La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la suspensión de plano que impide en este momento la extradición del capo Rafael Caro Quintero a los Estados Unidos, país que lo requiere por el asesinato del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena.

Un agente del Ministerio Público de la Federación de la FGR interpuso un recurso de queja y expresó agravios contra la convalidación de la suspensión de plano, que realizó una juez de amparo del Estado de México, luego que le fuera turnado el juicio de amparo promovido por el "Narco de Narcos" ante un juzgador de Jalisco que le otorgó una suspensión de plano contra su traslado a los Estados Unidos.

"Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, agréguese el oficio suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, mediante el cual interpone recurso de queja y expresa agravios contra la convalidación de la suspensión de plano, derivada del proveído de veintiuno de julio del año en curso".

Aislado en un módulo de alta seguridad, con atención médica y tomando diariamente el sol en el patio, así pasa sus días el capo Rafael Caro Quintero, en el penal de máxima seguridad del Altiplano, desde donde combate su extradición a Estados Unidos, país que lo reclama por el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.

A su ingreso a la prisión de Almoloya de Juárez, Estado de México, la noche del 15 de julio, el llamado “Narco de Narcos” estuvo aislado unos días conforme al protocolo de Covid-19 para reos de nuevo ingreso.

Después de varios días las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 ingresaron al fundador del Cártel de Caborca al módulo de máxima seguridad, donde permanece, revelaron autoridades federales.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que esta tarde fue detenido Carlos, integrante de un grupo delincuencial que opera en el norte del país en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Se le aseguró un vehículo sin placas y un arma de fuego.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el nombre es Carlos Caro Quintero, quien, según información consultada, es el hermano de Rafael Caro Quintero.

Esta tarde compañeros de @SSC_CDMX detuvieron en @AlcaldiaMHmx a Carlos “N”, integrante de un grupo delincuencial que opera en el norte del país, se le aseguró un vehículo sin placas y un arma de fuego. La Policía de la CDMX está alerta ante cualquier situación. pic.twitter.com/SvJE9hJVOA

— Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 6, 2023

Visita y accede a todo nuestro contenido | www.cadenanoticias.com | Twitter: @cadena_noticias | Facebook: @cadenanoticiasmx | Instagram: @cadenanoticiasmx | TikTok: @CadenaNoticias | Telegram: https://t.me/GrupoCadenaResumen |

Las extradiciones a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, y de Rafael Caro Quintero, El Narco de Narcos, pueden tardar hasta dos años.

Existe la posibilidad de negociar algunos conceptos para que se produzca una entrega consentida por parte del imputado o que vaya previamente negociado a aceptar los cargos de Estados Unidos, explicó Jorge Lara, exsubprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la otrora Procuraduría General de la República (PGR).

“En ambos casos la estrategia es retrasar lo más posible la extradición… Sabemos que las fiscalías de aquel país trabajan con mucha fuerza y seriedad las imputaciones, eventualmente las sanciones que podrían enfrentar son muy severas como lo vimos en el caso de El Chapo Guzmán, entre otros”, aseveró.

El especialista dijo a EL UNIVERSAL que es una estrategia de fondo y la defensa legal trata de que en un momento dado tampoco proceda la solicitud de extradición. Destacó que fundamentalmente compran tiempo, no hay un lapso determinado y la extradición se da en dos momentos, uno ante el juez de Distrito que conoce el caso y dos ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lara refirió que en los tramos hay la posibilidad de recurrir al amparo y no necesariamente existe un tiempo límite, podría calcular un año ocho meses o dos años: “Con Ovidio podría llegar a que no se entregue en este gobierno”, detalló.

Alberto Nava, abogado penalista, indicó que el hecho de que se demore la entrega de estos capos a EU es una consecuencia secundaria. “El margen de maniobra de una defensa, de extradición, es muy pequeño porque no se trata de reproducir un juicio, de aportar todas las pruebas, simplemente se analizan cosas verdaderamente básicas, que el delito exista en los dos países y no esté prescrito”, apuntó.

Jorge Olvera, quien fue uno de los abogados del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, precisó que el procedimiento de extradición es de corte administrativo y se presenta ante un juez federal, en el cual se hace una solicitud de detención con fines de extradición y el juzgador ordena la captura.

“En este procedimiento el presunto extraditado tiene derecho a aportar pruebas… se tiene que llevar una audiencia para que se informe la solicitud definitiva de la extradición por parte de Estados Unidos elaborada en México, en la cual se agregue la documentación que tienen haciendo la petición”, dijo.

El Ratón es señalado por las autoridades estadounidenses por conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana de 2008 a 2018.

Ayer, el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió a Guzmán la suspensión provisional contra su extradición.

Estados Unidos tiene 60 días para formalizar la petición de extradición de El Ratón, en tanto que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha presentado acusaciones en su contra.

El juez dijo que la suspensión es para que no se ejecute la orden de extradición y quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, con objeto de no ser entregado al gobierno de EU.

El acuerdo refiere que se decreta la suspensión provisional para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y el quejoso quede a disposición del juzgado de Distrito por lo que a su libertad se refiere: “Quedando como consecuencia de esta determinación a disposición de cuya autoridad se encuentra, para la continuación del procedimiento que se le sigue”.

El juez estableció a las 14:06 horas del 12 de enero para la celebración de la audiencia incidental. Ovidio Guzmán permanece en el Cefereso 1 en Almoloya, Estado de México.

El famoso "Narco de Narcos" recibió un golpe a su bolsillo, ya que este martes 25 de octubre la Fiscalía General de la República obtuvo la aprobación para incautar 5 propiedades de Rafel Caro Quintero. A través de redes sociales, la Unidad Especializada en Materia de Extinción de Dominio (UEMED) logró una sentencia positiva en la que se declaró procedente el ejercicio de la acción de extinción de dominio a favor al Gobierno Federal sobre cinco inmuebles ubicados en Zapopan, estado mexicano de Jalisco.

Cabe señalar que la resolución fue dictada por la Jueza Sexto de Distrito en Materia de Extinción de Dominio con sede en la Ciudad de México mediante juicio oral, "afectando así las finanzas del crimen organizado".

“El 25 de octubre de 2019, se presentó ante la Dirección General de Procedimientos Internacionales una petición del Director de la División Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, a través del cual solicitó asistencia jurídica internacional para el decomiso de inmuebles que se encuentran en Zapopan, Jalisco, respecto de los cuales se demandó la extinción de dominio en la Corte de Distrito Este de Nueva York, toda vez que fueron adquiridos con recursos procedentes de la venta de narcóticos”, señala el documento.

Dicha solicitud consistía en que se diera publicidad a la demanda de extinción de dominio, por lo que se le notificará a los demandados, además de que se tomarán las medidas necesarias para preservar los bienes y en su momento, de acuerdo a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se ejercitará la acción contra las propiedades.

Pagan a los deudos de marinos tras captura de Quintero

El Gobierno de México destinó 75 millones de pesos para apoyar a los deudos de los 14 marinos que perdieron la vida en el accidente del Helicóptero Black Hawk, luego de la captura del capo Rafael Caro Quintero, el 15 de julio.

De acuerdo con un documento del Gabinete Social, que pertenece a la Presidencia de la República, la transferencia de los recursos por el momento se encuentra en proceso y será reportada por el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), ya que el dinero proviene de procedimientos penales federales y de procesos de extinción de dominio.

En el informe de actividades 2021-2022 del Gabinete Social, entregado a la Cámara de Diputados, se notificó que el objeto del apoyo es contribuir con la seguridad y bienestar social de los deudos del personal naval que perdió la vida o sufrió alguna incapacidad, derivada de la caída de la aeronave que tuvo el percance por falta de combustible.

Las autoridades federales precisan que dicho monto se repartirá a 15 familias del personal naval de la Secretaría de Marina como compensación económica de quienes participaron en las acciones de construcción de la paz.

El reporte indica que el acuerdo entre los integrantes del Gabinete Social para otorgar el apoyo a los deudos del personal naval se tomó fuera de Sesión del Ejercicio Fiscal 2022.

El pasado 15 de julio, después del operativo que llevó a la captura de Rafael Caro Quintero en la sierra Madre Occidental, en Sinaloa, el helicóptero Black Hawk de la Semar se desplomó, lo que provocó la muerte de 14 de los 15 marinos que viajaban en la aeronave. 

Visita y accede a todo nuestro contenido | www.cadenanoticias.com | Twitter: @cadena_noticias | Facebook: @cadenanoticiasmx | Instagram: @cadenanoticiasmx | TikTok: @CadenaNoticias | Telegram: https://t.me/GrupoCadenaResumen |

La droga que se vende en las narcotienditas de la capital del país entra por tres accesos carreteros que llegan hasta el centro de la ciudad y siguen su curso hacia el norte del país por la autopista hacia Querétaro. 

Así lo explica un informe de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Obtenido vía Guacamaya. 

El informe de la Situación de Seguridad Pública en la Ciudad de México también ubica al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como una de las escalas que usa la delincuencia organizada para enviar droga hacia otros países. 

Los trabajos de la milicia señalan que la primera ruta comienza por la carretera de Cuernavaca y pasa por el periférico para cruzar hasta el norte hacia la autopista México-Querétaro. 

En el mapa se observa que esta primera vía de transporte cruza las alcaldías de Tlalpan, Coyoacán, Bienito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.

El segundo trazo comienza desde el poniente de la ciudad por la carretera de Toluca para desembocar hacia el Periférico y pasar por el centro de la ciudad para dirigirse hacia la salida que va hacia la zona del Bajío. 

La tercera ruta terrestre comienza por la entrada de Puebla y continúa por la Calzada Zaragoza hasta llegar al centro por el Viaducto y tener el mismo camino que las dos rutas anteriores hacia el norte del país. 

Para el especialista en temas de seguridad, David Saucedo, es importante que se difunda esta información y que los militares tengan identificado las rutas terrestres por donde viaja la droga; sin embargo, se deben de tomar en cuenta las modalidades de trasiego y puntos clave como las terminales de autobuses. 

“En lo que se debería de avanzar no solo es en la identificación de la ruta sino en la modalidad del transporte. Hay desde convoys, transporte hormiga, hay terminales donde llegan los paquetes de droga. 

Los principales centros de llegada de droga son las terminales de autobuses: Tapo, Observatorio, Tasqueña y la del Norte”, explicó.

El informe de la Sedena también ubica las tres zonas de mayor atención donde las bandas del narcotráfico operan y cometen diversos delitos como las extorsiones telefónicas, secuestros y homicidios dolosos. 

La primera área se ubica en la alcaldía Iztapalapa, justo en la frontera con el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, donde “los integrantes de la organización delictiva ‘La Familia’ realizan actividades de secuestro, extorsión, homicidios, etc”. 

La alcaldía Cuauhtémoc se ha posicionado históricamente como el principal punto de droga en pequeñas cantidades de la Ciudad de México y el informe del Ejército señala que los grupos delictivos que operan en esta área “realizan actividades de narcomenudeo, extorsión y homicidios”.

En la alcaldía Gustavo A. Madero también se registra una fuerte presencia de grupos delictivos, principalmente de las colonias San Felipe de Jesús, Providencia, Casas Alamán, 25 de Julio, Campestre y La Esmeralda; principalmente porque en estas zonas los grupos que operan en municipios colindantes con el Estado de México cruzan la frontera hacia la capital del país.

“En la alcaldía Gustavo A. Madero, con influencia de las actividades delictivas que se registran en los municipios Tlalnepantla, Tultitlán, Coacalco y Ecatepec, donde operan remanentes del Cártel de Sinaloa y la organización independiente encabezada por (a) “Chepe” y (a) “500” y propiamente con La Familia”, señala el informe de inteligencia. 

El informe señala que ente ese tipo de situaciones, los militares desplegaron a 2 mil 480 elementos de la Guardia Nacional, los cuales lograron la detención de 18 mil 812 personas en la capital del país durante los primeros cinco meses de 2022, así como el decomiso de 4 mil 251 armas cortas y mil 318 armas largas.

A pesar de los logros obtenidos, los trabajos de inteligencia de la Sedena en la CdMx muestran un panorama en el que las organizaciones criminales intensificarán sus actividades de extorsión y narcomenudeo tras la pandemia y que los cárteles de Tláhuac, Los Rodolfos, La Unión Tepito y Fuerza Antiunión, “continuarán manteniendo el control en sus respectivas áreas de influencia”.

Visita y accede a todo nuestro contenido | www.cadenanoticias.com | Twitter: @cadena_noticias | Facebook: @cadenanoticiasmx | Instagram: @cadenanoticiasmx | TikTok: @CadenaNoticias | Telegram: https://t.me/GrupoCadenaResumen |

En febrero de 2019, cuatro meses después de asumir el cargo como gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y sus colaboradores más cercanos fueron señalados de tener presuntos nexos con el crimen organizado, lo mismo que 18 alcaldes, siete diputados de todos los partidos, nueve jueces, un senador y dos abogados. Los señalamientos se dieron en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Las organizaciones criminales que presuntamente mantenían relaciones con los tres órdenes de gobierno de Morelos eran Los Rojos, Guerreros Unidos, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Comando Tlahuica, revelan reportes de inteligencia de las Fuerzas Armadas contenidos entre la información de la Sedena extraída por el grupo de hacktivistas Guacamaya.

Sobre Cuauhtémoc Blanco, el informe de inteligencia de la Marina fechado el 27 de febrero de 2019 refiere: “Es posible que el grupo delictivo autodenominado Comando Tlahuica se encuentre coludido con el gobernador actual de Morelos, debido al interés que demuestran por la seguridad de este”.

Mientras, en el informe de la Sedena se advierte que, mientras era presidente municipal de Cuernavaca, previo a la gubernatura, presuntamente aceptó un acuerdo con el grupo Comando Tlahuica para que administrara el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad. Esto, según lo había confirmado el nuevo alcalde, Antonio Villalobos Adán, en cuya administración continuaría dicho acuerdo, pero el edil se negó a hacerlo.

El reporte de la Marina advirtió que José Manuel Sáenz, jefe de oficina de la gubernatura de Morelos, tenía presuntos vínculos con Los Rojos y/o Gente Nueva, igual que el subsecretario de Gobierno, José de Jesús Guízar; el fiscal general del estado, Uriel Carmona, y el consejero jurídico del estado, Samuel Sotelo.

Esto se suma a otro elemento revelado en enero pasado por el diario El Sol de México, con la publicación de una fotografía que apuntaba hacia ese posible nexo de Blanco con el crimen organizado. En la imagen presuntamente aparecen el gobernador con Irving Eduardo Solano Vera, ‘el Profe’ o ‘el Gato’, líder de Guerreros Unidos y posterior jefe de plaza del CJNG, detenido por el Ejército en febrero de 2021; Homero Figueroa Meza, ‘la Tripa’, líder del grupo criminal conocido como Comando Tlahuica, y Raymundo Isidro Castro Santiago, ‘el Ray’, líder regional del CJNG en Morelos.

La publicación refiere que esa fotografía estaba en el celular decomisado a Esther Yadira Huitrón Vázquez o Rosario Herrera, ‘la Jefa’, presunta cabecilla de Guerreros Unidos. Se señala que fue tomada a finales de enero o principios de febrero de 2019.

Diputados, jueces, alcaldes

El informe de la Sedena refiere que existía una carpeta de investigación en contra de 12 presidentes municipales de la administración que había concluido en 2018, así como sobre quienes gobernarían de 2019 a 2022: “Fueron cooptados por Santiago Mazari, alias el Carrete, líder del grupo delictivo Los Rojos. Algunos recibieron financiamiento en sus campañas políticas por lo que están sujetos al pago de cuotas para restituir el dinero y otros por concepto de extorsión”.

Mientras, el informe de la Marina señala que 18 de los 36 municipios del estado estaban gobernados por alcaldes con presuntos vínculos con el crimen organizado, provenientes de todos los partidos en diferentes coaliciones: PRI, Morena, PAN, PRD, PT, PVEM, Encuentro Social y Movimiento Ciudadano.

Con el grupo de Los Rojos y el CJNG estarían Alberto Sánchez y Rafael Reyes; de Yautepec, Agustín Alonso; Cuautla, Jesús Corona; Yecapixtla, Francisco Sánchez; Temoac, Valentín Romero, y Tepoztlán, Rogelio Torres.

En tanto, estarían con Los Rojos los alcaldes de Tlaltizapán, Alfredo Domínguez; Puente de Ixtla, Mario Ocampo; Tlaquiltenango, Jorge Maldonado; Jojutla, Juan Flores; Amacuzac, Alfonso Miranda; Mazatepec, Maximina Pérez; Coatlán del Río, Celso Nieto; Tetecala, Luz Quevedo; Xoxocotla, Leonel Zeferino, y Coatetelco, Norberto Zamorano.

También se señaló al entonces presidente del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo, presuntamente vinculado con Los Rojos y/o Gente Nueva, y al senador Ángel García.

Entre integrantes del Congreso local, el reporte de la Marina señalaba a Tania Valentina Rodríguez por presuntos vínculos con Los Rojos, igual que a la diputada Rosa Mazari, mientras que el juez oral Javier Romero era señalado de tener vínculos con el CJNG, igual que los jueces Rubén Jasso y Ramón Villanueva.

De acuerdo con el reporte de inteligencia de la Sedena, existían tres carpetas de investigación, toda vez que “en el Poder Judicial del estado de Morelos, al menos 12 jueces que por hipergarantismo y/o corrupción liberan a delincuentes judicializados por delitos de alto impacto. Se han documentado 17 casos en los que por errores judiciales en las sentencias se han dejado en libertad a 46 secuestradores y 1 extorsionador, los fallos absolutorios han sido revocados a través de apelaciones y amparos”. 

Visita y accede a todo nuestro contenido | www.cadenanoticias.com | Twitter: @cadena_noticias | Facebook: @cadenanoticiasmx | Instagram: @cadenanoticiasmx | TikTok: @CadenaNoticias | Telegram: https://t.me/GrupoCadenaResumen |