercana a la comunidad y primeros respondientes.

"Es un reto que tenemos, no es de la noche a la mañana los esfuerzos que se han venido haciendo tenemos que seguir atacando las causas que originan el delito", puntualizó la mandataria.

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Al menos ocho reclusos fallecieron al interior de una prisión de Haití que se quedó sin alimentos hace dos meses, informaron autoridades.

Docenas de muertes en circunstancias similares se han registrado este año en medio de un desmoronamiento de las instituciones en el país.

El hambre y el sofocante calor contribuyeron a las muertes de los presos reportadas esta semana en el penal, dijo Ronald Richemond, el comisionado del gobierno de esa localidad, a The Associated Press. Afirmó que la cárcel tiene 833 presidiarios.

“Quien pueda ayudar que lo haga de inmediato, porque los reclusos lo necesitan”, agregó.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dijo la semana pasada en un informe que de enero a abril se documentaron 54 decesos carcelarios relacionados con desnutrición en Haití, un país de más de 11 millones de habitantes.

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