La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) agendó para el próximo 17 de agosto la discusión de las controversias constitucionales interpuestas por el Congreso del Estado de Tamaulipas que impugnan el desafuero y la orden de aprehensión contra el mandatario de la citada entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. 

La discusión de ambos temas se dejó en lista en dos ocasiones en junio pasado. Los proyectos del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá proponen declarar fundadas las controversias e invalidar la orden de aprehensión porque Cabeza de Vaca goza de fuero constitucional. 

Hace unos meses, el Congreso de Tamaulipas se negó a homologar la decisión de la Cámara de Diputados, erigida en Jurado de Procedencia, la cual acordó retirar la inmunidad al gobernador. 

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión contra el mandatario estatal por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la cual fue otorgada por Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México. 

Sin embargo, el gobernador obtuvo un amparo en noviembre de 2021, sentencia que impide que se ejecute su detención. El juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, indicó en su fallo que se violaron los derechos del gobernador porque están en curso controversias constitucionales que la Corte debe resolver sobre su inmunidad. 

Asimismo, dejó claro que su sentencia “no implica que se favorezca la impunidad al gobernador estatal a quien se le imputa la probable comisión de delitos del orden federal”, pues lo que determinó en su momento la Legislatura de Tamaulipas se limita a que, por el momento, hasta que concluya su mandato, conserva “la protección o inmunidad procesal penal”, razón por la cual decidió no poner a disposición de las autoridades federales al titular del Ejecutivo local. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó dar efectos generales a su sentencia que declaró inconstitucional el acuerdo del 22 de noviembre de 2021, con el cual, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenaba la reserva de la información de las obras emblemáticas de su administración y las clasificaba de seguridad nacional y de interés público.

Con seis votos a favor, el Pleno avaló la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca de eliminar totalmente el acuerdo, por lo que los ciudadanos podrán solicitar la información que requieran sobre dichas obras, y no podrán negárselas bajo el argumento de que se trata de información de seguridad nacional.

Los efectos de la sentencia tendrán validez una vez que el Ejecutivo Federal y las secretarías de estado sean notificados del fallo oficialmente.

El Pleno de la Corte se enfrascó en un debate de casi una hora y media para fijar los efectos de la sentencia dictada el jueves pasado, donde declaró inconstitucional dicho acuerdo, tras resolver la controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La discusión derivó porque no se determinaba si los efectos tenían que ser entre partes, es decir, entre el INAI y el Ejecutivo Federal, y si las secretarías federales estaban obligadas a brindar a particulares la información que solicitarán, por ejemplo, del Tren Maya, o de otra obra emblemática.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien votó en contra de la propuesta de Alcántara Carrancá, consideró que la declaratoria de invalidez del acuerdo era solo para el INAI, organismo al que se le violentaron sus derechos de competencia. Explicó que era como un amparo, el INAI es el beneficiado, pero la ley seguía aplicando para los demás.

Al respecto, las ministras Loretta Ortiz Ahfl y Yasmín Esquivel Mossa opinaron que el acuerdo seguía vigente para quienes no lo impugnaron, pero no para el INAI.

Lo anterior, provocó que el ministro Javier Laynez Potisek recordara que el INAI acreditó que ese acuerdo es inconstitucional, pero con la propuesta de la minoría no se podría saber si a los particulares se les iba a poder ofrecer la información solicitada sobre obras emblemáticas.

Cabe mencionar que los efectos emitidos por la Corte no impactarán en el nuevo Decreto que el titular del Ejecutivo Federal emitió el jueves pasado para blindar de nuevo la información de las obras como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y de aeropuertos.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó a los cinco candidatos y candidatas a dirigir la presidencia del máximo tribunal de México.

La próxima elección se realizará cuando el actual presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, deje el cargo.

Durante los primeros cinco días de diciembre, previo a la conclusión del encargo de la Presidencia en funciones, las Ministras y Ministros que aspiren a presidir la SCJN y el CJF presentaron a sus compañeros y compañeras las “líneas generales” de su proyecto de administración.

Los aspirantes son:

Ministra Yasmín Esquivel Mossa

Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

Ministro Javier Laynez Potisek

Ministro Alberto Pérez Dayán

Ministra Norma Lucía Piña Hernández

¿Cómo y cuándo será la elección a presidente de la SCJN?

La elección se llevará a cabo en sesión pública solemne, celebrada en el primer día hábil del mes de enero. La sesión será presidida por el Ministro decano (quien tiene la mayor antigüedad en el Pleno).

Esta vez, la elección de la Presidencia de la SCJN y el CJF se realizará el 2 de enero de 2023.

La votación se hará por cédulas, contando con la participación de dos Ministros y/o Ministras para el escrutinio. Para que una persona sea electa deberá obtener cuando menos seis votos. Si nadie obtuviera los votos suficientes, se hará una nueva votación en la que sólo participarán las dos personas que hayan obtenido el mayor número de votos en la primera ronda, resultando electa o electo quien alcance seis votos o más a su favor.

La persona electa tomará posesión inmediatamente después de su elección y rendirá protesta como Presidente o Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, ante los Plenos reunidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cumplirá con el plazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 30 días para que envíe al Senado de la República una terna para elegir a consejeros de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Dijo que cumplirá aunque no está de acuerdo con la función de la comisión porque defiende a empresas particulares y protege un modelo privatizador que se impuso durante el periodo neoliberal.

“Vamos a cumplir con el mandato de la Corte, y vamos a enviar la terna. Yo no estoy de acuerdo con lo de la Cofece porque es un organismo que defiende a empresas particulares, no defiende a las empresas públicas”, comentó durante su conferencia de prensa, en Palacio Nacional.

Refirió que deberá escoger a la terna de candidatos que no conoce y no escogió él, ya que le envían una lista elaborada. “Los que mandan, porque hasta eso, ni los conozco. Me mandan, creo que cinco, y de ahí tengo que mandar uno, primero”, explicó.

Añadió que no existen las condiciones para desaparecer a la Cofece, pero no descartó que posteriormente intente desmantelar al organismo autónomo.

“Si no hay posibilidad de que se desmonte todo este andamiaje protector de intereses creados, que eso sería lo mejor, lo ideal, si no hay condiciones, aunque no se descarta que el día de mañana o hacia el futuro lo puedan hacer, hay que cumplir con lo que ordena la Corte, el Poder Judicial, y es lo que voy a hacer”, comentó.

Actualmente faltan tres consejeros en la Cofece para integrar un total de siete, puesto que, de acuerdo con la controversia 207/2021, el organismo señaló que había una integración incompleta, la cual le ha impedido desplegar adecuadamente todas sus atribuciones.

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca obtuvo la suspensión definitiva contra una orden de aprehensión librada por un juez federal a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía lo busca por presunta comisión de delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.

“Se concede la suspensión definitiva a (Francisco García Cabeza de Vaca), respecto de los actos que se mencionan en los considerandos segundo y tercero de la presente”, dice el fallo del Juez Octavo de Distrito del Estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, pero se establece que al ser delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, en exmandatario puede ser aprehendido por el Ministerio Público Federal.

En caso de que Francisco García sea detenido, deberá ser puesto disposición del Juzgado Octavo de Tamaulipas Foto: Especial

Por tratarse de un delito grave como lo es la delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, el panista no libraría la prisión en caso de ser detenido, sin embargo, cabe aclarar que hasta el momento se desconoce su paradero.

“Tomando en consideración que del informe de la responsable se admite que la orden de aprehensión reclamada es por hechos considerados como delito, a saber, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (graves), que ameritan prisión preventiva oficiosa, se concede la suspensión definitiva al quejoso”, se lee en el documento divulgado a través de distintos medios.

Mismo juez que ya le había dado protección

El amparo le fue otorgado por el juez Faustino Gutiérrez Pérez, quien en reiteradas ocasiones ya le había concedido esta medida de protección meses atrás, pero también se le señala como algo “insuspendible”.

En caso de que Francisco García sea detenido, deberá ser puesto disposición del Juzgado Octavo de Tamaulipas, y a cargo de Gregorio Salazar Hernández, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Control, quien se encuentra Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez (Altiplano).

Hay que recordar que la orden de aprehensión se liberó el 4 de octubre, pocos días de concluir el mandato constitucional de García Cabeza de Vaca, también se emitió una alerta migratoria por el Instituto Nacional de Migración (INM) para evitar su salida del país, sin embargo, desde el 28 de septiembre no se sabe su paradero.

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El ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, obtuvo un amparo contra la orden de aprehensión girada por la Fiscalía General de la República (FGR); también hay una alerta migratoria emitida por la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración (INM) para evitar la fuga o la sustracción de la justicia. 

La orden de aprehensión se emitió el 4 de octubre, por presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Así lo informó, el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja, quien también reveló que las investigaciones datan de antes del inicio de la nueva administración. 

El amparo promovido en contra de la orden de captura emitida por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal en el Estado de México, con residencia en el municipio de Almoloya de Juárez y otras autoridades, fue otorgado por el Juez del Octavo Distrito de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez. 

El mismo juez que en el pasado otorgó la misma medida por la suspensión de sus cuentas bancarias y la anterior orden de aprehensión.

El expediente del nuevo amparo está bajo el número 2477/2022 en el Consejo de la Judicatura Federal, donde se establece que el juez federal, Gregorio Salazar Hernández, quien emitió la nueva orden de aprehensión, tiene un plazo de 48 horas para rendir su informe por escrito. 

Para la audiencia constitucional que contempla el artículo 115 de la Ley de Amparo se fijan las 09:50 del 15 de noviembre de 2022, donde se deberá justificar la orden de aprehensión contra el ex gobernador.

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