El GIEI pone en duda los chats que presentó la comisión del ‘caso Ayotzinapa´

El grupo de expertos confirma que el aparato de la Fiscalía aceleró el caso contra Murillo Karam

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El Pais,  Ciudad de México, Mexico, 

A un día de que concluya su mandato, el grupo de expertos que la CIDH ha comisionado a México para investigar el caso Ayotzinapa (GIEI) ha comparecido ante la prensa para dar cuenta de los acontecimientos del último mes y medio. Han pasado muchas cosas en poco tiempo. Las novedades son constantes y un aura de confusión se ha instalado alrededor de las pesquisas y sus protagonistas. Aunque ha tratado una gran variedad de temas, el GIEI ha dedicado buena parte de su análisis a uno de los aspectos más polémicos de las pesquisas, un puñado de mensajes que forman parte del informe que presentó en agosto la comisión presidencial que investiga el caso, en paralelo a la Fiscalía.

El GIEI se ha referido de manera crítica a esta parte del informe, supuestas capturas de pantalla de mensajes que intercambiaron integrantes de la red criminal de Iguala en la época del ataque. Primero, porque su veracidad no está contrastada y así, las conclusiones que pueden sacarse de su lectura, quedan lejos de ser una certeza. Los mensajes contienen información del supuesto destino de los 43 normalistas desaparecidos. Entre los emisores y receptores de esas comunicaciones no solo habría miembros de Guerreros Unidos, operadores de la desaparición de los estudiantes normalistas, sino también de autoridades, caso del ahora exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, o del comandante entonces de una de las dos guarniciones del Ejército del municipio, el general José Rodríguez. Los dos están presos actualmente.

El grupo ha denunciado también “injerencias” en la investigación que ha llevado a cabo estos años la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA). Desde mediados de agosto, personal de Asuntos Internos y de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, SEIDO, ha dicho hoy el GIEI, han ocupado la UEILCA, acelerando partes del proceso, obligando a presentar casos ante el juez antes de hora. Una de las partes del proceso que la Fiscalía pidió acelerar es la consignación del caso contra Murillo Karam ante el juez. El GIEI ha desvelado además que Asuntos Internos ha iniciado una auditoría a la unidad, en un contexto de choque entre su ya extitular, Omar Gómez, y el fiscal general, Alejandro Gertz.

El GIEI ha revelado además mensajes recopilados por la oficina de la DEA en Chicago, que en la época investigó el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, organizado por Guerrero Unidos y su red. Los chats dibujan un contexto de impunidad que Guerreros Unidos construyó gracias al apoyo de autoridades de todos los niveles de Gobierno. Según las comunicaciones, los criminales habían obtenido ayuda no solo de militares, sino también de marinos, policías estatales, la central de comunicaciones local, C-4, así como de varios alcaldes y policías municipales.

Sobre el informe de la comisión presidencial, el GIEI, integrado por Ángela Buitrago, Francisco Cox, Claudia Paz y Carlos Beristain, ha dicho: “Incluir nuevos elementos que no han sido conocidos previamente ni suficientemente contrastados, ha llevado a una enorme confusión sobre las conclusiones del informe y sus revelaciones, así como a la relación de dicho informe con los procesos de judicialización que ya estaban en curso desde tiempo antes”. El grupo ha explicado que en estas últimas semanas ha iniciado un proceso de verificación de los mensajes, que aún no concluye.

En cualquier caso, los expertos han señalado que han podido adelantar un poco en el proceso estas semanas. El GIEI recibió una copia del informe sin tachar el 18 de agosto y las imágenes en formato digital que contienen las capturas de pantalla el 23 de septiembre. De lo que han visto, dicen que los aspectos menos claros son que “muchos de los mensajes salen con la fecha ‘hoy’ sin que se sepa qué fecha es, otros aparecen en línea, otros aparecen con fecha concreta, de día o mes”. El grupo añade: “Figuran nombres donde solo aparecen teléfonos, lo que debe ser contrastado para poder deducir a quién pertenecen. En el caso del informe de la comisión, si se hicieron análisis y verificaciones, deben incluirse como explicación del informe, puesto que lo demás deja dudas del procedimiento que se utilizó”.

Buitrago ha añadido: “El contraste inicial entre los diferentes tipos de interceptaciones telefónicas llevadas en un caso a través de teléfonos Blackberry, caso de las interceptaciones de Chicago, y las fotografías de captura de pantalla presentadas en el informe de la comisión, muestra dos modos muy distintos de uso de terminología, claves y ortografía”. La experta ha añadido que “los mensajes incluidos en los documentos de Secretaría de la Defensa y estos chats muestran mayor concordancia formal en esos aspectos. Estas circunstancias deberán ser parte de las cuestiones a esclarecer”.

El caso de los mensajes del informe protagoniza una de las grandes polémicas del caso Ayotzinapa en las últimas semanas, por varios motivos. Por un lado, la comisión y su encargado, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, integraron centenares de comunicaciones al informe sin un aparente proceso de verificación: si de verdad los emisores y receptores eran los que se dice que fueron, el momento en que se enviaron esos mensajes, etcétera. Así, una de las principales conclusiones del informe, la presunta participación del general Rodríguez en el asesinato de seis normalistas como autor intelectual, queda envuelta en dudas.

Por otro lado, el informe, presentado al público con partes tachadas, se filtró a la prensa hace unos días ya sin tachar. Así, todo el mundo pudo ver detalles de lo que Guerreros Unidos y su red hicieron con los jóvenes, detalles de sus posibles asesinatos y ocultamiento de sus restos. Sobre la filtración, el GIEI dice: “Lamentablemente, se han dado a conocer muchas de esas comunicaciones antes de que se pudiera verificar la información y, por lo tanto, se ha hecho del conocimiento no solo de los medios, sino del público en general, y obviamente de los presuntos perpetradores, lo que pone en riesgo la judicialización y la prueba para un proceso”.

Información del Ejército

Parte importante de la comparecencia del GIEI apunta igualmente a la información que el Ejército ha aportado -o no- a la investigación estos años. En octubre de 2021, la comisión presidencial que investiga el caso Ayotzinapa divulgó dos comunicaciones interceotadas que la Secretaría de la Defensa realizó a la red criminal de Iguala, en la época del ataque y días posteriores, entre finales de septiembre y principios de octubre de 2014.

Los mensajes revelaban que el Ejército conocía en tiempo real el movimiento de Guerreros Unidos y sus socios en los días inmediatamente posteriores al ataque. A partir de la información recopilada, su actuar podría haber cambiado la historia, permitiendo una búsqueda más ordenada de los normalistas desaparecidos. La existencia de esos mensajes señalan además dos cosas, ha explicado el GIEI. Por un lado, la existencia de un Centro Regional de Inteligencia, con sede en el 27 Batallón del Ejército, en Iguala, que la Secretaría de la Defensa siempre ha negado, a pesar de las evidencias, caso de estos dos mensajes.

Por otro lado, implican la existencia, dice el GIEI, de más mensajes. El grupo de expertos ha indicado que encontraron un documento, denominado “Panorama general delictivo en el Estado de Guerrero”, creado en noviembre de 2021, en el que se citan las dos intervenciones de comunicaciones citadas arriba, y se añaden otras realizadas los días 5 y 6 de octubre de 2014. “Se necesita aclarar de dónde provienen esas interceptaciones y contar con el texto completo de las mismas, donde se habla de un supuesto traslado de los jóvenes a una cueva y de la existencia de fosas donde habrían sido dejados sus cuerpos”, ha dicho el GIEI.

El grupo añade: “Estos datos son fundamentales para nuevos procesos de búsqueda y aclarar responsabilidades. Posteriormente, hay que determinar si esas interceptaciones, cuyo texto parcialmente se encuentra en documentos de la Secretaría de la Defensa, tienen algo que ver o no con los textos de chat presentados en el informe de la comisión presidencial”. Sobre el centro de inteligencia, Buitrago ha dicho: “Hemos insistido en encontrar los documentos del centro. Es fundamental, porque incluso por escrito nos han negado la existencia de ese centro en 2014, lo cual no es cierto”.

El mes fatídico para la UEILCA

El choque al interior de la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Ayotzinapa ha ocupado también estas semanas al grupo de expertos. Como explicó EL PAÍS el fin de semana, el fiscal general, Alejandro Gertz, desplazó al titular de la unidad y sus integrantes a mediados de agosto, para dar paso a personal de Asuntos Internos. Ellos se encargaron del proceso contra Murillo Karam, detenido el 19 de agosto, y de cancelar 21 de las 83 órdenes de detención que la UEILCA pidió ese mismo día. Sobre la cancelación de las órdenes, Carlos Beristain ha señalado su sorpresa, sobre todo si se comparan los militares cuyas órdenes se cancelaron con las que se ejecutaron. Algunos de los detenidos compartieron ruta en la noche de Iguala con militares cuya orden de detención se canceló.

Francisco Cox ha explicado que ya en agosto se dieron cuenta de que “algunos procesos de judicialización en marcha se estaban haciendo por fuera de la UEILCA. Se ha llegado al extremo de que se encargó de ello, por parte del Fiscal General, a miembros de la antigua SEIDO y de la entonces Visitaduría de la PGR (actual Fiscalía de Asuntos Internos), que en su momento no llevaron a cabo una investigación independiente de las responsabilidades de algunos presuntos responsables de distintos hechos”. Cox también ha señalado que las 83 órdenes de detención son “impecables”.

El experto ha insistido además en separar el trabajo de la comisión del que ha hecho la UEILCA, de las conclusiones del informe de la agencia gubernamental y las órdenes de detención que pidió el GIEI: “Las judicializaciones presentadas por la UEILCA no responden de ninguna forma a los chats presentados dentro del informe de la COVAJ. La información proporcionada por el informe COVAJ sobre supuestos mensajes entre responsables durante los hechos o en fechas inmediatamente posteriores a los mismos, necesita todavía ser corroborada. En ninguna de las carpetas o averiguaciones con las que se llevó a cabo la judicialización y órdenes de captura de 83 personas por parte de la UEILCA antes del 19 de agosto, obran las capturas de pantalla que reposan en el informe de 18 de agosto de la COVAJ, las cuales deben ser verificadas científicamente y a través de peritajes de evidencia digital para determinar aspectos fundamentales de la prueba”.

Por último, Cox se ha referido a la auditoría que Asuntos Internos ha abierto a la UEILCA. “Si bien es cierto que está dentro de las facultades de la Fiscalía General, a través de la Fiscalía de Asuntos Internos, llevar a cabo auditorías ordinarias y así se presentó esta, llama la atención que en tres años de funcionamiento nunca se había llevado a cabo una en la Unidad”. El experto ha añadido: “La auditoría se está llevando a cabo por ocho visitadores. En un comienzo el mandato temporal era entre el 5 y el 8 de septiembre, luego se prorrogó hasta el 14 de septiembre, posteriormente al 21 del mismo mes y luego al 30″.

El GIEI ha dicho además que la auditoría se centró al principio en la parte de la investigación que se refería a las 83 órdenes de detención, pero eso luego cambió. “Solamente después del intento del GIEI de conocer sobre esa auditoría se dirigieron a otras carpetas de investigación. Las personas a cargo señalaron al GIEI que se trataba de una medida “habitual y aleatoria”. Sin embargo, cuando el GIEI preguntó a la encargada de la visitaduría el motivo de la misma, las fechas de inicio o finalización, o los detalles puramente técnicos, la responsable de la misma se negó a ofrecer ninguna respuesta alegando a cada pregunta que se trataba de información confidencial, lo cual no solo es absurdo, sino que muestra opacidad por parte de dichos responsables”.

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AMLO dice que caso Ayotzinapa no avanzó por 'El Gil'

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Cadena Noticias,  Ciudad de México, Mexico, 

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en la que admite que, después de seis años de investigación, los avances han sido limitados. Durante su conferencia mañanera, López Obrador señaló a Gildardo López Astudillo, miembro del grupo criminal Guerreros Unidos, por su falta de cooperación en la búsqueda del paradero de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.

En el documento, el mandatario destacó que "El Gil" aceptó colaborar como testigo protegido, lo que permitió identificar los restos de dos de los normalistas. Sin embargo, López Obrador lamentó que no se ha podido avanzar más, ya que López Astudillo no ha mostrado disposición para seguir colaborando, a pesar de tener información clave sobre otros integrantes de Guerreros Unidos y policías locales involucrados en la desaparición.

El presidente insistió en que no hay pruebas que vinculen al Ejército con la desaparición de los estudiantes, pero mencionó que su gobierno ha procesado a 151 personas, incluidas 16 militares, por su presunta participación en los hechos. Además, siguen pendientes tres órdenes de aprehensión contra militares.

A pesar de los pocos avances, el gobierno sigue buscando a los normalistas y ha ofrecido beneficios a personas encarceladas a cambio de información útil. En su carta, López Obrador también reiteró su compromiso de no cerrar el caso Ayotzinapa, expresando su deseo de que, si su administración no logra esclarecerlo, la presidenta electa Claudia Sheinbaum continúe la investigación hasta hacer justicia.

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Juez libera a general acusado en la desaparición de los 43 estudiantes

Tras casi dos años preso, José Rodríguez Pérez saldrá, deberá pagar una multa de 50 mil pesos

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

Tras casi dos años preso, el general José Rodríguez Pérez, acusado del delito de delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa, saldrá en los próximos días de la prisión del Campo Militar 1-A, luego de que una juez le retiró la prisión preventiva oficiosa, ya que no se justifica que el mando militar pueda evadirse de la justicia.

En audiencia celebrada el viernes y que concluyó la madrugada de este sábado, el juzgador determinó revocarle la medida cautelar al excomandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, debido a que las condiciones que motivaron su imposición variaron.

De esta manera, el mando militar llevará su proceso penal en libertad provisional, cuando pague la fianza de 50 mil pesos que le fue impuesta por un juez, quien además le impuso la presentación quincenal al juzgado para la firma del libro de procesados, la prohibición de salir del país y de acercarse a las víctimas.

Esta determinación supone un nuevo revés para la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, pues el general se sumará al grupo de los 10 militares señalados en el caso Ayotzinapa, que llevan su proceso penal en libertad.

Apenas en junio pasado, el sargento peluquero Santiago Muñoz Pilo, acusado de delincuencia organizada, salió del penal del Campo Militar 1-A, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicado en la Ciudad de México, luego de que una juez le revocó la prisión preventiva.

En mayo pasado, la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales, Raquel Duarte Cedillo, ordenó la liberación de ocho militares, al considerar que la prisión preventiva justificada que se le dictó era excesiva e innecesaria.

Asimismo, el mes pasado el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal le concedió el amparo al general retirado Rafael Hernández Nieto, excomandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, contra la prisión preventiva oficiosa que se le impuso por el delito de delincuencia organizada.

Desde agosto del año pasado, Hernández Nieto lleva su proceso en libertad, con diversas medidas de restricción que le fueron impuestas.

Tras concretarse la salida de prisión del general José Rodríguez Pérez, quedarán en prisión el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Pirita Ochoa; el sargento Eduardo Mota Esquivel.

El extitular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), Alejandro Encinas Rodríguez, acusó al general José Rodríguez Pérez de ordenar el asesinato y desaparición de seis de los 43 normalistas, que se presume se habrían mantenido con vida cuatro días después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

La Fiscalía General de la República (FGR) inició la cacería contra militares involucrados en el caso Ayotzinapa, con la detención del general José Rodríguez Pérez, acusado de ordenar la muerte y desaparición de los normalistas cuando estaba al frente del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero.

Rodríguez Pérez, ascendido a general Brigadier en 2015, tenía a su mando el 27 Batallón de Infantería en septiembre de 2014, con sede en Iguala, al que instruyó salir a investigar lo que estaba sucediendo con los normalistas.

“Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez", refirió Encinas Rodríguez.



Se reúne AMLO con familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa

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Cadena Noticias,  Ciudad de México, Mexico, 

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con los familiares y abogados de los 43 normalistas de Ayotzinapa en un encuentro esperado por meses, después de que el diálogo se interrumpiera debido a diferencias en las investigaciones y el reciente periodo electoral.

López Obrador destacó la importancia de tratar el caso Ayotzinapa con seriedad y responsabilidad. "El caso Ayotzinapa, hoy voy a recibir a los padres, estaba esperando que pasaran las elecciones, ya ven cómo se mezclaban las cosas y es un asunto muy serio que debe de verse con mucha responsabilidad, es un asunto de justicia. Hoy vamos a informarles a los padres y espero que, antes de irme, se tengan buenos resultados", expresó el mandatario.

Aproximadamente a las 11:15 horas, los padres de los normalistas desaparecidos desde septiembre de 2014 llegaron a las inmediaciones de Palacio Nacional. El encuentro comenzó después del mediodía en el Salón Tesorería, con la presencia del presidente López Obrador y su gabinete de seguridad.

Melitón Ortega, vocero de los padres de los 43, manifestó antes de ingresar a Palacio Nacional que no tenían grandes expectativas de recibir información nueva o importante. "No tenemos mucha esperanza de tener informaciones importantes, más bien estamos esperando con esa idea de repetir todo lo que ya se viene trabajando a lo largo de estos años, estos meses, no esperamos nada importante pero vamos a escuchar la información nueva que el presidente va a dar", comentó.

Expectativas y Demandas

Ortega señaló que los familiares esperan obtener datos precisos sobre lo que consideran que el ejército no ha querido entregar, así como avances en el proceso de extradición de Tomás Zerón, exfuncionario implicado en el caso. A pesar del escepticismo, los padres de los normalistas mostraron disposición a escuchar cualquier información nueva que pudiera proporcionar el presidente y su equipo.

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Detienen a otro militar presuntamente implicado en caso Ayotzinapa

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

Un militar más que perteneció al 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, fue detenido hace unos días por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que en septiembre cumple una década.

Se trata del Sargento Segundo Peluquero retirado, Miguel Muñoz Pilo, quien es acusado de los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, informaron fuentes del gabinete de seguridad.

Se encuentra interno en la prisión del Campo Militar 1-A de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde está a disposición de la juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, luego de ser aprehendido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), adscritos a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa.

El sargento retirado perteneció hace 10 años al 27 Batallón de Infantería de Iguala, señalado de tener un papel activo la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando se registró el secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, por el grupo criminal “Guerreros Unidos.

Hace un año, la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo, con residencia en Toluca, Estado México, ordenó la captura de 16 oficiales y tropa de los Batallones 27 y 41 de Iguala, por los delitos de desaparición forzada, tortura y delincuencia organizada, entre ellos el general retirado Rafael Hernández Nieto, quien después de unos meses logró llevar su proceso en libertad provisional.

Así como la de los soldados Roberto de los Santos Eduviges, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lasos y Juan Sotelo Díaz, quienes en la primera semana de mayo salieron en libertad provisional, luego de que la juez Duarte Cedillo les cambió la prisión preventiva.

Asimismo, también se ordenó la detención de Miguel Muñoz Pilo, entre otros.

De esta manera, quedan presos siete militares por el caso Ayotzinapa, de los que destacan el general José Rodríguez Pérez; el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Pirita Ochoa; el sargento Eduardo Mota Esquivel; sargento, Miguel Muñoz Pilo.

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AMLO recibirá a familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa: CNTE

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El Universal,  Ciudad de México, Mexico, 

Tras su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguró que el Mandatario federal recibirá a los familiares y abogados de los 43 normalistas de Ayotzinapa el próximo 3 de junio, un día después de la jornada electoral presidencial.

Afuera de Palacio Nacional, tras su encuentro por cerca de tres horas con el Mandatario federal, el dirigente de la sección 9, Pedro Hernández Morales, aseguró que, pese a que ha cuestionado su actuación, el jefe del Ejecutivo federal también recibirá a los abogados y a representantes de las organizaciones de derechos humanos que acompañan a los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.

“El presidente plantea que en el caso de Ayotzinapa va a recibir a los padres de Ayotzinapa el próximo 3 de junio a las 10: 30 horas. Incluso bajo la situación que en un principio había planteado de que no quería hablar con los abogados o con las organizaciones de derechos humanos que los acompañan.

"Hoy planteó que lo va a hacer independientemente de ese punto y que tienen pues una ruta ya también hacia los padres de familia. Nos pidió que habláramos con los padres de Ayotzinapa en la situación de la cercanía que esta Coordinadora de Trabajadores de la Educación tiene”, dijo al leer los acuerdos a los que llegaron la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la CNTE y el presidente López Obrador.

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